FINANZAS Y BANCA EN BOLIVIA

03 junio 2012

Norma que endurece control al lavado de dinero causa demoras

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) aprobó en octubre de 2011, a través de una resolución, un instructivo que establece reglas para la prevención, detección y control de operaciones vinculadas con la legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero), financiamiento del terrorismo y otros delitos en las actividades de intermediación financiera.

La directora ejecutiva de la Asfi, Lenny Valdivia, indicó a La Razón que la norma emitida está cumpliendo una de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objetivo es la prevención de los delitos mencionados.

Por tal motivo, señaló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió un instructivo a todas las entidades financieras con el fin de “detectar cualquier actividad vinculada al lavado de dinero que se esté introduciendo al sistema financiero”. Valdivia explicó que dicha norma dispone de que “en todas las operaciones iguales o mayores a $us 10 mil se presente una declaración, estableciendo el origen y destino de los recursos”.

Mientras, señaló que en las casas de cambio las operaciones mayores a $us 3.000 que hagan los “consumidores financieros” se debe declarar en un formulario el origen y el destino de los fondos. Asimismo, dijo que toda recepción o envío de dinero mediante el servicio de empresas especializadas en remesas por montos superiores a los $us 2.000 deben ser registrados.

En ese sentido, la norma emitida por la Asfi dispone que todas las entidades financieras “están obligadas” a conocer y registrar los datos personales del usuario, el número de carnet, el origen y destino de los fondos.

En el caso de ser cliente deben anotar datos como nacionalidad, profesión, actividad económica, lugar de trabajo, ingresos, entre otros. En tanto, las empresas que contratan productos y servicios de la entidad deben presentar su razón social, su actividad principal, su domicilio de oficina principal y sucursales, su documento constitutivo de la empresa, entre otros.

Valdivia indicó que la aplicación de la medida sin duda “implica alguna resistencia de parte de la población. Sin embargo, en el marco de las convenciones internacionales que Bolivia ha ratificado como país, tenemos que cumplir con estas medidas”, señaló.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Kurt Koenigsfest, calificó dicha medida como “positiva” para el cliente y para todo el sistema financiero. “Estamos de acuerdo y apoyamos toda normativa que proteja al usuario y a nosotros de ser víctimas del lavado de dinero que se canalicen en los bancos”.

Por su parte, la gerente general del Banco Unión, Marcia Villarroel, afirmó que los controles requeridos por los organismos de fiscalización y las medidas adoptadas coadyuvan a contar con herramientas de seguridad en las entidades financieras para evitar que acciones ilícitas puedan “afectar la imagen de la institución bancaria”.

La gerente afirmó además que la normativa “ayuda” a las entidades financieras a que éstas busquen fortalecer “su sistema de control de legitimación de ganancias ilícitas”. Sin embargo, Villarroel dijo que una desventaja de la medida es que su aplicación implica “un tiempo adicional al momento de solicitar mayor información a los clientes y usuarios que efectúan sus operaciones en las entidades”.

De forma coincidente, Koenigsfest aseguró que la implementación de la normativa “toma más tiempo”. Diez personas consultadas por este medio coincidieron en que la presentación de dichos requisitos e información requerida por las entidades financieras genera demoras en la realización de las actividades financieras.

Informe de la GAFI

Según un informe de la GAFI, publicado en febrero de este año, Bolivia fue incluido en una lista de siete países cuestionados por no haber realizado los progresos suficientes en sus planes de acción acordados para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico.

Asfi pide informar sobre la medida

La directora ejecutiva de la Asfi, Lenny Valdivia, informó a La Razón que la norma que refuerza el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es resistida por la población. Por ello, indicó que las entidades financieras tienen “la obligación” de informar el objetivo de la medida.

La funcionaria aseguró que la aplicación de la normativa implica alguna “resistencia de la población debido a que no entienden por qué razón cuando acuden a efectuar una operación en una entidad financiera le piden diferentes requisitos o que debe dar una información específica”.

En este sentido, afirmó que es “la obligación y la responsabilidad” de las entidades de intermediación financiera, al momento de solicitar a los clientes la información requerida, “informar cuál es el objetivo de la norma, cuáles son los montos (que requieren declaración) y cuáles son los requisitos”.

Según Valdivia, otro factor que contribuye a este problema es la falta de “cultura financiera”. Por ello, dijo que se espera que “la ciudadanía entienda que es importante la implementación de acciones preventivas para detectar actividades ilícitas que pueden ser descubiertas por las entidades”.

La norma dispone que las entidades financieras son responsables del cumplimiento de las disposiciones vinculadas a prevenir los dos delitos mencionados. El instructivo además establece que “las entidades del sistema financiero tienen el deber de reportar cualquier operación sospechosa vinculada a dichos ilícitos en el plazo de 48 horas de haberse detectado dicha actividad”.

Opiniones de usuarios y clientes de entidades

Carencia

“Trabajo con comunidades rurales y para transferirles dinero se necesitaba abrir una cuenta y para ello nos pidieron facturas de los servicios, pero donde viven no tienen luz ni agua”. (Juan Tito).

Demora

“Mi mamá nos envía giros desde España. Sin embargo, desde hace meses que tenemos que llenar formularios del origen y el destino del dinero. Es demasiado moroso y complicado”. (Sonia Pérez).

Inseguridad

“Hago transacciones diarias en el banco porque tengo una empresa. Pero, nosotros como clientes, qué seguridad tenemos de que la información que les damos no será mal utilizada”. (Mario Lino).

Burocracia

“Perdí mi tarjeta de débito y para renovarla tuve que actualizar mis datos personales y presentar una fotocopia de algún servicio y mi papeleta de pago. Demoré media hora”. (Luz Martínez).

Requisitos que deben pedir las entidades

Registro

La entidad debe pedir datos al cliente o usuario cuando abra una cuenta corriente, una caja de ahorros, cuando haga transacciones o transferencias iguales o mayores a $us 10 mil, entre otras actividades.

Usuario

Debe registrar datos personales, su número y extensión de su carnet de identidad, origen, destino o motivo de los fondos. Quedan exentos de la norma los que paguen servicios e impuestos.

Cliente

Debe anotar sus datos personales, nacionalidad, estado civil, domicilio, profesión, actividad económica, lugar de trabajo, cargo, ingresos, referencias personales, comerciales y bancarias, entre otros.

Empresa

La empresa debe presentar su razón social, su actividad principal, domicilio de oficina principal y sucursales, el documento constitutivo de la firma, referencias comerciales y otros documentos.

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