Analistas, ex autoridades y empresarios tienen al menos ocho observaciones al proyecto de Ley de Pensiones presentado por el Gobierno. La Central Obrera Boliviana (COB), en cambio, anunció que revisará el documento antes de emitir un criterio oficial.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran la administración de los aportes por parte de una entidad estatal, las fuentes de financiamiento y el posible aumento de la deuda fiscal del Estado (ver cuadro).
La propuesta plantea un sistema mixto, formado por un Fondo Solidario (semicontributivo) que deberá crearse, los aportes individuales que en la actualidad se efectúan al Fondo de Capitalización Individual (FCI) y un Régimen no Contributivo (Renta Dignidad), también vigente.
Entre las fuentes de financiamiento del Fondo Solidario están los aportes del 1 por ciento, en el caso de los trabajadores que ganan por encima de 11.560 bolivianos mensuales (20 salarios mínimos), y de 10 por ciento, a las personas que perciben mensualmente más de 34.000 bolivianos. Los porcentajes se aplican a la diferencia entre lo que ganan y esa base matemática.
Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), consideró que las fuentes de financiamiento del fondo solidario no son sostenibles y que a la larga generarán un peso fiscal para el Tesoro con la incorporación de tres millones de personas.
El Gobierno anunció que concertará su proyecto de ley con los sectores y que luego lo enviará al Congreso Nacional para su aprobación.
Los parlamentarios de Podemos y Unidad Nacional aseguraron que aprobarán una nueva Ley de Pensiones, pero que antes someterán al debate el proyecto que presentará el Ejecutivo para mejorarlo. El presidente del Senado, Óscar Ortiz (Podemos), dijo que se lo analizará.
Los senadores de Podemos Roberto Ruiz y Carlos D’Arlach, señalaron, por separado, que no se puede jugar con los aportes de los trabajadores y que se debería consultar a los sectores. El diputado Alejandro Colanzi (UN) dijo que ve un “manejo irresponsable” del Gobierno al tratar de controlar la entidad gestora.
El Gobierno desbloqueará el ingreso a tres regiones y protesta cobista crece
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, informó ayer que envió refuerzos policiales a la localidad de Caracollo, límite entre La Paz y Oruro, para garantizar el flujo vehicular y mantener las carreteras expeditas, luego de que hace dos días la Policía dispersara con gas lacrimógeno a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que estaban en la zona.
Reconoció que, sin embargo, continúa el bloqueo de caminos en el lugar denominado Cañadón Antequera, situado entre Oruro-Potosí. Esto frenó el ingreso a Potosí, Chuquisaca y Tarija. Todas las protestas demandan la aprobación de una nueva Ley de Pensiones, redactada sobre el proyecto que elaboró ese sector y que ha sido descartado por el Gobierno. Plantea también usar los recursos del Fondo de Capitalización Individual (FCI) para financiar el aporte de los jubilados que reciben rentas muy bajas.
La Oficina de Tránsito de la Terminal de Buses de La Paz informó que desde el martes no salen vehículos a esos tres departamentos debido al bloqueo en la localidad de Poopó, ubicada a 80 kilómetros de Oruro, donde un multitudinario grupo de mineros ha tomado la carretera.
Según ANF, el dirigente cobista Jaime Solares explicó que las protestas ya no serán en los lugares ya conocidos, como Caihuasi o Caracollo, y que en caso de represión policial procederán a sitiar la ciudad y tomar instituciones, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Prefectura y sedes de partidos políticos.
En la sede del Gobierno, una marcha de la COB formada por maestros, trabajadores en salud, mineros y otros paralizó el centro paceño por unas dos horas, desde las 16.00 hasta las 18.00.
En Oruro, ayer se realizó una pequeña concentración debido a que poco a poco llegaron los trabajadores mineros de Huanuni.
El Senado aprobará la Renta Dignidad
Los senadores de Podemos Róger Pinto y Carlos D’Arlach garantizaron que su partido no se opondrá a la aprobación del proyecto de ley que aumenta la Renta Dignidad para los ancianos, tal como lo propuso el Gobierno, pero anticiparon que harán conocer sus observaciones en el debate congresal.
