31 diciembre 2008

Contralor descarta auditar el programa Evo cumple porque son fondos donados

El contralor interino de la República, Gabriel Herbas, aseguró que en el tiempo en que permanecerá como autoridad será inflexible con las auditorías de los procesos que quedaron pendientes, pero descartó una investigación al programa “Evo cumple”, que su antecesor había iniciado, debido a que emplea fondos de donación de Venezuela.

La ex autoridad Osvaldo Gutiérrez fue suspendido por 90 días cuando había comenzado a investigar al menos a siete instituciones públicas por presuntas irregularidades.

Herbas precisó: “El programa ‘Evo cumple’ no lo maneja el país directamente, este programa está financiado por la cooperación venezolana; entonces, tendrían que hacerle una auditoría al Gobierno venezolano y eso no tiene ningún asidero legal”.

Aseguró que sólo cuando el dinero es desembolsado en una alcaldía se incorpora a su presupuesto. “En el momento cuando se les entrega el cheque para un multifuncional, para un hospital, en ese momento se debe registrar esos recursos en la alcaldía, mientras tanto es cooperación venezolana”.

La Ley 2042, de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999, dispone que todos los créditos y donaciones deben registrarse en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En su artículo 5, instruye: “Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.

El artículo 11 de la misma ley establece que “las entidades públicas tienen la obligación de pre- sentar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera para el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto institucional”.

Esta información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas sobre ingresos, gastos e inversión pública debe enviarse mensualmente a la Dirección General de Contaduría.

Los reglamentos vigentes, además, dictan que todo crédito o donación externa, en efectivo, especie o asistencia técnica, obtenido a partir de un convenio suscrito entre el Estado y un organismo financiador bilateral o multilateral, debe ser inscrito en el Presupuesto General de la Nación, además de que la entidad beneficiaria del crédito o cooperación externa tiene la obligación de incorporar en su presupuesto institucional los importes aprobados anualmente de acuerdo con planes o programas establecidos por estos organismos internacionales, incluyendo los de administración delegada a terceros o los administrados de forma directa por el financiador.

Adicionalmente, a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo 25875, que crea el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), las transferencias de recursos provenientes de crédito o donaciones a los beneficiarios se hacen por vía electrónica a cuentas bancarias. De esa manera se dio transparencia a la entrega de recursos públicos y se eliminó la necesidad de usar, por ejemplo, cheques.

Herbas se comprometió a dar continuidad a las auditorías que estaban en curso en la entidad y todas aquellas que tenían como objeto entidades públicas.

La autoridad fue posesionada del cargo el lunes en reemplazo de Osvaldo Gutiérrez Ortiz, acusado en un informe emitido por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de incumplimiento de funciones por no haber entregado a tiempo las auditorías a las petroleras y haber contratado a firmas externas para hacer ese trabajo. Gutiérrez reveló que para el siguiente año la Contraloría tenía programado seguir procesos de auditoría al programa “Evo cumple” y los municipios que se beneficiaron de los recursos de origen venezolano.

Contradicciones sobre petroleras

El nuevo contralor, Gabriel Herbas, aseguró que el informe de las auditorías a las empresas petroleras no se encuentra en la Contraloría General de la República, pero la autoridad suspendida, Osvaldo Gutiérrez, ratificó que los resultados se encuentran en las oficinas de la institución que estaba a su cargo.

Herbas afirmó que el lunes, después de asumir el cargo, intentó “rastrear” la etapa en la que se encuentra el informe, pero hasta el momento no tiene un resultado. Añadió que se hizo la solicitud al primer nivel de las dependencias de la Contraloría y que ahora se efectuará la misma tarea en cada oficina.

“En el transcurso de las próximas horas tendremos la idea completa respecto a en qué etapa (se encuentra el informe), y en cuanto lo tenga haré públicos los resultados” que determinan responsabilidad civil y penal y un daño económico al Estado por 1.000 millones de dólares. Gutiérrez explicó que no puede entregar los informes porque se encuentra fuera de las oficinas de la entidad. “Están en la Contraloría, no le puedo decir nada más”, respondió a una consulta de La Prensa.

Las normas

El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que la Ley 2042, así como normas complementarias de Tesorería, Presupuesto e Inversión pública, regula el manejo de crédito y donaciones.

“La Ley 2042 establece que todos los recursos públicos, en caso de donaciones y créditos, deben estar en cuentas especiales del Banco Central de Bolivia”. En este caso, los recursos provenientes de Venezuela no respetaron las normas vigentes.

Según Gutiérrez, cualquier autoridad, parlamentario o ciudadano puede solicitar a la Contraloría investigar el programa “Evo cumple”. De esa manera, la entidad estará obligada a indagar cuántos cheques se entregaron, los destinatarios y qué obras se ejecutaron. Además recordó que las transferencias de recursos desde la vigencia del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) se realizan electrónicamente y no con papeles. Esto, con el propósito de dar transparencia al proceso, porque en el sistema queda registrada la información de entrega de los recursos y los beneficiarios.

El ex presidente del Banco Central Armando Méndez explicó que todo ingreso por estos conceptos debe estar presupuestado.

El Ministerio de Hacienda aclaró que para 2009 se ordenó a los municipios inscribir en sus presupuestos los recursos provenientes de Venezuela conforme a convenios debidamente suscritos.

Antecedentes

El 27 de diciembre, la Comisión de Constitución en Diputados suspende a Osvaldo Gutiérrez.

El fundamento de la destitución es responsabilidad administrativa.

El incumplimiento es por el retraso en la entrega del informe de la auditoría a las petroleras.

El contralor destituido asegura que existe un informe preliminar de responsabilidades.

Afirma que el retraso fue por falta de presupuesto y obstaculización en entrega de información.

30 diciembre 2008

Hacienda reconoce que Venezuela es el principal acreedor de deuda

El ministro de Hacienda, Luis Arce, reconoció que Venezuela es el principal acreedor de la deuda externa de Bolivia, pero no porque reciba dinero para implementar el programa gubernamental Bolivia cambia, Evo cumple, que se traduce en la entrega de cheques venezolanos a los municipios del país.
"El hecho de que relativamente Venezuela esté en un porcentaje más elevado que otros países, no se debe a que hayamos tenido gran endeudamiento con Venezuela, al contrario, hemos disminuido la deuda con Japón, la Unión Europea (UE) y otros países" aseguró Arce.
Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el principal acreedor bilateral de Bolivia es Venezuela y que en los últimos tres años desplazó a España y Brasil.
A septiembre de este año, la deuda con Venezuela fue de $us 134,2 millones, con España $us 107,8 millones y $us 120,4 millones con el vecino país de Brasil. /ANF

Según Asoban, la liquidez llegó a $us 3.024 millones

En diez años, la liquidez del sistema financiero fue en ascenso hasta llegar a $us 3.024 millones al 19 de diciembre de la gestión que finaliza, de acuerdo con un reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).
De ese total el rubro con mayor monto es el de inversiones temporarias, con $us 2.193 millones. Los bancos recurren a esta modalidad para mantener la inversión en sus activos colocando los fondos en depósitos a plazo fijo, deuda de capital, títulos de deuda o contratos de futuro con mercado fluido.
En tanto que en disponibilidades la liquidez del sistema cuenta con $us 831 millones. Esta sección corresponde al conjunto del dinero en efectivo en el sistema bancario tanto del público como del país en el Banco Central de Bolivia.
En la última década, la liquidez bancaria casi se triplicó: subió de $us 1.095 a $us 3.024 millones entre 1999 y la tercera semana de diciembre del 2008. Pero las cifras cayeron el 2003 sumando tan sólo $us 981 millones, el año siguiente aumentó a $us 1.023 millones, a $us 1.219 millones el 2005 y $us 1.511 millones el 2006.
En 2007, la liquidez del sistema cerró con $us 1.907 millones.
En tanto la gestión que ya concluye ascendió a 2.779 millones en noviembre y a los $us 3.024 millones el 19 de diciembre.

La economía creció en 6,53% al tercer trimestre del 2008

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el tercer trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 6,53% respecto a similar período del año anterior.

El informe indica que las actividades económicas que registraron variación positiva fueron la extracción de minerales metálicos y no metálicos (69,01%) y la construcción (9,16%).

Mientras, otros rubros no superaron el 5,3% de crecimiento, entre ellas, la actividad financiera, de seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (5,38%), el comercio (4,63%), el transporte (4,57%) y la industria manufacturera (4,45%). Según el reporte del INE, la actividad hidrocarburífera registró tan sólo un 3,63% de crecimiento hasta septiembre.

28 diciembre 2008

BancoSol entregó más de 10 mil juguetes en Navidad

Durante el mes de diciembre, BancoSol obsequió más de 10 mil juguetes y regalos a los niños que viven junto a sus padres en los centros penitenciarios, además de personJustificar a ambos ladosas mayores que no tienen la posibilidad de adquirir un juguete para sus hijos.
La iniciativa de llevar regalos a los centros penitenciarios, llevada a cabo en coordinación con el Voluntariado de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, fue “para que los niños que viven con sus padres en las cárceles también puedan recibir su regalo por estas fiestas navideñas”, se informó en la entidad bancaria.

Por otra parte, BancoSol también repartió tazas con chocolate como una manera de agasajar a los niños pertenecientes a la red de agencias de todo el país. En cada oficina se entregaron regalos a los niños de los barrios donde se encuentran estas oficinas. La actividad permitió que aproximadamente ocho mil niños en los nueve departamentos reciban regalos por Navidad.

Finalmente, esta entidad bancaria, también durante el mes de diciembre, entregó cientos de juguetes que beneficiaron a los niños de diferentes asociaciones del país, apoyando de esta manera a las personas más necesitadas y a los padres cuyos hijos, por una u otra circunstancia, no habrían podido adquirir un regalo de fin de año.

27 diciembre 2008

La SBEF advierte sobre ocho portales que realizan estafas

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) identificó ocho portales de internet que promueven una serie de estafas escudadas en la figura de organizaciones benéficas.

En un comunicado, el ente regulador indicó que estas webs ofrecen programas solidarios en los que buscan hacer creer al potencial cliente que puede multiplicar el dinero que ahorró.

Entre los sitios identificados por la entidad están: eliteresurrected.org, actividadelite.info, groupelite.eliteresurrected.org y elite.Turbositio.com. “Estas personas no están autorizadas por la SBEF para recibir dineros del público en calidad de depósitos, préstamos mutuos o bajo otra modalidad, o para realizar actividades de intermediación financiera”, indicó la SBEF.

25 diciembre 2008

Gestoras de Pensiones deberán bajar costos y subir rentabilidad

Las nuevas gestoras de administración de los recursos de jubilación deberán otorgar una rentabilidad superior el 8,2 por ciento que alcanzaron las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); además tendrán que bajar la comisión de administración y mejorar la cobertura del sistema, que son algunos aspectos que motivaron la sustitución de las AFP.

Pese a las observaciones, estas entidades privadas tendrán el control de los recursos al menos durante seis meses mientras dure el periodo de transición al nuevo esquema mixto que funcionará con la aprobación de la nueva Ley de Pensiones que ya tiene el visto bueno de los diputados.

De acuerdo con los técnicos del Viceministerio de Pensiones, el proyecto de ley del rubro establece que la administración será adjudicada inicialmente a una gestora privada mediante una licitación y a otra estatal, que en principio será única.

