El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, explicó que antes de que se inicie un proceso coactivo o penal a un empleador, primeramente se determinó el incumplimiento del pago al SIP. “En realidad ya se empezaron a iniciar los procesos tanto coactivos como penales. En este momento no tengo el número (de los casos, pero) son bastantes los que se han iniciado”, afirmó Guillén.
Según el artículo 107 de la Ley de Pensiones (Ley 065), el empleador incurre en mora al día siguiente de vencido el plazo establecido para el pago de contribuciones. Además, el empleador deberá pagar el interés por la deuda y el interés incremental por las contribuciones no pagadas.
A decir de Guillén, el Código de Procedimiento Penal establece la realización de una investigación para determinar un adeudo y luego el fiscal asignado realizará la acusación al empleador por no haber realizado el pago al SIP.
Según el artículo 315 de la Ley 065, el empleador que se apropie de las contribuciones destinadas al SIP y no las deposite en los plazos establecidos “incurrirá en privación de libertad de 5 a 10 años”. Asimismo, el viceministro Guillén aclaró que los empleadores que deseen que el proceso penal que se les sigue se extinga, deberán pagar toda su deuda.
“Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante el SIP”, señala el artículo 345 de la Ley de Pensiones. El viceministro, en reiteradas oportunidades, evitó dar a conocer el número de los procesos coactivos y penales que siguen las AFP a los empleadores morosos ni el monto que representa.
El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), Iván Rojas, dijo semanas atrás que a partir del 29 de junio las AFP iniciaron los juicios coactivos y penales a los deudores al SIP con el objetivo de recuperar dichos recursos adeudados.
“Hay más de Bs 15 millones de mora que se ha dado en el nuevo sistema (de pensiones), es decir de enero a junio del 2011”, afirmó.
Hay un plazo determinado
Según el artículo 22 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones, se otorga un plazo de 120 días calendario para la recuperación de las contribuciones y aportes por mora del empleador o patrón ante el nuevo SIP.
Ponen en duda juicios al Estado
El analista económico Armando Álvarez expresó sus dudas de que las AFP tengan “facilidades” para iniciar procesos judiciales a determinados sectores de la administración pública que también son deudores al nuevo sistema de pensiones.
“En el tema de la mora hay que tener en cuenta que una parte de los deudores es del Estado y no sé qué facilidades tendrán (las AFP) para hacerle juicios al Estado”, afirmó.
Álvarez considera que en este caso habrá problemas, razón por la que pidió que las AFP apliquen la Ley de Pensiones a las instituciones públicas tal como lo hacen con el sector privado. “Yo tengo mis dudas de que esto va a suceder, a diferencia de otros” casos, manifestó.
El analista económico indicó que el nuevo sistema de pensiones se está aplicando de forma parcial, porque la administración aún está en manos de las dos AFP y no de la Gestora Pública como establece la normativa.
Mora al SSO aumenta en Bs 84 MM
Según datos extractados de la página web de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), la mora administrativa y judicial se incrementó de diciembre del 2010 a julio de este año, de Bs 531,48 millones a Bs 616,24 millones.
La diferencia existente durante este período expresa un aumento de Bs 84,76 millones. La información también da cuenta de que las entidades públicas y privadas con mayor deuda al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO), que es administrado por las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, son: AASANA Viru Viru, LAB, El Diario, La Prensa, Enfe, Ecobol, Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y Ciudad Limpia SA.
Además están Coserelec SA, AeroSur, Adecco Bolivia, Bolivian Oil Service, Centro de Salud Hospital San Gabriel, Empresa Constructora Bartos CIA, Constructora Concordia, Hilbo, Intermat, Santa Mónica Cotton, Servicio Nacional de Caminos, Servicios Generales Chaco, Somil Ltda, Asea, Grupo Industrial de Bebidas, Central de Abastecimiento de Suministros, Supercanal Bolivia y Serpro.
El analista económico Armando Álvarez dijo que se debe hacer un análisis para conocer qué parte de la mora de las empresas corresponde al anterior sistema de pensiones y cuál es del actual.
“En definitiva, los que hacen los aportes son los empleadores por cuenta de los trabajadores. Obviamente que con el nuevo sistema tiene un costo adicional del 3%, que es un desincentivo”, agregó.
Hasta julio de este año estaban registrados 1.404.090 asegurados y la recaudación al Seguro Social Obligatorio correspondiente a ese mes era de Bs 430,32 millones. La APS da cuenta de que el patrimonio del Fondo de Capitalización Individual (FCI) acumulado hasta julio de este año asciende a la suma de Bs 41.577,97 millones.
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