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17 septiembre 2021
16 septiembre 2021
A partir del 5 de octubre, la devolución total y parcial de los aportes a las AFP será en un solo pago
El Gobierno ya reglamento la ley que permite el retiro de los aportes jubilatorios. El pago tendrá una vigencia por 90 días
Por: Juan Carlos Salinas Cortez
La tan ansiada reglamentación de la Ley de retiro total y parcial de los aportes a las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), ya es una realidad y desde el 5 de octubre las personas interesadas podrán retirar esos recursos.
Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, informó que el Decreto Supremo 4582 reglamenta la Ley 1392. Dicha norma indica que, desde el 5 de octubre, las personas que lo deseen podrán retirar la totalidad o parte de sus aportes.
Montenegro detalló que la devolución será en un solo pago y tendrá una vigencia de 90 días.
Los beneficiarios podrán cobrar el dinero en las ventanillas de las entidades de intermediación financiera o será depositado en sus cuentas personales.
El ministro indicó que una vez publicada esta reglamentación, las AFP tienen ocho días para informar a sus asegurados y bridar todos los detalles que estos necesiten.
La autoridad recordó que se cuenta con los Bs 3.900 millones para responder a esta ley y que los beneficiarios son 1.464.375.
Quienes retiran
1. Los que tengan en sus cuentas personales hasta Bs 100.000 pueden retirar un 15%.
2. Los que tengan más de Bs 100.000 podrán retirar hasta Bs 15.000.
3. Los que tengan hasta Bs 10.000 y más de 50 años podrán retirar el 100% de su dinero.
29 marzo 2019
28 marzo 2019
19 agosto 2018
19 mayo 2018
03 marzo 2018
Nuevo Gerente asumió cargo en la Gestora de Pensiones
El Ministro de Economía, Mario Guillén, posesionó este viernes al nuevo Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, cargo que recayó en Guillermo Tarek Antonio Kawashita.
Tarek Antonio agradeció la designación y comprometió mucho trabajo para la puesta en marcha de la Gestora Pública: “Gracias por la confianza entregándome un proyecto tan importante para el país y que tiene que ir en beneficio de los trabajadores, de sus ahorros y por ende de nuestro país”, dijo la flamante autoridad.
La nueva autoridad tiene el reto de realizar la compleja migración de datos debido a que las dos AFPs en Bolivia cuentan con una plataforma propia, y la información de cada una de ellas será transferida a un software único de la Gestora Pública.
AHORROS
La nueva autoridad administrará un portafolio de alrededor de $us 15.000 millones recursos que en parte de encuentran en fondos de inversión que las Administradoras de Pensiones colocaron en la Bolsa Boliviana de Valores.
Por otro lado, una de las principales dificultades para que la Gestora asuma plenamente sus funciones refiere la existencia de miles de juicios que se encuentran en los estrados judiciales iniciados por las AFPs. contra empresas que desviaron los ahorros previsionales retenidos a los trabajadores
DATOS
Éste software está siendo adaptado a la normativa boliviana para la correcta transferencia de información histórica de más de 20 años de registros, aportes de más de 2.1 millones de personas aseguradas y pago de pensiones a más 137 mil beneficiarios con Pensión de Vejez, Pensión Solidaria de Vejez, Pensiones por Riesgos (Invalidez y Muerte), etc.
Por su parte del Ministro de Economía, Mario Guillén, resaltó el profesionalismo de la nueva autoridad y deseo muchos éxitos en el reto que ahora asume: “Tenemos la confianza en Guillermo Antonio, sabemos que lo va hacer bien, conocemos su capacidad y compromiso de trabajo y que el proyecto de la Gestora termine exitosamente”, afirmó la autoridad.
PERFIL PROFESIONAL
El flamante ejecutivo es Ingeniero en Sistemas, tiene una maestría en Seguridad Social, trabajó como Gerente de Proyectos y Desarrollo en la Entidad de Depósitos de Valores, estuvo a cargo de la Dirección de Prestaciones no Contributivas en la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), fue Director de Beneficios FCC, Analista de Desarrollo, Jefe de desarrollo en la Dirección de Operaciones y Tecnología, además de Consultor del BID para la elaboración de las bases de datos de afiliados y empleadores para el pago del Seguro Social Obligatorio en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
Tarek Antonio agradeció la designación y comprometió mucho trabajo para la puesta en marcha de la Gestora Pública: “Gracias por la confianza entregándome un proyecto tan importante para el país y que tiene que ir en beneficio de los trabajadores, de sus ahorros y por ende de nuestro país”, dijo la flamante autoridad.
La nueva autoridad tiene el reto de realizar la compleja migración de datos debido a que las dos AFPs en Bolivia cuentan con una plataforma propia, y la información de cada una de ellas será transferida a un software único de la Gestora Pública.
AHORROS
La nueva autoridad administrará un portafolio de alrededor de $us 15.000 millones recursos que en parte de encuentran en fondos de inversión que las Administradoras de Pensiones colocaron en la Bolsa Boliviana de Valores.
Por otro lado, una de las principales dificultades para que la Gestora asuma plenamente sus funciones refiere la existencia de miles de juicios que se encuentran en los estrados judiciales iniciados por las AFPs. contra empresas que desviaron los ahorros previsionales retenidos a los trabajadores
DATOS
Éste software está siendo adaptado a la normativa boliviana para la correcta transferencia de información histórica de más de 20 años de registros, aportes de más de 2.1 millones de personas aseguradas y pago de pensiones a más 137 mil beneficiarios con Pensión de Vejez, Pensión Solidaria de Vejez, Pensiones por Riesgos (Invalidez y Muerte), etc.
Por su parte del Ministro de Economía, Mario Guillén, resaltó el profesionalismo de la nueva autoridad y deseo muchos éxitos en el reto que ahora asume: “Tenemos la confianza en Guillermo Antonio, sabemos que lo va hacer bien, conocemos su capacidad y compromiso de trabajo y que el proyecto de la Gestora termine exitosamente”, afirmó la autoridad.
PERFIL PROFESIONAL
El flamante ejecutivo es Ingeniero en Sistemas, tiene una maestría en Seguridad Social, trabajó como Gerente de Proyectos y Desarrollo en la Entidad de Depósitos de Valores, estuvo a cargo de la Dirección de Prestaciones no Contributivas en la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), fue Director de Beneficios FCC, Analista de Desarrollo, Jefe de desarrollo en la Dirección de Operaciones y Tecnología, además de Consultor del BID para la elaboración de las bases de datos de afiliados y empleadores para el pago del Seguro Social Obligatorio en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
23 diciembre 2017
13 octubre 2017
Sancionan Ley que modifica escala de la Pensión Solidaria
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que modifica los artículos 17 y 131 de Ley de Pensiones referidos a los límites solidarios mínimos y máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez, informaron fuentes institucionales, publica ABI.
"En el marco del acuerdo suscrito el pasado 7 de septiembre entre el presidente Evo Morales y representantes de diferentes sectores laborales, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar los limites solidarios mínimos y máximos de la escala de la Pensión Solidaria de Vejez, establecidos en los artículos 17 y 131 de la Ley de Pensiones", puntualiza un boletín de prensa.