D’Arlach señaló que “será una ocasión para dialogar sobre la política económica del Gobierno, los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la confiscación de los recursos a las regiones”.
La norma, que será remitida en las próximas horas al Congreso, establece el incremento de 1.800 a 2.400 bolivianos, y de 2.400 a 3.000 bolivianos para las personas sin jubilación.
El diputado Antonio Franco cuestionó el manejo que hace el Ejecutivo a los recursos del país en época electoral. El presidente Morales y ocho prefectos (todos excepto la de Chuquisaca) se someterán al referéndum revocatorio de mandato popular convocado para el 10 de agosto.
Para el jefe de la bancada del MAS en la Cámara Baja, César Navarro, el compromiso del presidente Evo Morales de elevar el monto de la Renta Dignidad y la ampliación del Bono Juancito Pinto no es reciente.
Para el Senador del MAS Félix Rojas, el beneficio llegará al bolsillo de las personas mayores de 60 años. “Apenas sea promulgada la ley, más de 600.000 ciudadanos se van a favorecer”.
Recaudación
El Gobierno recaudará Bs 20 millones anuales por aportes de quienes ganan más de 11.560.
De ahí, 18 millones son de los descuentos a los que reciben más de 20 salarios mínimos.
Los restantes dos millones son de aportes de los que ganan más de Bs 34.000 al mes.
Los empresarios plantean la coexistencia de dos administradores de aportes.
Los analistas temen que el Estado aumente su deuda por los nuevos jubilados.
También desconfían de la nueva entidad estatal que reemplazará a las AFP.
El Ejecutivo dijo que apuesta por que sus reformas favorezcan a los más pobres.
Las observaciones de los sectores al planteamiento gubernamental
Propuesta
1.- El Gobierno quiere crear una entidad, denominada “Gestora pública”, en reemplazo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
2.- Plantea un aporte adicional de 1,5 por ciento al Fondo Solidario, el cual debe salir de la contribución patronal.
3.- Sugiere el uso del 20% de Riesgo Común (accidentes fuera de la oficina) y Riesgo Profesional (en el trabajo).
4.- Quienes ganen más de Bs 11.560 mensuales deben aportar un 1% al Fondo Solidario, el cual sale de la diferencia entre ese monto y su salario.
5.- Quienes perciban más de Bs 34.000 deben aportar el 10% de la diferencia entre este monto y su sueldo.
6.- Un 10% similar a independientes con ingresos altos.
7.- Sostenibilidad garantizada.
8.- La penalización a las empresas en mora.
Empresarios
Los aportes deben seguir en manos de las AFP o, en su defecto, la gente debe escoger entre dos entidades, una privada y otra pública.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, dijo que la propuesta no garantiza la jubilación de los trabajadores porque se producirá una confiscación de los aportes laborales y agregó que el Gobierno quiere reproducir experiencias nefastas del pasado.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, adelantó que el sector no estará en condiciones de contribuir un 1,5 por ciento adicional para el Fondo Solidario por la inflación y la situación de las empresas. El presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub, aseguró que los empresarios no se oponen a la solidaridad. El gerente de los empresarios cruceños, Julio Kempf, dijo que no están dispuestos a dar este aporte si la administración de las pensiones es estatal.
Los empresarios esperan conocer más los alcances
El sector pide debatir la administración. Los empresarios cruceños creen que es una forma de confiscación y grava a quienes ganan ese dinero honradamente. Lo mismo sucede con el aporte del 10 por ciento. Si la administración está en las AFP, se puede pensar en efectuar aportes para una pensión solidaria.
Es una forma de confiscación porque la gente se ganó el salario con su esfuerzo y no corresponde el recorte.
El sector aún no conoce la propuesta.
Se debe pensar, dicen los empresarios cruceños, en fórmulas para que haya solidaridad, pero si el Estado administrara los recursos, sería difícil. La Cámara Nacional de Comercio cree que no hay garantías y que más bien se generará en el tiempo un mayor costo que será financiado por el Estado a costa de más impuestos a los bolivianos.
