10 julio 2011

Tres servicios ‘colapsan’ el Banco Unión y desatan duras críticas

Desde el pago a todos los funcionarios públicos y rentistas, pasando por el manejo de todas las cuentas fiscales del país, hasta llegar a atender la recaudación aduanera, la administración del cobro de impuestos y la recepción de depósitos para el saneamiento de vehículos, depósitos para emisión de cédulas de identidad, permisos de conducir, entre otros trámites, hoy en día toda transacción pasa por el banco Unión, lo cual genera críticas en los sectores económicos, que se ven afectados por las largas filas que se forman en esta entidad.
Es que el Ministerio de Economía culminó este mes el proceso de transferencia de servicios financieros de la administración pública (administración de cuentas corrientes fiscales, pago a funcionarios públicos y beneficiarios por rentas y fondos en custodia), de los bancos Mercantil Santa Cruz S.A. y Crédito de Bolivia S.A. al banco Unión S.A, a lo que se sumó tres servicios más: el de recepción de depósitos para el servicio de identificación, el de licencias de conducir y el saneamiento de rodados ‘chutos’ que han colapsado la entidad y que causa ‘dolores de cabeza’ a los clientes.
Con todos estos servicios traspasados por el Gobierno, el banco atiende a casi medio millón de funcionarios públicos, más de 121.000 cajas de ahorros y 5.180 cuentas fiscales en Bolivia. El Tesoro General de la Nación destina a esta entidad más de Bs 1.000 millones para el pago de salarios.
Reportes de Cochabamba, La Paz, Beni, Tarija, Potosí, además de Santa Cruz, señalan que hacer transacciones en las sucursales resulta difícil, especialmente por los tres servicios mencionados.
Lo peor se vive en Santa Cruz, donde desde comienzos de semana cientos de ciudadanos hacen largas filas en la sucursal de la avenida Irala, ya sea para hacer sus depósitos para el saneamiento de vehículos depósitos para la emisión de cédulas de identidad y permisos de conducir.
Hacer estas transacciones demora entre dos y tres horas. El martes, miércoles y viernes se hizo un recorrido por las sucursales de la entidad y el calvario para las personas se da justo en la avenida Irala.
Pedro Choque, Juan Paniagua, Carlos Ribera y María Morales testimoniaron que hacer depósitos para sanear vehículos les significó toda una media jornada.
Julio Colque, Mariano Torres y Alcira Égüez, que alistan la renovación de sus licencias, también tuvieron que sufrir dos horas. Sin embargo, la entidad ya instaló un puesto en las mismas instalaciones de Identificación en la avenida Santos Dumont con lo cual redujo las filas el miércoles.
En Trinidad, en la sucursal de la avenida Bolívar, Martín Melgar sufrió dos horas para cobrar un cheque. Así como estos casos, se vive similar situación en otras regiones.
Las críticas no se dejan esperar. El Colegio de Economistas de Bolivia, los empresarios, representantes de algunas gobernaciones e incluso varios banqueros arremeten contra el Poder Ejecutivo por ‘monopolizar’ los servicios a favor de dicha entidad financiera.
Sheila Terán, secretaria de Finanzas de la Gobernación de Cochabamba, afirma que por el momento siguen trabajando con el Banco de Crédito y que los 400 funcionarios que tiene la institución siguen cobrando en esa entidad.
“Nosotros vamos a seguir manteniendo cuentas individuales en el banco de Crédito y tenemos un contrato hasta diciembre de 2012 y no le vemos mayores problemas. Si el Banco Unión maneja las cuentas fiscales, hay que ver si tiene la capacidad operativa para hacerlo”, sostuvo Terán.
El director de Tesoro de la Gobernación cruceña, Carlos Schlink también cuestionó la otorgación de más servicios a la entidad, pues en la actualidad ya existen problemas en el manejo de las cuentas fiscales.
Por su lado, el Colegio de Economistas de Bolivia es más duro y denuncia que se trata de una actividad monopólica y que además si hay largas filas y se demora varias horas en la atención a los clientes, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debería sancionar a la entidad, pues hay una norma que establece que el tiempo de espera máximo en cajas, para los usuarios financieros, no debe sobrepasar los 30 minutos.
Precisamente, el art. 4 del Reglamento de Atención en Cajas dispone que la norma debe ser cumplida por las Entidades de Intermediación Financiera. En ese sentido, la ASFI pidió a la entidad implementar mecanismos que aseguren la atención oportuna a sus clientes.
“Ante el colapso que se tiene se exige a la entidad que presente un plan de acción inmediato para poder implementar medidas de contingencia hasta el lunes. En caso de no hacerlo se aplicará las sanciones que van desde una llamada de atención hasta severas multas”, señaló la ASFI.
En criterio del gerente general de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), filial Santa Cruz, Agustín Saavedra, “una cosa es atención al público y otra realizar un pago o cobrar un dinero del erario público. En el banco Unión suceden ambas cosas y seguramente irán reformando sus servicios para satisfacer a la gente y disminuir las colas, pero eso no puede contarse como atención en el sentido tradicional. Es un servicio del Gobierno y estará en la administración gubernamental el mejorarlo”.
Para el experto en Finanzas, Carlos Grandchant, lo correcto es dividir este servicio entre las financieras para beneficiar al público.
Al respecto, la gerente general de la entidad, Marcia Villarroel, admite que hay problemas. No obstante, afirma que el banco hace todo lo posible para atender de la mejor manera a los clientes.
“Hemos abierto nuevas agencias y contratado más personal, pero esta semana ha aparecido el tema de Identificación, de licencias de conducir y de Diprove que nos ha llenado las agencias”, argumentó a tiempo de anunciar que la próxima semana instalarán oficinas en ambas instituciones para evitar las filas.
Con relación al pago de sueldos a los trabajadores del sector público y la administración de cuentas fiscales, aseguró que no habrá mayores problemas, pues se alista la apertura de nuevas agencias.
El Ministerio de Economía informó de que con la transferencia se cumple con el mandato de la Constitución Política del Estado, que establece que las operaciones financieras de la administración pública, en sus diferentes niveles de Gobierno, deben ser realizadas con la presencia de una entidad bancaria pública.

