La Chiquitasa ya otorgó 500 créditos para vivienda

La Mutual del Bicentenario, Mutual La Paz, lanzó una campaña para otorgar créditos hasta el 16 de julio. La Chiquitasa logró colocar 500 préstamos en dos meses y ante la solicitud del público, el directorio aprobó la ampliación de la oferta hasta diciembre.

“Lanzamos la Chiquitasa ofertando las tasas de interés más pequeñas en el mercado, con el objetivo de ayudar en el desarrollo de la ciudad de La Paz. particularmente, para mejorar las casas de barrios ubicados en las laderas cuyas fachadas aún no se han terminado de construir. Así nació la iniciativa, en el marco de adherirnos al Bicentenario”, señaló el gerente general, Nelson Villalobos Zansetenea.

El crédito hasta 10.000 dólares ( o bolivianos) tiene una tasa del 6,99% hasta 30 años. El financiamiento tiene la garantía hipotecaria y un aporte del 20 por ciento. “Con esas condiciones y una capacidad de pago suficiente del prestatario, felizmente hubo mucha afluencia del público. Aunque no todos pueden ajustarse a los requisitos. Logramos otorgar 500 créditos en dos meses”, apuntó Villalobos.

La Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz se fundó en mayo de 1970 y es supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) desde 1997.

Es una entidad privada sin fines de lucro que intermedia recursos financieros destinados principalmente a la vivienda (compra de terrenos y viviendas y su equipamiento, construcción de viviendas y construcción y equipamiento de talleres).

Sus operaciones están enfocadas principalmente al crédito hipotecario para la vivienda y, en menor medida, al crédito comercial, de consumo y microcrédito vía líneas de crédito hipotecaria.

“Tenemos otros préstamos en condiciones favorables que permiten el acceso al financiamiento para crédito de consumo y financiar cualquier otro bien (salud, educación)”, agregó.

Actualmente, cuentan con 70.000 clientes, entre ahorristas y prestatarios. “El 90 por ciento de nuestra cartera está concentrada en el crédito de vivienda. El crédito comercial o productivo implica financiar capital de operaciones para negocios y capital de inversión para empresas pequeñas o medianas”.

De acuerdo a FitchRatings, la calificación de la Mutual La Paz “se fundamenta en la mejora de su situación financiera traducida en una mayor capitalización y reducción del riesgo crediticio, además de una adecuada liquidez”, señala el informe de junio de este año.

Agregan en el documento que en cuanto a calidad de activos muestra una adecuada reducción de su riesgo crediticio.

Mutual La Paz es la segunda mutual en términos de activos (1,4% del sistema financiero).

Punto de vista

“El paceño ha aprendido a tener una cultura del ahorro para vivienda”
NELSON VILLALOBOS, gerente general de Mutual La Paz.

Mutual La Paz cumplió este año 39 años de actividad en el desarrollo habitacional de la sede de gobierno. Aproximadamente, logramos construir más de 20.000 soluciones habitacionales (casas, edificios, condominios y otros) para las familias.

Creo que el paceño ha aprendido a tener una cultura de ahorro para la vivienda.

En nuestro medio, cada vez más se dan cuenta que para hacerse de un bien, principalmente una vivienda, tienen que ser partícipes del sistema financiero, con todas las obligaciones que implica acceder al crédito.

Creo que hay preocupación en la Mutual por la movilización del ahorro, estamos captando recursos de los ahorristas y colocando los préstamos. Sin embargo, seguimos pensando en oportunidades para dar mayores facilidades de crédito.

En este tiempo, se ha dejado al sector privado todo el desarrollo habitacional. La Mutual asumió ese compromiso. Si existe la posibilidad de lanzar líneas de crédito orientadas a la vivienda social, entonces vamos a participar en esas líneas de créd

Sube el interés de los créditos para viviendas

En los últimos 12 meses, las tasas de interés de los créditos hipotecarios de vivienda en moneda nacional y extranjera que ofrece el sistema financiero nacional registraron incrementos, según información del Banco Central de Bolivia (BCB).

Además, en comparación al 2008, la oferta de créditos para la vivienda en moneda nacional se redujo; en cambio los préstamos en dólares se incrementaron.

En promedio, el aumento de la tasa de interés entre mayo del 2008 y el mismo mes del 2009 ha sido de 31,4 por ciento para los préstamos en bolivianos, ya que pasó de 11,53 a 15,16 por ciento.

En cuanto a los créditos de vivienda en dólares, la tasa promedio se incrementó en 12,8 por ciento en similar período, es decir, de 12,16 a 13,72 por ciento.

El ex presidente del BCB, Armando Méndez, sostuvo que existe un incremento en todas las tasas de interés del sistema financiero del país, en cooperativas, bancos, mutuales y Fondos Financieros Privados (FFP). En este marco, uno de los casos es el de los préstamos de vivienda.

El experto explicó que esto se debe a que las tasas de interés reales empiezan a recuperarse, lo que se manifiesta con el ajuste al rezago que los porcentajes tuvieron con la alta inflación acumulada el 2008, y que provocó que el interés sea negativo.

“Hasta hace pocos meses, usted se hacía un préstamo y pagaba 10 por ciento al año, cuando la inflación estaba entre 12 y 14 por ciento. Entonces no había negocio para la banca, era una tasa de interés negativa y cuando esto se presenta, no puede durar mucho tiempo. En Bolivia estuvo tres años y por eso ahora hay un ajuste a la inflación de manera rezagada”, indicó Armando Méndez

Dos analistas del sector de la banca que pidieron guardar su identidad en reserva señalaron que este aumento se explica porque en el sistema financiero se busca cubrir de esta forma las altas tasas de interés pasivas, es decir, las que las entidades deben pagar a la gente por su ahorro.

“Se cobra más en los créditos para pagar más a los ahorristas”, aclaró uno de los expertos.

En cuanto a las tasas de los préstamos en dólares, un factor que explica su incremento es la decisión del BCB, de septiembre del 2008, de aumentar el encaje legal a la banca, es decir, el monto marginal adicional que depositan los bancos en el ente emisor, como una forma de garantía para el dinero que colocan quienes ahorran en el sistema financiero.

“Se pagaba entre siete y ocho por ciento adicional por encaje, y luego subieron al 34 por ciento sobre los depósitos que estaban captados en septiembre. Antes, la previsión del banco era del uno por ciento y ahora ha subido a 2,5 por ciento en dólares. Ese es un costo directo y no queda otra cosa que pasárselo al cliente de crédito”, dijo la segunda fuente.

Los datos del Banco Central muestran que este año las mutuales de ahorro y crédito son aún las entidades que ofrecen tasas más interesantes para financiar la construcción de viviendas. Así, la más baja es de 8,06 por ciento en bolivianos y 9,63 por ciento en moneda extranjera.

Conforme al informe del BCB, las tasas hipotecarias más altas corresponden al Fondo Financiero Privado (FFP) Prodem, que es de 28,85% en moneda nacional. En cambio, en dólares, el interés más elevado es el del Banco Los Andes, que llega al 23,04%.

Poder Ejecutivo entrega 662 viviendas del anterior Plan

La Prensa

Más de 3.000 habitantes de las urbanizaciones Cristal 1, Techos Bolivianos y Señor de Mayo, asentadas en la ciudad de El Alto, recibieron ayer 662 viviendas del anterior Plan de Vivienda Social (PVS), aquel que el Gobierno dejó por otro de transición. Sin embargo, éstas tienen todavía carencias de infraestructura y de servicios básicos.

La inversión en cada construcción se sitúa por los 65.000 bolivianos (9.100 dólares), y el monto total de la inversión asciende a 41.472.189 bolivianos (5,8 millones de dólares).

En la urbanización Cristal 1, donde se hizo la mayor entrega, con 625 viviendas, cada construcción está sobre 57,62 metros cuadrados; aunque la superficie del terreno individual es de 250 metros cuadrados.

En Techos Bolivianos y Señor de Mayo se edificó sobre la base de 77 y 76 metros cuadrados, respectivamente. Cada casa cuenta con dos dormitorios, una cocina y una sala.

Sin embargo, ninguna de las tres urbanizaciones cuenta todavía con instalación de alcantarillado; una no tiene agua y a otras dos les falta electricidad.

El presidente Evo Morales entregó una llave y la minuta de propiedad a cada beneficiario, y pidió al municipio completar la instalación de los servicios, pero también dijo que el Ministerio de Aguas solucionará algunos problemas.

Con el plan en transición, el Poder Ejecutivo anunció que este año entregará 10.411 viviendas en todo el país, de las que 8.411 corresponden al PVS de 2007 a 2008.