Según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Oscar Ferrufino, una persona que recibe un salario de 6.000 bolivianos, con la modificación de la norma, podrá recibir una renta de 4.200 bolivianos, mientras los trabajadores mineros recibirán 5.000 bolivianos.
Ferrufino dijo que más o menos 85% del sector laboral del país, es decir, alrededor de 2 millones de personas, reciben un salario de 6.000 bolivianos, y se beneficiarán con los 4.200 bolivianos de renta, con 35 años laborales.
Aseguró que los recursos para ese beneficio son "sostenibles por 28 años" tomando en cuenta que gran parte del financiamiento proviene de los trabajadores activos que aportan el 0,5%, aunque dijo que el monto más importante es de los empleadores, que sobre el total de la planilla deben aportar 3%.
La Pensión Solidaria de Vejez se instauró mediante la Ley 065, con la finalidad de incrementar los montos de las rentas para los trabajadores cuya jubilación es mínima y se financia con los ahorros individuales, más recursos del Fondo Solidario que se forma con los aportes de los trabajadores y empleadores.
09 octubre 2017
Sistema de Pensiones casi triplica jubilados y aportantes en 6 años
Durante la vigencia de la Ley 065 del Sistema Integral de Pensiones (SIP) desde el año 2011 se lograron importantes avances respecto a la cantidad de jubilados y contribuyentes al sistema, según el balance que realizó el ministro de Economía, Mario Guillén.
Entre 2005 y diciembre de 2010, con la antigua Ley 1372 se logró jubilar a 30.000 personas, mientras que la nueva Ley 065 de Pensiones jubiló a 81.000 adultos mayores durante el período 2011-2016, informó el Ministro de Economía.
Dijo que entre la antigua ley de jubilación 1732 y la Ley 065 de pensiones se logró jubilar en total a 111.000 personas.
De esa cantidad mencionada, más de 65.000 aportantes se beneficiaron con el Fondo Solidario para mejorar su renta debido a los bajos pagos realizados.
“El Fondo Solidario benefició al 58% de las personas que se han jubilado con el nuevo sistema”, remarcó Guillén.
Este fondo de recursos es una medida que implementó el Gobierno para incrementar las rentas bajas de los jubilados, y se financia con el aporte de los trabajadores y empleadores.
Aportantes
“Antes de la Ley de Pensiones en 2010 teníamos 1,3 millones de personas que estaban afiliadas al sistema, hoy tenemos 2.130.000 personas afiliadas al sistema de pensiones”, informó Guillén.
De los dos millones, cerca de 187.000 trabajadores por cuenta propia realizan sus aportes al sistema de pensiones para acceder a una jubilación.
“Estas personas confían en el sistema y de forma independiente están aportando para tener una jubilación cuando tengan la edad requerida”, dijo.
El Ministro del área señaló que evalúan el SIP cada cuatro años de forma conjunta con los trabajadores para mejorar la rentabilidad del sistema de pensiones.
Apuntes
Con el reciente acuerdo logrado con los dirigentes de las Centrales Obreras Departamentales, el Gobierno proyecta que se incrementará la cantidad de personas jubiladas.
El Fondo Solidario subió la renta del 58% de los adultos mayores jubilados.
Entre 2005 y diciembre de 2010, con la antigua Ley 1372 se logró jubilar a 30.000 personas, mientras que la nueva Ley 065 de Pensiones jubiló a 81.000 adultos mayores durante el período 2011-2016, informó el Ministro de Economía.
Dijo que entre la antigua ley de jubilación 1732 y la Ley 065 de pensiones se logró jubilar en total a 111.000 personas.
De esa cantidad mencionada, más de 65.000 aportantes se beneficiaron con el Fondo Solidario para mejorar su renta debido a los bajos pagos realizados.
“El Fondo Solidario benefició al 58% de las personas que se han jubilado con el nuevo sistema”, remarcó Guillén.
Este fondo de recursos es una medida que implementó el Gobierno para incrementar las rentas bajas de los jubilados, y se financia con el aporte de los trabajadores y empleadores.
Aportantes
“Antes de la Ley de Pensiones en 2010 teníamos 1,3 millones de personas que estaban afiliadas al sistema, hoy tenemos 2.130.000 personas afiliadas al sistema de pensiones”, informó Guillén.
De los dos millones, cerca de 187.000 trabajadores por cuenta propia realizan sus aportes al sistema de pensiones para acceder a una jubilación.
“Estas personas confían en el sistema y de forma independiente están aportando para tener una jubilación cuando tengan la edad requerida”, dijo.
El Ministro del área señaló que evalúan el SIP cada cuatro años de forma conjunta con los trabajadores para mejorar la rentabilidad del sistema de pensiones.
Apuntes
Con el reciente acuerdo logrado con los dirigentes de las Centrales Obreras Departamentales, el Gobierno proyecta que se incrementará la cantidad de personas jubiladas.
El Fondo Solidario subió la renta del 58% de los adultos mayores jubilados.
27 septiembre 2017
Experto sugiere fusionar los sistemas jubilatorios
En opinión del experto Alberto Bonadona, luego de 20 años de la reforma de Pensiones en el país, es necesario examinar la posibilidad de fusionar los sistemas vigentes de reparto y de capitalización individual.
Advirtió, en tono de broma, que en Bolivia se jubilan un día antes de que el aportante fallezca por las bajas rentas que le ofrece el sistema de seguridad social a largo plazo.
Dijo que mientras el sistema de reparto se guía por la magia de las leyes, la capitalización individual derivó de creencias economicistas con muchos ídolos y sacerdotes, en una clara referencia a la inviabilidad de sus fundamentos en el largo plazo.
Sostuvo que el sistema de pensiones refleja actualmente la controversia existente entre las bondades del mercado y el rol del Estado, durante una presentación que ofreció la semana pasada en la Universidad Católica, sobre el tema Reforma de Pensiones, Estado y Equidad.
REGÍMENES
En cuanto al régimen de reparto, el sistema conformaba un fondo común con el 10 por ciento de los aportes de los trabajadores, el cual financiaba las rentas de vejez. Acerca de la capitalización individual, esos mismos aportes se acumulan en una cuenta del trabajador. Explicó que en este ámbito lo ideal es que por cada 10 trabajadores activos exista un trabajador pasivo, lo que no es el caso en el país.
DILEMA
El experto aclaró, sin embargo, que en el sistema vigente de pensiones existen afiliados cotizantes y no cotizantes. Los primeros son aquellos que cotizan durante su vida laboral de forma continua (35 años), mientras que los segundos entran y salen de las fuentes laborales, por lo que sus cotizaciones son irregulares.
En opinión de Bonadona, este tema es muy importante a la hora de diseñar el sistema jubilatorio y advirtió que los datos oficiales se mantienen a menudo en reserva, en la misma autoridad reguladora que demandó mayor transparencia a las entidades estatales.
Dijo que en ambos casos se propugna que al final de la vida laboral de una persona pueda acceder a una “pensión digna”, “lo que seguramente muy pocos podrían definir este término de manera satisfactoria”, indicó.
