Tras los últimos acuerdos a los que arribó con sectores de los trabajadores, como los mineros, sobre el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, el Gobierno disminuyó sus previsiones de sostenibilidad del futuro sistema de jubilación, de 40 a 34 años.
“En nuestros cálculos, luego de algunas decisiones que hemos tomado con la Federación de Trabajadores Mineros, los compañeros de la Central Obrera (Boliviana, COB), este sistema por lo menos va a garantizar 34 años de funcionamiento sin ningún problema”, informó el ministro de Economía, Luis Arce, en entrevista con radio Patria Nueva.
El 11 de mayo, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, sostuvo que el modelo diseñado por el Gobierno fue “proyectado para un período mínimo de 40 años” tomando en cuenta “toda la masa de aportantes”. Explicó que se consideró además el crecimiento de la población, el aporte de los trabajadores independientes y los incrementos salariales del orden del 3% cada año.
El último acuerdo al que se llegó con los mineros permitió subir el monto máximo de la pensión solidaria para ese sector de Bs 3.000 a Bs 3.700, cuando para el resto de los trabajadores la cifra llega a Bs 2.400. El incremento se financiará con el aporte adicional del 2% que los empleadores del rubro minero están obligados a dar, según la propuesta.
Antes de remitir el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno aún espera consensuar la norma con los otros afiliados a la COB, quienes plantean una sostenibilidad de 20 años para tener una renta solidaria máxima de Bs 5.400.
Al respecto Guillén afirmó que, “si bajamos los años de sostenibilidad, lo que estaríamos haciendo es no garantizar la jubilación de las personas más jóvenes y con esto se beneficiaría (sólo) a las que hoy están en edad de jubilación, pero no a las personas que están aportando”.
Rentabilidad. Arce aseguró que, una vez que se apruebe la ley, el Ejecutivo le exigirá niveles mínimos de rendimiento a la administradora estatal de los fondos de pensiones. “Estamos introduciendo en la ley un parámetro para definir si lo que está ganando es adecuado o no, un comparador referencial que se le dará cada año al administrador”, dijo.
Explicó que una meta de rentabilidad podría ser, por ejemplo, “lo que paga un depósito a plazo fijo en el sistema financiero nacional”.
Adicionalmente, señaló el ministro, la gestora pública deberá regirse a las disposiciones de la norma para invertir los fondos constituidos por los aportes de los trabajadores. “Se le va a dar los lineamientos de inversión, es decir, en qué puede y no puede invertir”, complementó.
Diputados elegirán al directorio
Mando
Según Arce, el presidente y el directorio de la gestora estatal serán elegidos por dos tercios de voto en la Cámara Baja.
Evaluación
Informó que las personas a cargo de la administradora estatal rendirán cuentas ante la Asamblea Legislativa.
Deudas por aportes frenarán despidos
El proyecto de la nueva Ley de Pensiones dispone que un trabajador no podrá ser despedido si su empleador tiene deudas por aportes para su jubilación no depositados. Además, fija un plazo máximo de 120 días para que ese plazo se regularice.
El proyecto “establece que si el empleador no ha depositado la plata en la cuenta individual del trabajador no puede despedirlo hasta que lo haga”, informó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.
La autoridad señaló que con la normativa vigente, “el empresario podría hábilmente despedir al trabajador y quedarse con su platita de la AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) como capital de operaciones de su empresa”.
Según el ministro, en caso de que el trabajador decida retirarse voluntariamente de su fuente laboral el trámite para que los aportes adeudados por su empresa sean entregados “no debe pasar de 120 días (cuatro meses), desde que el obrero identifica que ese empleador no depositó su plata”. “Caso contrario, hay unas multas enormes que se cobran directamente al empleador”, sostuvo.
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