Los empresarios cruceños aseguran que las empresas formalmente establecidas están al día en sus aportes y los entregan cada mes de manera puntual, pero creen que la medida puede ser aplicada y es un derecho del Estado ejercer mayor fiscalización. Sin embargo aseguran que el Estado también adeuda plata a las AFP.
Analistas
La independencia que garantiza el Gobierno no se dará porque sus autoridades serán elegidas políticamente. Eso ya sucede en Entel, YPFB y en el Senasir. Aunque se elija al Directorio en el Congreso, las autoridades son designadas políticamente. La ex intendente Isabel Pantoja, sin embargo, dijo que las AFP no promovieron lo suficiente los beneficios del sistema y tampoco se extendieron con oficinas en todo el país y en el área rural.
El economista Alberto Bonadona cree que será una carga más
para el empresario y que no se podrá controlar, además el costo será trasladado al trabajador. La ex intendente de Pensiones Isabel Pantoja cree que el cobro será difícil
Para Bonadona, ésta es una malversación porque se da un uso distinto a fondos que fueron creados para la cobertura de accidentes laborales y fuera del trabajo. Pantoja cree que estos recursos se guardan como reservas.
Pantoja, cree que el aporte el Fondo Solidario debería ser equilibrado, y lo lógico sería que el 0,5 por ciento del Fondo de Capitalización Individual (FCI) vaya para este fin, así todos aportarán por igual en función de sus ingresos.
Pantoja cree que los ejecutivos con sueldos altos hallarán formas para no pagar; por ejemplo, podrían declarar en sus planillas menos ingresos. Bonadona cree que ésta es una confiscación y el Gobierno debe ver la forma de darle una legalidad.
Bonadona cree que será difícil controlar porque no hay registro de personas independientes con sueldos elevados.
Bonadona cree que no es sostenible porque se creará más déficit y el Estado dejará una pesada herencia a las futuras generaciones. Se incorporará a tres millones de personas más al sistema.
Pantoja cree que la penalización es positiva porque así se evitará que las empresas descuenten a sus trabajadores y no hagan el depósito a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran la administración de los aportes por parte de una entidad estatal, las fuentes de financiamiento y el posible aumento de la deuda fiscal del Estado (ver cuadro).
La propuesta plantea un sistema mixto, formado por un Fondo Solidario (semicontributivo) que deberá crearse, los aportes individuales que en la actualidad se efectúan al Fondo de Capitalización Individual (FCI) y un Régimen no Contributivo (Renta Dignidad), también vigente.
Entre las fuentes de financiamiento del Fondo Solidario están los aportes del 1 por ciento, en el caso de los trabajadores que ganan por encima de 11.560 bolivianos mensuales (20 salarios mínimos), y de 10 por ciento, a las personas que perciben mensualmente más de 34.000 bolivianos. Los porcentajes se aplican a la diferencia entre lo que ganan y esa base matemática.
Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), consideró que las fuentes de financiamiento del fondo solidario no son sostenibles y que a la larga generarán un peso fiscal para el Tesoro con la incorporación de tres millones de personas.
El Gobierno anunció que concertará su proyecto de ley con los sectores y que luego lo enviará al Congreso Nacional para su aprobación.
Los parlamentarios de Podemos y Unidad Nacional aseguraron que aprobarán una nueva Ley de Pensiones, pero que antes someterán al debate el proyecto que presentará el Ejecutivo para mejorarlo. El presidente del Senado, Óscar Ortiz (Podemos), dijo que se lo analizará.
Los senadores de Podemos Roberto Ruiz y Carlos D’Arlach, señalaron, por separado, que no se puede jugar con los aportes de los trabajadores y que se debería consultar a los sectores. El diputado Alejandro Colanzi (UN) dijo que ve un “manejo irresponsable” del Gobierno al tratar de controlar la entidad gestora.