Ex vice admite que ejecución del PVS fue baja

El ex viceministro de Vivienda José Lambertín reconoció que durante su gestión en esa cartera hubo una baja ejecución de proyectos en el marco del Plan de Vivienda Social (PVS) y justificó este hecho al asegurar que estaba al mando de “una débil y desnutrida estructura institucional”.

Sin embargo, consideró que esta situación fue revertida porque ahora deja una entidad fortalecida “con 125 personas que van a ser una vanguardia para desarrollar ese viceministerio”.

El lunes, Lambertín fue sustituido por José Roberto Ballesteros. “En atención del Presidente, con seguridad que voy a estar en otro cargo; sin embargo, quiero dejar muy claro que nos ha tocado vivir un período muy conflictivo”, dijo Lambertín. Añadió que está dejando un viceministerio donde “no existe más la corrupción”, pues —afirmó— durante su gestión se pudo “reconducir y armar una estructura institucional con mayor eficiencia

Plan de Vivienda. Surgen más irregularidades y anuncian ‘reajuste’ de precios

Surgen nuevas denuncias de irregularidades en el Plan Nacional de Vivienda Social (PVS), se paralizó la construcción y entrega de viviendas, desde fines de 2008, y se prevé un reajuste de los costos habitacionales.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que se constituyen en el Comité de Participación y Control Social del PVS, denunciaron que el programa está paralizado por la existencia de una veintena de casos irregulares en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.
Sin embargo, ni el ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ni la Contraloría se pronuncian.
A ello se suma que el Gobierno analiza hacer un ‘reajuste’ de precios en los subprogramas 3 y 4. Fuentes del Ministerio de Obras Públicas adelantaron que se alista un ajuste de costos entre un 10 y 30% al precio de las casas.
No se informa ni aclara sobre el destino que se da al fideicomiso de $us 130 millones, además que el Ministerio de Obras Públicas decidió efectuar modificaciones al reglamento operativo, entre las cuales destaca el artículo 15 relacionado al uso del financiamiento que señala: “Se podrá hacer uso excepcional de los recursos del PVS, previa propuesta del viceministerio de Vivienda al Comité de Administración”.
Ante esa situación, el titular de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y a su vez representante de la CEPB, Iván Bustillos, y el dirigente de la COB, Simón Kellca indicaron que su labor de fiscalización es complicada. “Hemos recibido una veintena de casos irregulares en las diferentes instancias del PVS que han sido puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta”, señala una carta que le enviaron al contralor, Gabriel Herbas.
Según documentos enviados a EL DEBER los casos más cuestionados son la adjudicación de varias viviendas a la cooperativa Sudamérica en la capital cruceña y en Concepción; cartas de la organización Habitaciones de La Paz y de Cochabamba, a la entidad Sumaj Warmis Llank’asanku y a la Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda Social de Oruro en la cual denuncian que, entre gallos y medianoche, se aprobaron proyectos que no cumplen con lo dispuesto en el reglamento del PVS.
Denuncias de adjudicaciones de proyectos saltando procedimientos legales en los casos de los proyectos Patujú, Concepción, Milenium I, Milenium II, entre otros, en Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y La Paz.
En La Paz figura el proyecto Rosasani que prevé beneficiar a 780 familias y que está paralizado. En Cochabamba más de 1.100 familias ubicadas en la zona Sur de Pukara y Urbano provincial de Vinto, además de 3.000 familias de la organización Los Desamparados esperan legalizar sus documentos de propiedad.
En Oruro está la supuesta construcción de 34 viviendas en los proyectos Porvenir I y Pedro Ferrari; ambos se encuentran paralizados por falta de desembolsos al igual que el resto de los proyectos en el país. Las viviendas tenían que ser entregadas en 2008.
El proyecto Porvenir II, en Oruro, que contemplaba la ejecución de 265 viviendas, nunca se aprobó y la gente perdió los terrenos debido a la burocracia en el viceministerio de Vivienda.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, José Lambertín, anunció un rediseño del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) por los problemas que presenta y aseguró que en 20 días se presentará el proyecto de reconducción del programa. Agregó que se busca la reconducción de 28 mil unidades habitacionales.

Los subprogramas

- El subprograma I establece el costo de la vivienda en $us 3.500 en el área rural, con un aporte del beneficiario del 40% de mano de obra. El subsidio en efectivo a cargo del viceministerio es del 60% del costo o 40% cuando el proyecto considere contraparte.

- El subprograma II señala un crédito de $us 2.500 a $us 5.000 sin tasa de interés, un seguro de desgravamen de 0,8%. La garantía es hipotecaria a 20 años plazo y el plan de pagos es mensual. En este caso el beneficiario puede o no ser propietario del terreno.

- En tercer lugar está el crédito de $us 5.001 a $us 8.000. El monto del préstamo del 100% del costo de la vivienda es sin ninguna tasa de interés. La garantía es hipotecaria y el plazo es de 20 años. Se contemplan cambios en los precios entre un 10 y 30%, según señalaron algunas constructoras y el Ejecutivo.

- El plan también ofrece un crédito de $us 8.001 a 15.000 con una tasa de interés del 3% anual. El préstamo es del 100% del costo de la vivienda; 0,8% es el seguro de desgravamen a 20 años. También prevé reajustes.

Las promesas

Viviendas mejoradas
1.114
Entre 2006 y 2007 se aprobaron 9.461 proyectos de viviendas con financiamiento garantizado y se entregaron 1.114 casas mejoradas, según el Gobierno.

Meta para Santa Cruz
10 mil
A inicios de este año el Gobierno se fijó como meta la entrega de 10 mil viviendas, luego de hacer modificaciones a sus cálculos precisamente por los problemas señalados.

El Alto
1.000
El Gobierno prometió la entrega de 1.000 viviendas para diferentes sectores de la ciudad de El Alto. Cada una por un valor de $us 10.800 a 10 años plazo y sin intereses.

Fideicomiso (millones $us)
130
Es para la construcción y entrega de 14.000 viviendas, pero sólo 1.114 fueron entregadas en dos años pese a que el 40 % del monto total ($us 50 millones) ya fue pagado.

Los millones para 2009
100
Es lo que se dispondrá para la construcción de casas. El PVS se financia con el aporte patronal del 2%, de los sectores privado y público.

Las críticas, los actores y las sugerencias

Prisma culpa al viceministerio
Osvaldo Áñez - Repr.Legal
El proyecto fue aprobado el 17 de julio de 2007 y recién se procedió a la firma de contratos individuales a partir de esa fecha. Cumplimos con el reglamento del PVS emitiendo pólizas de garantías por el 7% del total del proyecto (300 viviendas) y el 100% del anticipo que deberíamos recibir por las 300 viviendas, habiendo recibido sólo el 20% por 66 viviendas, es decir Bs 568.164. Hemos solicitado el cemento asfáltico y nunca nos entregaron, además no contamos con un fiscal de obras y ahora hay un silencio del viceministerio.

San Roque sólo espera la plata
José A.Barriga - Gerente
Nuestra constructora no ha recibido el desembolso debido a la burocracia estatal. Creo que es cuestión de unos 12 días para que nos entreguen 400 mil dólares. Estamos reactivando la construcción de 501 casas en Luribay, La Paz, donde hay un 65% de avance. En Santa Cruz recién vamos a empezar con las casas para la Confederación de Choferes de Bolivia en unas tres o cuatro semanas.
Uno de los problemas en todo el país para que haya demora en los planes de vivienda ha sido el alza del fierro, del ladrillo, del cemento, etc.

Falta una efectiva política nacional
Iván Bustillos - Caboco
Los principales casos de denuncias están en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. En las otras regiones también tienen problemas, pero son menores. Aquí se tienen que determinar responsabilidades en el Viceministerio de Vivienda y en el propio Ministerio. Nosotros hemos propuesto ajustes en un periodo inmediato. Se debe diseñar una política nacional de vivienda que pueda dar soluciones al déficit habitacional. Se debe buscar que los actores relacionados al tema tengan participación en el plan de vivienda.

Tras una pronta reactivación
Victor H.Peláez - Ger. Vipel
Los proyectos en su mayoría están parados porque no ha habido desembolsos. En dos semanas se prevé ‘reactivar’ la construcción de casas en la zona de Nueva Esperanza, no obstante ello depende de la aprobación de la salida de los recursos por parte de un Comité previa una inspección y supervisión del ministerio. Luego la orden va al Fondesif y éste a su vez a las cooperativas, entidades que emiten el cheque correspondiente. Se nos ha comunicado que está previsto para este año 10.000 viviendas en Santa Cruz.

