El BDP entregó créditos por un monto superior a Bs 774 millones

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) desembolsó, hasta agosto de este año, Bs 774.194.997 en créditos individuales y asociativos para el sector productivo del país, a una tasa de interés del 6%.
Según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, hasta agosto el BDP otorgó 9.730 créditos, en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Pando, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija.
Entre los sectores más beneficiados están el rubro de los alimentos, artesanía, cerámica, cueros, maderas, metalmecánica, orfebrería, plásticos, material de construcción, textiles y turismo.
Entre los créditos entregados a estos sectores, 1.058 fueron para Beni, 318 para Chuquisaca, 1.454 para Cochabamba, 2.926 para La Paz, 634 para Oruro, 367 para Pando, 254 para Potosí, 2.249 para Santa Cruz y 470 para Tarija.
Estos créditos productivos permiten el crecimiento de la producción interna, la transformación de la materia prima y la generación de mayores fuentes de empleo.
Contrariamente al sistema financiero privado nacional, que concede préstamos con interés de hasta 36% anual, el BDP ofrece un interés del 6% con 2 años de gracia para todas aquellas personas que nunca tuvieron acceso al crédito.
El BDP canaliza las solicitudes y desembolsos por entidades financieras como el Banco Unión y el Banco Mercantil Santa Cruz, también trabaja con el Fondo Financiero Privado Prodem, para el área rural y urbana.

Crédito de vivienda beneficia a quienes ganan más de $us 800

En Bolivia, sólo quienes ganan por encima de los 800 dólares (unos 5.688 bolivianos) acceden a créditos hipotecarios y existe una sobreoferta de 300.000 viviendas que no cumplen una función social y que podrán ayudar a eliminar el déficit del sector.

Así lo revela un diagnóstico del Foro Permanente de la Vivienda. Esta entidad, la Red Hábitat, Oxfamd Internacional, Habitat International Coalition y la Comisión Europea evaluaron ayer, con la presencia de expertos de Argentina, México y Chile, el panorama de las políticas de vivienda en la región.

Según la directora de la Fundación Provivienda, Anelise Meléndez, uno de los problemas que afronta la población de bajos ingresos en Bolivia es el acceso a financiamiento para conseguir un techo propio.

El sistema financiero en general sólo tiene ofertas para personas de ingresos medios para arriba, es decir, por encima de los 800 dólares.

En ese marco, las instituciones que canalizan crédito hipotecario dijeron que se debe mejorar las condiciones para que otros segmentos de la población se beneficien de un techo propio.

Datos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras al primer trimestre del año señalan que la cartera hipotecaria en los bancos alcanzó los 705,4 millones de dólares. El monto es superior en 50,8 millones de dólares a los 654,6 millones canalizados en 2007.

La cartera de las mutuales en los primeros tres meses del año llegó a 239,7 millones de dólares, 44,4 millones más que los 195,3 millones acumulados en 2007.

El problema, según Meléndez, es grave y no ha sido solucionado a pesar de la existencia de un Programa de Vivienda Solidaria que ofrece subsidios.

Los recursos de este plan son insuficientes; se han agotado por la elevada demanda. “Se debe ver la forma de que el programa sea sostenible a partir de otras fuentes de financiamiento”.

En la actualidad, usa el aporte del 2 por ciento que entrega la parte patronal. Además, la banca tiene que comenzar a atender a sectores poblacionales de menores ingresos.

Según Meléndez, la mayoría de la población en el país consigue su vivienda sacrificando alimentación, salud y educación, que son derechos fundamentales que no se pueden vulnerar porque el hacerlo perjudica el futuro de los hijos y la familia no logra salir del circuito de la pobreza.

Más dificultades

Meléndez identificó como otro de los problemas para acceder a un techo propio el incumplimiento de la función social.

En Bolivia existen 2,6 millones de viviendas; sin embargo, los hogares sólo suman 2,2 millones, que generan una sobreoferta de 300.000 viviendas.

De acuerdo con Meléndez, eso significa que en el país la vivienda es un factor de acumulación, es decir que hay personas que tienen más propiedades de las que necesitan y que no las alquilan o entregan en anticrético por falta de seguridad jurídica. Por ejemplo, temen que los inquilinos no paguen.

Si estas casas o departamentos se usaran, el déficit habitacional, que asciende a 200.000 unidades, se podría solucionar.

Meléndez también mencionó la necesidad de mejorar el acceso al uso de suelos. En la actualidad no existe una mercado regulado de tierras y hay mucha especulación y loteamiento.

A estos inconvenientes se suma el encarecimiento de los materiales de construcción. “Si antes un metro cuadrado se podía construir con 140 dólares, ahora cuesta el doble, 280 dólares. Antes con 1.000 dólares se hacía una mejora y ahora se requieren 2.000”.