PIRÁMIDE
Al utilizar una pirámide sobre la demografía del país, Bonadona encontró que para 2050 si bien Bolivia acusará desde ahora y en los siguientes 33 años un creciente aumento de la fuerza laboral (bono demográfico), sin embargo la población comenzará a prolongar su longevidad. La esperanza de vida promedio en Bolivia para las mujeres es al momento de 71 años, mientras que para los hombres es de 66 años.
El experto del Banco Mundial Marcio Cruz dijo el año pasado que Bolivia se encontraba –al igual que muchos países africanos– en los albores del bono demográfico, es decir que la población en edad laboral seguirá creciendo en las siguientes décadas hasta decaer a mediados de siglo.
Cruz señaló que la fuerza laboral representa uno de las mayores oportunidades para el país, dado que su aporte puede ser crucial para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida en Bolivia.
ADULTOS
Hacia 1950, la población adulta representaba el 3.6 por ciento de la fuerza laboral, lo que constituía el mejor escenario para el sistema de reparto, sostuvo, mientras que al presente representa 6.3 por ciento. La proyección hacia el año 2050 es que se duplique hasta alcanzar 15 por ciento.
DEPENDENCIA DE GESTORA PÚBLICA
El Gobierno, ante la imposibilidad técnica de asumir funciones postergó 18 meses las operaciones de la futura Gestora Pública, cuyos problemas tienen que ver con la incompatibilidad del sistema informático de las dos administradoras con el sistema de base de datos adquirido por las autoridades.
Al respecto, el analista en Pensiones, Alberto Bonadona, sostuvo que con la puesta en operaciones de la Gestora Pública, “no pasará nada”, refiriéndose al sistema informático. Explicó que las autoridades hicieron lo más difícil al comprar un sistema nuevo, cuando era más práctico la transferencia de la base de datos de las dos AFP, es decir, toda la plataforma de la base de datos incluidos los sistemas en operación.
CORRUPCIÓN
Bonadona señaló que en el caso del sistema de reparto era más probable que los administradores se lleven los recursos, lo que denominó la “tragedia de los comunes”.
Sin embargo, en lo que se refiere al sistema de capitalización individual, sostuvo que esto era menos probable que ocurriera, en razón a la función de un ente regulador que estableció ciertas normas como la calificación de riesgo, aunque en Bolivia esa instancia de fiscalización no tiene independencia.
Los recursos que actualmente están en manos de las administradoras de Fondos de Pensiones se situaban a junio pasado en 14.610 millones de dólares.
Advirtió, en tono de broma, que en Bolivia se jubilan un día antes de que el aportante fallezca por las bajas rentas que le ofrece el sistema de seguridad social a largo plazo.
Dijo que mientras el sistema de reparto se guía por la magia de las leyes, la capitalización individual derivó de creencias economicistas con muchos ídolos y sacerdotes, en una clara referencia a la inviabilidad de sus fundamentos en el largo plazo.
Sostuvo que el sistema de pensiones refleja actualmente la controversia existente entre las bondades del mercado y el rol del Estado, durante una presentación que ofreció la semana pasada en la Universidad Católica, sobre el tema Reforma de Pensiones, Estado y Equidad.
REGÍMENES
En cuanto al régimen de reparto, el sistema conformaba un fondo común con el 10 por ciento de los aportes de los trabajadores, el cual financiaba las rentas de vejez. Acerca de la capitalización individual, esos mismos aportes se acumulan en una cuenta del trabajador. Explicó que en este ámbito lo ideal es que por cada 10 trabajadores activos exista un trabajador pasivo, lo que no es el caso en el país.
DILEMA
El experto aclaró, sin embargo, que en el sistema vigente de pensiones existen afiliados cotizantes y no cotizantes. Los primeros son aquellos que cotizan durante su vida laboral de forma continua (35 años), mientras que los segundos entran y salen de las fuentes laborales, por lo que sus cotizaciones son irregulares.
En opinión de Bonadona, este tema es muy importante a la hora de diseñar el sistema jubilatorio y advirtió que los datos oficiales se mantienen a menudo en reserva, en la misma autoridad reguladora que demandó mayor transparencia a las entidades estatales.
Dijo que en ambos casos se propugna que al final de la vida laboral de una persona pueda acceder a una “pensión digna”, “lo que seguramente muy pocos podrían definir este término de manera satisfactoria”, indicó.
PIRÁMIDE
Al utilizar una pirámide sobre la demografía del país, Bonadona encontró que para 2050 si bien Bolivia acusará desde ahora y en los siguientes 33 años un creciente aumento de la fuerza laboral (bono demográfico), sin embargo la población comenzará a prolongar su longevidad. La esperanza de vida promedio en Bolivia para las mujeres es al momento de 71 años, mientras que para los hombres es de 66 años.
El experto del Banco Mundial Marcio Cruz dijo el año pasado que Bolivia se encontraba –al igual que muchos países africanos– en los albores del bono demográfico, es decir que la población en edad laboral seguirá creciendo en las siguientes décadas hasta decaer a mediados de siglo.
Cruz señaló que la fuerza laboral representa uno de las mayores oportunidades para el país, dado que su aporte puede ser crucial para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida en Bolivia.
ADULTOS
Hacia 1950, la población adulta representaba el 3.6 por ciento de la fuerza laboral, lo que constituía el mejor escenario para el sistema de reparto, sostuvo, mientras que al presente representa 6.3 por ciento. La proyección hacia el año 2050 es que se duplique hasta alcanzar 15 por ciento.
DEPENDENCIA DE GESTORA PÚBLICA
El Gobierno, ante la imposibilidad técnica de asumir funciones postergó 18 meses las operaciones de la futura Gestora Pública, cuyos problemas tienen que ver con la incompatibilidad del sistema informático de las dos administradoras con el sistema de base de datos adquirido por las autoridades.
Al respecto, el analista en Pensiones, Alberto Bonadona, sostuvo que con la puesta en operaciones de la Gestora Pública, “no pasará nada”, refiriéndose al sistema informático. Explicó que las autoridades hicieron lo más difícil al comprar un sistema nuevo, cuando era más práctico la transferencia de la base de datos de las dos AFP, es decir, toda la plataforma de la base de datos incluidos los sistemas en operación.
CORRUPCIÓN
Bonadona señaló que en el caso del sistema de reparto era más probable que los administradores se lleven los recursos, lo que denominó la “tragedia de los comunes”.
Sin embargo, en lo que se refiere al sistema de capitalización individual, sostuvo que esto era menos probable que ocurriera, en razón a la función de un ente regulador que estableció ciertas normas como la calificación de riesgo, aunque en Bolivia esa instancia de fiscalización no tiene independencia.
Los recursos que actualmente están en manos de las administradoras de Fondos de Pensiones se situaban a junio pasado en 14.610 millones de dólares.
26 septiembre 2017
La gestora pública administrará la renta Dignidad desde 2018
Desde el 2 de enero de 2018, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se hará cargo del pago de la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales a los más de 900.000 beneficiarios en el país. El Órgano Ejecutivo decidió transferir su administración que está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
“Ya ha pasado un año de la administración de la APS y como la gestora ya está constituida, la APS traspasará en su totalidad activos y pasivos, para que empiece a administrar este pago a partir de enero, en todos los puntos donde está pagando la APS”, informó el ministro de Economía, Mario Guillén.