Hay líos en Concepción
El PVS en Concepción se paralizó definitivamente debido a las irregularidades detectadas en la cooperativa Sudamérica. 340 viviendas que se construían en el marco del programa quedaron paralizadas por el conflicto que afronta la entidad financiera desde 2008.
Hilario Bailaba, inspector de obras de los adjudicatarios, afirmó que las 340 viviendas tienen un avance del 80% y están a la espera de que el Gobierno defina la situación para concluir las obras y qué entidad financiera se hará cargo del proyecto. “Los adjudicatarios quieren sus viviendas terminadas, ya esperamos mucho tiempo, queremos saber qué rumbo tomará el plan”, señaló.
En la urbanización se pudo apreciar que 12 viviendas ya fueron ocupadas por los adjudicatarios, no obstante, falta concluir la obra fina. Los ocupantes señalaron que no recibieron ningún documento de transferencia, sino que su ocupación es provisional. “Ellos no tienen dónde vivir y piden el reinicio de las obras”, dijo Bailaba.

Alistan nuevo reglamento para el Plan de Vivienda

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda alista un decreto supremo para la puesta en marcha de un nuevo reglamento del Plan de Vivienda Social y Solidaria (PVS) y, según adjudicatarios de proyectos para la construcción de viviendas en Oruro, el documento contempla que todos los planes que ya fueron presentados tengan que ser reajustados.

“Se nos ha dicho que con el nuevo reglamento, por ejemplo, los proyectos para acceder a financiamiento de viviendas de 8.000 dólares tendrán que ser reajustados para que sean de 10.000 dólares. Esto va a significar corregir todo y volver a fojas cero, ya han pasado dos años y esto implicará que se demore más tiempo”, aseguró Alicia Aramayo, directora de la organización Sumaj Warmis Llank’asanku (Buenas Mujeres Trabajando).

Aramayo señaló que los miles de proyectos presentados al Viceministerio de Vivienda para la construcción de unidades habitacionales en todo el país se verán afectados cuando entre en vigencia la nueva norma.

En declaraciones realizadas a La Razón el 23 de enero, el viceministro de Vivienda, José Lambertín, anunció que su despacho trabajaba en los detalles de la nueva disposición. Desde la creación del PVS, el Gobierno ya cambió en dos oportunidades el reglamento para la aprobación y desembolso de recursos que se encuentran en fideicomiso.

Según Lambertín, en los dos años de vigencia del programa se han desembolsado aproximadamente unos 100 millones de dólares para los 206 proyectos que están en ejecución. Para la gestión 2009, el presidente Evo Morales anunció la ejecución de otros 100 millones de dólares.

No obstante, las acusaciones sobre irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos son constantes y provienen de varios sectores. Una de las denuncias fue hecha en enero por Iván Bustillos, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y miembro del Comité de Control Social del PVS.

En la ocasión, Bustillos denunció anomalías en proyectos para los departamentos de Oruro, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca y pidió la intervención de la Contraloría General.

La Razón accedió a cuatro cartas enviadas al Primer Mandatario el año pasado, en las que se denunciaba que el plan de

vivienda no estaba siendo bien administrado. Las notas corresponden a la organización “Habitaciones” de La Paz y de Cochabamba, a la entidad Sumaj Warmis Llank’asanku y a la Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda Social de Oruro.

“Entre gallos y medianoche se han aprobado proyectos que no cumplen con lo dispuesto en el reglamento del PVS”, dice la carta enviada el 27 de mayo del 2008 por la organización “Habitaciones” de los departamentos de La Paz y Cochabamba.

“En reiteradas oportunidades, formulamos ante su despacho denuncias sobre irregularidades que estuvieran aconteciendo en el Ministerio de Obras Públicas y en el Viceministerio de Vivienda con la vergonzosa aprobación ilegal de proyectos”, denuncia la nota de la Unión Nacional de Organizaciones Vivienda Social de Oruro en julio del 2008. El Gobierno decidió no pronunciarse sobre las denuncias hasta que las auditorías que se realizan al plan estén listas.

ALGUNAS DENUNCIAS

Cooperativas • El 2007 se denunciaron irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos en Santa Cruz y otros departamentos que involucraban a las cooperativas Sudamérica y Jerusalén, no reguladas por la Superintendencia de Bancos.

Denuncias • El Comité de Control Social del PVS denunció que se adjudicaron recursos saltando procedimientos legales en los casos de los proyectos Patujú, Concepción, Milenium I, Milenium II, entre otros, en Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y La Paz.

Oruro • La construcción de 34 viviendas en Oruro, parte de los proyectos Porvenir I y Pedro Ferrari, se encuentra paralizada por falta de desembolsos de los recursos económicos. Las viviendas tenían que ser entregadas en octubre del año pasado.

Proyectos • El proyecto Porvenir II, en Oruro, que contemplaba la ejecución de 265 viviendas, nunca se aprobó y la gente perdió los terrenos. Según la presidenta de la organización, ello ocurrió por la burocracia en el Viceministerio de Vivienda.

Los recursos del fideicomiso para vivienda son observados por desembolsos irregulares

El Programa de Vivienda Social y Solidaria que impulsa el Gobierno a través del Viceministerio de Vivienda presenta aparentes irregularidades en su ejecución y los desembolsos del fideicomiso de 130 millones de dólares que tiene a su cargo el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif).

Este tipo de financiamiento (fideicomiso) es cuestionado a raíz de las irregularidades presentadas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que obtuvo 45 millones de dólares para una planta separadora de líquidos en Río Grande.

Según documentos difundidos por Cadena A de televisión, una de las observaciones está relacionada con el proyecto de urbanización Piyo, en Santa Cruz, presentado por la empresa constructora Prisma, que pudo haber recibido en 2007 seis millones de bolivianos de 14 millones destinados a la construcción de 82 viviendas, de las cuales no se ha entregado una sola.

Otra tiene que ver con la construcción de 30 casas en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, que no han sido entregadas porque no se terminaron de efectuar los desembolsos.

También se observan desembolsos anticipados del Fondesif para proyectos que no habían recibido la aprobación del Viceministerio de Vivienda.

De acuerdo con las indagaciones de Cadena A, el 23 de julio de 2008 la entidad canalizó cerca de 12 millones de bolivianos a Jerusalem, una de las instituciones que trabajan como intermediarias de los recursos para cuatro proyectos: dos en la urbanización Piyo y dos destinados a la urbanización Terrado, en Santa Cruz.

Sin embargo tres días después, en una carta fechada el 26 de julio y recibida por la entidad financiera el 2 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Vivienda recién le hicieron conocer la aprobación de los proyectos Chiriguano, Terrado, Techos Bolivianos, Porvenir, San Pedro de Buena Vista y San Blas.

De estos seis emprendimientos, el de la urbanización Terrado obtuvo el desembolso antes de que el proyecto fuera admitido.

Estas irregularidades se suman a otras nueve que denunciaron el 23 de enero la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Boliviana de la Construcción y que el Viceministerio de Vivienda no aclara todavía.

Ayer, La Prensa consultó al Viceministro de Vivienda, José Lambertín, sobre estas interrogantes, pero la autoridad se limitó a señalar que están en curso cuatro auditorías que se concluirán a finales de marzo y que se necesita “cruzar la información”.

El Programa de Vivienda Solidaria está vigente desde 2007 y pretendía entregar al menos 14.000 viviendas cada año en los cuatro de sus subprogramas, que otorgan financiamiento entre 3.500 y 15.000 dólares con bajas tasas de interés.

Los proyectos deben ser impulsados por empresas constructoras, cooperativas, micro y pequeñas empresas y profesionales libres y aprobados por un comité en el Viceministerio de Vivienda y con desembolsos del Fondesif.

La CEPB y Caboco señalan que hasta el momento no se aclara la adjudicación de obras saltando procedimientos legales en un elevado número de viviendas cuya existencia física no se pudo verificar en Patujú, en Santa Cruz; Concepción, en Chuquisaca, y Milenium I y II, en Oruro.

“Al número aprobado inicial de viviendas, que por ejemplo era de 48, le agregaron un número cero y las volvieron 480 viviendas aprobadas para justificar la ejecución del plan, situación no demostrable al no existir físicamente las mismas”. En el caso Milenium I, en Oruro, “existen más de 100 beneficiarios fantasmas” y se desconoce cómo este proyecto ingresó en el Programa de Vivienda Social. Esto porque, según la CEPB y la Caboco, existe una certificación del municipio de Oruro y el Colegio de Arquitectos de esa ciudad que revela que el plan carecía de planos aprobados y se lo viabilizó en seis días. Otros emprendimientos, como el Porvenir y Pedro Ferrari, ingresaron el 3 de mayo de 2007 a consideración y su aprobación demoró más de un año. Los proyectos Porvenir I y Porvenir II también tienen problemas de sustituciones con beneficiarios fantasmas.

