Dentro de algunas horas más entrará en vigencia el Presupuesto General del Estado de 2025 (PGE) a través de un decreto que será promulgado por el presidente Luis Arce; será el último de su mandato en el poder y entrará en vigencia sin el consenso de la Asamblea Legislativa.
El Presupuesto, que fija las previsiones anuales de la gestión de Gobierno, será ejecutado en un año electoral que marcan al menos siete grandes desafíos para garantizar estabilidad y en medio de fuertes señales de crisis.
1. Bloqueo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional
La falta de aprobación del PGE por parte de la ALP por segundo año consecutivo ha llevado a que el presupuesto entre en vigencia automáticamente por decreto. Este estancamiento refleja la tensión política del país lo que, según el diputado José Luis Porcel (CC), responde a una estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) para evitar el escrutinio público.
Porcel, economista de formación, recordó que el Presupuesto se aprobó en la Comisión con varias observaciones, entre ellas la anulación de varias disposiciones adicionales que no tienen que ver con la naturaleza del presupuesto.
2. Crisis de financiamiento externo
El presidente Arce dijo que Bolivia enfrenta un déficit acumulado de flujo neto de deuda externa de $us 1.222 millones en los últimos dos años. El "bloqueo legislativo" de créditos internacionales, según dijo, que suman $us 1.228 millones, afectó el flujo de divisas y ha reducido la inversión pública, pero especialmente en alcaldías y gobernaciones.
La Fundación Jubileo observó que el PGE haya autorizado préstamos del Banco Central a favor del Ministerio de Economía a través del Tesoro General de la Nación para financiar sus obligaciones de corto plazo que pueden llegar a más de $us 3.000 millones. Esta validación estaba en una de las disposiciones transitorias que, en principio, se anularon en la Comisión de Planificación.
3. Dependencia de importaciones y agotamiento energético
El agotamiento de los campos de gas y la falta de inversión en exploración han incrementado la dependencia de Bolivia de las importaciones de diésel y gasolina. Este déficit energético representa una salida neta de capitales que ha debilitado la balanza comercial del país.
En este contexto, el PGE muestra dos tendencias en el PGE. Por una parte, los gastos corrientes continúan incrementándose —12% más respecto a 2024— y una reducción 5,8% de la inversión pública. A esto se suma, la subvención a hidrocarburos que llegará a Bs 15.156 millones, aproximadamente, 50% más que el presupuesto 2024, según Jubileo.
4. Presiones inflacionarias y factores externos
La inflación global, impulsada por conflictos internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto Israel-Palestina, ha repercutido en el costo de importaciones esenciales, de acuerdo con el análisis del Gobierno respecto al desempeño de la economía y sobre el que se basó la elaboración del Presupuesto.
En el plano interno, los bloqueos promovidos por Evo Morales en 2024 generaron una inflación acumulada del 8.82%, afectando directamente a los hogares bolivianos.
“Hay una inflación mundial que está afectando a la vida de todos los bolivianos, latinoamericanos, de todos en el mundo (…) esa inflación importada afecta a los precios de todo lo que importamos, desde vehículos, entre otros productos”, explicó Luis Arce en su mensaje previo a la Navidad cuando defendió el alcance del Presupuesto.
A esto se suman el llamado "contrabando a la inversa" que, de acuerdo con el Gobierno, generó desabastecimiento de alimentos. "Los cambitas nos están jugando sucio", señaló Arce respecto a la escacez de aceite comestible.Tras ello se aplicaron restricciones para la exportación de los derivaos de las oleaginosas.
En ese contexto, el Presupuesto se validó incluida la disposición complementaria séptima que autoriza controles para el control del contrabando.
5. Crecimiento desigual del gasto público
Entre 2021 y 2025, los recursos destinados al Poder Ejecutivo aumentaron significativamente, pasando de Bs 13.000 millones a Bs 23.000 millones. Este incremento ha generado críticas por la falta de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en ministerios como la Presidencia, que concentra más de Bs 2.500 millones.
“Con ese monto, podríamos generar 80.000 empleos con el salario mínimo nacional. Esto refleja que el presupuesto está más enfocado en financiar la burocracia estatal y una posible campaña electoral del MAS en 2025", afirmó.
“Solo tres ministerios —Gobierno, Defensa y Presidencia— absorben cerca del 50% del total, unos 10.000 millones de bolivianos”, señaló Porcel en una entrevista con EL DEBER Radio.
Entre otros gastos observados por Porcel y otros legisladores figura la del avión presidencial, un jet Ejecutivo Falcón que compró Evo Morales en 2010 y que demanda un gasto anual de Bs 132 millones.
6. Estancamiento de la Industrialización
A pesar de los avances en proyectos estratégicos como la Planta Siderúrgica del Mutún y contratos para el aprovechamiento del litio, el proceso de industrialización enfrenta retrasos y la necesidad de una mayor diversificación económica para reducir la dependencia del gas.
Arce destacó la pronta inauguración de la Planta Siderúrgica del Mutún, que ahorrará $us 200 millones al año en importaciones de acero y la construcción de una planta fundidora de zinc.
De acuerdo con Arce para revertir esta tendencia se han suscrito dos contratos para el aprovechamiento del litio suscritos con Uranium One y CBC, que aún deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.
7. Coyuntura Electoral
La prematura electoralización del país ha intensificado la polarización política y económica. El Gobierno asegura que las decisiones presupuestarias no estarán condicionadas por el contexto electoral, aunque la oposición cuestiona el uso de recursos para fines políticos.
La asonada golpista del 26 de junio golpeó a la economía. Por efecto de esos hechos, la cotización paralela del dólar superó los Bs 12. El Gobierno también señala a los dos bloqueos de caminos —febrero y el segundo entre octubre y noviembre— que promovió Evo Morales como responsables de una inflación que, por primera vez en 16 años, acarició los dos dígitos.
De hecho, la inflación experimentó un aumento significativo, pasando del 5,53% en septiembre al 7,81% en octubre, y al 8,82% en noviembre. La previsión del PGE es de 7%, un iniciador “demasiado optimista” para opositores y especialistas en análisis político.
“Hemos tenido un año bastante duro (…). En el plano político, se buscó desgastar al Gobierno y posicionar una imagen de desinstitucionalización, cuyo objetivo final era el acortamiento de mandato”, sostuvo el presidente en su evaluación de Nochebuena.
Perspectivas para 2025
Según Arce, el 2025 será el año del restablecimiento de la estabilidad económica, apoyado en incentivos del PGE y la puesta en marcha de plantas industriales. No obstante, los desafíos señalados exigen soluciones estructurales y hay una creciente demanda para un cambio de modelo económico de manera de que el sector privado tenga mayor protagonismo.
De este modo y con un mandato que finaliza en noviembre de 2025, el Gobierno de Arce enfrenta la tarea de dinamizar la economía y responder a las demandas sociales, aunque también debe definir si será o no candidato a la reelección.
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