La transferencia se establece en el Decreto Supremo (DS) 3333 aprobado el 20 de septiembre por el gabinete ministerial.
Guillén recordó que cuando se inició el pago (de un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH) se contrató a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Luego se adjudica a La Vitalicia. Tras la creación de la gestora, se establece que la entidad estatal se haga cargo, pero antes la APS toma el control de la administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, que se paga a todas las personas mayores de 60 años.
El DS 3333 señala que la gestora se financiará con recursos de la comisión por el servicio de administracion del fondo de la renta Universal de Vejez, por la administración de base de datos de beneficiarios, gestión y el pago de la renta y gastos funerarios.
La mirada analítica
Alberto Bonadona, exinterventor del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), sostuvo que la gestora pública empieza con la parte más sencilla y que a su criterio es para justificar su creación. “Este bono tranquilamente se podría pagar usando la tecnología de los telé-fonos móviles, no es un trabajo complejo”, sostuvo.
A su vez, Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, señaló este es el primer paso de la gestora para demostrar si es idónea, por lo que solo resta esperar cómo será su desempeño.
20 septiembre 2017
La Gestora Pública funcionará recién el 2019
El ministro de Economía, Mario Guillén, informó la mañana de este miércoles, que el Gabinete Ministerial aprobó un decreto supremo para dar otro plazo más a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, para que empiece su funcionamiento recién en marzo de 2019.
"Esta mañana, hemos aprobado el decreto donde hemos dado un plazo de hasta 18 meses más a la Gestora, para que en ese plazo, se proceda hacer toda la migración de datos. Nosotros esperamos que antes de los 18 meses podamos concluirlo", manifestó Guillén al salir de Palacio de Gobierno, donde se reunió con el presidente Evo Morales y el gabinete en pleno.
La gestora debió haber empezado su funcionamiento este mes de septiembre.
08 septiembre 2017
El Gobierno evaluará migración de las AFP a la Gestora Estatal
Cuando faltan nueve días para que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tome la posta de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y se haga cargo de más de $us 14.000 millones, el Gobierno mantendrá una reunión para evaluar el proceso de migración técnica de las AFP a la Gestora, que deberá administrar el dinero de dos millones de aportantes.
“El ministro (de Economía, Mario Guillén) y el gerente (de la Gestora, Rodrigo Arce) tienen una reunión esta semana para evaluar cómo va este proceso de migración muy delicado. Grave sería que el día de mañana alguno de nosotros no tenga sus aportes o no se puedan pagar las pensiones a los jubilados. Luego de evaluar esta migración, se tomará una decisión. Todo dependerá de la información que tengan”, declaró el viceministro de Pensiones, Óscar Ferrufino.
Hasta el 31 de enero de 2017, según información de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) en su página web, La Paz cuenta con 659.807 aportantes, le sigue Santa Cruz, con 659.418 y en tercer lugar está Cochabamba, con 312.379.
Antecedentes
La Ley 065 (de Servicios Financieros) crea la Gestora estatal. Según el Decreto Supremo (DS) 2248, la entidad debía funcionar en junio de 2016.
Pero el Órgano Ejecutivo decidió postergar su inicio para mediados de septiembre de este año, con el DS 2802, justificando que “se requiere un plazo adicional” para completar tareas del cronograma.
En julio se denunció la contratación de un consultor por un plazo de 24 meses, con un pago de Bs 2,5 millones, que en una primera fase deberá elaborar las especificaciones técnicas para la implementación del software y hardware de la Gestora, donde se traspasaría la información que manejan las AFP. Desde ese entonces, las autoridades del Ministerio de Economía no han dado a conocer otra información al respecto. Hasta ayer.
Medidas y otras dudas
El analista económico Armando Álvarez señaló que las autoridades del Gobierno debieron haber tomado precauciones para no seguir aplazando el inicio de estas actividades.
“Pero parece que no es el caso y se requiere de más tiempo para poder migrar toda la información. La premisa es que ese paso se lo haga muy bien”, dijo Álvarez.
El analista Julio Alvarado lamentó que se sigan generando dudas en la función de la entidad y aconsejó que no solo se debería postergar el proceso de migración, sino mantener el actual sistema de AFP.
Preocupación
Entre tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) pide una reunión urgente, donde quieren explicaciones sobre lo que está sucediendo con la migración y los recursos de los afiliados.
“Estamos preocupados. Hemos enviado una nota de emergencia al ministro Guillén para reunirnos. No nos están dando información. El ministerio está poniendo trabas”, dijo el secretario de Finanzas de la COB, Óscar Tapia.
Gobierno anuncia incremento de rentas hasta en Bs 1.000
El presidente Evo Morales, representantes de diferentes sindicatos de trabajadores asalariados y organizaciones sociales, afines al MAS, suscribieron ayer un acuerdo para modificar la Ley de Pensiones e incrementar la renta solidaria de los jubilados del país hasta en Bs 1.000.
La propuesta será enviada al Legislativo el lunes. En una conferencia de prensa, Morales dijo que las modificaciones de esa norma serán enviadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación y posterior aplicación.
“Ya está aprobado (las modificaciones), por tanto, el Ministro de Economía el día lunes está enviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional y esperamos que máximo en dos o tres semanas pueda estar aprobando y quizá conjuntamente promulgando esta nueva Ley de Pensiones”, puntualizó el jefe de Estado.
Morales dijo que esas modificaciones a la Ley de Pensiones se elaboraron a solicitud de los trabajadores asalariados del país y sotuvo que se acordaron los nuevos niveles de pensiones “cuidando la economía y garantizando la sostenibilidad”.
Morales suscribió ese acuerdo con representantes de las confederaciones de mineros, fabriles, maestros rurales, petroleros, constructores, ferroviarios y de Luz y Fuerza, entre otros.
CAMBIOS
El proyecto pretende modificar los artículos 17 y 131 de la Ley de Pensiones y, según el mandatario, “tendrá una sostenibilidad de 28 años”.
El Jefe de Estado explicó que se acordó el incremento a la Escala de los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez para todos los sectores y el sector minero metalúrgico.
El acuerdo establece que con 20 años de aportes en el “límite superior” la renta se incrementará de 1.660 a 2.000 bolivianos, con 25 años de 2.290 a 2.630, con 30 años de 2.700 a 3.330 y con 35 años de contribuciones de 3.200 a 4.200 bolivianos.
En el “límite inferior”, se estableció un incremento de la renta de 950 a 1.090 bolivianos con 20 años, de 1.200 a 1.360 con 25 años, de 1.300 a 1.480 con 35 años y de 1.400 a 1.600 bolivianos con 35 años de aportes.
En cuanto al límite minero superior, ese acuerdo establece que con 20 años de aportes, la renta se incrementará de 2.820 a 3.240, con 25 años de 3.290 a 4.000 y con 30 y 35 años de contribuciones de 4.000 a 5.000 bolivianos.
