Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fines del año 2012 la deuda externa de Bolivia sumaba 4.195 millones de dólares.
Esta semana, fuentes oficiales del gobierno informaron que, con la reciente emisión de mil millones de dólares en bonos soberanos, la deuda externa boliviana llega a 8.236 millones de dólares, equivalentes al 22% del producto interior bruto (PIB) que para este año calculan en 36.839 millones de dólares.
La deuda contraída a través de los bonos soberanos emitidos este año, sumados a los emitidos en 2012 y 2013, equivalen ya a poco menos del 25% del total de la deuda pública externa. Este fenómeno de aumentar la deuda en forma de bonos encaja perfectamente en lo observado por el Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima del Tercer Mundo (CADTM), con sede en Bélgica, respecto a las tendencias globales de la deuda de los países en desarrollo.
A nivel mundial “cada vez es más frecuente que la deuda pública de los países en desarrollo provenga de prestamistas privados, lo que ha dejado al margen a los prestamistas oficiales, sobre todo los bilaterales”.
Por su parte, Bodo Ellmers, coordinador de justicia de la deuda de la Red Europea sobre la Deuda y el Desarrollo (Eurodad), observa que “los prestamistas privados también han cambiado: Los bonos han reemplazado a los préstamos, convirtiéndose en la forma más habitual de empréstito privado”.
Según Ellmers, la cantidad de bonos se ha duplicado, pasando del 21% al 42% de la deuda acumulada. “Desde 2004, 23 países nuevos han empezado a emitir bonos en los mercados financieros”, afirma. Y Bolivia está justamente entre esos 23 nuevos países emisores de bonos.
“Dada la naturaleza evolutiva de la deuda, las nuevas crisis serán distintas de las anteriores”, advierte el experto, ya que “una amalgama de titulares e inversores acaba de empezar a conceder préstamos a aquellos países que hasta la fecha sólo podían recibir créditos de unos cuantos bancos privados y oficiales”.
El régimen de deuda anterior, heredado por la agenda de desarrollo de 2030, nunca consiguió plenamente que los préstamos contribuyeran al desarrollo, a prevenir crisis de deuda o a resolverlas de forma rápida, justa y sostenible. Ellmers dice que el nuevo esquema de deuda a través de bonos trae malas noticias: “la situación está empeorando”.
No hay instituciones
para regular la deuda
por bonos
Las instituciones que regulan el esquema de endeudamiento que ha predominado hasta hace poco tenían tareas específicas para ese sistema multilateral y bilateral. Aun así dichas instituciones “siempre fueron muy lentas; además estaban compuestas en su mayoría por acreedores y, como resultado, tuvieron un impacto bastante negativo”, indica el experto.
Pese a ello, algunos prestamistas introdujeron salvaguardas para evitar estos impactos (el Banco Mundial introdujo salvaguardas y el FMI introdujo el Marco de Sostenibilidad de la Deuda). Sin embargo, actualmente cada vez proviene menos financiación de estos prestamistas.
La principal institución para la resolución de crisis de deuda en nuestros días es el grupo bilateral, oficial y occidental de acreedores denominado Club de París. Pero este tipo de deuda “representa un porcentaje cada vez menor de la deuda total, y con ello, de los problemas actuales de la deuda”.
En este sentido, la deuda contraída a través de la emisión de bonos constituye una parte cada vez más significativa del crédito que no está cubierta por ningún tipo de normativa eficaz, quedando dentro de un vacío regulatorio.
Ellmers advierte que con esto, “el contexto de la deuda ha cambiado sustancialmente y las instituciones para prevenir y resolver crisis de deuda no han sido capaces de modernizarse y ponerse al día. Al existir cada vez más acreedores y distintos tipos de deuda, se vuelve cada vez más difícil encontrar una solución completa y coordinada a las crisis de deuda”.
Bolivia: deuda cayó
a la mitad para volver
a duplicarse
Antes de la llegada de Evo Morales al gobierno, la deuda externa siempre estuvo por encima del 50% del PIB, algo que está contraindicado por todas las recetas macroeconómicas debido a su insostenibilidad. Por ejemplo, según datos del INE, el año 2003 la deuda era de 5.142 millones de dólares, equivalentes a cerca del 64% del PIB de entonces.
En 2005, Bolivia se benefició de una significativa reducción de su deuda multilateral en el marco de la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI), creada por el grupo G8, el Banco Mundial, el FMI y otros acreedores multilaterales. El MDRI funcionó como una prolongación del programa de alivio de deuda para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
Con ello, la deuda boliviana cayó a la mitad: de los 5.142 millones de dólares en 2003, a 3.248 millones en 2006 y luego nuevamente a 2.207 millones en 2007, que fue su punto más bajo.
Además de este alivio de la deuda, el PIB boliviano comenzó a crecer con más vigor desde que Morales asumió el gobierno. Gracias a ambos fenómenos, la proporción de la deuda con respecto al PIB también mejoró considerablemente en la última década.
Durante los años de la bonanza de las materias primas, el PIB boliviano siguió creciendo a tasas elevadas mientras la deuda tuvo un crecimiento moderado. En 2008 la deuda llegó a 2.442 millones de dólares, en 2009 a 2.600 millones, en 2010 a 2.890 millones, en 2011 a 3.491 millones, y en 2012 a 4.195 millones.