Esta modalidad pretende generar una competencia para ampliar la cobertura, esto significa que cada entidad postulante deberá plantear un porcentaje de rentabilidad y la mejor oferta se adjudicará la administración.

El mismo procedimiento se hará para establecer la comisión que paga el trabajador por el manejo de sus ahorros; pero en este caso se buscará que el porcentaje sea el más bajo, incluso por debajo del costo actual que cobran las AFP, del 0,5 por ciento del salario mensual.

La gestora estatal deberá asumir esta competencia y adecuarse a lo que rija para la privada o mejorar estas cifras.

El proyecto para la nueva Ley de Pensiones, aprobado en la Cámara de Diputados el domingo 21 de diciembre, establece la resolución de los contratos que el Estado tiene con la AFP Previsión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y AFP Futuro, del grupo Zurich Financial Service, a pedido del Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), ante el incumplimiento de metas para mejorar el sistema previsional vigente.

En declaraciones a la red Erbol, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, declaró: “Los contratos que se tienen en este momento no nos sirven, por eso es que la ley está disponiendo que termine esta relación y tiene que haber un proceso de licitación pública para poder encontrar otras administradoras”.

Sin embargo, el contrato que existe de ambas entidades con el Estado es indefinido.

Los argumentos de incumplimiento del Poder Ejecutivo señalan el bajo rendimiento de las inversiones de los aportes que están en los Fondos de Capitalización Individual (FCI).

Datos del Viceministerio de Pensiones muestran que las AFP lograron su rendimiento más alto del 13 por ciento entre los años 1999 y 2000.

Según los técnicos del Viceministerio, las privadas no explican el descenso que presentaron hasta finales de 2007, que llegó a 8,2 por ciento, a pesar de que tenían la posibilidad de invertir en el extranjero o en la Bolsa Boliviana de Valores.

Este porcentaje puede considerarse bajo si se toma en cuenta el índice de inflación que hasta noviembre llegó a 11,37 por ciento; la rentabilidad no compensa la inflación.

Un documento de la Fundación Jubileo afirma que las AFP tienen sus inversiones altamente concentradas en bonos del Tesoro General de la Nación, cerca del 70 por ciento.

Otra observación es la falta de expansión de servicios a las áreas rurales mediante agencias para ampliar la cobertura. Esta apertura hubiese permitido tener más aportantes al sistema.

Datos preliminares a diciembre de este año establecen que existen cerca de 1,1 millón de afiliados, pero sólo aportan 513.000 trabajadores.

De acuerdo con la Fundación Jubileo, sólo el 13 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en Bolivia gozará de una jubilación; el 87 por ciento no aporta al sistema de pensiones y están en el grupo de riesgo que vivirá en la pobreza cuando llegue a su vejez.

Periodo de transición

Con la promulgación de la nueva Ley de Pensiones comenzará un periodo de transición hasta que se haga efectiva la licitación para la gestora privada, este tiempo es indefinido: puede durar un mes o seis meses como ocurrió cuando las AFP llegaron en 1997.

Sin embargo, se espera que este periodo sea breve, pero dependerá de las condiciones de licitación y la presentación de las interesadas en el manejo de estos recursos. Según el Poder Ejecutivo, lo mejor es que ambas administradoras inicien al mismo tiempo el control de los recursos para tener una sola fecha de finalización de la administración vigente.

Tres problemas afectan al sistema de jubilación

La cobertura insuficiente, las inversiones concentradas en valores del Tesoro General de la Nación (TGN) y las dificultades de inversión son los tres problemas del sistema de pensiones identificados en un análisis de la Fundación Jubileo.

Hace diez años se instituyó en el país una nueva Ley de Pensiones que dejó atrás el sistema de reparto. Esta naciente norma creó una cuenta individual para el ahorro de cada trabajador, el dinero depositado sería manejado por dos administradoras privadas, Previsión BBVA y Futuro de Bolivia.

Ambas instituciones tienen la obligación de invertir esos fondos para obtener ganancias que hagan más rentables los aportes.

Según el análisis de Jubileo, el primer problema identificado es el número de beneficiarios, que representa sólo el 13 por ciento del total de la Población Económicamente Activa (PEA), esto significa que sólo 13 de cada 100 trabajadores gozan de una renta al término de su vida laboral activa.

El segundo problema se refiere a las inversiones del Fondo de Capitalización Individual; según el análisis, estos recursos se concentran en un 70 por ciento en bonos adquiridos del TGN. Esto significa que la deuda interna del país crece y debe ser asumida por el Estado; lo recomendable sería invertir en el sector privado o instituciones internacionales.

Finalmente, Jubileo hace referencia a la insolvencia del Estado para crear subsidios para los más pobres y ampliar y generar beneficios para los no aportantes al sistema. Un ejemplo de esto es la Renta Dignidad, que obtiene los recursos del comercio de hidrocarburos, que actualmente tiene precios muy inestables en el mercado.

Transición

Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio constituidos y por constituirse en el Fondo de Capitalización Individual serán transferidos al Fondo de Ahorro Previsional para su administración en las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo.

Las prestaciones del Seguro Social Obligatorio (SSO) de largo plazo que se encuentran a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones al inicio del Sistema Mixto de Pensiones se pagarán a través de las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo.

Las SSO a cargo de entidades aseguradoras pasan al Sistema Mixto de Pensiones en la modalidad, forma y entidad a cargo del pago.

A partir de la promulgación de la Ley de Pensiones hasta el inicio del Sistema Mixto de Pensiones, las solicitudes de prestaciones realizadas durante el periodo de transición deben ser evaluadas considerando y aplicando la normativa del Seguro Social Obligatorio de largo plazo.

Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio de las Cuentas de Riesgos Previsionales serán transferidos de las AFP a las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo para su administración hasta la licitación y adjudicación.

En el periodo en que los Seguros de Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral para independientes no se encuentren licitados y adjudicados a las entidades aseguradoras, las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo administrarán estas cuentas, manteniendo las primas vigentes en el periodo anterior.

Cifras de las Administradoras de Fondos de Pensiones

La adjudicación de la administración de los fondos de jubilación empezó en 1997.

La población que cotiza llega a 513.000 trabajadores (datos preliminares a diciembre de 2008).

Las dos AFP manejan un fondo de 3.500 millones de bolivianos, a noviembre de 2008.

24 diciembre 2008

Pensión solidaria beneficiará a 3.803 personas en 2009

La incorporación de la pensión solidaria en la nueva Ley de Pensiones permitirá que en su primer año de aplicación al menos unos 3.803 trabajadores se jubilen con una renta de vejez promedio de 940,2 bolivianos.

El fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma que impulsa un sistema mixto de pensiones y ahora deberá ser revalidado por el Senado.

La nueva normativa tiene tres fuentes de financiamiento: el contributivo, que incluye los aportes individuales de los trabajadores, el no contributivo (Renta Dignidad), con el aporte del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y el semicontributivo (pensión solidaria).

Uno de los gremios más beneficiados con esta modalidad será el magisterio, en el que se podrán jubilar el primer año 1.767 personas con una renta promedio de 1.079 bolivianos.

En la Policía accederán a un beneficio promedio de 1.157 bolivianos alrededor de 490 oficiales.

Tendrán opción de jubilarse bajo esta modalidad también trabajadores de los ámbitos privado, del transporte, comercial, municipal, judicial, minero, de construcción e independientes.

La renta no podrá ser inferior al salario mínimo.

Podrán optar por esta modalidad las personas de 60 años cumplidos con al menos 180 periodos de aporte.

Para financiar la pensión se tienen 133,6 millones de bolivianos provenientes del aporte de personas naturales de ingresos altos, 143,8 millones de bolivianos por el aporte del 20 por ciento de las primas de Riesgo Común y Riesgo Profesional, y 89,9 millones de bolivianos de aporte de personas dependientes con ingresos altos.

Además de 180,3 millones de bolivianos del aporte patronal privado del 1,5 por ciento y 105,9 millones de bolivianos de aporte patronal estatal.

La Ley 3785 ya permite el pago de una renta mínima para las personas de 60 años con al menos 180 aportes y que hubiesen acumulado un monto que no pueda financiar una renta mensual de al menos 566 bolivianos.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Pensiones apunta a que la cobertura se amplíe, al igual que las fuentes de financiamiento de esta modalidad.

Evo congela Renta Dignidad por caída del precio del crudo

La Prensa y agencias.- La caída de precios del petróleo, de 140 a menos de 40 dólares desde julio, impedirá que el Gobierno cumpla su promesa de aumentar en 50 bolivianos el monto de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años desde enero de 2009.

El anuncio había sido lanzado el 21 de noviembre en Santa Cruz por el presidente Evo Morales.

El bono de 1.800 bolivianos anuales que se paga a las personas que tienen jubilación y de 2.400 a la población que no es rentista debía mejorar a raíz de los buenos ingresos obtenidos de la venta petrolera.

Ayer, Morales señaló que la decisión de hacer el ajuste quedó congelada.

“Nuestro gran deseo era mejorar y aumentar con 50 bolivianos más. Quiero decir que por ahora queda suspendido esto (…) Quiero que el pueblo boliviano entienda esta situación, sólo por la rebaja del petróleo correspondiente”, informó el Mandatario.

Evo Morales exteriorizó esta decisión durante una conferencia de prensa ofrecida en exclusiva a corresponsales de agencias internacionales y medios extranjeros, la que, sin embargo, fue transmitida en directo por el canal estatal.

“Como el petróleo ha bajado (…), posiblemente tengamos algunos problemas. Si el barril de petróleo sube a 50 o 60 dólares, no tendremos muchos problemas, pero también estamos previniendo esta situación. Por tanto, la Renta Dignidad es vitalicia, va a ser eterna y está también en la nueva Constitución”.

El Mandatario reveló, en todo caso, que los efectos de los precios bajos del petróleo fueron estudiados estos días con el Ministro de Hacienda, Luis Arce. Al término de la tercera semana de diciembre, los contratos de petróleo de Texas (referente para la cotización de los hidrocarburos de Bolivia) para entrega en enero habían terminado en 33,87 dólares el barril, el precio más bajo desde febrero de 2004.

La cotización internacional de esta materia prima comenzó a descender en agosto debido, entre otros factores, a una menor demanda de los consumidores en Estados Unidos tras la crisis financiera desatada y que se extendió a Europa. En julio llegó a valorarse en más de 140 dólares.

El petróleo baja a 39,91 dólares

El barril de petróleo de Texas (de referencia para Bolivia) se depreció ayer un 5,8 por ciento y finalizó a 39,91 dólares en Nueva York, entre expectativas de menor demanda de crudo en los países industrializados y en otros en vías de desarrollo.

Los contratos de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en febrero, que ayer comenzaron a tomarse como referencia, reducían en 2,45 dólares su precio anterior.

Es la séptima sesión consecutiva en que el precio de los contratos WTI con vencimiento más próximo cierra con cifras negativas, a pesar del recorte de 2,2 millones de barriles diarios que aprobó la Organización de Países Exportadores (OPEP).