La propuesta será enviada al Legislativo el lunes. En una conferencia de prensa, Morales dijo que las modificaciones de esa norma serán enviadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación y posterior aplicación.
“Ya está aprobado (las modificaciones), por tanto, el Ministro de Economía el día lunes está enviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional y esperamos que máximo en dos o tres semanas pueda estar aprobando y quizá conjuntamente promulgando esta nueva Ley de Pensiones”, puntualizó el jefe de Estado.
Morales dijo que esas modificaciones a la Ley de Pensiones se elaboraron a solicitud de los trabajadores asalariados del país y sotuvo que se acordaron los nuevos niveles de pensiones “cuidando la economía y garantizando la sostenibilidad”.
Morales suscribió ese acuerdo con representantes de las confederaciones de mineros, fabriles, maestros rurales, petroleros, constructores, ferroviarios y de Luz y Fuerza, entre otros.
CAMBIOS
El proyecto pretende modificar los artículos 17 y 131 de la Ley de Pensiones y, según el mandatario, “tendrá una sostenibilidad de 28 años”.
El Jefe de Estado explicó que se acordó el incremento a la Escala de los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez para todos los sectores y el sector minero metalúrgico.
El acuerdo establece que con 20 años de aportes en el “límite superior” la renta se incrementará de 1.660 a 2.000 bolivianos, con 25 años de 2.290 a 2.630, con 30 años de 2.700 a 3.330 y con 35 años de contribuciones de 3.200 a 4.200 bolivianos.
En el “límite inferior”, se estableció un incremento de la renta de 950 a 1.090 bolivianos con 20 años, de 1.200 a 1.360 con 25 años, de 1.300 a 1.480 con 35 años y de 1.400 a 1.600 bolivianos con 35 años de aportes.
En cuanto al límite minero superior, ese acuerdo establece que con 20 años de aportes, la renta se incrementará de 2.820 a 3.240, con 25 años de 3.290 a 4.000 y con 30 y 35 años de contribuciones de 4.000 a 5.000 bolivianos.
08 febrero 2017
¿Qué garantiza que $us 150 millones vuelvan a Pensiones?
Destinar al agro los recursos del fondo de pensiones? ¿Qué garantiza que 150 millones de dólares vuelvan a su origen? ¿Quién se responsabilizará de esta devolución?
Éstas y otras preguntas son formuladas por analistas políticos, jubilados y otros sectores que expresan, de este modo, sus dudas sobre la seguridad de esta propuesta.
A mediados de enero, el Gobierno anunció la creación de un Fondo de Inversión Cerrado para los Pequeños y Medianos Productores agropecuarios, a través de créditos que serían erogados de los recursos del fondo de pensiones, hecho que provocó descontento y dudas en cuanto al uso de este dinero.
El monto destinado a los créditos asciende a por lo menos 150 millones de dólares que corresponde al 1 por ciento del total del fondo de pensiones.
Analistas económicos consultados por este medio opinan que no es saludable ni recomendable hacer uso de recursos del Fondo de Pensiones, porque éstos son propiedad de los trabajadores y no del Estado. Además, señalan que hubo experiencias similares en países como Argentina, donde se dispusieron esos recursos sin lograr su reposición, lo que comprometió seriamente la jubilación de los trabajadores. Por ello, recomiendan buscar una administración independiente.
El economista Alberto Bonadona cuestiona por qué el Gobierno acude al Fondo de Pensiones cuando existen otros recursos que podrían aplicarse, como los de la banca, que ofrecen intereses más atractivos que los que ofrece el Gobierno en esta propuesta. "Y uno empieza a sospechar por qué razón tienen que ofrecer una tasa más alta, del 7 y el 9 por ciento, cuando los créditos productivos están diseñados, en la banca, para hacer este tipo de préstamos con tasas más convenientes. Ahí es donde uno empieza sospechar, ahí debe haber un daño adicional porque se espera tal vez no pagar", explica.
Uno de los aspectos más cuestionados es la garantía que podría existir en este tipo de créditos si se toma en cuenta que el sector de agro está a expensas de posibles desastres naturales que podrían impedir que el dinero retorne al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
A esto se suma la preocupación del sector de los jubilados del nuevo Sistema de Pensiones, expresada por su representante Carlos Quiroga Blanco, quien recalca que el Gobierno no puede usar dinero ajeno para hacer inversiones y llevarse los intereses al Tesoro General del Estado. Además, califica este hecho como un robo o confiscación de los recursos de los trabajadores con la finalidad de tener presencia política en Santa Cruz.
La postura de la Central Obrera Boliviana (COB) al respecto, tras una reunión fallida con el Gobierno, es la del rechazo a esta propuesta debido a que la explicación técnica no logró despejar las dudas de los trabajadores, quienes enfatizaron que no existen garantías reales de ese sector para la devolución de los recursos. Así lo señala el ejecutivo de la COB, Guido Mitma.
Ante esta postura, el representante de la Federación de Fabriles en Cochabamba, Mario Céspedes, lamenta que la normativa que permite el uso de estos recursos haya sido aprobada por la dirigencia del sector en gestiones pasadas.
"Fue cuando Pedro Montes era ejecutivo de la COB y Guido Mitma ejecutivo de la Federación de los Mineros de Bolivia. Lo aprobaron acá en Cochabamba. Con qué moral va a reclamar Guido Mitma si él ha aprobado", deplora Céspedes, quien señala que su gremio buscará, a través de la Confederación de Fabriles de Bolivia, ser parte de la fiscalización de estos recursos con el fin de defender y garantizar su jubilación.
Después de todos estos cuestionamientos y algunas reuniones fallidas con la dirigencia de la COB en La Paz, el Gobierno menciona que existen las garantías para la dotación de créditos al sector del agro.
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señala que no es la primera vez que se hace este tipo de inversiones con el sector del agro y que el objetivo del mismo es mejorar las pensiones de los jubilados. Por ello, aseguró que existen las condiciones y garantías para realizar estos créditos sin poner en riesgo a las siguientes generaciones de trabajadores que se jubilarán.
MINISTRO AFIRMA QUE EXISTEN CONDICIONES Y GARANTÍAS
Gobierno ofrece tres mecanismos de garantía
El Ministerio de Economía asegura que la propuesta de créditos para el agro con el Fondo de Pensiones de los trabajadores busca mejorar las rentas de los jubilados y obtener una mejor rentabilidad por la inversión de estos recursos.
En cuestionario respondido por escrito a este medio, el ministro del área, Luis Arce Catacora, ratifica la postura gubernamental de constituir un Fondo de Inversión Cerrado (FIC) para pequeños y medianos productores agropecuarios por varias razones, entre ellas que las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se hallan con rendimientos inferiores a los deseados por los aportantes del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Otra de las razones mencionadas por el Ministro es la necesidad de mejorar la jubilación, a través de nuevas opciones de inversión que incrementen su rentabilidad.
Estos recursos, explica el Ministro, no irán destinados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ni la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), como alertaron algunos sectores. "Son inversiones para pequeños y medianos productores agropecuarios, que tienen, entre sus principales objetivos, ampliar la frontera agrícola", asegura.
