El Gobierno se abre a nuevos cambios. El planteamiento de crear una gestora de pensiones pública y otra privada se hace cada vez más fuerte. El Viceministerio de Pensiones confirmó que se hará una licitación internacional para adjudicar las pensiones a una empresa y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no están excluidas.
Patricia Mirabal, directora del Viceministerio de Pensiones, indicó que de aprobarse el proyecto del Ejecutivo se convocará una nueva licitación para adjudicar la administración del ahorro de los trabajadores. “Sobre las AFP, nosotros no cerramos ninguna posibilidad, porque las licitaciones son públicas y abiertas y se deberá ver si muestran el interés necesario para seguir participando en esta actividad”, sostuvo en el foro realizado ayer por la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz.
Sin embargo, tanto el proyecto gubernamental como el de los trabajadores contempla la eliminación de las AFP para reemplazarlas por entidades administradoras.
Por su parte, Ildefonso Núñez, gerente de BBVA Previsión AFP, reveló que llegaron a Bolivia hace 11 años porque el país hizo una licitación internacional, pero que son los trabajadores los que tienen que decidir qué modelo quieren tener para asegurar su jubilación.
“El sistema de pensiones es algo real, si lo queremos cambiar quizás retrocedamos lo que avanzamos en estos 11 años”, advirtió.
A su vez Mario Garrido, ejecutivo de la AFP Futuro de Bolivia, destacó que las administradoras privadas superan al Servicio Nacional de Sistema de Reparto en atención al público, eficiencia, honestidad y cumplimiento de la ley, de acuerdo a una encuesta de percepción realizada por el Viceministerio de Pensiones.
Para el superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Mario Guillén, cualquier modificación a la actual Ley de Pensiones debe ser financieramente viable y sostenible a largo plazo, ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores, cumplir los principios de seguridad social (universalidad, solidaridad, unidad de gestión, etc.) y no ser confiscatoria ni excluyente.
En este sentido, desahució el proyecto de la Central Obrera Boliviana (COB) porque la tabla de vida empleada, considera una mortalidad del 80% superior a la del Seguro Social Obligatorio y genera un mayor costo fiscal.
El representante de la Confederación Nacional de Profesionales, Rodrigo Arce, fue más crítico a la hora de comparar los proyectos del Ejecutivo y de la COB y sostuvo que el primero tiene muchas coincidencias con la ley actual en vigencia y que la propuesta de los trabajadores concentra todos los aportes en un solo fondo y que los administradores son elegidos por el Poder Ejecutivo.
“El principio de solidaridad es lo más destacable, pero éste debe ser sostenible. Los trabajadores o personas naturales que tienen ingresos elevados no tienen por qué financiar a los que nunca aportaron, ello puede generar una mayor informalidad”, cuestionó.
Sócimo Paniagua, dirigente de la COB, dijo que su propuesta era motivada por la justicia social, porque hay 55.000 personas que hasta la fecha no se pueden jubilar y continúan en trámites.
Proyecto de la COB
- Jubilación. “Equivalente al 60% del promedio de los 12 últimos salarios. Unos 240 aportes y un 2% adicional por cada aporte” (Igual al sistema de reparto).
- Financiamiento. “Será financiado por los trabajadores, empleadores y el Estado a través del Fondo de Capitalización Colectiva (empresas capitalizadas)”.
- Comisión. “Se establece el pago del 0,5% del aporte de los trabajadores para que funcione la administradora de pensiones”.
- Administración. “Se crean tres entidades estatales para la administración de las pensiones, administradas por los trabajadores, la parte patronal y el Estado”.
Proyecto del gobierno
- Jubilación. Es el 60% del promedio de los últimos totales de los salarios de los últimos cinco años.
- Financiamiento. “Un 20% de las primas por riesgo laboral, un 10% de la diferencia entre el total ganado o ingreso cotizable menos 60 salarios mínimos nacionales, 10% de ingresos de personas naturales y un 1% de diferencia de 20 salarios mínimos”.
- Comisión. “El costo de gestión todavía no está definido, será reglamentado luego de la aprobación del proyecto de ley de pensiones”.
- Administración. “El proyecto del Gobierno impulsa una gestora estatal de pensiones, por lo que los trabajadores no tendrán opción de elegir, como sucede ahora”.
Bs 2 millones de los que ganan más
El Viceministerio de Pensiones afirmó que el descuento a quienes ganan más de 60 salarios mínimos nacionales permitió recaudar Bs 2 millones en mayo, dinero que se destinará a la Cuenta Previsional, según el proyecto de ley de pensiones del Gobierno.
Patricia Mirabal, directora del Viceministerio de Pensiones, explicó que el descuento a quienes ganan más servirá para financiar la pensión solidaria aunque reconoció que el Gobierno no destinará recursos para ese fin. “Otras fuentes de financiamiento son el 20% del aporte por riesgo profesional y 3,21% del empleador”, precisó.
En criterio de la autoridad, el Estado está dando recursos a través de la renta Dignidad a todas las personas que tienen más de 60 años.
Sobre la posibilidad de que quienes ganan más de Bs 34.600 (más de 60 salarios mínimos nacionales) evadan el sistema de pensiones para evitar el descuento del 10%, Mirabal señaló que están trabajando sobre ello, pero que no es un universo grande, que no superan las 1.500 personas.