Según Meléndez, el monopolio en la producción de, por ejemplo, cemento es un problema y el Estado debería regular este y otros materiales.

Además se enfrenta el alto costo de la mano de obra, que representa el 50 por ciento del gasto en la construcción.

El plan estatal financiará 27.497 casas

Mas datos

Los bancos tienen una serie de ofertas para la compra o construcción de viviendas.

El Gobierno impulsa el Programa de Vivienda Solidaria, que tiene subsidios.

El costo de los materiales se elevó considerablemente desde el año pasado.

Se encarecieron el fierro, el cemento, el ladrillo, la cerámica y la arena, entre otros.

La construcción afronta a su vez la falta de mano de obra especializada.

Los albañiles emigraron a las zonas mineras por el auge de los precios.

El plan del Gobierno enfrenta una demanda elevada, hasta junio había 85.000 solicitudes.

La estrategia estatal tropieza con la burocracia en la aprobación de los proyectos.

Gobierno dará créditos para refaccionar y ampliar casas

Quienes ya tienen casa propia también se beneficiarán con el Plan Nacional de Vivienda. El Gobierno lanzará en unos días más un proyecto complementario a esta estrategia para que quienes deseen mejorar o ampliar sus propiedades puedan acceder a créditos baratos.

El ministro de Servicios y Obras Públicas, Jerges Mercado, anticipó ayer a la agencia ABI que el Ejecutivo cuenta con 26 millones de dólares para respaldar ese proyecto.

Fuentes de ese despacho informaron a La Prensa que aún no se definieron los montos mínimos y máximos que se prestarán a la población, pero aseguraron que serán diferenciados para el área rural y urbana.

Inicialmente, el Gobierno estimó otorgar hasta 1.500 dólares por persona y calculó además favorecer unas 6.600 viviendas. Las fuentes aseguraron que se analiza si es que mantendrán o no esas proyecciones.

El dinero que recibirá el beneficiario será suficiente como para revocar una pared, pintar el inmueble, cambiar el piso de cemento o construir una habitación más, entre otros.



El mejoramiento y ampliación de propiedades es uno de los componentes del Plan Nacional de Vivienda, pero no ha sido desarrollado todavía porque el Poder Ejecutivo se ocupó primero de promover la compra y la construcción de inmuebles.

Por esa razón, explicaron las fuentes, ese nuevo acápite será potenciado ahora como un proyecto complementario que favorecerá a la gente que quiere refaccionar su casa y mejorar los espacios que no son aprovechados. El objetivo es luchar contra el hacinamiento en el país.

Según datos oficiales, en Bolivia existe un déficit habitacional de 300 mil viviendas.

Las condiciones

Las fuentes explicaron además que no se solicitarán como requisito garantías hipotecarias, sino personales (tres) y mancomunadas en el caso de que el interesado habite en una población.

Los créditos serán blandos, es decir que tendrán bajas tasas de interés y varios años para amortizar el compromiso. Aún se estudia el plazo.

Para que el Gobierno dé luz verde al préstamo se realizará una evaluación previa de las condiciones de la casa.

Primeros beneficiarios

Hace tres días, el Ejecutivo otorgó los primeros créditos de vivienda para quienes quieren construir o comprar un techo propio. En Chuquisaca, unas 58 personas recibieron las minutas de propiedad.

El sábado, el ministro Mercado entregó otros 245 documentos en Cochabamba. El Gobierno prevé beneficiar a más de 14 mil personas este año.

El Ministerio informó que hace poco habilitó nuevas entidades para otorgar los créditos, entre ellas Fundación Sartawi, Mutual La Paz, Fortaleza FPP S.A., Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Asunción, Prodem FFP S.A., Mutual Paitití, Cidre y el Banco Unión.
La Prensa

La Mutual Guapay logra su retorno al Plan de Vivienda

La Mutual Guapay ha suscrito un contrato con el Fondo Nacional de Desarrollo Financiero (Fondesif) para desarrollar el Plan Nacional de Vivienda Social y planea financiar 2.000 casas para la primera fase.

El gerente de la entidad, Víctor Hugo Áñez, explicó que en una etapa inicial se trata de unas 1.500 a 2.000 viviendas para otorgar en el corto plazo porque tienen grandes avances.

En La Paz hay 1.700 viviendas proyectadas en la zona de Irpavi, y en Santa Cruz tienen el proyecto Akualand Guapay con viviendas adecuadas a la exigencia del plan, además de varios emprendimientos en Yapacaní, Buen Retiro y Warnes.

La mutual Guapay recibió unas 20 mil solicitudes en todo el país.

En las oficinas centrales del Fondesif, en La Paz, confirmaron el acuerdo con Guapay, al igual que en el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, porque el administrador es funcionario del Fondesif.