23 diciembre 2008

La nueva Ley de Pensiones obligará a los afiliados a aportar más de 12,21%


El aporte del trabajador para su jubilación será superior al actual 12,21 por ciento por el concepto de aporte obligatorio para el o la cónyuge. El nuevo proyecto de Ley de Pensiones aprobado el domingo en la Cámara de Diputados establece al menos un aporte adicional de 90 bolivianos mensuales para que la persona obtenga una pensión de jubilación mínima al cabo de diez años de contribución.

El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, explicó que este aporte será igual al 10 por ciento de un salario mínimo vigente, esto significa que, en términos del salario propuesto en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la gestión 2009, el monto adicional será de 90 bolivianos. “Si estamos hablando de unos 60 bolivianos (10 por ciento de 675 bolivianos) más el porcentaje que le corresponde para el riesgo común, entonces más o menos en promedio va a llegar a unos 90 bolivianos”.

Según técnicos del Viceministerio de Pensiones, no existe un cálculo porcentual fijo porque la contribución final depende de varias condiciones.

Por ejemplo, si se toma en cuenta el salario mínimo nacional para 2009, la cuota llegará a 90 bolivianos. Además se debe tomar en cuenta que el monto puede ser mayor que el 10 por ciento que fija la norma si por voluntad del contribuyente se quiere mejorar la pensión del beneficiario. Entonces se puede destinar unos 100 o 200 bolivianos o más.

El economista Alberto Bonadona explicó que con esta fórmula el trabajador deberá contribuir al sistema más de lo que actualmente da. Sin embargo, señaló que es un mecanismo justo que reconoce el trabajo que realiza la persona en el hogar.

En la actualidad se descuenta al trabajador el 12,5 por ciento (10 por ciento para la jubilación, 1,71 por ciento para el Seguro de Riesgo Común, con cobertura para accidentes fuera del trabajo, y 0,5 por ciento de comisión en favor de la Administradora de Fondos de Pensiones, AFP).

Según Pérez, con un salario de 2.000 bolivianos la cotización del afiliado sube al menos a “15 por ciento, es decir, 10 por ciento para la cuenta individual, que equivale a 200 bolivianos, y 5 por ciento para su cónyuge, que es el mínimo de 90 bolivianos”. A esto se debe añadir el 1,71 por ciento de la cobertura de Riesgo Común y el 0,5 por ciento por administración.

Si una persona gana 10.000 bolivianos, su contribución será de 10 por ciento a su cuenta individual (1.000 bolivianos). Para su cónyuge además pagará el 10 por ciento de un salario mínimo, que para esta persona representa el 0,5 por ciento de su total ganado.

Ese beneficio incluido en la ley de reforma, cuya sanción está pendiente en el Senado, es el resultado de las propuestas recogidas en las audiencias efectuadas por las comisiones de Hacienda y Política Social en Diputados con las organizaciones sociales, empresarios y otras instituciones en el marco de la discusión de los proyectos presentados por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ejecutivo.

Este beneficio, pensado especialmente para las amas de casa, se encuentra en el artículo 146 del proyecto de ley, es una innovación en la región y tiene el objetivo de mejorar la cobertura.

En Chile, Colombia, Perú y Argentina, los aportes para el cónyuge son voluntarios. Además, en esos países la cotización del trabajador para su jubilación es mayor: en Argentina, en el sistema individual llega a 15 por ciento y en el de reparto a 25; en Colombia es del 15 por ciento.

Para acceder al beneficio, el aportante deberá hacer los depósitos durante un mínimo de diez años, o 120 aportes, y la beneficiaria, cumplir 60 años.

El monto que recibirá la pareja cuando se jubile será igual a un salario mínimo, pero puede ser mayor si los aportes fueron más altos.

Los técnicos del Viceministerio de Pensiones explicaron que si una persona se divorcia no pierde el beneficio, porque la mujer o el varón pueden seguir colocando sus recursos. No se precisó qué pasa si ya no lo desean. Bajo este esquema, la nueva norma permite a los trabajadores afiliar a terceras personas con sus aportes en forma voluntaria. Un hijo puede incluir a su madre para que en diez años ella reciba una renta.

El proyecto de reforma es mixto, con tres fuentes de financiamiento: el contributivo, el semicontributivo y el no contributivo (la Renta Dignidad). El primero, con cuotas individuales; el segundo tiene cuatro fuentes de financiamiento (ver nota de apoyo) y el último se sustenta en el 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Los contratos con las AFP, que no tenían fecha límite, quedarán disueltos y la nueva administradora privada convivirá con una gestora estatal.

Se beneficiará a las PyMe

La nueva Ley de Pensiones crea un fondo de ahorro previsional que se creará con el aporte de los trabajadores para su jubilación, un 5 por ciento de las recaudaciones podrá ser invertido en empresas pequeñas y medianas (PyMe) como apoyo al sector productivo.

Esta nueva modalidad para hacer supuestamente más rentable el ahorro de los aportantes figura en el proyecto de Ley de Pensiones que las comisiones de Hacienda y Política Social de la Cámara de Diputados elaboraron y presentaron el domingo ante la Cámara Baja, el cual fue aprobado y pasó a la Cámara de Senadores.

De acuerdo con la norma, la inversión no deberá ser mayor que el 5 por ciento de cada fondo de ahorro y a través de valores o instrumentos financieros que serán emitidos por pequeñas y medianas empresas sin calificación de riesgo.

Las PyMe deberán obtener para sus valores mecanismos de cobertura o garantía autorizados de al menos el 50 por ciento del monto emitido y colocado.

También se podrá invertir un monto máximo del 20 por ciento en una sociedad anónima. Las otras formas de inversión son las mismas que rigen en la actual Ley de Pensiones 1732, que se hace mediante valores o instrumentos financieros a través de mercados primarios, secundarios y bolsas de valores. Éstos serán realizados por las gestoras de seguridad social de largo plazo y tienen el objetivo de hacer crecer las ganancias de los contribuyentes a través de los intereses.

Financiamiento

La pensión solidaria, que beneficiará a aquellas personas con bajos ingresos y con una reducida cantidad de aportes, tendrá al menos cinco fuentes de financiamiento.

La primera consiste en el 20 por ciento de las primas de riesgo común y profesional que entregan trabajadores y empresarios.

La segunda ya rige en la Ley 3785 de Trabajadores Estacionales, que introduce modificaciones en la Ley de Pensiones vigente y se refiere al monto adicional a los salarios o ingresos de las personas naturales, que incluye a comerciantes o negociantes por cuenta propia, a los 60 salarios mínimos (34.650 bolivianos), excedente al que se descuenta el 10 por ciento.

Por ejemplo, si un trabajador gana 50.000 bolivianos, se descuentan 60 salarios mínimos, o 34.650 bolivianos; el excedente será de 15.350 bolivianos, monto al que se descuenta el 10 por ciento, equivalente a 1.535 bolivianos. Este dinero irá a la cuenta provisional integral. Además se hará el descuento de 3.465 bolivianos (10 por ciento) sobre los 60 salarios mínimos para el aporte individual.

Un procedimiento parecido se usará para los ingresos mayores a 40 salarios mínimos (23.100 bolivianos), a los que se descontará el 5 por ciento sobre el excedente.

En el caso de 30.000 bolivianos, si se les resta el equivalente a 40 salarios mínimos habrá un saldo de 6.900 bolivianos al que se aplica el descuento del 5 por ciento, o 345 bolivianos, con destino al Fondo Solidario.

Y los ingresos mayores a 20 salarios mínimos (11.560 bolivianos) aportarán el 1 por ciento del adicional. En el supuesto de un salario de 20.000 bolivianos se descuenta 11.550, quedando 8.450 bolivianos, de los que se resta el 1 por ciento, o sea, 84,50 bolivianos.

Otra fuente será el aporte patronal (empresarios) del 1,5 por ciento, adicional al 1,71 por ciento que se abona por riesgo laboral.

Principales cambios y diferencias

Ley 1732 de Pensiones vigente

1.- Sistema de capitalización individual: cada trabajador aporta 12,21 por ciento para su jubilación, la cuota del Seguro de Riesgo Común (1,71 por ciento) y la comisión de administración (0,5%).

2.- El sistema es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

3.- La edad de jubilación fue fijada en 65 años.

4.- No existía una pensión solidaria.

5.- Para jubilarse antes de 65 años, el trabajador debía haber acumulado lo suficiente para que se le pagara una renta igual al 70 por ciento de su salario.

6.- No se podía aportar para terceros.

7.- El aporte patronal del 1,71 por ciento para accidentes laborales (Riesgo Profesional).

8.- Los asalariados y personas naturales de altos ingresos no aportaban solidariamente.

Proyecto de Ley de Pensiones aprobado en Diputados

1.- Sistema Mixto de Pensiones: se compone por un régimen no contributivo (Renta Dignidad); uno contributivo (aportes individuales), sean en el sistema público o privado, y uno semicontributivo (pensión solidaria), que beneficia a los que perciben rentas bajas o que no podrían jubilarse.

2.- Es administrado por una Gestora de Seguridad Social Estatal y varias privadas (se podrá escoger).

3.- La edad de jubilación será de 60 años; 58 años para los mineros.

4.- Se crea una pensión solidaria igual al salario mínimo nacional y que mejora las rentas bajas.

5.- La persona puede jubilarse antes de los 60 años si tiene acumulado lo suficiente para que se le pague una renta igual o mayor al 60 por ciento de su salario.

6.- El trabajador aportará al menos 80 bolivianos en favor de su cónyuge en forma obligada. Puede hacerlo por sus padres o parientes de manera solidaria.

7.- Además del 1,71 por ciento por Riesgo Profesional, los empresarios contribuirán con 1,5%.

8.- Aportarán a la pensión solidaria quienes ganan encima de 20 salarios mínimos según escalas.

Más datos

El proyecto de ley aprobado en Diputados será analizado en Senadores en 2009.

El magisterio rechazó los ajustes porque no se incluyó un aporte estatal al sistema.

La Cámara Alta anuncia que hará modificaciones al texto de la norma.

Fondos de las AFP irán directamente a Gestoras

El proyecto de ley de pensiones aprobado por la Cámara de Diputados el domingo pasado, establece que los recursos que los aportantes tienen ahorrados en las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) serán transferidos en forma directa por el Estado a las Gestoras de Seguridad Social a Largo Plazo, sea pública o privada, garantizando la propiedad de las cuentas individuales de los afiliados.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas, indicó que, al crearse un sistema mixto de pensiones, el aportante podrá elegir en qué Gestora, pública o privada, confía para que le maneje sus recursos, aunque será el Estado el que transfiera en forma directa estos recursos.
El diputado por Podemos, Antonio Franco, denunció que los diputados de la oposición no recibieron el proyecto a debatirse, sino hasta el domingo mismo y que se lo trató con dispensación de trámite y voto de urgencia.
Por su parte el presidente del Senado, Oscar Ortiz, indicó que el proyecto será analizado en el Senado recién en enero próximo, que es cuando retomarán las sesiones.
Entre los temas que serán debatidos está el referido a en qué se invertirán los recursos depositados en el sistema de pensiones. Se teme que el Estado haga lo que mejor le parezca.
En el artículo 88 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, establece que los fondos administrados por las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo deberán ser invertidos exclusivamente en valores o instrumentos financieros a través de mercados primarios, secundarios y bolsas de valores, autorizados de acuerdo a reglamento.
También pone límites de inversión. No más del 10% del valor de cada Fondo en valores o instrumentos financieros de un solo emisor o grupo de emisores vinculados; no más del 50% del monto de los valores o instrumentos financieros seriados de una misma emisión o serie; y, no más del 20% del capital social de una sociedad anónima.
Estas restricciones no aplican cuando se invierta en el aparato público. El artículo 89, norma que los valores emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) o el Banco Central de Bolivia (BCB) no estarán sujetos a los límites de inversión establecidos en la presente ley y sus reglamentos.
El gerente de la Cainco, Daniel Velasco, destacó que la administración del fondo de pensiones debe continuar en manos privadas y que si el Estado quiere competir, que sea en igualdad de condiciones.
Velasco denunció que la nueva ley le otorga carta blanca al Gobierno para que utilice en lo que mejor le parezca los recursos de los trabajadores. “El TGN actualmente adeuda a las AFP $us 1.740 millones”, dijo Velasco, que además se preguntó si el Estado tendrá la capacidad de honrar esa deuda.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, informó que el Gobierno no tiene previsto indemnizar a las AFP, ya que solamente se trata de un traspaso de la administración a las nuevas operadoras.