Así opinan banqueros y algunos sectores

Herlan Vadillo
Mercantil SCZ
“Esto se venía haciendo a través de licitaciones cada cierto periodo. Sin embargo, hoy en día todas las cuentas públicas se han ido al Banco Unión. Nosotros manejábamos aproximadamente un 20% de las cuentas fiscales. A escala de transacciones financieras ha habido una disminución en los cajeros y en las agencias, además de los depósitos. No deja de tener un impacto importante”.

Miguel Soliz
Banco de Crédito
“Nosotros mantuvimos los contratos con el BCB y fuimos comunicados con anticipación de las modificaciones. Ahora todas las cuentas fiscales han pasado al banco Unión y nuestra entidad cumple las disposiciones. Vamos a seguir ofertando servicios a estos clientes. Evidentemente al ser un negocio se deja de percibir ingresos, pero esto es algo normal y nosotros seguiremos trabajando”.

C. Schlink
Dir. Tesoro SCZ
“En la Gobernación cruceña hay aproximadamente unas 1.500 personas que tienen cuentas en la entidad financiera estatal y además hay unas 3.000 empresas y proveedores que trabajan con nosotros y también tienen que ir al Banco Unión. Las cuentas fiscales solamente se atienden en una sucursal de la entidad, que es la de la calle Seoane; ahí hay un serio problema”.

V.H.Figueroa
Pdte. Economistas
“En Tarija, al igual que en muchas ciudades, hay filas en el banco Unión. Lo que el Gobierno hace es una práctica monopólica. Aquí corresponde abrir los servicios a diferentes entidades, tal como sucedía anteriormente. De lo que se trata es de desburocratizar la banca y que el servicio al cliente sea eficiente en todo el país. La autoridad del sistema debe actuar con el Gobierno”.

I. García
Rentista
“Los profesores jubilados y los rentistas vamos a sugerir que se abran otra vez los servicios financieros de la administración pública a todo el sistema y que no sea solo un banco el encargado de estos temas. No tengo muchas quejas contra esta entidad, pero lo que se está viendo en las últimas semanas es una pena. Además, no hay ni siquiera respeto para las personas de la tercera edad”.