Con respecto a las garantías que pueda brindar el sector agropecuario beneficiario para prever cualquier riesgo en la estabilidad de los fondos, el Ministerio menciona los siguientes mecanismos de cobertura: "El 30 por ciento estará garantizado por una empresa agroindustrial con la que el productor establezca un contrato de venta de su producción. Otro 30 por ciento estará garantizado por los Fondos de Garantía para el sector productivo creados con el 6 por ciento de las utilidades de los bancos y el restante 40 por ciento estará cubierto con los rendimientos que generen las inversiones en valores de oferta pública realizadas con los 50 millones de dólares restantes".
En cuanto a cómo se calificarán los riesgos, el Ministro asevera que los Fondos de Inversión también permiten incorporar mecanismos que cubran y mitiguen los riesgos para garantizar la devolución del capital invertido.
El Ministro informa que SAFI Unión conformará un comité de inversiones que se encargará de realizar la evaluación crediticia a quienes soliciten el crédito.
En ese sentido, inversiones de este tipo ya se realizaron por las Administradoras de Fondo Pensiones (AFP) hacia el sector agropecuario con un monto cercano a 425 millones de dólares. De este monto, un aproximado de 159 millones de dólares fueron orientados a pequeñas y medianas empresas, como Propyme, Pyme II y Pyme Progreso con un Fondo de Inversión Cerrado y renta Activa Pyme con un Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado.
Mecanismos
i) Garantía de los Agroindustriales.
ii) Garantía de los Fondos de Garantía para el Sector Productivo.
iii) Los rendimientos que generen los recursos del Fondo que no se presten a los productores.
ANALISTA
Alberto Bonadona, analista económico
Se espera que se favorezca a los sectores más poderosos, o sea a los grandes agricultores. Yo creo que ésta es la primera duda que debería responder el Gobierno. Sería un perjuicio al final para los afiliados a la AFP. Una razón fundamental para esto es que no hay una calificación de riesgo, que es obligatoria para todo tipo de actividad que se hace en las AFP.
En este caso, se hace una exención que fue absolutamente inconsulta, o sea a los dueños de estos recursos no se les ha preguntado que van a utilizar sus recursos que llegan hasta el 5 por ciento. Si bien han empezado con el 1 y llegarán hasta el 5 por ciento, eso no han consultado.
¿Por qué se exige la calificación de riesgo? Para asegurar a los afiliados que van a recibir pensión. Al no dar esta calificación, se pone en riesgo precisamente al pago de pensiones de los afiliados, entonces pienso que ahí están dos situaciones que son graves.
JUBILADOS
Carlos Quiroga Blanco, presidente Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema
Hemos manifestado que no vamos a permitir que el Gobierno utilice de forma absolutamente arbitraria 150 millones de dólares como préstamo al sector agrícola y particularmente a la CAO y a la Cainco de Santa Cruz. Primero porque (el Gobierno) no puede echar mano de los fondos que los trabajadores han ahorrado durante toda su vida para su jubilación y dar un préstamos sin certificación de riesgo. Por lo tanto, pensamos que no le interesa al Gobierno si pagan o no pagan. Segundo, que sean recursos de los trabajadores que van a ir a alimentar a los sectores más oligárquicos de Bolivia, que son precisamente los grandes productores de Santa Cruz.
Apoyamos la posición que hasta el momento ha adquirido la COB de decir no, pero sin embargo rechazamos y le vamos a hacer doblar la mano al señor Ministro que ha dicho que sí o sí, grite quien grite, van a utilizar nuestros recursos para financiar a la CAO y a la Cainco.
COB
Guido Mitma, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)
No estamos diciendo desde la COB que los fondos no se vayan a prestar. Más al contrario, hay que cumplir con la ley 065 y el artículo 140. Lo que pasa es que los trabajadores hemos observado que el crédito sea para el sector del agro. No queremos que mañana pasado busquen argumentos echando la culpa a la madre naturaleza, ya sea el diluvio, las plagas, la sequía entre otros. Eso es lo que no garantiza la devolución del aporte de los trabajadores.
Por eso, hemos manifestado que se vaya a conseguir otra propuesta, hay que seguir con los préstamos, hay que seguir con las tasas de interés también, porque para eso son los fondos de los trabajadores, pero no exclusivamente a un sector vulnerable, como es el agro. Por eso se ha llegado a rechazar (este crédito) porque deja susceptible el tema de la jubilación. Incluso se ha llegado a manifestar que hay bancas estatales que podrían prestarles ese dinero.
FABRILES
Mario Céspedes, ejecutivo de la Federación Departamental de Fabriles
No se puede jugar con la plata de los aportes, porque si nosotros aportamos es para nuestra vejez, para que mañana tengamos una renta digna, porque no habrá quién nos regale un boliviano. Entonces, no se puede tocar ese dinero.
El Gobierno no puede tocar cosa ajena y sin garantías. Si esto se ha designado al agro, ellos deberían sacar créditos del banco, y ¿por qué ellos no les dan créditos? Es porque saben que no le pueden pedir garantía a Tarzán si no tiene ropa. Entonces, es lo mismo. Esto debería ser consensuado porque es mi plata, mi aporte y mi sacrificio. Lo único que queremos es garantías. No queremos que pase lo que pasó con otros Gobiernos.
Por ejemplo, la garantía es que el dinero pueda retornar. Ahora, qué garantías hubiese si mañana el agro va a utilizar esos fondos y si por ahí va a ver una desgracia natural, como una sequía u otra cosa, y nosotros en qué quedamos.
GOBIERNO
Luis Arce, ministro de Economía y Finanzas
Esta propuesta se ampara en el artículo 140, de la Ley N° 065, de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, primera norma consensuada con la dirigencia de la COB y que, históricamente, fue promulgada en la sede de dicha entidad matriz de los trabajadores del país.
Los beneficiarios de los créditos no serán la CAO ni la Cainco, sino los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos, como el maíz, soya, arroz, etc., previo cumplimiento de algunas condiciones.
El sector agropecuario, a diciembre de 2016, tiene una mora de 0,96 por ciento en el sistema financiero, menor a los datos de la mora registrada en los sectores de comercio y servicios de 2,35 y 2 por ciento respectivamente, es decir, la cartera de créditos otorgada al sector agropecuario tiene un menor riesgo de incumplimiento de pago en comparación a otros sectores, contrariamente al argumento de ciertos opinadores.
Éstas y otras preguntas son formuladas por analistas políticos, jubilados y otros sectores que expresan, de este modo, sus dudas sobre la seguridad de esta propuesta.
A mediados de enero, el Gobierno anunció la creación de un Fondo de Inversión Cerrado para los Pequeños y Medianos Productores agropecuarios, a través de créditos que serían erogados de los recursos del fondo de pensiones, hecho que provocó descontento y dudas en cuanto al uso de este dinero.
El monto destinado a los créditos asciende a por lo menos 150 millones de dólares que corresponde al 1 por ciento del total del fondo de pensiones.