El año pasado, tras la demolición de 104 casas del plan de vivienda en la urbanización La Comarca, en la ciudad de Santa Cruz, por no respetar límites se reveló que los terrenos fueron vendidos con sobreprecio por el entonces gerente de la cooperativa Sudamérica, José Luis Linares.

SIPSA no cumplió condiciones de la licitación

A YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) se le adjudicó la administración del taladro PDV-08 de fabricación china y traído de Venezuela por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a pesar de incumplir al menos cinco requisitos.

Según la publicación del sitio web HidrocarburosBolivia.com, la licitación ANDI-GED-083/08, abierta por YPFB-Andina, que es la administradora del campo Víbora, “no se realizó siguiendo todas las normas y se omitieron muchos pasos”.

Primero, la firma no tenía oficinas establecidas en Santa Cruz. Como parte del comité interventor, el ex director de la estatal Fernando Vincenti informó a La Prensa que YPFB-SIPSA ocupaba tres ambientes pertenecientes a la empresa constructora RW y otorgados “de favor”. Además, ahí se encontraron dos computadoras y una fotocopiadora propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Segundo: no cuenta con representación legal para actuar. Sin este requisito no podría firmar documentos o contratos. Tercero: no gozaba de un respaldo financiero para ser adjudicataria de un equipo de perforación petrolero y obtener un contrato de varios millones de dólares. Cuarto: no disponía de personal especializado en la materia. Además en el reporte de trabajo de YPFB-SIPSA del 12 de febrero de 2009 se estableció que el personal de pozo no estaba capacitación en el manejo, mantenimiento y reparación del equipo, por eso se recomienda que los trabajadores extranjeros (de nacionalidad china) que realizaban las pruebas se queden al menos un mes después de iniciada la perforación para el soporte necesario y facilitar el aprendizaje y capacitación.

Quinto: para operar equipos de perforación, la compañía debería estar certificada por las normas ISO 9001, 1400 y 1401 y OSHAS 18000 y 18001, acreditadas por la TUV; de la misma manera, debía tener la ficha ambiental conforme a la Ley 1333 norma ERAM 82000.

De acuerdo con este sitio web, la Gerencia y Presidencia del Directorio de YPFB-Andina estaban dirigidas por Mario Arenas, lo que constituye otra irregularidad administrativa. El ejecutivo informó de cuatro empresas que se presentaron a la licitación: Nabors Drilling y Helmerich Payne Pride, ambas se excusaron; y NLHD y Parker Drilling rechazaron la licitación. No se pudo acceder a ninguna documentación de estos rechazos o excusas.

YPFB-SIPSA accedió a la administración del taladro supuestamente rentado por Bolivia a Venezuela para la perforación del pozo 34d en el campo Víbora. Sin embargo, a pesar de su arribo al país el 31 de julio de 2008 y del acto el 23 de enero de este año en que el presidente Evo Morales anunció el inicio de actividades, la maquinaria aún no empieza a operar.

Sin embargo, su traslado creó una deuda de 6,5 millones de dólares de YPFB y YPFB-SIPSA con PDVSA y una adicional por el personal venezolano que acompañó el desplazamiento y esperaba el montaje de las piezas. Recientemente, después de una auditoría practicada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la titular Nardi Suxo informó que existe otra deuda por el alquiler, cercana a los 60 millones de dólares.

HidrocarburosBolivia.com añade que el 30 de octubre, en una reunión con PDVSA-Servicios, el ex gerente de YPFB-SIPSA Rogelio Ashimine propuso

crear una empresa mixta entre ambas para operar la perforadora. El 12 de noviembre, este funcionario y Rolando Michel, en representación de YPFB, expresaron la voluntad de ceder los derechos de YPFB sobre el taladro a YPFB-SIPSA porque “no estaría en condiciones de ejecutar el contrato de perforación con Andina S.A.”. El hecho se consumó el 27 de junio.

Ministro Luis Arce se contradice y desmiente a Suxo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, afirmó que, como fideicomitente, desconocía los desembolsos y pagos hechos a Catler-Uniservice del fideicomiso otorgado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el financiamiento de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

De esa manera rechazó y desmintió las declaraciones de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien aseguró la semana pasada que existieron observaciones de Arce al Banco Unión antes de hacer los desembolsos.

El titular de Economía además señaló que el segundo retiro del fideicomiso de parte de YPFB fue en una fecha posterior a la que se informó en una solicitada de esta cartera del 6 de febrero.

En declaraciones a la red ATB, Arce expresó: “La única nota que tengo cursada como Ministerio hacia el Banco Unión es cuando éste hace una consulta simultánea, ahora ya tenemos toda la documentación, al beneficiario y el fideicomitente, llámese YPFB, y el Ministerio de Hacienda, donde consultan la posibilidad de que el Banco Unión pueda enviar el contrato de fideicomiso hacia sus corresponsales en el exterior para poder operar tranquilamente el fideicomiso con una apertura de carta de crédito, esa carta que es simultánea a los dos tiene una respuesta (…) donde le decimos: ‘Actúe de acuerdo a lo que dice el contrato (…) porque dice que el Banco Unión (..) tiene que hacer todo lo posible para que se viabilice el contrato’”.

El viernes pasado, la ministra Suxo declaró que YPFB, presidida en ese tiempo por Santos Ramírez Valverde, hizo los desembolsos a Catler-Uniservice para la planta de Río Grande a pesar de existir observaciones de Arce.”Tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda (hoy de Economía y Finanzas Públicas) cuando se instruían los desembolsos”.

Ayer por la tarde se consultó a Suxo sobre las declaraciones de Arce y la respuesta fue: “Lo que he manifestado es que el Ministro ha enviado una nota pidiendo que se cumpla la norma”. La otra contradicción de Arce se refiere a la fecha de los desembolsos, los primeros datos de su Ministerio mencionan el 14 de enero de 2008 como la segunda vez en que se depositó a Catler-Uniservice S.R.L., sin embargo: “En el estado de desembolsos que nos ha enviado (el Banco Unión) tenemos (…) no hay ese desembolso, aquí hay un traspaso el 23 de enero, traspaso de fideicomiso a la cuenta de Uniservice por 1.650.000 (dólares)”.

Uniservice sigue trabajando con YPFB y PDVSA

La firma Uniservice, que se asoció a Catler para impulsar la construcción de la planta separadora de líquidos, sigue trabajando con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Así lo confirmó el abogado Carlos Rocha, encargado de la defensa legal de Angélica O’Connor D’Arlach, hermana del empresario Jorge O’Connor, asesinado el 27 de enero.

“Uniservice se ha reunido con ejecutivos de YPFB y de PDVSA y ésa es una muestra de que no dejó de funcionar, se mantiene activa”. El contrato de esta empresa con YPFB como socia de Catler es cuestionado por las irregularidades observadas en su suscripción el año pasado.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer, según Efe, que Venezuela asesorará a su país en la creación de una planta de separación de los componentes líquidos del gas natural en la región tarijeña del Chaco, fronteriza con Argentina. Esta planta es similar a la que se iba a construir en Río Grande.

En 2008 se crearon 14 fondos

El Gobierno creó 14 fideicomisos para minería, producción agrícola, comercio, ganadería, hidrocarburos y la Empresa Naviera Boliviana, los que fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación reformulado de la gestión 2008 y para los cuales se asignaron 413,4 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no da explicación sobre los desembolsos efectuados y el estado actual de esos fondos pese al requerimiento de La Prensa desde el pasado viernes, cuando el titular de esa cartera, Luis Arce, se retiró a la mitad de una conferencia sin atender la demanda de varios medios de comunicación. Ayer se solicitó una entrevista que no fue concedida a este medio.

Los fideicomisos fueron añadidos en el anexo IV “Constitución de fideicomisos”, aprobado en octubre del año pasado (ver cuadro).

El Viceministerio del Tesoro pidió que la solicitud sea enviada por escrito al Ministerio de Economía. De acuerdo con un documento de ese despacho, entre junio de 2004 y diciembre de 2007 se crearon 42 fideicomisos por diversos montos.

Recursos aprobados

Fideicomiso Monto

En millones $us.

Con el Banco Unión S.A. para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) 16,6

Con el BDP SAM para financiar iniciativas productivas 36,8

Con el BDP para préstamos a empresas exportadoras amparadas

en el ATPDEA 8

Con el BDP para importación y comercio de harina de trigo 18,5

Con el Fondesif para el Programa de Reconversión Prod. y Comer. 11,1

Con el Fondesif para el repoblamiento ganadero bovino 10

Con el Fondesif para compra de pasivos agrícolas de pequeños

productores agropecuarios del área rural 2,1

Con el BDP para YPFB para conformación de patrimonio autónomo 85

Con el BDP para la conformación de patrimonio autónomo para

financiar la adquisición de la Planta de Extracción de Licuables para

la producción de GLP y gasolina natural, YPFB 45

Con el Banco Unión para capital de operaciones, capital de

inversiones o créditos a la Cooperativas Mineras (Fomin) 10

Con el Banco Unión para la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) 30

Con el Banco Unión para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) 15,5

Con el BDP para Medianos y Grandes Productores Industriales 100

Fideicomiso para el financiamiento al sector productor de caña 25

TOTAL 413,4

Antecedentes

Los fideicomisos son cuestionados por las irregularidades del contrato YPFB-Catler-Uniservice.

