30 julio 2008

Los ingresos extra encima de Bs 11.560 aportarán al fondo

Las personas naturales que perciban ingresos adicionales a su total ganado mensual que estén dentro el rango de los 11.561 bolivianos y 34.680 estarán obligadas a aportar el 1 por ciento al Fondo Solidario del nuevo sistema de pensiones que plantea el Gobierno. Los que obtengan beneficios por encima de los 34.681 contribuirán con el 10 por ciento.

Para que este grupo no evada la cotización, el Poder Ejecutivo obligará a la gente a presentar una declaración jurada de sus ingresos de forma mensual.

En un inicio estaba previsto que sólo los ejecutivos de alto rango y que los trabajadores dependientes que perciban mensualmente ingresos por arriba de los montos mencionados debían contribuir con el fondo, pero ahora se amplió la base de aportantes a todas las personas en general que generen beneficios por arriba de esos topes establecidos, cualquiera sea la actividad que desempeñen.

Entre las fuentes de ingreso de las personas naturales están, por ejemplo, el rendimiento de los depósitos a plazo fijo (DPF) o cualquier otra inversión, los ingresos por los alquileres de los bienes inmuebles e inversiones en bienes raíces, entre otros.

Además de los sueldos, las dietas, las comisiones, los viáticos, los gastos de representación, los honorarios de directores, síndicos de las sociedades anónimas y del único dueño de las empresas unipersonales. A ello se suman los beneficios que se obtengan por la colocación de capitales en el país y el exterior, dividendos y la distribución de utilidades.

La aplicación

El proyecto propone cinco fuentes de financiamiento del Fondo Solidario: aportes de trabajadores, de patrones, los recursos de Riesgo Común y Profesional y, ahora, de las personas naturales, entre otros (ver infografía).

En el último caso, la idea es que la persona natural aporte el 10 por ciento de la diferencia entre su ingreso menos el total ganado, menos 60 salarios mínimos nacionales, cuando la diferencia sea positiva (infografía).

Por ejemplo, si una persona natural tiene un ingreso de 70.000 bolivianos, de los cuales 35.000 son su total ganado mensualmente, se le resta este ingreso.

Lo demás es lo que ganó por los conceptos mencionados líneas arriba. Le quedarán otros 35.000 bolivianos, a los que aún se le deben descontar 60 salarios mínimos, es decir, 34.680 bolivianos. Le quedarán 320 y a este saldo se le gravará el 10 por ciento, igual a 32 bolivianos, que será el aporte solidario que irá al fondo.

El plan establece como otra fuente adicional de financiamiento el 1 por ciento de la diferencia entre el ingreso de la persona natural menos el total ganado menos 20 salarios mínimos nacionales (11.560 bolivianos), cuando la diferencia sea positiva. Por ejemplo, si una persona natural tiene un ingreso de 30.000 bolivianos, de los cuales su total ganado mensual es de 15.000 bolivianos, entonces se resta este monto y quedan 15.000 bolivianos, a los que aún se deben disminuir los 11.560.

El saldo que se obtiene es de 3.350 bolivianos y sobre esta base se le descontará 1 por ciento, con lo que cotizará 33,5 bolivianos al Fondo Solidario. Lo único que debe tomar en cuenta la persona es que si su total ganado no supera los 11.560 bolivianos, no contribuirá nada.

Si percibe por encima de ese nivel y hasta 34.650 (60 salarios mínimos nacionales) pagará el 1 por ciento. Pero si sus ingresos como persona natural superan los 34.650 bolivianos y su total ganado también es el mismo monto, cancelerá el 11 por ciento.

Declaraciones juradas

Para verificar que las personas hagan efectiva su contribución al Fondo Solidario, el Gobierno obligará a que se presente cada mes una declaración jurada de sus ingresos ante la Gestora del Seguro Social de Largo Plazo (SSO), que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El artículo 27 del proyecto señala textualmente: “Las personas naturales con ingresos iguales o mayores a 20 salarios mínimos nacionales (11.560 bolivianos) están obligadas a efectuar la declaración jurada previsional de forma mensual”.

Adicionalmente, para este caso y otros se cruzará información con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

El Fondo Solidario operará paralelo al Fondo de Capitalización Individual (FCI).

Habrá renta adicional por invalidez

A partir de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, las personas que reciban una renta por invalidez podrán acceder a dos salarios mínimos nacionales adicionales para que puedan retribuir al personal que los cuida de por vida.

Por ejemplo, una persona que quedó inválida por un accidente laboral o fuera de ese ámbito, además de su pensión de vejez tendrá derecho a recibir 1.156 bolivianos para que pueda cubrir el salario de quien le atenderá (enfermero).

Según el Gobierno, de esta manera se brinda una ayuda extra a los afiliados que pudieron haber sufrido algún percance que los inhabilitó para continuar trabajando. Hasta hoy el salario de quien los iba a atender salía de su propia renta.

El artículo 54 del proyecto de ley indica: “Todo titular de una pensión de invalidez que por su estado de incapacidad necesite de auxilio constante de una tercera persona tendrá derecho a un suplemento adicional a su pensión de invalidez, cuya cuantía será equivalente a dos salarios mínimos”. El financiamiento proviene de Riesgo Cómun y Riesgo Profesional.