Al respecto, Sócimo Paniagua, dirigente de la COB, reveló que es más real utilizar recursos del Gobierno que apelar a los salarios elevados.
Patricia Mirabal, directora del Viceministerio de Pensiones, indicó que de aprobarse el proyecto del Ejecutivo se convocará una nueva licitación para adjudicar la administración del ahorro de los trabajadores. “Sobre las AFP, nosotros no cerramos ninguna posibilidad, porque las licitaciones son públicas y abiertas y se deberá ver si muestran el interés necesario para seguir participando en esta actividad”, sostuvo en el foro realizado ayer por la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz.
Sin embargo, tanto el proyecto gubernamental como el de los trabajadores contempla la eliminación de las AFP para reemplazarlas por entidades administradoras.
Por su parte, Ildefonso Núñez, gerente de BBVA Previsión AFP, reveló que llegaron a Bolivia hace 11 años porque el país hizo una licitación internacional, pero que son los trabajadores los que tienen que decidir qué modelo quieren tener para asegurar su jubilación.
“El sistema de pensiones es algo real, si lo queremos cambiar quizás retrocedamos lo que avanzamos en estos 11 años”, advirtió.
A su vez Mario Garrido, ejecutivo de la AFP Futuro de Bolivia, destacó que las administradoras privadas superan al Servicio Nacional de Sistema de Reparto en atención al público, eficiencia, honestidad y cumplimiento de la ley, de acuerdo a una encuesta de percepción realizada por el Viceministerio de Pensiones.
Para el superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Mario Guillén, cualquier modificación a la actual Ley de Pensiones debe ser financieramente viable y sostenible a largo plazo, ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores, cumplir los principios de seguridad social (universalidad, solidaridad, unidad de gestión, etc.) y no ser confiscatoria ni excluyente.
En este sentido, desahució el proyecto de la Central Obrera Boliviana (COB) porque la tabla de vida empleada, considera una mortalidad del 80% superior a la del Seguro Social Obligatorio y genera un mayor costo fiscal.
El representante de la Confederación Nacional de Profesionales, Rodrigo Arce, fue más crítico a la hora de comparar los proyectos del Ejecutivo y de la COB y sostuvo que el primero tiene muchas coincidencias con la ley actual en vigencia y que la propuesta de los trabajadores concentra todos los aportes en un solo fondo y que los administradores son elegidos por el Poder Ejecutivo.
“El principio de solidaridad es lo más destacable, pero éste debe ser sostenible. Los trabajadores o personas naturales que tienen ingresos elevados no tienen por qué financiar a los que nunca aportaron, ello puede generar una mayor informalidad”, cuestionó.
Sócimo Paniagua, dirigente de la COB, dijo que su propuesta era motivada por la justicia social, porque hay 55.000 personas que hasta la fecha no se pueden jubilar y continúan en trámites.
Proyecto de la COB
- Jubilación. “Equivalente al 60% del promedio de los 12 últimos salarios. Unos 240 aportes y un 2% adicional por cada aporte” (Igual al sistema de reparto).
- Financiamiento. “Será financiado por los trabajadores, empleadores y el Estado a través del Fondo de Capitalización Colectiva (empresas capitalizadas)”.
- Comisión. “Se establece el pago del 0,5% del aporte de los trabajadores para que funcione la administradora de pensiones”.
- Administración. “Se crean tres entidades estatales para la administración de las pensiones, administradas por los trabajadores, la parte patronal y el Estado”.
Proyecto del gobierno
- Jubilación. Es el 60% del promedio de los últimos totales de los salarios de los últimos cinco años.
- Financiamiento. “Un 20% de las primas por riesgo laboral, un 10% de la diferencia entre el total ganado o ingreso cotizable menos 60 salarios mínimos nacionales, 10% de ingresos de personas naturales y un 1% de diferencia de 20 salarios mínimos”.
- Comisión. “El costo de gestión todavía no está definido, será reglamentado luego de la aprobación del proyecto de ley de pensiones”.
- Administración. “El proyecto del Gobierno impulsa una gestora estatal de pensiones, por lo que los trabajadores no tendrán opción de elegir, como sucede ahora”.
Bs 2 millones de los que ganan más
El Viceministerio de Pensiones afirmó que el descuento a quienes ganan más de 60 salarios mínimos nacionales permitió recaudar Bs 2 millones en mayo, dinero que se destinará a la Cuenta Previsional, según el proyecto de ley de pensiones del Gobierno.
Patricia Mirabal, directora del Viceministerio de Pensiones, explicó que el descuento a quienes ganan más servirá para financiar la pensión solidaria aunque reconoció que el Gobierno no destinará recursos para ese fin. “Otras fuentes de financiamiento son el 20% del aporte por riesgo profesional y 3,21% del empleador”, precisó.
En criterio de la autoridad, el Estado está dando recursos a través de la renta Dignidad a todas las personas que tienen más de 60 años.
Sobre la posibilidad de que quienes ganan más de Bs 34.600 (más de 60 salarios mínimos nacionales) evadan el sistema de pensiones para evitar el descuento del 10%, Mirabal señaló que están trabajando sobre ello, pero que no es un universo grande, que no superan las 1.500 personas.
Al respecto, Sócimo Paniagua, dirigente de la COB, reveló que es más real utilizar recursos del Gobierno que apelar a los salarios elevados.
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