Analistas económicos consultados por este medio opinan que no es saludable ni recomendable hacer uso de recursos del Fondo de Pensiones, porque éstos son propiedad de los trabajadores y no del Estado. Además, señalan que hubo experiencias similares en países como Argentina, donde se dispusieron esos recursos sin lograr su reposición, lo que comprometió seriamente la jubilación de los trabajadores. Por ello, recomiendan buscar una administración independiente.
El economista Alberto Bonadona cuestiona por qué el Gobierno acude al Fondo de Pensiones cuando existen otros recursos que podrían aplicarse, como los de la banca, que ofrecen intereses más atractivos que los que ofrece el Gobierno en esta propuesta. "Y uno empieza a sospechar por qué razón tienen que ofrecer una tasa más alta, del 7 y el 9 por ciento, cuando los créditos productivos están diseñados, en la banca, para hacer este tipo de préstamos con tasas más convenientes. Ahí es donde uno empieza sospechar, ahí debe haber un daño adicional porque se espera tal vez no pagar", explica.
Uno de los aspectos más cuestionados es la garantía que podría existir en este tipo de créditos si se toma en cuenta que el sector de agro está a expensas de posibles desastres naturales que podrían impedir que el dinero retorne al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
A esto se suma la preocupación del sector de los jubilados del nuevo Sistema de Pensiones, expresada por su representante Carlos Quiroga Blanco, quien recalca que el Gobierno no puede usar dinero ajeno para hacer inversiones y llevarse los intereses al Tesoro General del Estado. Además, califica este hecho como un robo o confiscación de los recursos de los trabajadores con la finalidad de tener presencia política en Santa Cruz.
La postura de la Central Obrera Boliviana (COB) al respecto, tras una reunión fallida con el Gobierno, es la del rechazo a esta propuesta debido a que la explicación técnica no logró despejar las dudas de los trabajadores, quienes enfatizaron que no existen garantías reales de ese sector para la devolución de los recursos. Así lo señala el ejecutivo de la COB, Guido Mitma.
Ante esta postura, el representante de la Federación de Fabriles en Cochabamba, Mario Céspedes, lamenta que la normativa que permite el uso de estos recursos haya sido aprobada por la dirigencia del sector en gestiones pasadas.
"Fue cuando Pedro Montes era ejecutivo de la COB y Guido Mitma ejecutivo de la Federación de los Mineros de Bolivia. Lo aprobaron acá en Cochabamba. Con qué moral va a reclamar Guido Mitma si él ha aprobado", deplora Céspedes, quien señala que su gremio buscará, a través de la Confederación de Fabriles de Bolivia, ser parte de la fiscalización de estos recursos con el fin de defender y garantizar su jubilación.
Después de todos estos cuestionamientos y algunas reuniones fallidas con la dirigencia de la COB en La Paz, el Gobierno menciona que existen las garantías para la dotación de créditos al sector del agro.
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señala que no es la primera vez que se hace este tipo de inversiones con el sector del agro y que el objetivo del mismo es mejorar las pensiones de los jubilados. Por ello, aseguró que existen las condiciones y garantías para realizar estos créditos sin poner en riesgo a las siguientes generaciones de trabajadores que se jubilarán.
MINISTRO AFIRMA QUE EXISTEN CONDICIONES Y GARANTÍAS
Gobierno ofrece tres mecanismos de garantía
El Ministerio de Economía asegura que la propuesta de créditos para el agro con el Fondo de Pensiones de los trabajadores busca mejorar las rentas de los jubilados y obtener una mejor rentabilidad por la inversión de estos recursos.
En cuestionario respondido por escrito a este medio, el ministro del área, Luis Arce Catacora, ratifica la postura gubernamental de constituir un Fondo de Inversión Cerrado (FIC) para pequeños y medianos productores agropecuarios por varias razones, entre ellas que las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se hallan con rendimientos inferiores a los deseados por los aportantes del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Otra de las razones mencionadas por el Ministro es la necesidad de mejorar la jubilación, a través de nuevas opciones de inversión que incrementen su rentabilidad.
Estos recursos, explica el Ministro, no irán destinados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ni la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), como alertaron algunos sectores. "Son inversiones para pequeños y medianos productores agropecuarios, que tienen, entre sus principales objetivos, ampliar la frontera agrícola", asegura.
Con respecto a las garantías que pueda brindar el sector agropecuario beneficiario para prever cualquier riesgo en la estabilidad de los fondos, el Ministerio menciona los siguientes mecanismos de cobertura: "El 30 por ciento estará garantizado por una empresa agroindustrial con la que el productor establezca un contrato de venta de su producción. Otro 30 por ciento estará garantizado por los Fondos de Garantía para el sector productivo creados con el 6 por ciento de las utilidades de los bancos y el restante 40 por ciento estará cubierto con los rendimientos que generen las inversiones en valores de oferta pública realizadas con los 50 millones de dólares restantes".
En cuanto a cómo se calificarán los riesgos, el Ministro asevera que los Fondos de Inversión también permiten incorporar mecanismos que cubran y mitiguen los riesgos para garantizar la devolución del capital invertido.
El Ministro informa que SAFI Unión conformará un comité de inversiones que se encargará de realizar la evaluación crediticia a quienes soliciten el crédito.
En ese sentido, inversiones de este tipo ya se realizaron por las Administradoras de Fondo Pensiones (AFP) hacia el sector agropecuario con un monto cercano a 425 millones de dólares. De este monto, un aproximado de 159 millones de dólares fueron orientados a pequeñas y medianas empresas, como Propyme, Pyme II y Pyme Progreso con un Fondo de Inversión Cerrado y renta Activa Pyme con un Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado.
Mecanismos
i) Garantía de los Agroindustriales.
ii) Garantía de los Fondos de Garantía para el Sector Productivo.
iii) Los rendimientos que generen los recursos del Fondo que no se presten a los productores.
ANALISTA
Alberto Bonadona, analista económico
Se espera que se favorezca a los sectores más poderosos, o sea a los grandes agricultores. Yo creo que ésta es la primera duda que debería responder el Gobierno. Sería un perjuicio al final para los afiliados a la AFP. Una razón fundamental para esto es que no hay una calificación de riesgo, que es obligatoria para todo tipo de actividad que se hace en las AFP.
En este caso, se hace una exención que fue absolutamente inconsulta, o sea a los dueños de estos recursos no se les ha preguntado que van a utilizar sus recursos que llegan hasta el 5 por ciento. Si bien han empezado con el 1 y llegarán hasta el 5 por ciento, eso no han consultado.
¿Por qué se exige la calificación de riesgo? Para asegurar a los afiliados que van a recibir pensión. Al no dar esta calificación, se pone en riesgo precisamente al pago de pensiones de los afiliados, entonces pienso que ahí están dos situaciones que son graves.
JUBILADOS
Carlos Quiroga Blanco, presidente Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema
Hemos manifestado que no vamos a permitir que el Gobierno utilice de forma absolutamente arbitraria 150 millones de dólares como préstamo al sector agrícola y particularmente a la CAO y a la Cainco de Santa Cruz. Primero porque (el Gobierno) no puede echar mano de los fondos que los trabajadores han ahorrado durante toda su vida para su jubilación y dar un préstamos sin certificación de riesgo. Por lo tanto, pensamos que no le interesa al Gobierno si pagan o no pagan. Segundo, que sean recursos de los trabajadores que van a ir a alimentar a los sectores más oligárquicos de Bolivia, que son precisamente los grandes productores de Santa Cruz.