La Gestora podrá invertir en el exterior hasta 50%

La Gestora del Seguro Social de Largo Plazo podrá efectuar inversiones de los ahorros de los trabajadores en el exterior hasta un límite máximo del 50 por ciento.

Esta entidad que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) manejará los aportes individuales para la vejez de los trabajadores (Cuenta de Ahorro Previsional), los recursos que se dirigirán al pago de la Renta Dignidad y los que se destinen al Fondo Solidario o Cuenta Previsional Integral.

Así lo establece el artículo 77 (límites de inversión) y sólo condiciona esta posibilidad a que se lo haga a través del Banco Central de Bolivia (BCB).

Hasta la fecha, el límite era el 10 por ciento del Fondo de Capitalización Individual (FCI) y hasta un 20 por ciento si se lo hace por el BCB.

Los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) al 31 de mayo indican que sólo el 1,98 por ciento de la cartera del FCI fue invertido fuera del país.

Esto representa alrededor de 66,1 millones de dólares de los 3.294 millones de dólares de cartera del FCI.

Según el analista Alberto Bonadona, la posibilidad de hacer colocaciones en el extranjero puede ayudar a mejorar el rendimiento de los aportes para la vejez de los trabajadores.

La Gestora también podrá invertir toda la liquidez que se genere con el Fondo Solidario y con los ingresos para la Renta Dignidad en cuotas del Fondo de Ahorro Previsional, hasta ahora Fondo de Capitalización Individual.

Continuarán las colocaciones en bonos y otros instrumentos bursátiles.

Dos proyectos están en debate en Diputados

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas, aseguró que hoy empezarán varias rondas de debate para diseñar la nueva Ley de Pensiones que reemplazará a la Ley 1732.

Anticipó que para enriquecer el diálogo se analizarán las dos propuestas en mesa, la que el Poder Ejecutivo le envió ayer de manera oficial cerca de las 10.00, y la que anteriormente remitió la Central Obrera Boliviana (COB), a través de la comisión sublaboral, pero con los nuevos elementos que incorporó en su estudio matemático.

La ronda de debate comenzará hoy a las 10.00 con la participación de la COB y los representantes de la Comisión de Política Social y también las autoridades y técnicos del Ministerio de Hacienda.

Herbas anticipó que el debate será abierto para todas la otras organizaciones sociales, académicos y expertos que quieran contribuir a diseñar una buena ley para los trabajadores bolivianos que aportan y para los que no lo hacen.

Las protestas

Bloqueos en la “llajta”

La Central Obrera Departamental (COD) resolvió este martes, luego de un ampliado de emergencia, el bloqueo general de carreteras desde este miércoles en protesta porque el Gobierno se niega la aprobación del proyecto de Ley de Pensiones que planteó la Central Obrera Boliviana (COB). El anuncio fue precedido ayer por un bloqueo de la carretera antigua a Santa Cruz, que fue liderado por los maestros urbanos, rurales y trabajadores en salud que respaldan la medida.

Marchas y bloqueos en La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) marchó ayer por las calles de La Paz. La Federación de Trabajadores Fabriles, los mineros, los trabajadores universitarios, los maestros y los de salud respaldaron la protesta. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, cerca de la localidad de la Apacheta, camino a Oruro, se reanudó el bloqueo de rutas; sin embargo, horas después fueron despejas. En la Terminal de Buses de La Paz aseguraron que las vías están expeditas.

Cerco de maestros en Sucre

Los maestros urbanos y rurales se encuentran en huelga indefinida desde la reanudación de las actividades escolares, hace más de una semana. Además, ayer los trabajadores de la universidad cercaron las rutas de acceso a Sucre. Las medidas perjudicaron el servicio de buses desde Cochabamba y Santa Cruz. Los manifestantes también instalaron barricadas en el camino al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla. Las protestas fueron acompañadas por marchas callejeras y bloqueos relámpago.

Las protestas en Oruro

Según ANF, los trabajadores afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro mantienen latente la amenaza de retomar los bloqueos camineros, como medida de presión contra el Gobierno. Un día antes llevaron a cabo un cabildo en el que acordaron reanudar las protestas en la zona luego de que el lunes la Policía detuviera al menos a 10 trabajadores porque al parecer estaban involucrados en el conflicto. Los mineros radicalizarán acciones.

Puntos clave del proyecto de ley de pensiones del gobierno

El proyecto de ley del Gobierno tiene cuatro títulos, 29 capítulos y 168 artículos.

Propone un sistema mixto de pensiones y un sistema no contributivo.

Los mineros podrán jubilarse a los 55 años de edad porque su trabajo es insalubre.

Los trabajadores agropecuarios aportarán a través de sus cooperativas para su vejez.

Los extranjeros cotizarán y se les devolverá sus aportes cuando retornen a su país.

El empleador que no deposite los aportes laborales tendrá cárcel de tres a cinco años.

Se consolida la reducción de la edad de jubilación de 65 a 60 años.

Las AFP se quedarán de manera transitoria hasta que la gestora sea conformada.

La nueva norma abroga la Ley de Pensiones No. 1732 de 29 de noviembre de 1996.

Ese instrumento legal no tenía los principios de solidaridad y universalidad.

Además estaba relacionada con el proceso de capitalización de empresas estatales.

1 comentario:

  1. Bueno,me parece que fue una medida justa y organizada que puede funcionar en otros lugares también.

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