El periodo de extinción de las deudas impositivas va en ascenso gradualmente, pues, se mantendrán los cuatro años para la gestión 2012, aumentará a cinco años para el 2013, luego a seis para el 2014, a siete para el 2015, a ocho en el 2016, a nueve en el 2017, completando los diez años en el 2018.
El objetivo de la reforma es "controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos", además de "determinar la deuda tributaria" e "imponer sanciones administrativas", señala el proyecto aprobado en Diputados.
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