Tres puntos se aprobaron sin consenso
El proyecto de ley de pensiones aprobado por la Cámara de Diputados no fue totalmente consensuado con la Central Obrera Boliviana (COB), coincidieron en apuntar el secretario de conflictos Sócimo Paniagua y el diputado Gabriel Herbas.
Tres puntos continúan en disenso: la edad de jubilación, el proyecto establece 60, la COB pide 55. Con relación a los años de aporte, 25 y 20 respectivamente. Finalmente, en el promedio para el cálculo de jubilación, la propuesta oficial es de 60 boletas de pago (5 años) y el de la COB es de 12 (un año).
El ministro de Hacienda, Luis Arce, sostuvo que el que no se haya consensuado todos los puntos con la COB, no significaba que se hubiera roto las negociaciones.
“La COB envió al parlamento nacional su ley y nosotros la nuestra, porque no pudimos llegar a conciliar criterios. Las comisiones organizaron las audiencias y de ahí salió este proyecto sustitutivo que fue aprobado”, indicó.
Por su parte Oscar Ortiz indicó que se abrirá el análisis del proyecto de ley a todos los sectores involucrados. “Vamos a promover un amplio debate al respecto. Es un tema muy sensible para la población y por ello vamos a recibir la opinión de todos los aportantes”, dijo.

A tomar en cuenta

- Mixto. El manejo de los aportes de los trabajadores para su jubilación será mixto. Es decir, habrá una gestora pública y otra u otras privadas.

- Elección. Los trabajadores estarán facultados de elegir a qué gestora le confiarán el manejo de sus ahorros.

- Penas. Se endurecen las penas para los empleadores que no depositen los aportes laborales.

- Regímenes. El sistema mixto de pensiones comprende el Contributivo y el Semicontributivo; otorga las prestaciones de vejez, pensión solidaria, invalidez, muerte y gastos funerarios en favor de sus asegurados y derechohabientes cuando corresponda. También dentro del Régimen No Contributivo, la Renta Dignidad y Gastos Funerales.

- Ingreso. El cotizable de una persona sin relación de dependencia laboral no puede ser menor a un salario mínimo nacional ni superior a sesenta veces.

- Contribución. Desde la implementación del Sistema Mixto de Pensiones, el asegurado dependiente, hombre o mujer, está obligado a pagar las contribuciones en favor de su cónyuge o conviviente, siempre y cuando éste no se encuentra en relación de dependiente.

- Género. A los efectos del cálculo del monto de la pensión solidaria se adicionarán doce (12) periodos como si hubiesen sido aportados, por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de treinta y seis (36) periodos, a las aseguradas que tengan por lo menos 120 aportes al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo o el Sistema Mixto de Pensiones.

- Reglamentación. Una vez aprobado el proyecto por el Congreso Nacional, se procederá a elaborar un decreto reglamentario que permita operativizar la puesta en marcha de la Ley de Pensiones.

22 diciembre 2008

Aprueban PGN para el 2009

El pleno de la Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria, aprobó el Presupuesto General de la Nación para el 2009, según informó a la ANF el presidente de la comisión de Hacienda, Gabriel Herbas.

“No hubo mayores problemas, el tratamiento del PGN duró alrededor de cuatro horas, se aprobó en grande y detalle un presupuesto de 143 mil millones de bolivianos para el fondo agregado y 103 mil millones para el consolidado. También se han destinado para inversiones 2800 millones de dólares, de los cuales mil millones son un préstamo para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”señaló el parlamentario.

El PGN fue enviado por el Ministerio de Hacienda al Legislativo, el mes de octubre y necesariamente debe ser aprobado por el Congreso hasta el 31 de diciembre, caso contrario entraría en vigencia sin su respectivo tratamiento, por lo que los diputados determinaron darle curso antes de ingresar al receso parlamentario de fin de año, que se iniciará el 23 de diciembre.

La norma presupuestaria fue elaborada sobre la base de una cotización de $us 73 por barril de petróleo, cuando el líquido elemento en los últimos dos meses ha bajado su costo a $us 33.

Sin embargo, el parlamentario oficialista, precisó que el PGN puede ser modificado por la reciente devaluación del precio del petróleo a nivel internacional.

Finalmente, Herbas aseguró que el PGN que será enviado inmediatamente a la Cámara de senadores para su respectivo tratamiento y aprobación, no sufrió de grandes modificaciones respecto al proyecto inicial planteado por el poder Ejecutivo.

“La oposición hizo algunos cuestionamientos y no sufrió mayores modificaciones excepto de algunas partidas intra institucionales, que se bajen algunos proyectos o que se reemplacen otros”, agregó.

La Cámara Baja aprobó la nueva Ley de Pensiones

La Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión plenaria ordinaria la nueva Ley de Pensiones, por cuyo intermedio se habilita dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una privada y la otra pública, de modo que el aportante podrá elegir a cuál acogerse y confiar sus aportes.



“En nuestro proyecto se garantiza la cuenta individual de los trabajadores y será el ciudadano quien decida qué AFP administrará su cuenta; éste es otro cambio que hemos incorporado dada la coyuntura”, señaló el ministro de Hacienda, Luis Arce, en declaraciones a la radio gubernamental Patria Nueva.



El nuevo sistema de pensiones también establece que el trabajador no requiere cumplir los 60 años para jubilarse, puede hacerlo antes si logra, en promedio, un 60 por ciento del total de aportes. La Ley de Pensiones vigente exige que el trabajador, para jubilarse, alcance un promedio del 70 por ciento. “De esta manera, con la nueva ley, se podrán jubilar más personas”, afirmó, por su parte, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez.



El proyecto también establece un mínimo de 10 años de aportes para jubilarse, siempre y cuando la persona cumpla 60 años. Ésta “es una pensión solidaria”, explica el viceministro.



En otras palabras, “si el aportante tiene 60 años de edad y por lo menos ha aportado 10 años, tendrá una pensión aproximadamente de 450 bolivianos”, resumió la autoridad.



Por otro lado, en caso de promulgarse la ley, las mujeres podrán mejorar su pensión de vejez en un seis por ciento por cada hijo nacido vivo (consignándose un máximo de tres hijos). Pérez aclaró que este beneficio es sólo para las mujeres que se encuentran en la modalidad de pensión solidaria y/o del sistema de reparto, que será creada con la nueva normativa.



También se prevé un aporte obligatorio mínimo del 10 por ciento del trabajador en favor de su cónyuge, en caso de que éste o ésta no trabaje.



Por otro lado, la ley aprobada en Diputados también permite que, tanto mujeres como hombres tengan el mismo cálculo de expectativas de vida.



“Con la actual normativa, en las tablas de vida respectivas, a los varones les daban menos expectativa de vida que a las mujeres, esto, por tanto, hacía que ellas tengan una pensión inferior. Ahora, con la nueva ley, se tratará de igual manera tanto a varones como a mujeres”, expresó el Viceministro de Pensiones.



Una vez aprobada en Diputados, la ley debe pasar al Senado para su aprobación y ser finalmente promulgada por el presidente Evo Morales. Luego, adelanta Pérez, se deben elaborar los decretos que reglamenten la nueva Ley de Pensiones.

LOS CAMBIOS

Detalles • Está ley aprobada en Diputados establece una pensión solidaria y sostenible. Mejora las condiciones de acceso para mineros, equidad de género, flexibilización de requisitos, incremento en la cobertura, cambios en el acceso a pensiones de riesgo profesional y riesgo común. También prevé un aporte obligatorio mínimo del 10 por ciento del trabajador en favor de su cónyuge.

21 diciembre 2008

ABA promueve la difusión de derechos del asegurado

Informar a la población sobre sus derechos y obligaciones a momento de contratar un seguro es uno de los componentes de la campaña que la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) inició hace algunas semanas.

“En el país no hay una cultura del seguro, la gente desconoce los beneficios reales y los detalles de su póliza. Con esta información, el cliente podrá aprovechar en su totalidad las ventajas del seguro que contrate”, dijo Hugo de Grandchant, presidente de la entidad gremial.

Al cancelar por un servicio, el usuario espera recibir algo a cambio, pero en el caso de un seguro no se obtiene este retorno hasta que ocurre alguna eventualidad, sea un robo, un choque o, por ejemplo, el desperfecto de la maquinaria o daño en la materia prima de una empresa. En este sentido, la falta de orientación puede generar desconfianza respecto a las compañías aseguradoras o bien la percepción de que un seguro es innecesario.

Al respecto, Grandchant afirma que el costo de los daños nunca está planificado, ni en la familia ni en la empresa. “Por ello, al contratar una póliza, básicamente trasladamos las consecuencias —los gastos— a un tercero especializado en la administración de riesgo que, además, cuenta con la solvencia para reponer los daños rápidamente; ésta es la principal ventaja que ofrece un seguro”, señala.

Existe un marco legal que regula a las compañías aseguradoras y que también reconoce los derechos del usuario. Uno de estos derechos básicos es el de contar con información clara, veraz y suficiente sobre los productos y servicios ofertados. Es decir, antes de firmar un contrato un cliente tiene la opción de informarse en detalle sobre todo en lo que su seguro cubre y no cubre. Adicionalmente, la ley le da el derecho de no aceptar modificaciones unilaterales, cláusulas discriminatorias o estipulaciones que limiten sus derechos.

Ahora bien —dice Grandchant— el cliente también debe cumplir las responsabilidades que asume al firmar un contrato. Por ejemplo, debe saber que, de acuerdo con la ley, la aseguradora no indemnizará acciones intencionadas con mala fe. También tiene la obligación de dar información veraz y dar parte de cualquier siniestro ocurrido en los tres días siguientes del hecho.

NORMAS

Plazos • Según la normativa vigente, cuando se reporta un siniestro, la aseguradora tiene 30 días para pronunciarse (ya sea para aceptarlo o rechazarlo) y 60 días para pagar.



Tarifas • No existen tarifas oficiales, las tasas se determinan libremente, cumpliendo los respectivos parámetros técnicos. Los contratos pueden ser suscritos en dólares.