El Gobierno desbloqueará el ingreso a tres regiones y protesta cobista crece
El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, informó ayer que envió refuerzos policiales a la localidad de Caracollo, límite entre La Paz y Oruro, para garantizar el flujo vehicular y mantener las carreteras expeditas, luego de que hace dos días la Policía dispersara con gas lacrimógeno a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que estaban en la zona.
Reconoció que, sin embargo, continúa el bloqueo de caminos en el lugar denominado Cañadón Antequera, situado entre Oruro-Potosí. Esto frenó el ingreso a Potosí, Chuquisaca y Tarija. Todas las protestas demandan la aprobación de una nueva Ley de Pensiones, redactada sobre el proyecto que elaboró ese sector y que ha sido descartado por el Gobierno. Plantea también usar los recursos del Fondo de Capitalización Individual (FCI) para financiar el aporte de los jubilados que reciben rentas muy bajas.
La Oficina de Tránsito de la Terminal de Buses de La Paz informó que desde el martes no salen vehículos a esos tres departamentos debido al bloqueo en la localidad de Poopó, ubicada a 80 kilómetros de Oruro, donde un multitudinario grupo de mineros ha tomado la carretera.
Según ANF, el dirigente cobista Jaime Solares explicó que las protestas ya no serán en los lugares ya conocidos, como Caihuasi o Caracollo, y que en caso de represión policial procederán a sitiar la ciudad y tomar instituciones, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Prefectura y sedes de partidos políticos.
En la sede del Gobierno, una marcha de la COB formada por maestros, trabajadores en salud, mineros y otros paralizó el centro paceño por unas dos horas, desde las 16.00 hasta las 18.00.
En Oruro, ayer se realizó una pequeña concentración debido a que poco a poco llegaron los trabajadores mineros de Huanuni.
El Senado aprobará la Renta Dignidad
Los senadores de Podemos Róger Pinto y Carlos D’Arlach garantizaron que su partido no se opondrá a la aprobación del proyecto de ley que aumenta la Renta Dignidad para los ancianos, tal como lo propuso el Gobierno, pero anticiparon que harán conocer sus observaciones en el debate congresal.
D’Arlach señaló que “será una ocasión para dialogar sobre la política económica del Gobierno, los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la confiscación de los recursos a las regiones”.
La norma, que será remitida en las próximas horas al Congreso, establece el incremento de 1.800 a 2.400 bolivianos, y de 2.400 a 3.000 bolivianos para las personas sin jubilación.
El diputado Antonio Franco cuestionó el manejo que hace el Ejecutivo a los recursos del país en época electoral. El presidente Morales y ocho prefectos (todos excepto la de Chuquisaca) se someterán al referéndum revocatorio de mandato popular convocado para el 10 de agosto.
Para el jefe de la bancada del MAS en la Cámara Baja, César Navarro, el compromiso del presidente Evo Morales de elevar el monto de la Renta Dignidad y la ampliación del Bono Juancito Pinto no es reciente.
Para el Senador del MAS Félix Rojas, el beneficio llegará al bolsillo de las personas mayores de 60 años. “Apenas sea promulgada la ley, más de 600.000 ciudadanos se van a favorecer”.
Recaudación
El Gobierno recaudará Bs 20 millones anuales por aportes de quienes ganan más de 11.560.
De ahí, 18 millones son de los descuentos a los que reciben más de 20 salarios mínimos.
Los restantes dos millones son de aportes de los que ganan más de Bs 34.000 al mes.
Los empresarios plantean la coexistencia de dos administradores de aportes.
Los analistas temen que el Estado aumente su deuda por los nuevos jubilados.
También desconfían de la nueva entidad estatal que reemplazará a las AFP.
El Ejecutivo dijo que apuesta por que sus reformas favorezcan a los más pobres.
Las observaciones de los sectores al planteamiento gubernamental
Propuesta
1.- El Gobierno quiere crear una entidad, denominada “Gestora pública”, en reemplazo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
2.- Plantea un aporte adicional de 1,5 por ciento al Fondo Solidario, el cual debe salir de la contribución patronal.
3.- Sugiere el uso del 20% de Riesgo Común (accidentes fuera de la oficina) y Riesgo Profesional (en el trabajo).
