El envejecimiento, la informalidad y los cambios tecnológicos son desafíos para mejorar la cobertura, calidad y sostenibilidad fiscal de la protección social en América Latina. El diagnóstico por país, así como recomendaciones de políticas para enfrentar esos desafíos, son abordados en el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo de CAF -banco de desarrollo de América Latina.
(Ciudad de México, 03 de noviembre de 2020). En la actualidad, en América Latina más de 8% de la población tiene 65 años de edad o más, muy por debajo del 18% de Europa. Sin embargo, para 2050, se estima que la cifra se duplicará, hasta alcanzar el 17,5%, y para finales de siglo, superará el 30%. Estos datos se destacan en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020 elaborado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en el que se aborda el envejecimiento como un fenómeno generalizado, acelerado y con una importante incidencia fiscal en la región. El reporte presenta la situación los sistemas de pensiones y los servicios de salud y cuidados, así como los aspectos del mercado de trabajo que condicionan la cobertura y su financiamiento.
El gasto público en pensiones de la región equivale, en promedio, al 4,3% del PIB y el gasto público en salud alcanza el 4,1% del PIB. Para algunos países, como Colombia y Argentina, el crecimiento proyectado del gasto en pensiones y salud en los próximos 40 años podría superar los 6 puntos porcentuales del PIB como resultado del envejecimiento.
“En el RED 2020 proyectamos los efectos que tendrá el envejecimiento en la protección social para el adulto mayor, pero también encontramos que la informalidad es una gran amenaza para la sostenibilidad de esa protección social. Los cálculos realizados sugieren que la informalidad deteriora la base de contribuyentes en valores comparables a los que se producirán como consecuencia del proceso de envejecimiento en los próximos 40 años”, explicó Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.
Entre 2005 y 2018, la informalidad se redujo en la región, con una caída en la proporción de asalariados informales de casi 9 puntos porcentuales. Sin embargo, cerca del 63% de las personas ocupadas de la región, en promedio, trabajan aún en un empleo informal. Este panorama ha sido agravado por la importante destrucción de empleo formal como consecuencia del COVID-19. La pandemia impone desafíos en esta materia, en la medida que el mercado de trabajo no reasigne en trabajos de calidad a los trabajadores que perdieron su empleo y estos se refugien en empleos informales y con bajos salarios.
Otra tendencia global relevante para la protección social es el avance, a diferentes velocidades, en la digitalización y automatización de los procesos productivos. Los avances tecnológicos pueden favorecer la sustitución de trabajadores por máquinas o la digitalización en la realización de tareas rutinarias, aumentar la productividad en tareas no rutinarias y ampliar las oportunidades para la realización de nuevas tareas. Estos avances inciden en la provisión de protección social ya que afectan las trayectorias laborales y la distribución salarial. Por otra parte, el cambio tecnológico puede favorecer el desarrollo de modalidades de trabajo no tradicionales y con diferente propensión a contribuir al sistema de protección social. Un ejemplo de esto son los llamados empleos de plataforma, que según la Encuesta CAF (ECAF) 2019, alcanzan ya a 1 de cada 10 ocupados en las principales ciudades de la región.
Pensiones
Tomando como referencia la tasa de reemplazo promedio para los países de la OCDE, que se ubica en el 59%, los países con regímenes de reparto de la región se ubican en general por encima, y por tanto no presentarían problemas de suficiencia de sus montos. Las tasas de reemplazo de los regímenes de capitalización, en cambio, se ubican bastante por debajo del promedio de la OCDE, lo que apunta a potenciales problemas de suficiencia.
“El diseño de los sistemas de pensiones en la región debería seguir tres líneas generales, que son independientes de si los sistemas tienen una arquitectura de capitalización, de reparto o mixta. Primero, todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente. Segundo, el componente contributivo de las pensiones debe estar equilibrado en términos financieros para ser sostenible. El tercer lineamiento se refiere a aspectos más específicos del diseño de las pensiones con un foco especial en los incentivos para aportar que ofrecen los distintos sistemas para aumentar la cobertura y los aportes”, agregó Sanguinetti.
Salud
Avanzar en una mejor integración de los distintos subsistemas de salud que lleve a reducir la brecha de calidad y prestaciones entre ellos es un desafío para la mayoría de los países de la región. El desarrollo de mecanismos de control de gastos y de uso eficiente de los recursos, las políticas de prevención y el desarrollo de políticas de cuidados son factores fundamentales para mejorar las prestaciones de los servicios de salud y su sostenibilidad fiscal.
En el RED 2020 se destaca que no todo es cuestión de gastar más. Por el contrario, existe un margen significativo para aumentar la eficiencia en el gasto en salud en la mayoría de los países de la región. Los resultados indican que se podría aumentar en promedio 10,6 puntos porcentuales la cobertura efectiva con el mismo gasto. Con una brecha promedio de 13,4 puntos en el índice de cobertura con respecto a la media de la OCDE, eso significa que casi el 80% de dicha brecha podría cerrarse mediante mejoras de eficiencia.
Sostenibilidad fiscal
Una estrategia para lograr reformas exitosas en pos de lograr la sostenibilidad fiscal de los sistemas es adoptar una visión amplia de las políticas y agrupar medidas que permitan tomar en cuenta diferentes dimensiones del sistema de protección social. Según la mencionada ECAF 2019, más del 45% de las personas prefieren reformas que combinen cambios en la edad de retiro, en el nivel de las prestaciones y en las tasas de contribución, a cualquier opción exclusiva. Una fórmula usual en este sentido es combinar elementos que amplíen beneficios con aspectos que mejoren la sostenibilidad financiera, como aumentar marginalmente la edad de retiro. Finalmente, también es importante dotar al Estado de mayor agilidad, transparencia y habilidad para generar y procesar y comunicar la información que haga posible formular e implementar las políticas efectivas de protección social.
“En definitiva, se deben implementar políticas para incrementar la formalidad laboral, aumentar la recaudación impositiva, ampliar la cobertura de las prestaciones de pensiones y salud, y a la vez introducir reformas paramétricas en aquellos regímenes de pensiones contributivas que estén desequilibrados en términos actuariales. En algunos países, la ausencia de espacio fiscal implica que se deberán poner en marcha reformas que necesariamente contengan el gasto”, puntualizó Sanguinetti.