El 2008 se pusieron en circulación 335 millones de piezas de billetes


Este año el Banco Central de Bolivia (BCB) puso en circulación billetes correspondientes a la serie “H” en cortes de 200, 100, 50, 20 y 10 bolivianos, cuya impresión alcanza a 335 millones de piezas. Asimismo, ha adjudicado la impresión de la última serie (“I”) por una cantidad de 467 millones de piezas.

Así lo afirma el BCB, que garantiza que “la calidad actual de los billetes en circulación es buena, y es resultado de la dinámica política del BCB para sustituir material monetario deteriorado”.

De esta manera, el ente emisor reemplaza sistemáticamente los billetes deteriorados e inhábiles a través de las distintas entidades financieras —bancos, mutuales, cooperativas, fondos financieros y otras—, que son las responsables de la distribución de los billetes nuevos y su canje por material deteriorado.

Estos 335 millones de piezas nuevas corresponden la serie “H”. Algunos de ellos serán reemplazados el próximo año por los de la serie “I”, cuya impresión ha sido ya adjudicada por una cantidad de 467 millones de piezas (ver infograma).

“Todo este material permitirá mantener en muy buen nivel la calidad del circulante en el país”, asegura el BCB, que dice estar “analizando distintos mecanismos que permitan una distribución y sustitución del material monetario más óptima por parte de las entidades financieras”.

La importancia de contar con un billete en buen estado radica en que ello permite observar con mayor precisión las medidas de seguridad y consiguientemente identificar billetes falsos.

En este sentido, “el próximo año, el BCB tiene proyectado realizar campañas de comunicación muy agresivas para concienciar a la población nacional sobre de la importancia de cuidar los billetes”, dice el ente emisor.

De acuerdo a la Ley 1670 del BCB, los bancos y toda institución financiera están obligados a canjear billetes deteriorados y mutilados, siempre que éstos conserven sus dos firmas y un número de serie.

En la serie “I” se incorporará la marca de agua pixelada que permitirá al público identificar con mayor claridad al personaje histórico de cada pieza.

Los billetes, en promedio, se renuevan por lo general después de dos a tres años de su ingreso en circulación, dependiendo de la zona geográfica donde sean utilizados para realizar transacciones y también del corte.

Según el BCB, los billetes en promedio tienen más tiempo útil de circulación en el occidente que en el oriente del país (ver infograma), debido a la elevada humedad en esta última. Para aminorar este efecto y aumentar la durabilidad del material, en las últimas series se ha empleado un barniz especial de protección.

Los cortes que se renuevan con mayor frecuencia son los de 10 y de 100 bolivianos. El primero por su menor vida útil y el segundo por su mayor uso en los cajeros automáticos, afirma el BCB.

Las cantidades que se imprimen por corte dependen de la demanda del público, del desgaste de los billetes y de la velocidad de circulación. El total de la emisión a fines de noviembre fue de 15.800 millones de bolivianos, de los cuales 12640 millones circularon en los departamentos del eje central La Paz, Cochabamba y Santa Cruz..

“Las cantidades impresas de las últimas series han sido crecientes, a raíz del aumento sostenido de la demanda, asociado a la mayor actividad económica en el país y a la mayor confianza en el boliviano”, destaca el BCB.

Los billetes que entran en desuso son remitidos al BCB por las entidades financieras, donde son destruidos en máquinas especiales que además briquetean los

residuos para aminorar la contaminación. Esta destrucción se lleva a cabo bajo procedimientos de seguridad rigurosos, para los cuales se cuenta con la presencia de un notario y la auditoría interna del BCB.

La licitación para acuñación se lanzará el 2009

El Banco Central de Bolivia (BCB) prevé lanzar una nueva licitación para acuñación de monedas hasta el primer trimestre del próximo año, la cual —dice— “permitirá atender con holgura la demanda creciente del público nacional”.

En la actualidad, el BCB asegura tener la suficiente disponibilidad de monedas para atender la demanda en todas las denominaciones.

El 30 de noviembre se recibió el último embarque de las monedas de 0.10 centavos de la última acuñación realizada por la Casa de Moneda de Chile.

En promedio, durante las últimas gestiones, las monedas se han ido acuñando cada dos años “debido al importante incremento del uso de la moneda nacional como medio de pago”, asegura el Banco Central.

Actualmente, las monedas de mayor circulación son las piezas de 1 boliviano y e 0,50 centavos. Todavía —confirma el BCB— no se ha considerado emitir un nuevo corte de moneda.

19 diciembre 2008

Los ahorristas niegan que la Sudamérica devuelva dinero


Mientras los ejecutivos de la cooperativa cerrada Sudamérica aseguran que se está devolviendo pequeños montos de capital y los intereses con la plata que los socios deudores amortizan, los ahorristas que acuden a pedir su dinero denuncian que salen con las manos vacías.
Berthy Guthrie, gerente general de Sudamérica, señaló que dependiendo de la recuperación de la cartera (pago de créditos), se está devolviendo ahorros, de forma limitada, por un monto que no superan los Bs 500.
“Este mes vamos a aplicar esa modalidad para devolver retiros a aquellas personas que tengan ahorros en pequeñas cantidades. A partir de marzo de 2009 está previsto pagar los intereses atrasados a los socios que tengan Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en la entidad”, indicó.
Por otro lado, Jorge René Córdova, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, anunció que la próxima semana recibirán una cantidad significativa de dinero que se destinará para la devolución de retiros.
“La psicosis generada a raíz de la confusión que se dio en torno a la demolición de las viviendas hizo que varios ahorristas retiren su dinero, lo que no significa que Sudamérica no tenga solvencia económica. Estamos en proceso de recuperación de bienes que figuran a nombre de terceras personas para capitalizarlos y de esta forma reunir dinero para devolver a los ahorristas”, dijo Córdova.
Contrariamente a lo manifestado por los ejecutivos de Sudamérica en torno a que está devolviendo ahorros, varios usuarios que salieron de la oficina central de la cooperativa negaron tal afirmación. Revelaron que nadie brinda una explicación del porqué no permiten el retiro de dinero y, lo que es peor, que recibieron un mal trato de los funcionarios cuando intentaron indagar sobre la situación que enfrenta la cooperativa.
En la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) indicaron que la próxima semana Sudamérica presentará el nombre de la empresa que eligió para auditar la institución.

Fiscalía pedirá aprehender a supuesto dueño de terrenos
Según Álex Osinaga, que integra la comisión de fiscales que investiga los casos relacionados con la demolición y adjudicación irregular de la Comarca y Cumbre de las Américas, informó de que el Ministerio Público tiene lista la imputación contra Ronald Choque Aguilar, que presuntamente prestó su nombre para comprar terrenos en La Guardia, Montero y la capital cruceña, donde se construyeron las viviendas solidarias.
La Fiscalía pide al juez que libere una orden de aprehensión contra Choque y la anotación de sus bienes como medida preventiva.
En torno al proceso que sigue la Fiscalía en contra de Miguel Ángel Linares, ex titular de Sudamérica, se informó de que están en la etapa de recopilación de pruebas para establecer si existen pruebas para acusarlo por el supuesto delito de uso indebido de influencias. Sobre éste pesan otras medidas judiciales, como el arraigo y la obligación de presentarse ante el fiscal que lleva el caso.

18 diciembre 2008

Sudamérica revela que se utilizó a ‘terceros’

De forma sorpresiva, en la cooperativa cruceña Sudamérica, envuelta en supuestos actos de corrupción, ahora reconocen que no tienen plata para devolver dinero a los ahorristas, debido a que se encara un proceso de recuperación de bienes que fueron comprados a través de terceras personas con la autorización del anterior directorio, a cargo de Miguel Ángel Linares, sobre quien pesa un proceso penal.
La revelación corresponde al nuevo presidente del Consejo de Administración de la entidad, Jorge René Córdova, que señaló que encaran un trabajo arduo de recopilación de informes para precisar la cantidad de bienes que fueron adquiridos a nombre de la cooperativa para recuperarlos, hacerlos efectivo y así devolver el dinero que a diario solicitan los ahorristas.
“La cooperativa tiene bienes a nombre de terceras personas, según el informe que hemos recibido del anterior directorio, pero no puedo precisar más detalles”, dijo Córdova.

El ejecutivo aclaró que mientras se lleve adelante este proceso, que se calcula concluirá a fines de febrero, no se devolverá dinero a ningún ahorrista. “La cooperativa en este momento no tiene recursos para devolver Depósitos a Plazo Fijo (DPF) ni solicitudes de retiro de cajas de ahorros. A partir del 1 de marzo de 2009 iniciaremos un plan de devolución de dinero a aquellas personas que se les deba intereses y tengan vencido su DPF y a los clientes que deseen retirar sus cajas de ahorros”, puntualizó.
Rosario Saucedo, que aparece entre las afectadas y que fue nombrada para asumir el Consejo de Administración de la cooperativa, señaló que rechazó ocupar el cargo porque cuando solicitó la entrega de documentación, para verificar los activos y pasivos de la cooperativa, se lo negaron.

“Sin ese tipo de información no se podía encarar una auditoría interna. Además, en el proceso de indagación pude comprobar que había ítems muy inflados, como la compra de bienes materiales para algunas agencias por un valor de $us 11.000”, señaló Saucedo, al detallar que existe una cantidad considerable de bienes que figuran a nombre de Suda-mérica y que fueron comprados por terceras personas.
Entre tanto, los ahorristas que a diario se concentran en la oficina central, ubicada en la calle René Moreno, reclaman la devolución de su dinero.

Una persona, que prefirió el anonimato, aseguró que desde hace dos meses viene intentando cobrar los intereses de los $us 10.000 de un DPF.
En la cooperativa indicaron que recibieron un comunicado de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) en la que se indica que, el 15 de enero de 2009, se le iniciará una auditoría interna. La SBEF hizo conocer que hoy se pronunciará.
La cooperativa tiene 13.000 socios, 46 agencias y 190 funcionarios. A Linares se lo acusa de supuestos hechos de corrupción en el proyecto de vivienda Vallecito I.

Se expusieron supuestos vínculos
El 28 de octubre del presente año, cuando se registró la demolición de más de 100 viviendas solidarias en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes, Miciel Alma Rodríguez Suárez, trabajadora del surtidor Ametauná, y Ronald Choque Aguilar, guardia de seguridad y concubino de la mujer, declararon en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que Miguel Ángel Linares, accionista de la cooperativa Sudamérica y para quien trabajaban, les pidió figurar como dueños de terrenos que se compraron con dinero de la entidad.
Miciel aparece en los documentos como la persona que adquirió los 107.112 metros cuadrados de tierras en el Vallecito, y que fueron vendidos al Gobierno por más de $us 2 millones, para la construcción de casas solidarias. Ronald aparece como dueño de urbanizaciones en la doble vía a La Guardia y en Montero.

Es una situación confusa
Ludwing Toledo | Especialista en el sistema financiero
Es una cooperativa como muchas otras en el país, que no está supervisada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Eso significa que los ahorristas no tienen ninguna forma de presionar o exigir. Para ellos no hay ninguna seguridad de en qué momento les van a devolver su dinero. Ahora, la disposición del dinero por parte de la Cooperativa se la explica haciendo comprar bienes a terceras personas, obviamente es, para comenzar una malversación, por decir lo menos.
Que el nuevo directorio le tenga que pedir un poder a esas terceras personas para vender esos mismos activos, ¿en qué quedamos? ¿A cuenta de quién compraron esos señores? ¿A nombre de ellos o de la cooperativa? Ahí hay una situación muy confusa.