Hace dos semanas, esa entidad pasó a ser coadministrada por el Estado a través del Fondesif luego de constatarse problemas financieros. Por esa razón fue retirada del plan.

La Prensa

Banco Unión en el Plan de Vivienda

El Banco Unión y otras 13 entidades financieras del país se sumarán a la ejecución del Plan de Vivienda Social y Solidaria.

El ministro de Servicios y Obras Públicas, Jerges Mercado, informó que la incorporación de nuevos agentes financieros al Plan de Vivienda busca aumentar el número de interesados. Hasta la anterior semana sobrepasaban los 12 mil en el territorio nacional.

El Estado, a través de la Nacional Financiera Boliviana (Nafibo) tiene el 83,19 de participación en el Banco Unión. El 8,61 está en manos del empresario Andrés Petricevic.

Esa entidad tiene oficinas en toda Bolivia, incluso en el área rural. Por ejemplo, se encuentra en los Yungas de La Paz, en la población de Coroico.

El Gobierno amplió el universo de financieras porque constató que muchas no tenían sucursales en lugares alejados y esa situación era una limitante del plan.

El viceministro del sector, Marcelo Zurita, aseguró que aún no podía especificar los nombres de las 13 entidades porque el Fondo de Desarrollo de Apoyo al Sector Financiero (Fondesif) ultima los detalles.

Adelantó que mañana se firmarán los contratos con esas firmas y en la oportunidad se darán más detalles operativos.

Hasta la fecha, son 14 las financieras habilitadas. De ellas, sólo dos están en La Paz: Ecofuturo e Idepro. La mayor parte se encuentra en Santa Cruz.

El Gobierno prevé construir este año 14 mil viviendas, pero su proyecto es a 20 años plazo.

Las financieras no intermediarán en los créditos rurales

El subsidio estatal para la construcción de casas en el área rural no requerirá de la intermediación de las entidades financieras para el desembolso del dinero.

El viceministro del rubro, Marcelo Zurita, aseguró que los beneficiarios del campo deben dirigirse directamente a las oficinas de su despacho, ubicadas en Sopocachi, para realizar el trámite.

Esa decisión se tomó debido a que muchas de las entidades habilitadas para ejecutar el plan no tienen sucursales en el área rural.

En Ecofuturo, por ejemplo, los funcionarios se concentran en atender las solicitudes de créditos urbanos (subprogramas dos al cuatro).

Sin embargo, su gerente, Óscar Guerra, informó que la entidad está dispuesta a atender los requerimientos de los beneficiarios del campo en su sucursal de El Alto. De hecho, dijo que ya lo están haciendo para los interesados que viven en las poblaciones cercanas a esa circunscripción, entre ellas Viacha y Batallas.

Admitió que aunque quisieran no pueden llegar a la gente de yungas, porque no tienen sucursales en esa región.

Ecofuturo es una de las dos financieras habilitadas para dar el servicio en La Paz. La otra es Idepro. En el resto del país la mayor parte de las entidades está concentrada en las ciudades.

El programa de vivienda dirigido al área rural concede un subsidio estatal de hasta 40 por ciento para completar la obra.

El resto lo cubre el beneficiario con su mano de obra y materiales de la zona.

Los otros subprogramas están dirigidos tanto a personas independientes como dependientes que perciban un ingreso mensual mínimo de 361 bolivianos.

Vivienda: ya hay proyectos listos para financiamiento

Mientras en otras ciudades recién empiezan las inscripciones para acceder a una casa financiada por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), en Cochabamba las listan registran a 15 mil interesados y ya existen unos cinco proyectos listos para aprobación y ejecución.

El asesor Ramiro Bolaños informó ayer que cuatro proyectos de grupos que cuentan con el terreno, definieron un constructor y ultiman detalles para la aprobación en los respectivos municipios.

"Hay cuatro proyectos listos como multifamiliares y uno que se trata de una urbanización grande en Sacaba", dijo.

Las personas que cuentan con un terreno propio y tienen todo en orden ya se encuentran en la fase de reuniones con el Colegio de Arquitectos que cuenta con profesionales destinados especialmente al PVS.

Bolaños explicó que el número de inscritos en Cochabamba sobrepasa la cantidad de viviendas, unas 14 mil, que el Gobierno pretende construir este año en todo el país.

"Los proyectos completo se van a despachar a La Paz y veremos cuál será el orden en que serán atendidos", indicó.

Respecto a la situación de la Mutual Guapay, que recibió los documentos de los interesados, pero que finalmente no ingresó en el grupo de financieras que servirán de intermediarias para el crédito, Bolaños señaló que todos los papeles pasarán a la entidad elegida, aún no definida, sin perjuicio para los registrados