Ex autoridades señalan que estos fondos no tienen mecanismos de control y fiscalización.

Economía y Finanzas asegura que no tiene tuición cuando ya se ejecutan los recursos.

La Contraloría sólo puede ingresar a fiscalizar en forma posterior a su ejecución.

Crece la presión de beneficiarios para acceder al Plan de Vivienda

El Gobierno no tiene los recursos para atender las 86.000 solicitudes que se tienen hasta la fecha.

Por segunda vez en la semana, el Viceministerio de Vivienda fue ayer centro de una nueva protesta por parte de de interesados en el plan estatal para acceder a préstamos baratos para la construcción de una casa.

Según la red Erbol, un grupo de más de 50 personas cercó el ingreso a esa repartición de Estado, ubicada en Sopocachi, en demanda de la aceleración de los desembolsos del crédito para que se comience a ejecutar el proyecto habitacional.

Esos vecinos pertenecen a la urbanización Progreso Rosasani de La Paz y sus dirigentes aseguraron que el Gobierno ya dio curso a su pedido, pero que las obras no se llevan a cabo por falta de recursos económicos.

Otro sector de potenciales beneficiarios, provenientes de la población yungueña de Caranavi, también expresó su rechazo porque desde hace más de un año que no avanza su trámite.

El lunes, otro grupo de personas oriundas de Oruro tomó las instalaciones del Viceministerio para reclamar por la aceleración y la admisión de su proyecto de construción de 260 casas en la urbanización Porvenir 2. La medida duró un par de horas.

El viceministro de Vivienda, Ramiro Rivero, admitió a este medio que el Plan de Vivienda no cuenta con el dinero necesario para atender este año las 86.000 solicitudes que existen hasta el momento.

Eso porque se recibieron más expedientes de los que se podían financiar. La autoridad expresó su preocupación porque el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades a las que recurrió, le dijeron que no pueden ayudarlo este año.

Rivero confía en que pueda obtener fondos de la devolución de una deuda de 617 millones de bolivianos del Ministerio de Hacienda.

Hasta la fecha, el Plan de Vivienda aprobó 27.596 solicitudes de préstamo, de las que 14.000 ya recibieron el desembolso y se construyeron 1.700 casas.

Se espera que en lo que queda del año se pueda llegar a un número de 32.000 a 33.000 solicitudes viabilizadas.

Más información

El Plan de Vivienda fue lanzado en junio de la gestión pasada para frenar el déficit habitacional.

Según los datos oficiales del Poder Ejecutivo, existe la carencia de 298.000 casas en todo el país.

El programa estatal se financia con un aporte patronal del 2%. El dinero debía ir a un fondo rotatorio.

La idea era que cuando el beneficiario devuelva el dinero, éste vaya a contribuir a otra persona.

“Jerusalén no dio fondos del plan de vivienda a la gente”

“1.500 solicitudes tiene la entidad en todo el país y creemos que todo eso es de forma indebida y no corresponde”

“Vamos a recuperar el dinero y tratar de destrabar el proceso para garantizar las contrucciones en todo el país”

La Cooperativa Jerusalén, una de las entidades financieras a las que se adjudicó la administración de recursos para el Programa de Vivienda Solidaria, no canalizó el dinero que se le entregó para varios proyectos en Tarija, Cochabamba y Santa Cruz y las obras están paralizadas.

El Poder Ejecutivo intenta recuperar los desembolsos e inició una investigación para determinar responsabilidades. El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explica la situación en esta entrevista.

—¿Qué problemas existen con la Cooperativa Jerusalén?

—En la gestión anterior se habían adjudicado algunos planes a través de las intermediarias, como es el caso de la Cooperativa Jerusalén de Santa Cruz, que tenía problemas financieros.

Hemos encontrado que la entidad financiera que debería agilizar el pago no está pagando a las empresas constructoras y, de manera indebida, nos están pidiendo elevación de precios.

El caso patético es que, en Tarija, la cooperativa ha recibido el anticipo y no ha invertido el total a la empresa constructora. Hemos hecho una inspección de sitio y se ha constatado con preocupación que el nivel de avance de la obra no corresponde al grado de desembolso del dinero, que regularmente es el 20 por ciento. En el momento de la inspección deberíamos haber visto la obra por lo menos en un avance de 20 por ciento, y no llegaba ni al 3 por ciento.

—¿Cuántas solicitudes de adjudicó a la Cooperativa Jerusalén?

—Por lo menos 1.500. Jerusalén se ha adjudicado prácticamente en todo el país y creemos que aquello era totalmente indebido y los montos que ellos estaban recolectando eran para muchos programas en Tarija, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el área rural y urbana y esto significaba miles de viviendas y esto les ha llevado a un descontrol.

Hoy tenemos la política firme de que una empresa no puede adjudicarse más de 200 o 300 viviendas; más de eso, nosotros sugerimos que sea otra la empresa que se adjudique, puesto que cuando una entidad se adjudica mil o 600, como era en el pasado, hemos visto que no hay posibilidad de manejo y el control del dinero se ha desbordado.

—¿Qué solución le van a dar?

—Hemos sentido el problema y hemos tomado una decisión de que no vamos a dar planes de vivienda que vayan más allá de 200 o 300 en el peor de los casos.

—Ellos desembolsan los recursos a los beneficiarios, ¿no?

—Es la intermediaria financiera. El esquema funciona así: una vez que el Viceministerio de Vivienda autoriza la ejecución de un plan de vivienda, autoriza al Fondesif para que pueda transferir los fondos a las intermediarias financieras habilitadas, en este caso la Cooperativa Jerusalén, que coloca el dinero y se encarga de su recuperación.

—¿La Cooperativa Jerusalén utilizó en otros fines los recursos que se le desembolsaron?

—Nosotros, la verdad y en razón de que éste es un tema jurídico, preferimos no emitir criterio sobre qué uso le dieron a ese dinero. Esto seguramente se va a detectar de manera formal con alguna auditoría. Lo que sí vamos a hacer es exigir el cumplimiento de las garantías. Ya en dos casos, es decir, en dos urbanizaciones (que la cooperativa impulsaba), hemos pedido que sean transferidas a otras entidades financieras.

Si bien hay predisposición de la cooperativa, eso ya tiene implicancia jurídica, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el anticipo que se le ha dado? Creo que deberíamos recuperar esos recursos y vamos a preguntarles qué han hecho con el dinero que se les ha entregado, cuyo fin único y exclusivo era el de pagar las viviendas para las cuales habían solicitado el desembolso.

—Es decir, ¿la cooperativa no usó los recursos para el programa?

—De la inspección que hemos hecho a las viviendas en Tarija encontramos que ellos no han destinado los recursos que se les ha asignado en las obras a las cuales ellos tenían que haber invertido. Las empresas constructoras nos han hecho conocer sus reclamos de que no han recibido el dinero.

—¿Sólo es Tarija?

—El caso comprobado es en Tarija, pero también hay dos proyectos en Santa Cruz, Pío y San Pedrito, que han solicitado que se les desembolsen los recursos a la empresa constructora Prisma. en realidad, nosotros estamos solicitando que sea la Cooperativa Jerusalén la que haga estos desembolsos porque es ésta la que ha recibido el dinero, pero la constructora Prisma nos hizo el reclamo a nosotros. Sabemos que con la cooperativa han ocurrido muchos problemas y ella debe resarcir el dinero por la vía jurídica.

—¿Hay un cálculo de cuánto dinero se le entregó a Jerusalén?

—Existe una cantidad que maneja el Viceministerio de Vivienda. Pero los problemas vienen de la anterior gestión en el Viceministerio, que es cuando se entregaron los recursos. Pero nosotros hemos parado.

La Cooperativa Jerusalén tiene índices financieros que no demuestran capacidad, sin embargo en el pasado se le dio el dinero y eso nos parece irregular. Estamos investigando por qué razón se le entregó dinero a esta cooperativa que no estaba demostrando en sus estados financieros una solvencia suficiente para hacerse cargo de una inversión tan grande como la que se está manejando en el Programa de Vivienda Social.

—¿Con Guapay ocurrió algo similar y se frenó?