Al grano

Celso Senzano
Ahorrista
“Hace tiempo que solicité la devolución de los Bs 100.000 que tengo en una cuenta corriente en la cooperativa, pero al presente no recibí una respuesta favorable, lo que me lleva a pensar que no tiene solvencia económica para cumplir con esa obligación. Mi gran temor es que la institución se declare en quiebra o cosa parecida, y pierda todo el dinero que con tanto sacrificio reuní en mi pequeña granja avícola, aunque tengo fe en Dios y confío en que la cooperativa saldrá adelante y devolverá el dinero a los clientes”.

Eduardo Díaz
Afectado
“Me están debiendo unos $us 2.000 de un DPF que tengo en la cooperativa desde hace varios años, aunque confío en que la cooperativa gradualmente saldrá adelante muy pronto y empezará a devolver el dinero a los ahorristas. La situación más crítica ya pasó y creo que Sudamérica volverá a ser una entidad solvente que cumplirá a la hora de pagar los intereses a los clientes.
Por el bien de la cooperativa se deberían aclarar las cosas administrativas y legales para dar tranquilidad a los clientes, a fin de que vuelvan a la entidad para ahorrar dinero”

16 diciembre 2008

Ausencia de información genera desconfianza en aseguradoras


La ausencia de información genera desconfianza respecto a las compañías aseguradoras, junto a ello la percepción de que un seguro es innecesario impide que las personas aprovechen en su totalidad las ventajas de una póliza.

La evaluación corresponde al presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), Hugo de Grandchant, cuya institución inició una campaña para informar a la población respecto a sus derechos y obligaciones al momento de contratar una póliza de seguro.

“En el país no existe una cultura sobre el papel del seguro en la vida diaria, la gente desconoce los beneficios reales y los detalles del contenido de póliza. Con esta información que es parte de sus derechos el cliente podrá aprovechar en su totalidad las ventajas del seguro que contrate”, dijo el Presidente de la institución.

Las normas generales enseñan que al pagar por un servicio, el usuario espera recibir algo a cambio; pero en el caso de un seguro no se obtiene este retorno hasta que ocurre alguna eventualidad, sea un robo, un choque o, por ejemplo, el desperfecto de la maquinaria o daño en la materia prima de una empresa. En este sentido, la falta de orientación puede generar desconfianza respecto a las compañías aseguradoras o bien la percepción de que un seguro es –aparentemente–, innecesario.

Al respecto Grandchant afirma que el costo de los daños nunca está planificado ni en la familia ni en la empresa.

“Por ello, al contratar una póliza, básicamente trasladamos las consecuencias –los gastos–, a un tercero especializado en la administración de riesgo que además cuenta con la solvencia para reponer los daños rápidamente; ésta es la principal ventaja que ofrece un seguro”, afirmó.

Además, se debe tener en cuenta la existencia de un marco legal que regula a las compañías aseguradoras y que también reconoce los derechos del usuario.

Uno de estos derechos básicos es el de contar con información clara, veraz y suficiente sobre los productos y servicios ofertados por los aseguradores. Es decir, antes de firmar un contrato un cliente tiene la opción de informarse en detalle sobre todo lo que su seguro cubre y no cubre. Adicionalmente, la ley le da el derecho de no aceptar modificaciones unilaterales, cláusulas discriminatorias o estipulaciones que limiten sus derechos.

“Ahora bien –dice el Presidente de ABA–, todo cliente también debe cumplir las responsabilidades que asume al firmar un contrato. Por ejemplo, debe saber que de acuerdo con la ley, la aseguradora no indemnizará acciones intencionadas con mala fe, el usuario también tiene la obligación de dar información veraz. Entre otros puntos importantes es importante que se dé parte de cualquier siniestro ocurrido en los tres días siguientes del hecho”.

BDP dice que exportadores pueden acceder a créditos

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) informó ayer que tiene ocho millones de dólares para dar créditos a los exportadores que quieran seguir vendiendo a Estados Unidos con el pago correspondiente de aranceles, ya que desde ayer se suspendieron las preferencias arancelarias en el marco de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA).

Joaquín Hurtado, vicepresidente del BDP, explicó que los exportadores que quieran seguir exportando sus productos a EEUU, podrán acceder a una línea de crédito con condiciones favorables: 10 años plazo, un año de gracia y una tasa anual de interés variable. Se beneficiarán los productores que han exportado en los últimos 12 meses.

La ministra de Producción y Microempresa, Susana Rivero, anunció que el empresario Marcos Iberkleid, uno de los principales exportadores en el marco del ATPDEA, ya inició los trámites y que el préstamo se materializará en pocos días.

Mientras, la agencia EFE informó desde Washington, que las aduanas de EEUU comenzaron a cobrar aranceles a los productos de Bolivia en sus puertos y puntos fronterizos. La decisión de suspender el arancel cero al país fue tomada por la Casa Blanca como castigo por la supuesta falta de cooperación de Bolivia en la lucha antidroga.

Según la AFP, los países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) y Venezuela, intentarán absorber lo que deje de exportar Bolivia tras la pérdida del ATPDEA. La declaración fue hecha en Brasil por el canciller de ese país, Celso Amorim, tras la reunión del Consejo del Mercado Común, máximo órgano ejecutivo del Mercosur.

Desde Santa Cruz, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Eduardo Paz, planteó que ante la suspensión de las preferencias, el Gobierno debe buscar otros mercados, “incluso propiciar un acuerdo de 10 años con EEUU para aumentar las exportaciones de $us 400 a 4.000 millones”.

ACCESO AL CRÉDITO

Uno • Inscripción a través de un formulario en el BDP, ente responsable de dar el crédito.

Dos • Firma del contrato crediticio entre el BDP y el exportador, previa presentación de la documentación solicitada.

Tres • Solicitud del crédito. El monto será asignado antes de que el exportador pague los aranceles de ingreso a EEUU.

15 diciembre 2008

BCB iniciará acciones penales ante fallo por pérdida de $us 6 millones

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que iniciará acciones judiciales por prevaricato contra los jueces que fallaron a favor de los accionistas del Banco Sur, cuya determinación le ocasiona una pérdida al Estado de seis millones de dólares.

La estatal emisora en un comunicado público calificó como ilegales las acciones de las autoridades judiciales ya que fallaron en contravención a normas expresas.

La semana pasada la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras denunció que nueve jueces cometieron actos de prevaricato al emitir un fallo a favor de los accionistas del Banco Sur a quienes el BCB deberá pagar una millonaria suma de dinero.

“Este monto por las erradas decisiones judiciales será destinado al pago de acreedores que eran accionistas del Banco Sur S.A. y otros que provocaron la quiebra de esta institución en lugar del BCB que precauteló los depósitos del público”, dice parte del comunicado.

De acuerdo al fallo, los acreedores principales son Luis, Raúl y Roberto Choque, Fulvio Ferrero, Javier Alcalá, Roberto Landívar, Raúl Ferrier, Petronila Cabral, Freddy Oporto, y Jorge Córdoba entre otros quienes según el fallo recibirán los seis millones de dólares.

“El Banco Central de Bolivia debiera recibir ese dinero en primer lugar y no esta cantidad de señores que no tiene ningún derecho”, afirmó al respecto el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, Marcelo Zabalaga.

ANTECEDENTES

El Banco Sur fue la fusión, en 1993, de dos bancos quebrados: el banco Industrial Ganadero del Beni (Bigbeni) y el Banco de Inversión Boliviano (Bibsa). Sin embargo, esta fusión duró poco tiempo ya que pocos meses después de iniciado su funcionamiento en 1994, la nueva entidad también se declaró en quiebra por lo que autoridades de la entidad reguladora de ese entonces, iniciaron un proceso de liquidación forzosa.

Como parte de ese proceso de liquidación forzosa, el BCB prestó apoyo financiero a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras por un monto de 145.997.574.15 dólares destinado a la devolución de depósitos a los ahorristas y depositantes. A la fecha, según el ente emisor, ha recuperado solamente 61.263.020.38 dólares.

El BCB explica que por el apoyo financiero otorgado, esta entidad se subrogó los derechos y acciones de los ahorristas y depositantes lo que le convirtió en el primer acreedor extraconcursal de la entidad en liquidación.

Las “acreencias extraconcursales” son aquellas obligaciones que deben ser pagadas directamente por el Intendente Liquidador del banco. En tanto que las “acreencias concursales” son las que deben ser pagadas conforme al orden que dispone el juez que conoce el proceso general de la liquidación.

El ente emisor indica que las acreencias extraconcursales tienen preeminencia de pago frente a las concursales, por lo que deben ser pagadas primero.

Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia confirmó la preferencia en el pago a los acreedores concursales antes que los extraconcursales. “Es decir por encima del ente emisor y en franco perjuicio al Estado”.

13 diciembre 2008

Mercantil Santa Cruz es el mejor banco según Price Waterhouse

El Banco Mercantil Santa Cruz fue considerado como el Mejor Banco de Bolivia, el Mejor Banco de Santa Cruz, el Mejor Banco de Cochabamba, el Mejor Banco para Ahorrar en el país y en las ciudades del eje troncal, así como el Mejor Banco para Prestarse en el país, Santa Cruz y Cochabamba, informó la entidad en una nota de prensa.

Las categorías fueron establecidas en el Ranking de Marcas realizado por la firma consultora internacional Price Waterhouse Coopers en alianza con el semanario especializado Bolivian Business.

El banco cuenta con 1.500 millones de dólares en activos, de una cartera bruta de alrededor de 750 millones de dólares, depósitos del público por encima de los 1.300 millones de dólares, un patrimonio que sobrepasa los 95 millones de dólares y una red de 63 agencias y una red de cajeros automáticos con 215 unidades.

Investigan a cajeros del BancoSol por estafa en la Renta Dignidad

El superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Mario Guillén, informó que el Ministerio Público abrió una investigación a tres cajeros de atención al cliente del BancoSol por supuesta estafa en el pago de la Renta Dignidad .

“Está en investigación en la Fiscalía. Nosotros hemos podido acceder, hay bastantes casos, han logrado ingresar en la base de datos para ver qué personas no han cobrado desde enero y empezaron a hacerlo por ellas”, dijo Guillén, respecto del supuesto fraude cometido por tres cajeros del BancoSol. Explicó que de verificarse la estafa, ésta no afectará a los fondos destinados para el pago de la Renta Dignidad.

El SIN recaudó un 30,4% más que el pasado año

Hasta noviembre, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó un 30,4 por ciento más que en similar período del 2007, informó ayer la presidenta de la entidad, Marlene Ardaya.

De acuerdo con los datos del SIN, la recaudación hasta el penúltimo mes del año llegó a los 12,14 millones de bolivianos, unos 2,8 millones más que el 2007, gestión en la que se llegó a recaudar 9,3 millones de bolivianos. Además, la presidenta de Impuestos indicó que en noviembre se superó la meta de recaudación proyectada por el Ministerio de Hacienda.

“Ya pasamos la meta de recaudación fijada por Hacienda y hasta diciembre se incrementará más”, aseguró Ardaya. La autoridad atribuyó el aumento de las recaudaciones al esfuerzo que puso la administración tributaria, a pesar de los problemas que atravesó con la toma de algunas oficinas distritales, que paralizaron actividades en septiembre.