Sin embargo, a partir de la crisis del precio del petróleo y de los minerales en 2013, que afecta hasta ahora la economía, Bolivia tuvo que aumentar sus niveles de deuda para lograr sus objetivos de crecimiento del PIB, un indicador que el gobierno decidió usar para mostrarse como exitoso en lo externo y para justificar medidas populistas como el doble aguinaldo en recientes años.
Así, cada año transcurrido a partir de 2012 la deuda ha crecido cada vez a ritmos mayores, incluyendo por primera vez la emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares en 2012 y 2013 respectivamente.
Hasta noviembre de 2016, según datos del Ministerio de Economía, la deuda ascendía a 6.884 millones de dólares. El Banco Central de Bolivia (BCB) aún no publicó el informe a diciembre.
Pero esta semana fuentes del Ministerio de Economía informaron que con la emisión de los nuevos mil millones de dólares con los bonos soberanos, la deuda ascendía a 8.236 millones de dólares, equivalentes al 22 % del PIB.
El economista Luis Pablo Cuba, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón, considera que este nivel de endeudamiento externo todavía es controlable, además de que ya se ha llegado al límite de usar las Reservas Internacionales (RIN) “porque hay que tener siempre un colchón financiero ante posibles ajustes en la propia economía en los próximos años”.
“Yo creo que el endeudamiento es una política de corto plazo responde a una visión interna, con la cual se está tratando de mantener una estabilidad macroeconómica. Ahora, la capacidad de pago, el servicio de la deuda externa en Bolivia es todavía posible de cumplir, pero estamos acercándonos a un límite que no es el deseable”, advierte el experto.
¿Se viene una nueva duplicación de la deuda?
A finales de 2015 e inicios de 2016, autoridades del gobierno anunciaron nuevas negociaciones para la contratación de deuda con China, bajo una especie de programa marco por un total de hasta 7.500 millones de dólares.
Esto supondría volver a casi duplicar la deuda externa de Bolivia, superando los 15 mil millones de dólares y superando también el 40% del PIB, un incremento que se va acercando a la línea roja.
Sin embargo, según comentaron las autoridades en aquel momento, el citado crédito chino tendría que desembocar en 11 créditos, para 11 proyectos específicos, cada uno con sus propias condiciones financieras (concesionales y no concesionales), condicionalidades, cronograma de desembolsos, que serán sujetos a negociación bilateral, y a la firma de contratos individuales.
De ser así, la deuda externa no se incrementaría en 7.500 millones de dólares en un solo momento y su contratación dependerá de la capacidad de generar y negociar cada uno de los proyectos y de los desembolsos según el avance de la ejecución.
Pero al mismo tiempo, la urgencia del gobierno por mantener niveles altos de inversión pública para buscar mayores fuentes de ingresos ante el desplome de los precios petroleros, mineros y gasíferos, puede también acelerar la contratación de crédito.
Ejemplos de ello son las anunciadas megarepresas del Chepete, el Bala, Rositas, entre otros.
Sólo en el caso del Chepete-Bala, se está contemplando una inversión superior a los 6.300 millones de dólares, aunque hay quienes advierten que podría superarse los 8.000 millones.
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, que pudo acceder a las fichas ambientales del megaproyecto, afirma que en éstas se establece que “el 70% de ese dinero va ser con financiamiento externo y el 30 por ciento lo vamos a poner los bolivianos, significa deuda que todos vamos a tener”.
El gobierno no ha informado cuáles exactamente serán las fuentes de financiamiento externo, las tasas de interés y las condiciones de repago de esta suma.
Esto, sumado a los otros proyectos de desarrollo financiados a créditos chinos, se espera que en los próximos años la deuda externa boliviana efectivamente vaya en aumento, aunque la intensidad aún se desconoce.
Y si las autoridades del Ministerio de Economía buscan cubrir la demanda de bonos soberanos, que según dijeron triplica la oferta boliviana de este año, se estaría aumentando además la deuda a través de bonos.
Piden responsabilidad
en endeudamiento
La Fundación Jubileo observa que “además de velar por la sostenibilidad futura, es importante considerar la responsabilidad en el endeudamiento, en aspectos como las condicionalidades, es decir, la imposición del acreedor para trabajar con empresas de su país y la negociación para seleccionar las mejores empresas para nuestros objetivos y beneficio”.
El destino de los recursos también es parte de la responsabilidad en términos de ejecución y del tipo de proyectos que se financian: “Los proyectos de infraestructura, especialmente en caminos, deberían ir acompañados de iniciativas de promoción de las economías locales, para generar un desarrollo sustentable”.
Para las instituciones y organizaciones de la sociedad civil también es un desafío poner atención al nuevo endeudamiento, con el compromiso de hacer seguimiento, demandando transparencia y acceso a la información.
El gobierno también deberá transparentar y facilitar el acceso a la información para que las decisiones, determinantes para el futuro de Bolivia, puedan tomarse en base a debates con diversos sectores, definiendo conjuntamente las prioridades y las necesidades a enfrentar.