—El caso de Guapay es exactamente el mismo cuadro. En razón de que esta entidad financiera ya tenía reportes negativos en la Superintendencia, no entendemos cómo se le entregó dinero. Guapay tenía algunos programas. Lo delicado es que en éste y el otro (Jerusalén) es cómo se da recursos a entidades que evidentemente tienen problemas financieros y no demostraban la solvencia suficiente.

—¿Ahora que se está investigando se establecerán responsabilidades y averiguará por qué se le ha adjudicado el programa a esta cooperativa?

—Hay tres acciones que se van a asumir. La primera es de recuperar los recursos, deben existir boletas y algún nivel de garantía.

En segundo lugar se debe determinar los grados de responsabilidad de los diferentes actores, el Fondo de Desarrollo Financiero (Fondesif) y el Viceministerio en la gestión anterior.

En tercer lugar, lo que estamos haciendo es intentar destrabar estos procesos y garantizar que las construcciones puedan continuar.

Para nosotros, sería lapidario que la gente que ha confiado fuera castigada por algo de lo que no es culpable; la gente podía tomar cualquier otra financiera y de pronto se encuentra con una que tiene problemas y termina como víctima porque su obra se queda trancada.

El Gobierno busca financiamiento

Al año de su lanzamiento, el Programa de Vivienda Solidaria (PVS) tiene más de 85.000 solicitudes por atender. El Gobierno informó que analiza al menos tres fuentes de financiamiento que le permitan ejecutar la construcción de inmuebles para la elevada cantidad de demandantes o interesados.

El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explicó en una entrevista con La Prensa que anualmente se recaudan 1.200 millones de bolivianos provenientes del aporte patronal del 2 por ciento, lo que alcanza para financiar la construcción de 14.000 a 15.000 viviendas anuales.

En lo que va de esta gestión, ya se aprobaron 13.500 solicitudes por lo que el cupo está a punto de completarse y se tropieza con la falta de presupuesto para atender otras 71.000.

El Ejecutivo se fijó como meta construir 14.000 por año.

El ministro Coca explicó que por el momento una de las alternativas es la búsqueda de recursos adicionales de fuentes externas o internas, que es el compromiso asumido por el presidente Evo Morales, si es que se logra acelerar el programa y aprobar al menos 20.000 solicitudes en este año.

Según Coca, otra de las alternativas es que los aportes que se recibirán en los próximos años sirvan de garantía para apalancar fondos anticipados que podrían ayudar a financiar lo que falta. Sin embargo, la palabra final le corresponde al Ministerio de Hacienda.

El ministro Coca explicó que en el pasado los programas de vivienda nunca viabilizaron la construcción de casas que se pretende edificar en la actualidad. A lo mucho se aprobaban 600 viviendas por año.

El Viceministerio de Vivienda, a su vez, demandó al Tesoro el desembolso de diez millones de dólares.

Las demandas demoran hasta un año

Las solicitudes para beneficiarse del financiamiento del Programa de Vivienda Social (PVS) pueden permanecer en espera hasta un año. La Prensa conversó con algunos interesados que el miércoles esperaban, fuera del Viceministerio de Vivienda, información acerca de sus proyectos.

Es el caso de Franz Enríquez Molina, quien junto con otros 300 interesados se anotó con la Fundación Cruz del Sur para levantar viviendas en la urbanización Inti Raymi, en Nueva Tilata, camino a Viacha.

Explicó que la solicitud fue presentada hace diez meses y hasta ahora no hay cuándo se apruebe el proyecto. Una de las observaciones que hizo el Banco Unión es que existen personas con deudas y modifificó las exigencias. Pedía ingresos de al menos 600 bolivianos y después solicitó 1.200 bolivianos.

Además, la fundación quiere subir el precio de las viviendas por el encarecimiento de los materiales de construcción. En su defecto, pretende reducir los ambientes de los inmuebles, de tres a dos habitaciones. El Ministro de Servicios y Obras Públicas anunció que se fortalecerá la vivienda.

El Ejecutivo desconcentra el plan

Para acelerar la aprobación de las nuevas solicitudes de vivienda y de las que se encuentran estancadas, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Óscar Coca, anunció la aprobación de un nuevo reglamento.

Por ejemplo, una de las medidas introducidas elimina la exigencia como requisito de la presentación de un estudio socioeconómico de los demandantes de vivienda.

Según la autoridad, para el Gobierno es suficiente que en el país exista un déficit para comprobar que el acceso a la vivienda es un problema no resuelto.

De manera paralela, el programa será descentralizado y tendrá oficinas en los nueve departamentos del país. Así, todos los proyectos se los recibirá en las regiones, y las observaciones deberán resolverse en el lugar. En La Paz sólo se dará el visto bueno final para el desembolso.

Además, las revisiones serán resueltas de una sola vez y en presencia del adjudicatario y de la empresa constructora.

Sin embargo, aclaró que no se aprobará el levantamiento de urbanizaciones en terrenos que tengan problemas.

El Plan de Vivienda se queda sin fondos para dar crédito

El Programa de Vivienda Solidaria (PVS) se queda sin recursos para atender las 85.000 solicitudes acumuladas a la fecha de personas interesadas en poseer una casa. Las nuevas demandas deberán esperar hasta el siguiente año.

El viceministro de Vivienda, Ramiro Rivero, informó que los recursos de los que se dispone no alcanzan y se busca el modo de obtener un presupuesto adicional de al menos diez millones de dólares.

Agregó que ésa es la cantidad de dinero que el Viceministerio ha solicitado al Tesoro General de la Nación (TGN).

Estos recursos provienen de la deuda que tiene pendiente de traspaso esa cartera de Estado de los aportes patronales entregados en gestiones pasadas y que no se invirtieron.

De lo contrario, advirtió, no se podrá dar curso a las solicitudes pendientes.

El Programa se financia con los aportes patronales del 2 por ciento y por este concepto cada mes se recaudan 20 millones de bolivianos, y en un año, 240 millones de bolivianos.

La meta del programa era la construcción 14.000 viviendas por año, pero en 2007 sólo se aprobaron 8.000 solicitudes.

El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, informó que en los primeros meses del año se adjudicaron unas 13.000 viviendas y se espera en dos semanas completar 20.000.

Según la autoridad gubernamental, el presidente de la República, Evo Morales, se comprometió a asignar más recursos al programa si se llega a cumplir un cupo de 20.000 viviendas adjudicadas con una inversión de 500 millones de bolivianos.

La idea, dijo, es duplicar este número con la celeridad con que ahora se aprueban los proyectos.

El viceministro Rivero añadió que cuando él se hizo cargo de esa cartera de Estado, en febrero, ya existían unas 60.000 demandas rezagadas, a las cuales se ha tratado de dar curso.

“En dos meses aumentaron 20.000 más que deben esperar a que haya recursos o aguardar hasta el año”.

Recordó que había proyectos que demoraban en su aprobación hasta un año y tres meses, pero ahora se ha comenzado a despacharlos en cuatro meses.

El plan cuenta con cuatro subprogramas que otorgan financiamiento para la construcción de vivienda de entre 3.500 y 15.000 dólares.

Los proyectos deben ser impulsados por empresas constructoras, cooperativas, micro y pequeñas empresas y profesionales libres.

Rivero informó que el mayor número de demandas es por el subprograma uno, que es subsidiado, y por el tres (ver cuadro). Hay escasas solicitudes de compra.

El Viceministerio de Vivienda aprobó en octubre de 2007 un nuevo reglamento operativo del programa en el cual se comprometía a aprobar los créditos en un mes. Esto a través de la reducción de los procedimientos de evaluación que se duplicaban en esa cartera de Estado y los bancos.

Cementeras ofrecen precio solidario

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y la Fábrica de Cemento de Sucre (Fancesa) apoyarán al Programa de Vivienda Solidaria con el descuento del 22 por ciento en la provisión de cemento, a un precio solidario de 36 bolivianos.

En el mercado, la bolsa de 50 kilos se comercializa a 48 bolivianos.

El gerente de Fancesa Wilmer Astete informó que el compromiso asumido el año pasado consistía en vender a través del programa más de un millón de bolsas, sin embargo sólo hubo una demanda del 5 por ciento.

El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, destacó el apoyo porque permitirá no cargar a los beneficiarios del programa la inflación mundial que ha encarecido los materiales.

El convenio fue suscrito por el titular de esta cartera de Estado y los gerentes de Soboce Armando Gumucio y de Fancesa Wilmer Astete, quienes ratificaron su apoyo al plan.

Los requisitos

Subprograma 1: está dirigido al área rural y facilita el acceso a una vivienda de 3.500 dólares. El beneficiario pone el 40 por ciento en mano de obra, el 60 por ciento lo financia el Estado.

