04 julio 2018

Ex-Mutual La Paz Incierto destino de millonario patrimonio

Luego de la transferencia de la cartera de vivienda y crédito de la ex-Mutual La Paz al Banco Mercantil Santa Cruz en mayo de 2016, desde entonces quedó en el limbo el millonario patrimonio de la entidad mutualista, que fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

La interventora María del Rosario Silva se negó a ofrecer información sobre esos activos, asumiendo la misma conducta Marlene Pericón, socia de la Mutual y dirigente de la Asociación de Asociados de la Entidad Financiera de Vivienda (EFV) La Paz.

La interventora remitió a EL DIARIO una nota de respuesta a un cuestionario enviado por el matutino y dijo escuetamente que, “el proceso de intervención de La Paz, Entidad Financiera de Vivienda, se rige dentro del marco jurídico dispuesto por los artículos 512 y 543 de la Ley 393 de Servicios Financieros”.

EL DIARIO pretendió que las autoridades de la ASI expliquen el destino de edificios, parqueos y terrenos que conformaban el patrimonio de la entidad privada y que al presente se desconoce su situación legal.

En su momento, cuando se efectivizó la intervención de la ASFI, entonces dirigida por Ivette Espinoza, los socios señalaron que el patrimonio ascendería a $us 50 millones, pero ante la inexistencia de los datos oficiales, se acudió a la interventora para conocer el estado actual de los bienes, sin haber logrado resultado alguno, pues Espinoza habría denegado reunirse con los mismos arguyendo que, “no son socios de la exentidad de Vivienda”.

En el proceso de intervención se conoció que pugnas internas entre dos frentes agudizaron la situación de la entidad, lo que obligó a una rápida intervención por parte de la ASFI. En el conflicto habrían estado involucrados asesores y directivos de la asociación de exsocios, de acuerdo con lo publicado por un matutino local.

BIENES

A pocas semanas de la intervención, los socios denunciaron que la ASFI calculó los bienes patrimoniales en $us 12 millones siguiendo el valor en libros, mientras que comercialmente los mismos fueron evaluados en $us 50 millones.

Uno de los argumentos de la entidad reguladora para asumir esa decisión fue las supuestas deficiencias de gestión de riesgos y problemas de gobierno corporativo, cuyas situaciones atentaban a la estabilidad y los depósitos, dijo entonces un escueto informe de la ASFI.

El artículo 503 de la Ley de Servicios Financieros estipula el tratamiento para entidades financieras con problemas, una de las causales para que se regularicen, es el incumplimiento sostenido de las instrucciones y órdenes escritas del ente regulador, así como prácticas de gestión que pongan en grave peligro los depósitos del público, la liquidez y solvencia.

OPERACIONES

Después de 46 años de funcionamiento, la ex-Mutual La Paz dejó de operar el 13 de mayo del 2016. Se informó que la EFV era la única institución que no contaba con un directorio electo, debido a problemas internos y conflictos entre socios.

A eso se sumaron las observaciones que realizó en su momento la ASFI, que los directivos no acataron en los plazos establecidos, ya que tanto autoridades de la entidad privada, como socios estaban ocupados en hacer proselitismo para volver a ser reelegidos en la conducción de la entidad.

Los problemas se fueron profundizando en la exmutual antes de convertirse en Entidad Financiera de Vivienda, en función de la normativa emanada de la ASFI.

CERTIFICADOS

Asimismo, cuando los socios de la entidad recibieron los certificados de aporte, valorados en alrededor de Bs 4.000 el número no era significativo, pero a quienes procedieron a retirar el mismo de las oficinas de El Prado se les canceló dicha suma. Aún al presente cursa un aviso en la oficina central de la exmutual para redimir el valor del referido certificado, pero la entidad no explicó la situación de los bienes patrimoniales en cuestión ni el cálculo del valor del certificado.

Al retirar y liquidar los certificados de aporte, los responsables de la entidad indican a los socios que se les llamaría una vez que se liquide el patrimonio, pero tal anuncio no se ha producido transcurridos dos años de la determinación ejecutada por la actual interventora.

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