Aunque el país pasa por uno de sus peores momentos en el ámbito económico, por la escasez de divisas y de combustible, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, garantizó que Bolivia pagará de forma puntual el servicio de su deuda externa, descartando el default.
En la actualidad, el Banco Central de Bolivia no cuenta con las divisas suficientes para poder atender el suministro de combustible. Esto encendió las alarmas.
En este escenario, el exsecretario de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Víctor Rico, advirtió que, si Bolivia no paga las cuotas de las obligaciones con los acreedores internacionales, puede declararse en default.
“Si el Gobierno no paga la cuota de los bonos soberanos, se tendrá que declarar en default y eso sería muy grave; yo espero que se pueda cumplir esos compromisos mañana y en los próximos meses”, dijo.
No obstante, esta figura fue descartada por el ministro Montenegro, en declaraciones a los medios nacionales. “El pago del servicio de la deuda externa está garantizado y estamos haciendo todos los esfuerzos, como lo ha señalado el presidente de YPFB, para el descarguío de combustible”, afirmó en una entrevista con Unitel.
La autoridad dijo que el Gobierno es responsable y cumplirá con el pago del servicio de la deuda externa, pero, si se tendría acceso a los créditos estancados en la Asamblea Legislativa, por más de 1.667 millones de dólares, se compensaría el pago de este servicio con los desembolsos de los créditos.
Hace días, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que, pese al bloqueo del “evismo” y de la oposición en la Asamblea Legislativa, que impidió el ingreso de dólares a la economía nacional, el país cumplió con el pago de la deuda externa.
En 2022 Bolivia pagó 1.810 millones de dólares por el servicio de la deuda externa, en 2023 fueron 1.491 millones de dólares y en 2024, 1.526 millones de dólares.
El llamado default es la situación que se enfrenta ante una cesación de pagos por falta de liquidez. Tiene muy graves consecuencias para el deudor, ya que puede implicar desde el congelamiento de activos hasta caídas brutales en el mercado internacional si el actor es el Estado.
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