4.- Quienes ganen más de Bs 11.560 mensuales deben aportar un 1% al Fondo Solidario, el cual sale de la diferencia entre ese monto y su salario.
5.- Quienes perciban más de Bs 34.000 deben aportar el 10% de la diferencia entre este monto y su sueldo.
6.- Un 10% similar a independientes con ingresos altos.
7.- Sostenibilidad garantizada.
8.- La penalización a las empresas en mora.
Empresarios
Los aportes deben seguir en manos de las AFP o, en su defecto, la gente debe escoger entre dos entidades, una privada y otra pública.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales, dijo que la propuesta no garantiza la jubilación de los trabajadores porque se producirá una confiscación de los aportes laborales y agregó que el Gobierno quiere reproducir experiencias nefastas del pasado.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, adelantó que el sector no estará en condiciones de contribuir un 1,5 por ciento adicional para el Fondo Solidario por la inflación y la situación de las empresas. El presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub, aseguró que los empresarios no se oponen a la solidaridad. El gerente de los empresarios cruceños, Julio Kempf, dijo que no están dispuestos a dar este aporte si la administración de las pensiones es estatal.
Los empresarios esperan conocer más los alcances
El sector pide debatir la administración. Los empresarios cruceños creen que es una forma de confiscación y grava a quienes ganan ese dinero honradamente. Lo mismo sucede con el aporte del 10 por ciento. Si la administración está en las AFP, se puede pensar en efectuar aportes para una pensión solidaria.
Es una forma de confiscación porque la gente se ganó el salario con su esfuerzo y no corresponde el recorte.
El sector aún no conoce la propuesta.
Se debe pensar, dicen los empresarios cruceños, en fórmulas para que haya solidaridad, pero si el Estado administrara los recursos, sería difícil. La Cámara Nacional de Comercio cree que no hay garantías y que más bien se generará en el tiempo un mayor costo que será financiado por el Estado a costa de más impuestos a los bolivianos.
Los empresarios cruceños aseguran que las empresas formalmente establecidas están al día en sus aportes y los entregan cada mes de manera puntual, pero creen que la medida puede ser aplicada y es un derecho del Estado ejercer mayor fiscalización. Sin embargo aseguran que el Estado también adeuda plata a las AFP.
Analistas
La independencia que garantiza el Gobierno no se dará porque sus autoridades serán elegidas políticamente. Eso ya sucede en Entel, YPFB y en el Senasir. Aunque se elija al Directorio en el Congreso, las autoridades son designadas políticamente. La ex intendente Isabel Pantoja, sin embargo, dijo que las AFP no promovieron lo suficiente los beneficios del sistema y tampoco se extendieron con oficinas en todo el país y en el área rural.
El economista Alberto Bonadona cree que será una carga más
para el empresario y que no se podrá controlar, además el costo será trasladado al trabajador. La ex intendente de Pensiones Isabel Pantoja cree que el cobro será difícil
Para Bonadona, ésta es una malversación porque se da un uso distinto a fondos que fueron creados para la cobertura de accidentes laborales y fuera del trabajo. Pantoja cree que estos recursos se guardan como reservas.
Pantoja, cree que el aporte el Fondo Solidario debería ser equilibrado, y lo lógico sería que el 0,5 por ciento del Fondo de Capitalización Individual (FCI) vaya para este fin, así todos aportarán por igual en función de sus ingresos.
Pantoja cree que los ejecutivos con sueldos altos hallarán formas para no pagar; por ejemplo, podrían declarar en sus planillas menos ingresos. Bonadona cree que ésta es una confiscación y el Gobierno debe ver la forma de darle una legalidad.
Bonadona cree que será difícil controlar porque no hay registro de personas independientes con sueldos elevados.
Bonadona cree que no es sostenible porque se creará más déficit y el Estado dejará una pesada herencia a las futuras generaciones. Se incorporará a tres millones de personas más al sistema.
Pantoja cree que la penalización es positiva porque así se evitará que las empresas descuenten a sus trabajadores y no hagan el depósito a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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