Reveló que los meses en los que se logró mayores recursos por el cobro de impuestos fueron abril y julio, y los departamentos que mayor contribución ejecutaron fueron La Paz y Santa Cruz.

Marlene Ardaya también precisó que los Pricos (principales contribuyentes) fueron los que permitieron que las recaudaciones alcancen el incremento registrado. “Hemos visto una muy buena reacción en lo que es el pago de impuestos de parte del empresariado privado. Vemos que han tomado conciencia”, sostuvo la presidenta del SIN.

DETALLES

Recaudación • Incluidos los tributos ITF, IEHD, IDH y las importaciones IVA e ICE, el total de la recaudación del SIN a noviembre alcanzó los 25,9 millones de bolivianos.

Crecimiento • El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó ayer que el incremento de las recaudaciones totales entre el 2007 y noviembre del 2008 es del 23 por ciento.

Dueños del quebrado Bancosur ganan juicio

El superintendente de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), Marcelo Zabalaga, denunció ayer que nueve jueces incurrieron en prevaricato al fallar a favor de los accionistas del ex Bancosur, para el pago de 6 millones de dólares, en perjuicio del Banco Central de Bolivia (BCB).

La autoridad reguladora explicó que existe una conculcación de derechos del BCB y una transgresión a la Ley de Bancos y al Código de Comercio por parte de los magistrados. Zabalaga recordó que el Bancosur es un banco que quebró en 1994 por créditos vinculados, y que aún está en liquidación por parte de la Superintendencia de Bancos.

A través de un documento, el ente regulador señala que los principales accionistas del Bancosur y quienes serían beneficiados son Jorge Córdova y Humberto Roca, actual presidente de la línea aérea AeroSur.

Luego de la quiebra del Bancosur, el BCB entregó los recursos para responder a los acreedores de primer nivel o “extranconcursables” (depositantes de caja de ahorro, de cuentas corrientes y de plazo fijo o DPF). El ente dio 129 millones de dólares, sin embargo, a la fecha, sólo recuperó 45 millones de dólares.

El superintendente explicó que, según la ley, corresponde que la entidad emisora —que se subrogó todos los pagos a los depositantes— sea la primera que recupere la mayor cantidad de dinero que pueda. Agregó que luego vendrían los acreedores “concursables”, entre ellos los ex accionistas, incluso después del pago de salarios devengados, beneficios sociales e impuestos devengados. No obstante, Zabalaga sostuvo que los jueces cambiaron el orden de forma ilegal.

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Bancos, los jueces acusados de prevaricato, en diferentes instancias, son Alfonso Coca Echavarría, Lucio Candia Rivera, Carlos Medina Doria Medina, Rosario Canedo Justiniano, Julio Ortiz Linares, César Suárez Saavedra, Fernando Iriarte, Alejandro Nava Achá y Lilian Paredes Gonzales.

Marcelo Zabalaga lamentó que por el fallo de los jueces, la SBEF esté conminada a pagar como máximo hasta mañana.

Sin embargo, indicó que el ente, a través del intendente liquidador, se negará a acatar el fallo de los jueces, para el pago de los seis millones de dólares a quienes todavía no corresponde.

Argumentó que, como autoridades, los jueces están obligados a cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), “que dice que se debe proteger los bienes de la colectividad y acatar las leyes, independientemente de los fallos equivocados de los jueces”.

Los antecedentes del caso

El Bancosur fue resultado de la fusión entre dos bancos en problemas: el Banco Industrial y Ganadero del Beni (Bigbeni) y el Banco de Inversión Boliviano (Bibsa), en diciembre de 1993.

Según el informe de la Súper de Bancos, el Bancosur no pudo sobrevivir a la fusión. “Presentó una debilitada situación patrimonial, producto del incumplimiento a los planes de fortalecimiento comprometidos por los accionistas de estas entidades, principalmente en lo que correspondía a su capitalización, por parte de los accionistas, el desfalco que sufrió por parte del señor Tarabillo y los créditos mal otorgados por los administradores del Bigbeni y del Bibsa”, dice una nota del ente. La quiebra se produjo en 1994. La SBEF inició el proceso de liquidación forzosa, a fin de proteger los depósitos del público.

La Razón intentó comunicarse con Humberto Roca para conocer su posición sobre el caso señalado por la SBEF. El contacto no fue posible porque el empresario está fuera del país.

12 diciembre 2008

La Vitalicia y Bisa SAFI pagarán Renta Dignidad en 2009

La empresa de seguros La Vitalicia y Bisa SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión), que forman una sociedad accidental, se adjudicaron el pago de la Renta Dignidad para el año 2009, en reemplazo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Mario Guillén, informó que de esta forma se ampliará la cobertura del pago del beneficio, pues las AFP sólo tienen presencia en 19 localidades del país, mientras que la sociedad llegará a 31 e implementará cobro mediante sistema biométrico.

Periodista de EL DEBER ganó un Premio Bisa


El periodista René David Moreno, del área Economía del Diario Mayor EL DEBER, obtuvo el segundo lugar del prestigioso Concurso de Periodismo Especializado en Banca, que el banco Bisa organizó en su séptima versión, y que concluyó anoche con la premiación de los tres mejores trabajos en los salones del hotel Los Tajibos.
Los organizadores evaluaron un total de 54 trabajos de investigación, siendo el ganador el reportaje “Régimen populista amenaza al BCB”, de la periodista Aliz Viruez, del semanario Catarsis, que recibió como premio $us 1.000.
“Sectores están disconformes con la labor del Banco de Desarrollo Popular” fue la investigación de David Moreno, de EL DEBER, por el que obtuvo como premio $us 500.
El tercer lugar fue para Abraham Carrillo, de la revista Tiempo, que publicó el artículo “El dólar baja pero no se come”, con lo que accedió a $us 300 de premio.
También se entregaron reconocimientos a medios de radio, prensa y televisión y a los conductores que la ciudadanía consideró como sus favoritos. En televisión la red Unitel fue una de las más galardonadas, así como la red PAT. El radialista Bernardo Silva se llevó la mención como el mejor presentador de radio.
El vicepresidente regional de Bisa, Drago Stojanovic, ponderó el trabajo de la prensa en tiempos difíciles.

11 diciembre 2008

El BDP concedió Bs 870 millones en créditos a sectores productivos

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que depende del Ministerio de Planificación del Desarrollo, hasta el 30 de noviembre de 2008 desembolsó Bs 870.516.637 en créditos individuales y asociativos para el sector productivo del país a una tasa de interés del 6%.
La entrega de créditos se destinó para fortalecer las actividades de sectores tales como alimentos, artesanía, cerámica, cueros, maderas, metalmecánica, orfebrería, plásticos, material de construcción, textiles y turismo.
El programa de financiamiento productivo contempla dos líneas de crédito: Individual y Asociativo, destinadas a los productores de todos los rubros productivos con excepción del sector estratégico como hidrocarburos, minería y generación de energía.
Ambas líneas de crédito son en calidad de fomento para los productores a una tasa de interés fija anual del 6%, con un plazo de hasta 12 años y periodo de gracia de 2 años.

10 diciembre 2008

Economistas latinos ven a Bolivia como un país riesgo


Bolivia está considerada como un país riesgo, según un artículo de la revista electrónica América Economía, en el que 140 economistas de América Latina evalúan la gestión de los ministros de Finanzas de la región y analizan “qué tan bien preparados están para enfrentar estos tiempos turbulentos”.

En la nota, publicada el 21 de noviembre, para hacer la evaluación, los expertos consideraron que mientras países en desarrollo se encaminan a una recesión y el crédito se mantiene restringido, la capacidad para gestionar de buena manera las finanzas públicas será esencial para aminorar el impacto en las economías.

Los 140 economistas consultados por América Economía coincidieron en que “cuatro países son percibidos como riesgosos, justo aquellos que han disparado sus indicadores de riesgo país: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela”.

Si bien el país obtuvo una nota de 5,0 en estabilidad macroeconómica, se situó entre los cinco últimos puestos, seguido por Honduras (3,0), Venezuela (3,0), Ecuador (2,9) y Argentina (2,1).

Así, en el ranking de ministros de Finanzas, el titular de Hacienda de Bolivia, Luis Arce, figuró entre los cuatro últimos puestos, junto a las autoridades de Ecuador, Venezuela y Argentina.

En el otro extremo, el ministro de Hacienda de Chile ocupó el primer lugar, seguido por el de México, que promovió la reforma tributaria. En el tercer puesto está el titular de Perú, que —según América Economía—logró transmitir confianza al mercado.

El estudio evaluó con notas de uno a 10 la gestión de los ministros como responsables de cuatro aspectos: estabilidad macroeconómica, impulso de reformas pro competitividad (crecimiento), liderazgo en el equipo económico y envío de señales de confianza a la ciudadanía, empresarios e inversionistas.

En su desempeño, el ministro boliviano obtuvo un puntaje de 3,4; el de Ecuador 3,2; el de Venezuela 2,8 y el de Argentina 2,8.

Según América Economía, los expertos recordaron que las verdaderas preocupaciones de los gobiernos en el 2009 deben ser el empleo y el crecimiento, para lo que la regla de oro es que el gasto público sea menor que el PIB en los años de vacas gordas para evitar la inflación y compensar las bajas en tiempos de vacas flacas.

Tasa de interés para YPFB no superará el 3 por ciento

El crédito de $us 1.000 millones del Banco Central de Bolivia (BCB) para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se enmarcará en términos concesionales, es decir, que las tasas de interés oscilarán entre el 1,5 y tres por ciento, informó ayer el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas.

El parlamentario explicó que para el préstamo se plantearon tasas de interés concesionales y plazos mayores, parecidos a los de los organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial (BM), que otorga créditos a tasas del 2,5%.

El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2009 establece un crédito del Banco Central de 1.000 millones de dólares para la estatal petrolera, que tendrá respaldo legal con la propia Ley Financial.

“En este caso es un crédito concesional. Lo que pague YPFB al BCB es lo mismo que pagaría al Banco Mundial, significa una tasa de interés baja y en un tiempo prolongado, a largo plazo”, indicó el diputado. Agregó que el plazo será establecido una vez que se firme el convenio.

Yacimientos ya tiene previsto el destino de los 1.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos de la estatal petrolera, el 36 por ciento ($us 363 millones) está dirigido a la ampliación y construcción de refinerías y obras de las plantas de separación de líquidos del gas, 36 por ciento ($us 360 millones) a trabajos de exploración y perforación, 15 por ciento ($us 152 millones) a equipos de perforación e instalación de sistema Scada y el 11 por ciento ($us 125 millones) a la intervención y recuperación secundaria de pozos en los campos Villamontes, Buenavista, Camiri y Camatindi.

Herbas señaló que a corto plazo, la estatal petrolera tendrá réditos como para cumplir con la deuda, debido a que las inversiones permitirán que la empresa aumente su producción.

Si el crudo sigue a $us 43, afectará a la renta Dignidad

El actual precio internacional del barril de petróleo (43 dólares) es muy bajo y podría afectar a los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del próximo año, que en parte están destinados a pagar la renta Dignidad, reconoció el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Gabriel Herbas.

