(Quito, 07 de noviembre de 2019). La integridad en las políticas públicas es fundamental para maximizar el bienestar colectivo en América Latina. Los desafíos en esta materia son apremiantes, teniendo en cuenta que algunos datos revelan que la corrupción es un problema prioritario en la región.
La corrupción debilita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad; compromete la productividad y el crecimiento de las economías; desincentiva la inversión y la innovación; reduce la confianza en las instituciones; afecta la calidad de las obras; y estimula la desigualdad al afectar con mayor severidad a los más vulnerables.
Ante esta realidad, los gobiernos han respondido con medidas para combatir la corrupción desde diversos frentes. Por un lado, se han afinado y actualizado instrumentos legales pertinentes, a la vez que se ha buscado fortalecer las capacidades de los órganos de investigación y administración de justicia. Estos esfuerzos en lo normativo han sido complementados con iniciativas de acceso a la información y de gobierno abierto que, apalancándose en las nuevas tecnologías, han permitido mejorar los procesos de fiscalización al interior del Estado, así como la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
El Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) de CAF, titulado “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción” pretende hacer una contribución en esta agenda de reformas, repasando los avances y tareas pendientes en cuatro ámbitos de acción: el funcionamiento de las instancias oficiales de monitoreo y control de los funcionarios; los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, y su papel en la atracción y reclutamiento de individuos idóneos e independientes; el control externo vía iniciativas de transparencia y participación ciudadana; y regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.
“El análisis sugiere que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido importante, pero aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios y para asegurar la implementación efectiva de muchas de las medidas que se han propuesto. En particular, es necesario invertir en las capacidades de los organismos que forman el ecosistema de las políticas de integridad como contralorías, tribunales electorales, fiscalías, cortes, agencias de administración del servicio civil, entre otros”, aseguró Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.
El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:
- Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos.
- Fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.
- Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
- Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
- Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.
- Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
- Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
- Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.
- Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés.
- Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.
“Para el avance efectivo de reformas se requieren ciertas condiciones: un sistema político contestable; coordinación ciudadana alrededor de la agenda; y un encargado o líder con credibilidad para la propuesta e implementación de cambios. Algunos factores pueden facilitar y catalizar los cambios, incluyendo la cooperación internacional, la integración a los mercados, y la tecnología”, agregó Sanguinetti.
Finalmente, es importante resaltar el rol disruptivo que puede tener la tecnología. Las herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos brindan muchas oportunidades. Las aplicaciones tecnológicas permiten mejoras en la gestión de recursos, la comunicación y el monitoreo intragubernamental, a la vez que habilitan nuevos canales de difusión de información dentro del Estado y hacia la ciudadanía.
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