03 marzo 2013

ASFI registrará contratos de préstamos bancarios según el proyecto de norma


LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO YA NO PODRÁN TENER "LETRA PEQUEÑA", SEGÚN EL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley de los Servicios Financieros, que contempla cerca de 500 artículos, promoverá profundos cambios en el sector financiero nacional ya que el Estado en ese nuevo marco desplazará sus esfuerzos para constituir dos bancos poderosos como el Banco Unión que está desarrollándose bajo la óptica de multibanca, concentrando todas las operaciones del sector estatal y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a quien el Banco Central de Bolivia le transferirá apróximamente de las reservas netas internacionales, un inédito soporte financiero de 1.200 millones de dólares en una operación sin precedentes en la historia económica nacional.

Esta determinación ha sido oficialmente anunciada por el presidente del instituto emisor, Marcelo Zabalaga, el pasado 20 de febrero. De ser efectiva esta determinación, los recursos que administre el BDP podrían superar fácilmente algo menos de un tercio de la inversión pública establecida en 3.807 millones de dólares en el Presupuesto General de 2013.

CRÉDITOS

Por el momento, el proyecto de ley que está siendo objeto de análisis por el sector privado establece que la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) podrá registrar a partir de su sanción y aprobación constitucional todos los contratos de préstamo que suscriban los prestatarios con las entidades bancarias y otras sujetas a control de la autoridad reguladora.

El Gobierno considera que el proyecto de la nueva Ley de Bancos no solamente tiene la finalidad de facilitar el acceso a los recursos financieros de sectores sociales tradicionalmente impedidos de favorecerse con el crédito, sino que a partir de esta norma pretende tomar conocimiento de las condiciones de los créditos en cuanto a las tasas de interés, las comisiones y otros conceptos que encarecen el costo del dinero en el mercado nacional.

En ese ámbito, el proyecto que consta de aproximadamente 500 artículos implementa la protección del consumidor financiero con la participación de los órganos de la justicia y de la propia ASFI.

"Lo que buscamos es proteger al consumidor del maltrato de las entidades financieras que en muchos casos cometen abusos, para lo que será necesario que adopten nuevos códigos de conducta", dijo el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

Uno de los ejes del proyecto y que está relacionado con la defensa del consumidor es el principio de "función social" que debe observar el sistema financiero sostuvo la autoridad. Se han incorporado en el proyecto de ley, aspectos tales como las garantías no convencionales para la expansión del financiamiento productivo en las áreas rurales donde los predios por ley no pueden ser otorgados en calidad de garantía.

En ese sentido, el proyecto promueve el alineamiento del sistema financiero a esta nueva filosofía. La función social es un concepto que se encuentra ya en la Ley de Reforma Agraria de 1953. El proyecto gubernamental, por otro lado, busca desarrollar la responsabilidad social de las entidades financieras para lo que determinará que una proporción de las utilidades sean destinadas a esa finalidad.

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