Sin embargo, el diputado expresó su confianza en que el precio del petróleo recupere a partir de febrero del 2009, en base a las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que reflejan que en el 2009 y 2010, el precio del crudo se mantendrá por encima de los 100 dólares. Además, consideró que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está tomando los recaudos necesarios para reducir los volúmenes de exportación y poder nivelar los precios.

Parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2009 está calculado en base a un precio del petróleo de $us 73,5 el barril, sin embargo ayer cerró a $us 42,07.

Al ser consultado si ese precio, inferior al calculado en el PGN, afectará a la renta Dignidad, Herbas señaló que “40 es un precio extremadamente bajo y realmente este precio nos afectaría, pero esto no va (a ser) porque el propio sistema capitalista... en este momento ya está tomando los recaudos para que no disminuya, por ejemplo, la venta y producción de automóviles”.

El problema puede agudizarse aún más, tomando en cuenta que el Gobierno pretende subir el beneficio de Bs 1.800 a 2.400 para los mayores de 60 años que perciben una pensión y de Bs 2.400 a 3.000 para aquellos que no reciben mensualidad de jubilación.

Gabriel Herbas manifestó que “entonces, si el sistema capitalista nuevamente reflota su sistema de fábricas automotrices, esto va a lograr que nuevamente el tema del petróleo tenga precios intermedios, seguramente no vamos a llegar a los 143 dólares pero es posible que exista la recuperación rápidamente”.

En este contexto, el diputado informó que no será necesario reformular el proyecto de PGN 2009 —que la próxima semana entrará al plenario del Congreso— para su aprobación, debido a que se prevé que a partir de febrero, el precio del petróleo tendrá una recuperación.

El Ministerio de Hacienda ha alertado a municipios y prefecturas que tomen previsiones en sus Planes Operativos Anuales (POA), porque por la baja de precios, los recursos de la renta del gas podrían ser menores.

IMPORTANTE

Hidrocarburos • El 30% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es destinado al pago de la renta Dignidad, beneficio otorgado a todos los mayores de 60 años.

Pedido • Las prefecturas y los municipios pidieron al Ministerio de Hacienda una explicación clara y precisa de las reducciones presupuestarias para poder preparar sus POA.

09 diciembre 2008

Este año no habrá nueva Ley de Pensiones

Los puntos en discusión son la edad de jubilación y los aportes necesarios para acceder a una renta.

Hasta fin de año no habrá una nueva Ley de Pensiones aprobada por el Congreso para sustituir a la actual Ley 1732. Las posiciones de los trabajadores, representados por la Central Obrera Boliviana (COB), frente al Poder Ejecutivo para consensuar tres puntos en discrepancia ponen en peligro la conclusión del proyecto conjunto.

El presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Guillermo Mendoza, explicó que hasta ahora no se llegó a acuerdos entre ambas partes sobre la edad de jubilación y la densidad de cotizaciones para acceder a una renta.

“Continúa esta alta tensión, se ha llegado a aspectos tranca que están a punto de echar por tierra todos los esfuerzos tanto del movimiento obrero con sus conquistas como también del Poder Ejecutivo”. El proyecto de la nueva Ley de Pensiones se discute en el Congreso desde mediados de año, después de que la COB entregara su propuesta al presidente Evo Morales; luego el Gobierno elaboró su proyecto. Las dos comisiones, Política Social y Hacienda, en Diputados recibieron a otras organizaciones para elaborar una ley consensuada.

La edad de jubilación propuesta por la COB se mantiene en 50 años para varones y mujeres, mientras que según el Ejecutivo se debe llegar a los 60 años.

El otro asunto es la cantidad de aportes que debe tener un trabajador para acceder a su renta.

La COB se mantiene en 240 cotizaciones porque significan 20 años de labor, que es el tiempo calculado por los empleados para mantener un buen ritmo de trabajo, este cálculo se basó principalmente en el sector de la minería. El Gobierno pone como cálculo de referencia 130 cotizaciones, aunque con una renta universal la cifra ya no es necesaria.

La COB espera una respuesta hasta el miércoles para que el Congreso viabilice su proyecto.

Hacienda sugiere a las regiones ajustar sus planes por caída de precio del crudo


Hacienda asegura que el comportamiento de los precios del crudo ha sido volátil.

La Prensa y agencias.- El Gobierno advirtió a las prefecturas, alcaldías y universidades de que los ingresos por concepto de hidrocarburos en 2009 pueden disminuir más allá de lo calculado debido a la caída del precio del petróleo, que el viernes llegó 40,81 dólares el barril, y sugirió ajustes en sus presupuestos.

El Ministerio de Hacienda fijó para el próximo año un tope de 73,50 dólares en promedio el barril, estimación con la que se ordenó a las regiones elaborar sus Planes Operativos Anuales (POA) y proyectos.

Por cada punto inferior a esa proyección, esa cartera de Estado calculó que se generará un hueco fiscal de 40 a 50 millones de dólares para el Estado.

El principal precio de referencia internacional para Bolivia, el West Texas Intermediate (WTI), cerró el viernes en 40,81 dólares por barril. De esa manera sumó un desplome de 72,3 por ciento respecto de su valor máximo de 147,27 dólares alcanzado el 11 de julio, debido a los coletazos de la crisis financiera internacional.

La semana pasada, Hacienda envió a la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia una carta mediante la que les pide que tomen sus precauciones debido a que “los ingresos por concepto de hidrocarburos e ingresos tributarios podrían ser menores a los estimados para la gestión 2009”.

El secretario de Hacienda de la Prefectura de Santa Cruz, José Luis Parada, confirmó que la comunicación también se hizo extensiva a los gobiernos departamentales y a las universidades (ver apoyo).

La FAM-Bolivia informó que en la misiva se le sugiere comunicar a sus asociados que tomen las previsiones financieras necesarias en el compromiso de gastos de esas entidades.

Hacienda justificó que se recomendó hacer la previsión a las alcaldías debido a la alta volatilidad que ha registrado la cotización del petróleo en el mercado internacional desde hace algunas semanas.

El PGN 2009 proyecta una recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 6.958,8 millones de bolivianos, inferior a los más de 8.000 millones de bolivianos de este año.

El presupuesto destina a los municipios un monto total de 8.491,1 millones de bolivianos y a las prefecturas, 12.927,5 millones de bolivianos.

El vicepresidente de la FAM, Luis Revilla, informó que la decisión de Hacienda generará perjuicios a los municipios que deberán elaborar nuevamente sus POA y postergar varios proyectos de inversión.

Recordó que estos planes se diseñan junto a los vecinos desde octubre y ahora otra vez se tendrá que comenzar el trabajo porque no se tiene certeza sobre los ingresos de los que se dispondrá el año 2009. La FAM cree que las más perjudicadas serán las alcaldías pequeñas, porque dependen en un 80 a 90 por ciento de los ingresos del IDH; en cambio, los municipios grandes podrán superar el problema porque cuentan con recaudaciones internas.

Según Revilla, la carta de Hacienda no precisa los montos en los que puede variar el presupuesto y la magnitud. Por eso es que las asociaciones de municipios de La Paz, Santa Cruz, Pando y Tarija demandaron una información y explicación más detallada sobre el alcance que tendrá la nueva posible reducción de los ingresos provenientes de la renta petrolera en la gestión 2009.

Según la FAM, existe preocupación por la incertidumbre que genera el anuncio ministerial, pues no se pueden programar proyectos y obras con un presupuesto que es incierto.

“Más aún cuando la planificación se la realiza junto a la población, con la que de hecho se contrae un compromiso de cumplir con las obras proyectadas”.

Parada sostuvo que la determinación de Hacienda de recortar más los ingresos de las regiones perjudicará, en el caso de Santa Cruz, a los recursos que se entregan como contraparte a proyectos como la carretera a Puerto Suárez o a los ítems de salud y desayuno escolar.

“La inadecuada administración del Ministerio de Hacienda y la falta de prevención de la caída de los precios por hidrocarburos ocasionarán nuevos recortes a las prefecturas, municipios y universidades el próximo año. Sólo así podrán cubrir el déficit ocasionado por el gasto de esta cartera de Estado”.

La caída de los precios del petróleo para el país se suma a los menores ingresos por el descenso de las cotizaciones de los minerales afectados por la desaceleración de las economías de Estados Unidos, Europa y otros países, incluido China.

Cainco advierte que la renta petrolera caerá en 42%

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en un reciente análisis advierte que los ingresos provenientes de la renta petrolera caerán hasta el segundo semestre del próximo año en un 42 por ciento.

Esto como consecuencia de la crisis económica y financiera originada en Estados Unidos.

Esta situación, según la entidad empresarial, ocasionará un mayor déficit fiscal que el 1,8 por ciento que proyecta el Gobierno en el Presupuesto General de la Nación (PGN ) de 2009.

Para la Cainco, la única manera de evitar un efecto negativo para los ingresos del Estado es que el precio del petróleo oscile en 70 dólares.

Sin embargo, si se mantuviera en los 43 dólares en los que se encuentra actualmente, el PGN 2009 tendría que calcularse a un precio de 56,8 dólares, lo que ya determina una caída del 30 por ciento en las recaudaciones petroleras.

Frente a esta situación, para la entidad empresarial lo más aconsejable sería hacer un reajuste al presupuesto de modo que refleje la situación real de los ingresos proyectados.

Para ello es importante la austeridad de los gastos corrientes y evitar que la variable de ajuste se dé por el lado de las inversiones.

Sin embargo, la Cainco considera que éste no es el último escenario que se debe considerar.

Analistas internacionales proyectaron en el Wall Street Journal que el precio del petróleo puede situarse en la franja de los 30 dólares el barril.

“Este escenario obligaría a considerar un precio de 51,8 dólares el barril, lo que generaría un 42 por ciento menos de renta petrolera para el país”.

Cainco recordó que el Ministerio de Hacienda sostuvo, en reiteradas oportunidades, que no está dispuesto a reajustar el precio del petróleo proyectado en el PGN 2009 y que asciende a 73,50 dólares.

Carta a Costas

En una carta enviada el 28 de noviembre, el ministro de Hacienda, Luis Arce, le comunica al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, las previsiones que debe tomar en 2009.

“Mediante nota MH/VPC/DGP/UPMFD/No2186/08 se remitieron techos presupuestarios para la formulación del PGN 2009, los que consideraban ingresos por hidrocarburos a precios referenciales bajo un criterio conservador. Sin embargo, producto de la crisis financiera internacional que es de conocimiento público, estos precios presentan últimamente un comportamiento tendencial decreciente, por lo que se sugiere tomar las previsiones financieras en el comportamiento de gastos de su entidad, toda vez que los ingresos por concepto de hidrocarburos e ingresos tributarios podrían ser menores a los estimados para gestión 2009”.

Más datos

El Gobierno elaboró el PGN de este año con una cotización promedio de 60 dólares del petróleo.

Con el alza a mediados de año diseñó el PGN reformulado con una cotización de 110 dólares.

Gracias a los altos precios los ingresos de las regiones subieron en un 45 por ciento.

La próxima gestión se prevén menores recaudaciones para prefecturas, alcaldías y el TGN.

En 2009 las regiones perderán recursos por IDH, regalías, IEHD y otras recaudaciones.

El TGN también sufrirá los efectos, pero sus gastos son mayores a los de las prefecturas.

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