En Bolivia, sólo quienes ganan por encima de los 800 dólares (unos 5.688 bolivianos) acceden a créditos hipotecarios y existe una sobreoferta de 300.000 viviendas que no cumplen una función social y que podrán ayudar a eliminar el déficit del sector.
Así lo revela un diagnóstico del Foro Permanente de la Vivienda. Esta entidad, la Red Hábitat, Oxfamd Internacional, Habitat International Coalition y la Comisión Europea evaluaron ayer, con la presencia de expertos de Argentina, México y Chile, el panorama de las políticas de vivienda en la región.
Según la directora de la Fundación Provivienda, Anelise Meléndez, uno de los problemas que afronta la población de bajos ingresos en Bolivia es el acceso a financiamiento para conseguir un techo propio.
El sistema financiero en general sólo tiene ofertas para personas de ingresos medios para arriba, es decir, por encima de los 800 dólares.
En ese marco, las instituciones que canalizan crédito hipotecario dijeron que se debe mejorar las condiciones para que otros segmentos de la población se beneficien de un techo propio.
Datos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras al primer trimestre del año señalan que la cartera hipotecaria en los bancos alcanzó los 705,4 millones de dólares. El monto es superior en 50,8 millones de dólares a los 654,6 millones canalizados en 2007.
La cartera de las mutuales en los primeros tres meses del año llegó a 239,7 millones de dólares, 44,4 millones más que los 195,3 millones acumulados en 2007.
El problema, según Meléndez, es grave y no ha sido solucionado a pesar de la existencia de un Programa de Vivienda Solidaria que ofrece subsidios.
Los recursos de este plan son insuficientes; se han agotado por la elevada demanda. “Se debe ver la forma de que el programa sea sostenible a partir de otras fuentes de financiamiento”.
En la actualidad, usa el aporte del 2 por ciento que entrega la parte patronal. Además, la banca tiene que comenzar a atender a sectores poblacionales de menores ingresos.
Según Meléndez, la mayoría de la población en el país consigue su vivienda sacrificando alimentación, salud y educación, que son derechos fundamentales que no se pueden vulnerar porque el hacerlo perjudica el futuro de los hijos y la familia no logra salir del circuito de la pobreza.
Más dificultades
Meléndez identificó como otro de los problemas para acceder a un techo propio el incumplimiento de la función social.
En Bolivia existen 2,6 millones de viviendas; sin embargo, los hogares sólo suman 2,2 millones, que generan una sobreoferta de 300.000 viviendas.
De acuerdo con Meléndez, eso significa que en el país la vivienda es un factor de acumulación, es decir que hay personas que tienen más propiedades de las que necesitan y que no las alquilan o entregan en anticrético por falta de seguridad jurídica. Por ejemplo, temen que los inquilinos no paguen.
Si estas casas o departamentos se usaran, el déficit habitacional, que asciende a 200.000 unidades, se podría solucionar.
Meléndez también mencionó la necesidad de mejorar el acceso al uso de suelos. En la actualidad no existe una mercado regulado de tierras y hay mucha especulación y loteamiento.
A estos inconvenientes se suma el encarecimiento de los materiales de construcción. “Si antes un metro cuadrado se podía construir con 140 dólares, ahora cuesta el doble, 280 dólares. Antes con 1.000 dólares se hacía una mejora y ahora se requieren 2.000”.
Según Meléndez, el monopolio en la producción de, por ejemplo, cemento es un problema y el Estado debería regular este y otros materiales.
Además se enfrenta el alto costo de la mano de obra, que representa el 50 por ciento del gasto en la construcción.
El plan estatal financiará 27.497 casas
Mas datos
Los bancos tienen una serie de ofertas para la compra o construcción de viviendas.
El Gobierno impulsa el Programa de Vivienda Solidaria, que tiene subsidios.
El costo de los materiales se elevó considerablemente desde el año pasado.
Se encarecieron el fierro, el cemento, el ladrillo, la cerámica y la arena, entre otros.
La construcción afronta a su vez la falta de mano de obra especializada.
Los albañiles emigraron a las zonas mineras por el auge de los precios.
El plan del Gobierno enfrenta una demanda elevada, hasta junio había 85.000 solicitudes.