Subprograma 2: otorga

un crédito de 2.500 a 5.000 dólares, sin intereses y a un plazo de 20 años.

Subprograma 3: da un financiamiento de 5.001

a 8.000 dólares, sin intereses

y a 20 años plazo.

Subprograma 4: permite acceder a un préstamo de 8.001 a 15.000 dólares con una tasa de interés del 3 por ciento y a 20 años plazo.

En cada uno de los subprogramas las cuotas que pagará el beneficiario están en bolivianos indexados a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

Son elegibles para el programa todas las personas que no accedieron nunca a un proyecto de vivienda del Estado.

Quiebra de Guapay revela falencias en el Plan de Vivienda

La quiebra de la Asociación Mutual Guapay, de Santa Cruz, reveló ayer falencias en la calificación de las entidades habilitadas para administrar los recursos del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) del Gobierno.
Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron que los términos de referencia presentados por el Viceministerio de Vivienda, en base a los que el Fondesif (Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero) califica, no contemplan la verificación del “estado de salud financiera” de la institución. “No es un requisito la solvencia económica y financiera, interesa su alcance y la cantidad de oficinas”.

“Nos interesaba el alcance territorial. Su coyuntural situación de salud financiera puede ser subjetivo”, afirmó por su parte el viceministro de Vivienda, Carlos Urquizo, quien dijo que considerar “el estado de salud de una entidad para presentarse a una convocatoria sería discriminatorio”. Ejemplificó diciendo: “Es como si usted por un resfrío no podría presentarse a una convocatoria para ocupar un cargo. Otra cosa es que después, con el tiempo, esto sea una pulmonía o una enfermedad mortal”.

El 2001, la Mutual Guapay se acogió al Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop). El 2007, el Fondesif y la Superintendencia de Bancos adoptaron

medidas administrativas y resolvieron cambios en el directorio, así como del Gerente General de la mutual. El Fondesif, por invitación directa, designa a Alfredo Áñez. Según las normas, debería ser por convocatoria pública.

Esta medida administrativa permitió transparentar la situación real de la Mutual Guapay, aunque le fue imposible su recuperación. Según la Superintendencia, al 31 de diciembre presenta pérdidas de más del 50 por ciento de su capital primario. “10,4 millones de dólares de pérdidas y un decrecimiento en niveles de operación de 30,5 millones de dólares”, que justificó su intervención, señala. A pesar de estos antecedentes, el Fondesif calificó a la entidad para administrar recursos del Plan de Vivienda, en noviembre del 2006, pero el contrato se suscribió en abril del 2007 con el nuevo Gerente. “Pese a estar habilitada, por suerte no se llegó a entregar ningún recurso del Programa de Vivienda, pese a la existencia de un proyecto para la construcción de viviendas para periodistas”, aseguró el viceministro Urquizo.

Informó que ya se tomaron previsiones para una mejor administración de los recursos destinados a este programa social.

El Gobierno anuncia ajustes en el Plan de Vivienda Social

El Gobierno anunció ayer que ajustará el Plan Nacional de Vivienda Social para eliminar los trámites burocráticos, hacer que los terrenos no sean sujetos a especulación y lograr que los proyectos que presentan los beneficiarios sean aprobados en el menor tiempo posible.

El viceministro de Vivienda, Carlos Urquizo, explicó que en los próximos 10 días se harán los tres ajustes estructurales al plan, que estarán orientados a dar continuidad y eficiencia frente a las reiteradas quejas de la población por falta de efectividad en el ambicioso programa gubernamental.

La estrategia fue lanzada en abril y a la fecha sólo fueron aprobados 3.796 proyectos en todo el país, que equivalen a 152,5 millones de bolivianos. El 60 por ciento de estos emprendimientos fue aprobado para Santa Cruz, mientras que para Cochabamba y Pando no hubo ninguno.

El presidente Evo Morales admitió el 7 de septiembre, durante la posesión de las nuevas autoridades del área luego de la renuncia del ex ministro Jerges Mercado, el retraso de la estrategia nacional.

Urquizo dijo que el precio de los terrenos dio origen a la especulación, sobre todo en ciudades grandes, por lo que ahora se planteará un mecanismo que regule el precio en el mercado de tierras.

Aseguró que el número de pasos para llevar a cabo el trámite a fin de obtener una vivienda será reducido, pues al momento presenta una excesiva burocracia que incluye al menos 70 pasos.

Señaló que las financieras conducen el proceso de elaboración de proyectos y dejan al Plan de Vivienda como en un banco de segundo piso que simplemente los viabiliza.

Gobierno audita el Plan de Vivienda y a financieras

El viceministerio de Vivienda, Carlos Urquizo Huici, informó que está en curso una auditoría interna a la ejecución del Plan de Vivienda y a las entidades financieras que calificaron a dicho programa para establecer si se registraron irregularidades.

“Parar el plan entero no es necesario, hay algunas cosas que merecen ser detenidas, pero otras no. La auditoría va a durar dos semanas, por lo menos así dejó la instrucción el ex ministro Jerges Mercado y se está procediendo tal cual ha pedido”, explicó el funcionario.

Urquizo señaló, al referirse a las financieras que calificaron para participar en el Plan de Vivienda, que “seguramente va a haber recomendaciones al respecto. La auditoría alcanza hasta el Fondesif. El caso Guapay está en investigación, tiene que seguir su curso”. Según una declaración del actual gerente de la Mutual Guapay, Víctor Hugo Áñez, el pago de pasajes y hoteles a favor del ex viceministro de Vivienda, Marcelo Zurita, se realizó en el ámbito del proceso de calificación de las entidades financieras interesadas en participar en el Plan Nacional de Vivienda. El caso está en investigación.

El Plan de Vivienda en Observacion

El ex ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Jerges Mercado, instruyó —horas antes de dejar el cargo— que se realice una auditoría integral al Plan Nacional de Vivienda (PNV) y a los procesos de calificación de las entidades financieras que intermedian los créditos. En tanto, el flamante titular de esa cartera de Estado, José Kinn, anunció ayer que el plan no se detendrá.

Una fuente cercana al ex dignatario de Estado informó ayer que un equipo técnico trabaja en el tema y se espera que el actual titular de Obras Públicas “ponga el máximo empeño para que este caso (de supuestos hechos irregulares) se esclarezca”.

La fuente señaló, además, que Mercado coincidió con la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien declaró a La Razón, el jueves pasado, que era pertinente revisar el proceso de calificación de las entidades financieras que participan en el PNV como intermediarias de la solicitud de créditos. El pedido de Suxo

surgió luego de que la Mutual Guapay admitiera haber subvencionado viáticos, pasajes y hoteles a favor del ex viceministro de Vivienda Marcelo Zurita.

El ex viceministro Zurita es investigado por la Fiscalía de La Paz por uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo tipificados en los artículos 146 y 147 del Código Penal.

El juez Róger Velásquez atiende el caso. El gerente de la Mutual Guapay, Víctor Hugo Áñez, presentó el viernes pruebas contra Zurita. Los documentos incriminan, además, a parte de su familia y ex funcionarios de su despacho. Este medio intentó comunicarse con el aludido, pero vanos fueron los esfuerzos.

El flamente ministro de Obras Públicas, José Kinn, acudió ayer a la Fiscalía para pedir celeridad en las investigaciones contra Zurita y anunció que el Plan Nacional de Vivienda no se detendrá.

“No está paralizado. Algunas cosas deben haberse demorado, pero el programa sigue trabajando y el viceministro (Carlos Urquizo) va a retomar con todo impulso posible”, afirmó Kinn.

Suxo anunció que trabajará en el caso hasta sancionar a los responsables. “Ningún servidor público puede aprovechar su cargo para beneficiarse de bienes del Estado”, afirmó. Mercado dijo anoche que no fue destituido y que presentó su carta de renuncia, la cual fue aceptada por el presidente Evo Morales.

IRREGULARIDADES

Pasajes • El anterior directorio de la Mutual Guapay pagó pasajes aéreos, hoteles y restaurantes de primera en favor de Marcelo Zurita, su familia y varios de sus asesores.

Denuncia • La denuncia fue presentada por el ex ministro Jerges Mercado a la Fiscalía de Distrito de La Paz y al Viceministerio de Transparencia.

Mutual Guapay admite que pagó para calificar al Plan de Vivienda

La Mutual Guapay admite haber “subvencionado pagos” para calificar al Plan Nacional de Vivienda (PNV), que impulsa la actual administración de Gobierno.

El gerente general de esta entidad financiera, Víctor Hugo Áñez, aclaró ayer que los hechos irregulares fueron cometidos por miembros del anterior directorio de la institución, quienes fueron destituidos de sus funciones.

