El gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) avanza en la aprobación de la futura Ley de Servicios Financieros donde obligará a los bancos privados a trabajar bajo la consigna política del “Vivir Bien” y que los Servicios Financieros cumplan la función social de contribuir al logro al desarrollo productivo, que puede ser corregido mediante decreto supremo en caso de eventuales distorsiones. La ley será debada a partir de la próxima semana.
Los diputados por Convergencia Nacional (CN) Mauricio Muñoz y Javier Leigue cuestionaron en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, los objetivos de demasiado intervencionismo estatal en las actividades de la banca privada que hasta ahora desarrolla sus actividades en base al enfoque de la economía de libre mercado.
En contrapartida, el diputado del MAS, Marcelo Elío, aseguró que el proyecto de ley acabará con la “dictadura de la banca privada” y la usura al que estuvieron acostumbradas las entidades financieras, al disponer libremente las tasas de interés tanto para créditos como para préstamos.
Leigue dijo que hay demasiado intervencionismo en las actividades financieras privadas y pocas políticas para preservar el derecho de los consumidores financieros que, ante una eventual quiebra de un banco, no tendrían a dónde recurrir para recuperar sus depósitos. Elío señaló que con esta ley se acabaron las quiebras, porque las operaciones financieras serán controladas en línea por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
De acuerdo al proyecto de ley, el presidente Evo Morales busca una regulación de las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros; la protección del Consumidor Financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.
El MAS pretende que a partir de la promulgación de esta ley, todos los bancos privados deben cumplir una función social y contribuirán al logro de los objetivos para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, dos conceptos políticos acuñados por el Gobierno.
El Estado a través de la ASFI obligará a los bancos a cumplir mínimamente los objetivos de promover el desarrollo integral para el vivir bien y facilitar el acceso universal a todos sus servicios financieros.
Dispone que “las actividades de intermediación financiera y la prestación de Servicios Financieros, son de interés público” y con el fin de resguardar la continuidad de los Servicios Financieros y la estabilidad del Sistema Financiero, el presidente del Estado, mediante Decreto Supremo, podrá determinar las medidas preventivas de carácter temporal.
El diputado Muñoz lamentó que el MAS no haya tomado en cuenta las observaciones de la oposición y diera por aprobada a fardo cerrado todo el proyecto de ley sin modificar “ni un punto ni una coma” durante el debate de la Comisión que hasta ayer casi concluyó la revisión y sólo falta aprobar las disposiciones transitorias.
Observó el hecho que la ley ordena colocar “veedores” en los directorios de todas las entidades privadas que agrupan a las actividades de intermediación financiera y lo más grave que la Ley de Servicios Financieros consolidará una competencia desleal del Estado hacia el sector privado.
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