27 marzo 2017

El poder económico del circuito de la coca



Reconociendo los múltiples análisis, debates y hasta especulaciones surgidas a raíz de la reciente y polémica “Ley de la Coca”, que duplica el área permitida para su cultivo legal, hoy abordamos un aspecto muy importante que aparentemente fue soslayado por la mayoría de los observadores.

El detonante de esa medida política, sin lugar a dudas, es el haber aprobado un total de 22.000 hectáreas para ser utilizadas en plantaciones de coca en el territorio nacional, respecto de las 12.000 hectáreas contempladas en la anterior legislación.

Como simples referencias, entre otras, podemos citar: “Se eleva un 83% la superficie destinada al cultivo legal, llegando a 22.000 de las cuales 14.300 corresponden a la región de los Yungas de La Paz y 7.700 del trópico de Cochabamba”.

“La zona productora de La Paz es la tradicional, pero la del trópico de Cochabamba se empezó a desarrollar en los años ‘80 y la ley antidroga nunca la reconoció como legal”.

“Un estudio del Gobierno en el 2013, señala que la demanda legal de la coca, para: infusión, mascado y rituales religiosos, sólo es de 14.700 hectáreas”.

“Los informes de instituciones internacionales (UE y la ONU) indican que el 90% de la coca del Chapare va al narcotráfico”.

“El excedente de unas 6.000 toneladas de coca, será industrializado para exportar a países limítrofes”.

“Todos los proyectos de desarrollo alternativo al cultivo de la coca, fracasaron debido a la elevada rentabilidad de este cultivo”.

En consecuencia, opositores y oficialistas llegan a coincidir en reconocer (o por lo menos consentir), que se legalizó una superficie excedente para el cultivo de la coca destinada al consumo tradicional. Situación fácilmente demostrable con el siguiente análisis estadístico: Si resultan ciertos los datos del estudio de 2013, que justifican el cultivo legal de 14.700 hectáreas para el consumo habitual, y según el INE la población nacional llegó a 10.319.347 habitantes ese año y se estiman 10.976.369 para 2017, puede deducirse que hubo un incremento poblacional del orden del 6.4%, exageradamente distante (7 veces menos) del incremento del 49.7% (22.000 entre 14.700 hectáreas), aprobado para los cultivos de coca en el mismo periodo.

Ahora bien, tratando el tema económico, también en base a un sencillo cálculo numérico, se establece que: Una hectárea comprende 10.000 m2. Las 22.000 hectáreas aprobadas significan 220 millones de m2 de cultivo. Una planta de coca requiere en promedio 1 m2 y produce 600 gramos de coca seca (promedio de los Yungas y el Chapare), equivalentes a 1,32 libras, y el precio de venta al consumidor es de 65 Bs/libra (9,34 $us). Así, se tiene un valor total de producción y ventas de alrededor de 2.712 millones de $us/año.

Por sí sola, tal vez esa cifra no exprese mucha significancia. Pero si hacemos algunas comparaciones, podremos notar su verdadera importancia económica: Dividida entre la población, concedería un ingreso de 247 $us/persona/año, monto de por sí representativo al ingreso per cápita nacional (10%). Comparada con los ingresos tributarios de 2016 ($us 7.017 millones) implicaría un 38%. En relación a la renta nacional por hidrocarburos ($us 1.660 millones) significaría un ingreso superior (1,6 veces).

Probablemente aquí radique la explicación a las interrogantes del por qué agricultores, gremios, Gobierno y demás actores sociales no se enfrentan (o por lo menos se resisten) ante este poder económico. Lamentablemente, si aceptamos que el poder económico es entendido como un instrumento de dominación social desde tiempos inmemoriales, ahora más que nunca, nadie se atreverá a desafiar al poder de la coca en Bolivia.


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