La entidad crece y amplía cobertura a escala nacional
Durante el primer semestre de este año, el Banco Unión se centró en la ampliación de la red de agencias y cajeros automáticos con el objetivo de mejorar el servicio a sus clientes y, principalmente, para brindar buena atención a los nuevos usuarios (funcionarios públicos).
Cabe recordar que 82.800 funcionarios se encuentran en la sede de Gobierno y los demás en el resto del país.
Según la gerente general de la entidad, Marcia Villarroel, se han ampliado sucursales, aumentado cajeros automáticos y se ha contratado más funcionarios.
“Estamos manejando más de 450.000 clientes, más de 5.000 cuentas fiscales y el resto de clientes, que suman más de 100.000. Sin duda que somos el banco más grande del país por cantidad de clientes y por la cobertura a escala nacional. Estamos con 87 agencias y con muchos puntos externos.
En este semestre hemos contratado a unos 700 funcionarios, particularmente en la sección cajas y plataformas, y vamos a continuar con este proceso”, indicó Villarroel.
Según datos de la entidad, en la actualidad tienen 1.522 personas y proyectan hasta fin de 2011, 1.551 trabajadores.
La cartera de la entidad financiera asciende a $us 486 millones.
Villarroel agregó que el crecimiento va acompañado de una importante inversión, que asciende a $us 8 millones, para la apertura de 30 nuevas oficinas a escala nacional y 110 nuevos cajeros automáticos.

Datos del banco

Puntos. La entidad tiene 50 puntos externos de cobranza de los cuales 24 están en La Paz, 14 en Santa Cruz, 10 en Cochabamba, uno en Potosí y uno en Oruro. Los depósitos ascienden a $us 610 millones y tienen una mora del 3,28%.

Mesas. El banco Unión instaló el miércoles dos mesas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), donde dos cajeros venden los valorados. La cédula de identidad vale Bs 17; las licencias de conducir categoría A Bs 225; B, C e indefinido Bs 200; particular Bs 160; motos Bs 80 y maquinaria agrícola, Bs 60. A ello se suma que la entidad también debe efectuar cobros por la legalización de autos indocumentados en todo el país.

El proceso. El Viceministerio del Tesoro y Crédito Público impulsó este proceso a través de la implementación del Plan de Acción elaborado para la transferencia de servicios financieros al banco Unión, según esa cartera de Estado.

Opinión

“El servicio debe ser licitado”
Waldo López-Economista

La transferencia de servicios financieros de la administración pública exclusivamente al Banco Unión afecta a todo el público, no solo a las gobernaciones o municipios, pues se forman largas filas y el sistema puede colapsarse. Antes se licitaba el servicio y era a escala departamental, no nacional como en la actualidad. La entidad que ofrecía mejores servicios, rapidez y menos costos se adjudicaba el proceso.
En este momento hay un privilegio del Gobierno por esta entidad, donde evidentemente el mayor accionista es el Estado. Sin embargo, creo que esto va a llevar al fracaso. Si el banco no hace las suficientes inversiones tecnológicas y de infraestructura, además de contratar más personal y habilitar nuevas sucursales en el país para evitar las colas, esto puede generar la reacción de la población.
El pago de salarios a los rentistas y a la administración pública ya se ve en las agencias del Banco Unión y no es solamente en Santa Cruz, sino también en Tarija, La Paz y Cochabamba. Ahora con los servicios adicionales que presta la entidad por el tema del cobro para la otorgación de carné, licencias de conducir y los pagos aduaneros por autos indocumentados, prácticamente ya ha ocasionado un colapso en varias sucursales de las ciudades del país. Cómo puede ser que se haga esto y mezclar las cosas con el cobro de salarios de la administración pública o el pago a los rentistas. Además, cabe aclarar que en cualquiera de las oficinas de una entidad bancaria el cliente puede hacer transacciones financieras o pagar sus facturas de agua, luz o teléfono, pero con estos servicios que se da al Unión realmente se convierte en un dolor de cabeza. Creo que la ASFI debe actuar rápido, además que el servicio debe licitarse.

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