La estrategia estatal tropieza con la burocracia en la aprobación de los proyectos.
Así lo revela un diagnóstico del Foro Permanente de la Vivienda. Esta entidad, la Red Hábitat, Oxfamd Internacional, Habitat International Coalition y la Comisión Europea evaluaron ayer, con la presencia de expertos de Argentina, México y Chile, el panorama de las políticas de vivienda en la región.
Según la directora de la Fundación Provivienda, Anelise Meléndez, uno de los problemas que afronta la población de bajos ingresos en Bolivia es el acceso a financiamiento para conseguir un techo propio.
El sistema financiero en general sólo tiene ofertas para personas de ingresos medios para arriba, es decir, por encima de los 800 dólares.
En ese marco, las instituciones que canalizan crédito hipotecario dijeron que se debe mejorar las condiciones para que otros segmentos de la población se beneficien de un techo propio.
Datos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras al primer trimestre del año señalan que la cartera hipotecaria en los bancos alcanzó los 705,4 millones de dólares. El monto es superior en 50,8 millones de dólares a los 654,6 millones canalizados en 2007.
La cartera de las mutuales en los primeros tres meses del año llegó a 239,7 millones de dólares, 44,4 millones más que los 195,3 millones acumulados en 2007.
El problema, según Meléndez, es grave y no ha sido solucionado a pesar de la existencia de un Programa de Vivienda Solidaria que ofrece subsidios.
Los recursos de este plan son insuficientes; se han agotado por la elevada demanda. “Se debe ver la forma de que el programa sea sostenible a partir de otras fuentes de financiamiento”.
En la actualidad, usa el aporte del 2 por ciento que entrega la parte patronal. Además, la banca tiene que comenzar a atender a sectores poblacionales de menores ingresos.
Según Meléndez, la mayoría de la población en el país consigue su vivienda sacrificando alimentación, salud y educación, que son derechos fundamentales que no se pueden vulnerar porque el hacerlo perjudica el futuro de los hijos y la familia no logra salir del circuito de la pobreza.
Más dificultades
Meléndez identificó como otro de los problemas para acceder a un techo propio el incumplimiento de la función social.
En Bolivia existen 2,6 millones de viviendas; sin embargo, los hogares sólo suman 2,2 millones, que generan una sobreoferta de 300.000 viviendas.
De acuerdo con Meléndez, eso significa que en el país la vivienda es un factor de acumulación, es decir que hay personas que tienen más propiedades de las que necesitan y que no las alquilan o entregan en anticrético por falta de seguridad jurídica. Por ejemplo, temen que los inquilinos no paguen.
Si estas casas o departamentos se usaran, el déficit habitacional, que asciende a 200.000 unidades, se podría solucionar.
Meléndez también mencionó la necesidad de mejorar el acceso al uso de suelos. En la actualidad no existe una mercado regulado de tierras y hay mucha especulación y loteamiento.
A estos inconvenientes se suma el encarecimiento de los materiales de construcción. “Si antes un metro cuadrado se podía construir con 140 dólares, ahora cuesta el doble, 280 dólares. Antes con 1.000 dólares se hacía una mejora y ahora se requieren 2.000”.
Según Meléndez, el monopolio en la producción de, por ejemplo, cemento es un problema y el Estado debería regular este y otros materiales.
Además se enfrenta el alto costo de la mano de obra, que representa el 50 por ciento del gasto en la construcción.
El plan estatal financiará 27.497 casas
Mas datos
Los bancos tienen una serie de ofertas para la compra o construcción de viviendas.
El Gobierno impulsa el Programa de Vivienda Solidaria, que tiene subsidios.
El costo de los materiales se elevó considerablemente desde el año pasado.
Se encarecieron el fierro, el cemento, el ladrillo, la cerámica y la arena, entre otros.
La construcción afronta a su vez la falta de mano de obra especializada.
Los albañiles emigraron a las zonas mineras por el auge de los precios.
El plan del Gobierno enfrenta una demanda elevada, hasta junio había 85.000 solicitudes.
La estrategia estatal tropieza con la burocracia en la aprobación de los proyectos.
Hola, me encanta el blog.
ResponderEliminarLo siento no escribir más, pero mi español es malo escrito.
Un abrazo de Portugal