Los legisladores de oposición y oficialismo coincidieron en que la Contraloría General del Estado debe iniciar un proceso de auditoría al estatal Banco Unión, además que desde el Legislativo se solicitarán los informes correspondientes, tras el desfalco millonario que se produjo en la entidad por un funcionario de su dependencia.
“Lo más extraño es que estas transacciones se hicieron hace un año, en noviembre de 2016, y eso necesita una explicación e identificar a los responsables, por lo tanto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) deben explicar sobre estas irregularidades, porque son las entidades que están encargadas de la supervisión”, explicó el diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata.
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, manifestó que es necesario que la Asamblea Legislativa realice una investigación sobre estas irregularidades y la Contraloría General del Estado inicie la auditoria externa a las transacciones que realiza esta entidad financiera.
Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía especializada en persecución de delitos de corrupción, se determinó que el ex gerente de operaciones de la agencia del Banco Unión en el municipio de Batallas desfalcó al menos Bs 37 millones, haciendo retiros semanales entre Bs 80 mil a Bs 100 mil, desde noviembre de 2016.
SISTEMA VULNERABLE
Santamaría y Joaquino advirtieron, separadamente, que la entidad bancaria no contaba con un sistema de seguridad en el control de las transacciones. Al mismo tiempo, se supo que las empresas estatales tiene falencias para implementar los protocolos de seguridad.
“Las empresas del Estado todavía están en una etapa infantil con la producción y la seguridad, esto preocupa a la población y la asamblea debe impulsar una investigación”, subrayó.
La gerente de la entidad bancaria, Marcia Villarroel, admitió que se vulneraron algunos controles por parte del exfuncionario, que tenía acceso y conocimiento de los controles, pero aclaró que no hay una vulneración del sistema o del software del banco.
GARANTÍA
Por otra parte, el legislador de oposición manifestó que las autoridades de la entidad bancaria deben garantizar a la cartera de clientes, la estabilidad de las cuentas de ahorro, tomando en cuenta que la mayor parte de los funcionarios públicos tienes cuentas corrientes en esta institución.
Finalmente, señaló que es posible que hayan más involucrados en este desfalco, puesto que no se dio a conocer la falta de dinero a la hora del arqueo de cajas, estos debieron coadyuvar para que las irregularidades pasen desapercibidas por más de 10 meses.
El Estado tiene una participación accionaria del 97,42 por ciento en el Banco Unión, además, controla todas las cuentas públicas del Estado.
A LA CÁRCEL
Para el diputado Javier Zavaleta (MAS) no solo los funcionarios que hurtaron recursos del estatal Banco Unión deben ir a la cárcel, sino los supervisores y las autoridades cuya responsabilidad era el cuidado y seguridad de los recursos depositados en esta entidad bancaria.
El legislador reconoce que se detectó muy tarde el desfalco de –presuntamente– 37 millones de bolivianos, sin embargo dijo: “Estimo que no sólo van a ir a la cárcel los funcionarios que hurtaron este dinero, sino los supervisores y las autoridades que estaban a cargo de cuidar ese dinero”, declaró.
Insistió en que la Asfi y el Ministerio de Economía deben fiscalizar la entidad y si no lo hacen, lo hará la Asamblea Legislativa.
“No puede ser que el Banco Unión reciba un trato preferencial, ese trato preferencial no es para que funcione mejor, sino para que se estén robando la plata. Que el ministerio haga la investigación si no lo hace el ministerio lo vamos a hacer en la Asamblea”, advirtió Zavaleta.
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