El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró algunas preocupaciones planteadas por diversos sectores gremiales sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Durante una entrevista a Bolivia TV, aseguró que las medidas incluidas en el PGE no afectan directamente a los comerciantes y destacó que estas buscan preservar la economía nacional, combatir el contrabando y garantizar la estabilidad económica de las familias bolivianas.
Montenegro explicó que las competencias para abordar el tema recaen en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que ha iniciado mesas de trabajo con los representantes gremiales para aclarar y reglamentar las disposiciones.
Según el ministro, "los gremiales no son quienes están involucrados en actividades de contrabando a gran escala. Más bien, importan y comercializan bienes de consumo interno, y las medidas no pretenden perjudicar esa actividad".
El objetivo principal, enfatizó Montenegro, es evitar que productos destinados al consumo interno sean desviados al mercado internacional a través de contrabando inverso, una práctica que afecta el acceso de las familias bolivianas a alimentos y bienes esenciales a precios razonables.
Además, el ministro subrayó que el gobierno está dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos con los sectores involucrados para evitar malos entendidos y garantizar que las reglamentaciones sean justas y transparentes.
"El Estado y los empresarios deben trabajar juntos para reglamentar esto de manera adecuada. El objetivo siempre será preservar el bolsillo del boliviano", concluyó.
Rechazo
En la víspera, Antonio Siñani, dirigente gremial de la ciudad de El Alto, rechazó el artículo 7 del Decreto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el cual, según él, atenta contra los derechos de los comerciantes y la economía popular en Bolivia.
En conferencia de prensa en La Paz, Siñani acusó al Gobierno central de no atender las observaciones realizadas por los gremiales y de actuar de manera "incapaz" frente a las demandas ciudadanas.
"Hemos advertido al presidente Luis Arce Catacora para que elimine el artículo 7 del decreto, que permite confiscar y decomisar mercaderías no solo a los gremiales, sino también a toda la población. Esto afecta directamente a quienes llevan productos como fideo, azúcar y aceite a las provincias", declaró.
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