Apoyamos la posición que hasta el momento ha adquirido la COB de decir no, pero sin embargo rechazamos y le vamos a hacer doblar la mano al señor Ministro que ha dicho que sí o sí, grite quien grite, van a utilizar nuestros recursos para financiar a la CAO y a la Cainco.
COB
Guido Mitma, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)
No estamos diciendo desde la COB que los fondos no se vayan a prestar. Más al contrario, hay que cumplir con la ley 065 y el artículo 140. Lo que pasa es que los trabajadores hemos observado que el crédito sea para el sector del agro. No queremos que mañana pasado busquen argumentos echando la culpa a la madre naturaleza, ya sea el diluvio, las plagas, la sequía entre otros. Eso es lo que no garantiza la devolución del aporte de los trabajadores.
Por eso, hemos manifestado que se vaya a conseguir otra propuesta, hay que seguir con los préstamos, hay que seguir con las tasas de interés también, porque para eso son los fondos de los trabajadores, pero no exclusivamente a un sector vulnerable, como es el agro. Por eso se ha llegado a rechazar (este crédito) porque deja susceptible el tema de la jubilación. Incluso se ha llegado a manifestar que hay bancas estatales que podrían prestarles ese dinero.
FABRILES
Mario Céspedes, ejecutivo de la Federación Departamental de Fabriles
No se puede jugar con la plata de los aportes, porque si nosotros aportamos es para nuestra vejez, para que mañana tengamos una renta digna, porque no habrá quién nos regale un boliviano. Entonces, no se puede tocar ese dinero.
El Gobierno no puede tocar cosa ajena y sin garantías. Si esto se ha designado al agro, ellos deberían sacar créditos del banco, y ¿por qué ellos no les dan créditos? Es porque saben que no le pueden pedir garantía a Tarzán si no tiene ropa. Entonces, es lo mismo. Esto debería ser consensuado porque es mi plata, mi aporte y mi sacrificio. Lo único que queremos es garantías. No queremos que pase lo que pasó con otros Gobiernos.
Por ejemplo, la garantía es que el dinero pueda retornar. Ahora, qué garantías hubiese si mañana el agro va a utilizar esos fondos y si por ahí va a ver una desgracia natural, como una sequía u otra cosa, y nosotros en qué quedamos.
GOBIERNO
Luis Arce, ministro de Economía y Finanzas
Esta propuesta se ampara en el artículo 140, de la Ley N° 065, de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, primera norma consensuada con la dirigencia de la COB y que, históricamente, fue promulgada en la sede de dicha entidad matriz de los trabajadores del país.
Los beneficiarios de los créditos no serán la CAO ni la Cainco, sino los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos, como el maíz, soya, arroz, etc., previo cumplimiento de algunas condiciones.
El sector agropecuario, a diciembre de 2016, tiene una mora de 0,96 por ciento en el sistema financiero, menor a los datos de la mora registrada en los sectores de comercio y servicios de 2,35 y 2 por ciento respectivamente, es decir, la cartera de créditos otorgada al sector agropecuario tiene un menor riesgo de incumplimiento de pago en comparación a otros sectores, contrariamente al argumento de ciertos opinadores.
24 enero 2017
Trabajadores afirman que aportes a las AFP´s son sagrados
Los trabajadores en Oruro sostienen que los aportes individuales para gozar de una renta vitalicia, no pueden ser empleados para otro fin por las autoridades del Gobierno nacional. En ese sentido, anunciaron estar en alerta ante una nueva convocatoria emanada desde la Central Obrera Boliviana (COB) para analizar este aspecto entre otros tópicos actuales de vital importancia.
Según la dirigencia de la COD, el Gobierno tendría la intención de efectuar prestamos a productores ganaderos del oriente utilizando estos recursos, lo que provocó reacciones en los recientes días, señalando que los aportes individuales son sagrados.
"El Gobierno ha mencionado que va a hacer el préstamo respectivo al sector agropecuario, la clase trabajadora no va a permitir este tipo de acciones o manoseos con nuestro dinero, ha habido posiciones de los dirigentes, nosotros podemos aceptar que se use estos recursos, pero para reinvertir en el sector productivo y las empresas", afirmó Edwin Peredo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD).
El ampliado nacional de la COB llevado adelante la pasada semana, resolvió otorgar un plazo al Gobierno nacional hasta el jueves, esperando una respuesta positiva ante esta cuestión, como también a la determinación del tribunal constitucional por los preavisos laborales, y el conflicto en la Caja Nacional de Salud (CNS).
Al cumplimiento del plazo se entiende que se convocará a una nueva concentración de los trabajadores, que será determinante en el propósito de asumir nuevas medidas si las respuestas a las demandas no llegan a ser de satisfacción.
"Se lo ha orientado al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de que primeramente se vaya al diálogo, caso contrario, nosotros tendremos que asumir también todas las resoluciones que llegue de nuestra Central Obrera Boliviana y estar pensando analizar en cada uno de los departamentos", añadió el máximo dirigente de la COD.
Mientras tanto, se pidió a todos los sindicatos afiliados mantener un estado de emergencia ante las determinaciones que puedan hacer conocer las autoridades del estado, en la posibilidad de que sean atentatorias para los trabajadores del país.
Según la dirigencia de la COD, el Gobierno tendría la intención de efectuar prestamos a productores ganaderos del oriente utilizando estos recursos, lo que provocó reacciones en los recientes días, señalando que los aportes individuales son sagrados.
"El Gobierno ha mencionado que va a hacer el préstamo respectivo al sector agropecuario, la clase trabajadora no va a permitir este tipo de acciones o manoseos con nuestro dinero, ha habido posiciones de los dirigentes, nosotros podemos aceptar que se use estos recursos, pero para reinvertir en el sector productivo y las empresas", afirmó Edwin Peredo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD).
El ampliado nacional de la COB llevado adelante la pasada semana, resolvió otorgar un plazo al Gobierno nacional hasta el jueves, esperando una respuesta positiva ante esta cuestión, como también a la determinación del tribunal constitucional por los preavisos laborales, y el conflicto en la Caja Nacional de Salud (CNS).
Al cumplimiento del plazo se entiende que se convocará a una nueva concentración de los trabajadores, que será determinante en el propósito de asumir nuevas medidas si las respuestas a las demandas no llegan a ser de satisfacción.
"Se lo ha orientado al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de que primeramente se vaya al diálogo, caso contrario, nosotros tendremos que asumir también todas las resoluciones que llegue de nuestra Central Obrera Boliviana y estar pensando analizar en cada uno de los departamentos", añadió el máximo dirigente de la COD.
Mientras tanto, se pidió a todos los sindicatos afiliados mantener un estado de emergencia ante las determinaciones que puedan hacer conocer las autoridades del estado, en la posibilidad de que sean atentatorias para los trabajadores del país.
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