26 septiembre 2012

Piden que nueva ley de bancos fije en 6% interés para el agro

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) planteó ayer al Gobierno fijar -con la nueva ley de bancos- una tasa de interés para préstamos al sector con un techo de 6% anual y que la amortización de capital e intereses se realice en función del ciclo productivo.

El Gobierno anunció que con la nueva norma el Estado regulará las tasas pasivas y activas del sistema financiero.

El gerente de la CAO, Edilberto Osinaga, informó que como sector se ha propuesto tener una tasa de 6%, considerando que los ciclos en la agropecuaria no son iguales a una actividad comercial. La decisión fue asumida en las reuniones sostenidas con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

“Queremos tasas y plazos en períodos de amortización conforme el ciclo de producción para que la gente pueda cumplir su obligación”, precisó.

Por ejemplo, en el sector lechero, que tiene un ciclo más corto, las amortizaciones de capital e intereses deberían efectuarse de manera bimestral o trimestral.

En cambio, para los productores de caña de azúcar, que cosechan una vez al año, los abonos tendrían que hacerse anualmente, remarcó Osinaga.

Datos del Banco Central de Bolivia (BCB) al 16 de septiembre de este año dan cuenta que la tasa de interés activa para créditos empresariales oscila entre 5,13% y 7,20% en moneda nacional, dependiendo de la entidad bancaria, y entre 5,97% y 10,37% en moneda extranjera.

Según Osinaga, la Ley de Bancos vigente se la elaboró en una coyuntura diferente y donde se debía combatir la inflación y había que ser más proteccionista para garantizar la estabilidad macroeconómica en el país.

“Hoy hay estabilidad y debemos dar impulso a la economía y a los sectores productivos”, dijo.

La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, ratificó en julio que el Estado, a través de la nueva ley de bancos, regulará las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero para evitar abusos por parte de las entidades dedicadas a esa actividad.

La nueva norma es analizada por empresarios privados y es uno de los proyectos de prioridad que deberá ser aprobados por el Legislativo hasta fin de año.

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