A la pregunta de si estos pagos para hoteles y pasajes estuvieron relacionados con el Plan Nacional de Vivienda y si fue para calificar a dicho programa, Áñez respondió: “(...) En algunos comprobantes justifica el Plan de Vivienda, pero no justifica pago a familiares, hospedajes, hoteles y demás subvenciones ¿no? Fueron con pretexto de capacitación de dicho plan, correcto”, añadió.

La denuncia que el ministro de Obras Públicas Jerges Mercado, presentó a la Fiscalía del Distrito, el 30 de agosto, señala: “Habiéndose remitido a conocimiento de mi despacho documentación sobre posibles actos irregulares cometidos por el viceministro de Vivienda Marcelo Zurita y su familia, sobre pagos de pasajes y hoteles subvencionados por la Mutual Guapay (...), solicito a su autoridad se proceda a la investigación correspondiente de acuerdo a ley (...)”.

Según la fiscal de Distrito, Teresa Vera, el viceministro será investigado por uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo tipificados en los artículos 146 y 147 del Código Penal.

Áñez confirmó que los pagos de hoteles, pasajes y viáticos en favor de Zurita se realizaron entre enero y marzo de este año.

En el Plan de Vivienda calificaron 21 entidades financieras que cumplen el rol de intermediarias del crédito.

La actual administración de Mutual Guapay, dirigida por Víctor Hugo Áñez, asegura que “la Mutual accedió al Plan de Vivienda en mi gerencia, pero cumpliendo con los requisitos de ley y no haciendo pagos irregulares”.

Áñez asumió funciones en dicha entidad financiera el 17 de abril, es decir, 14 días después de que el Plan de Vivienda entró en vigencia. Hasta la fecha, Mutual Guapay resolvió 98 solicitudes de vivienda para los trabajadores de la prensa cruceña.

LAS FINANCIERAS

Misión • El Viceministerio de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, calificó a 21 entidades financieras que hacen de intermediarias en la solicitud de créditos para acceder al Plan de Vivienda.

Financieras • Ingresaron en una primera etapa la Mutual Guapay, Eco Futuro, las ONG Idepro y Hábitat y las cooperativas Cristo Rey, San Francisco Solano, El Buen Samaritano, Piraí, Montero, Trinidad, La Catedral, Sudamérica, San Martín de Porres y Jerusalem.

Otras • Posteriormente se habilitaron la Fundación Sartawi, Cidre, la Cooperativa Asunción, las mutuales La Paz y Paitití, los fondos financieros Prodem y Fortaleza y el Banco Unión.

Empresa cobra garantía para entrar al Plan de Vivienda

La empresa Virtual Office o Enterprise Management (Vooema) pide una “garantía” de 800 bolivianos a las personas interesadas en acceder al Programa de Vivienda Social. Esta compañía oferta departamentos en la localidad de Avircato, distante a 12 minutos del parque zoológico, en Mallasa.

Según los funcionarios de la compañía, el pago sirve para asegurar la participación del interesado en el proyecto que la constructora presentará ante una entidad financiera que canalizará el préstamo económico.

Si en el proceso del trámite, la persona se desanima y decide retirarse del proyecto, en Vooema explicaron que directamente uno pierde su dinero. Sin embargo, si opta por mantenerse hasta que la financiera desembolse el préstamo, le devuelven la garantía.

El director general de Vivienda, Juan Manuel Gonzales, aseguró a La Prensa que no existe ninguna razón para que las constructoras realicen cobros para que la población participe del programa estatal.

Recomendó a las personas que hubiesen tenido problemas al respecto presentar denuncias por escrito y debidamente justificadas para que se haga la investigación correspondiente. Luego se evaluarán las sanciones.

Otras fuentes dijeron que ningún motivo es válido para realizar pagos.

La estrategia oficial plantea la entrega de créditos para la construcción o compra de casas bajo un carácter amplio, gratuito y solidario. Pueden optar a él los que no cuentan con un techo propio y los que nunca se beneficiaron de otros planes similares. El préstamo oscila entre 2.500 y 15 mil dólares.

span id="fullpost">El viceministro del sector, Marcelo Zurita, pidió en su momento denunciar a quienes especulan con la aplicación de la estrategia nacional.

Vooema tiene un plan para la construcción de un condominio. Muestra a las personas planos de ubicación de los departamentos y de los espacios de esparcimiento en el terreno que prevé adquirir. Los empleados de la empresa se encargan de llevar a la gente a los predios los fines de semana. Cobran 15 bolivianos por el transporte.

La constructora apunta a conformar una lista de interesados para luego enviarla a una entidad financiera, a modo de solicitud grupal de crédito.

En Vooema explicaron que cuando una persona abandona el proceso antes de que se apruebe el crédito, perjudica a los otros postulantes porque la constructora tiene que reorganizar todos los papeles presentados.

El responsable del programa de Vivienda del Fondo Financiero Privado Eco Futuro, Ivan Gutiérrez, informó que cualquier cobro de parte de los ejecutores de las obras esta por demás porque el riesgo lo asumen ellos en caso de que el proyecto sea rechazado cuando el Viceministerio haga la evaluación.

El gerente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) Luis Salinas, sostuvo que la ejecución del programa es responsabilidad del Gobierno. Dijo que la entidad no participa del plan porque tiene observaciones a su organización.<

Gobierno dará créditos para refaccionar y ampliar casas

Quienes ya tienen casa propia también se beneficiarán con el Plan Nacional de Vivienda. El Gobierno lanzará en unos días más un proyecto complementario a esta estrategia para que quienes deseen mejorar o ampliar sus propiedades puedan acceder a créditos baratos.

El ministro de Servicios y Obras Públicas, Jerges Mercado, anticipó ayer a la agencia ABI que el Ejecutivo cuenta con 26 millones de dólares para respaldar ese proyecto.

Fuentes de ese despacho informaron a La Prensa que aún no se definieron los montos mínimos y máximos que se prestarán a la población, pero aseguraron que serán diferenciados para el área rural y urbana.

Inicialmente, el Gobierno estimó otorgar hasta 1.500 dólares por persona y calculó además favorecer unas 6.600 viviendas. Las fuentes aseguraron que se analiza si es que mantendrán o no esas proyecciones.

El dinero que recibirá el beneficiario será suficiente como para revocar una pared, pintar el inmueble, cambiar el piso de cemento o construir una habitación más, entre otros.



El mejoramiento y ampliación de propiedades es uno de los componentes del Plan Nacional de Vivienda, pero no ha sido desarrollado todavía porque el Poder Ejecutivo se ocupó primero de promover la compra y la construcción de inmuebles.

Por esa razón, explicaron las fuentes, ese nuevo acápite será potenciado ahora como un proyecto complementario que favorecerá a la gente que quiere refaccionar su casa y mejorar los espacios que no son aprovechados. El objetivo es luchar contra el hacinamiento en el país.

Según datos oficiales, en Bolivia existe un déficit habitacional de 300 mil viviendas.

Las condiciones

Las fuentes explicaron además que no se solicitarán como requisito garantías hipotecarias, sino personales (tres) y mancomunadas en el caso de que el interesado habite en una población.

Los créditos serán blandos, es decir que tendrán bajas tasas de interés y varios años para amortizar el compromiso. Aún se estudia el plazo.

Para que el Gobierno dé luz verde al préstamo se realizará una evaluación previa de las condiciones de la casa.

Primeros beneficiarios

Hace tres días, el Ejecutivo otorgó los primeros créditos de vivienda para quienes quieren construir o comprar un techo propio. En Chuquisaca, unas 58 personas recibieron las minutas de propiedad.

El sábado, el ministro Mercado entregó otros 245 documentos en Cochabamba. El Gobierno prevé beneficiar a más de 14 mil personas este año.

El Ministerio informó que hace poco habilitó nuevas entidades para otorgar los créditos, entre ellas Fundación Sartawi, Mutual La Paz, Fortaleza FPP S.A., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Asunción, Prodem FFP S.A., Mutual Paitití, Cidre y el Banco Unión.
La Prensa

Ocho entidades financieras se suman al plan de vivienda

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda suscribió ayer convenios con ocho nuevas entidades financieras que intermediarán el crédito para el programa de vivienda del Gobierno.
Las nuevas entidades son la Fundación Sartawi, Cidre, la Cooperativa Asunción, las mutuales La Paz y Paitití, los fondos financieros privados Prodem y Fortaleza, y el Banco Unión.

El viceministro de Vivienda, Marcelo Zurita, adelantó que con estas entidades financieras se cubrirá todo el territorio nacional, sobre todo el occidente del país.

Asimismo, señaló que en diciembre serán entregadas las 14.500 viviendas programadas para esta gestión. De su parte, el ministro Jerges Mercado dijo que ya se cuenta con fondos para los créditos de la siguiente gestión.