Legislativo plantea reestructuración de la UIF

La Comisión Mixta de Investigación del caso de los Papeles de Panamá presentó informe final al pleno de Asamblea Legislativa, en el que planteó la reestructuración de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), debido a que no cumplió un papel activo en la fuga de capitales, según el presidente en ejercicio Álvaro García.

“Hay dos sucesos que cuestionan el funcionamiento pasivo de la UIF: el desfalco al Banco Unión y el robo en los paraísos fiscales. El problema es que la UIF trabaja a pedido, a denuncia. Sólo cuando se cometió el delito se averigua. Gran error. La UIF debería ser una instancia que si ve en circulación más de 20.000 dólares sin justificación, pedir investigación e inclusive proceder al cruce de cuentas bancarias con todo el mundo. Necesitamos una UIF con nuevas competencias, mucho más proactivas y no pasivas”, dijo el mandatario.

Manifestó que la IUF trabaja como si estuviera en el siglo XIX y los políticos-empresarios están en el siglo XXI viendo como roban al país, mediante nuevas tecnologías, pero los de la UIF “están todavía picando piedras. Este es un llamado de atención interno, porque necesitamos una UIF con gente mucho más especializada para hacerle seguimiento del dinero”.

FUNCIONES

La UIF pasó a tuición del Ministerio de Economía en el 2014, a través del Decreto Supremo 1969, como institución desconcentrada y con un nivel ejecutivo y otro técnico-operativo para encarar asuntos estratégicos, estudios, análisis financiero y supervisión. Anteriormente, la UIF dependía de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tiene como misión la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, la corrupción y delitos precedentes, a través del análisis financiero patrimonial, la emisión de políticas y normas, así como la fiscalización permanente.

PROYECTO DE LEY

De su parte, la comisión presentó un proyecto de ley de “Lucha contra el uso de paraísos fiscales”. La norma tendría 21 artículos, mediante los cuales se evitará que se pretendan cometer ilícitos, que no solo provoquen daños a terceros, sino que también afecten a los intereses del Estado.

El informe remitido al Ministerio de Economía fue también puesto en conocimiento del Banco Central, ASFI, Aduana Nacional y el Ministerio de Transparencia, para que hagan los ajustes a la normativa que crean convenientes, para evitar la fuga de capitales utilizando los paraísos fiscales, según expresa el proyecto de resolución.

LOS CASOS

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Manuel Canelas indicó que de un total de once casos, de los cuales seis fueron investigados con minuciosidad, Entel, Romero, Kreidler, Akapana, que es propiedad de la familia del líder opositor Samuel Doria Medina será remitido al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Unidad de Investigaciones Financieras, para que inicien las acciones administrativas correspondientes en el marco de sus atribuciones.

En septiembre, el Grupo Cementos de Chihuahua reveló que el jefe de UN fue quien solicitó la intermediación en La Paz de la empresa offshore en Panamá, denominada Akapana, para la venta de las acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Además, detalló que el monto de la transacción fue “sustancialmente mayor” al declarado.

A la vez, indicó que los casos de las empresas de Comteco y del grupo de la familia Marinkovic serán remitidos al Ministerio Público, para que esta instancia inicie las investigaciones correspondientes, puesto que se encontraron indicios de evasión impositiva.

Por último, el Presidente en ejercicio no desestimó que haya una segunda fase en la investigación sobre paraísos fiscales en otros países.

Un paraíso fiscal en un país exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros, con los que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio, al margen de toda legislación nacional e internacional.

La Asamblea Legislativa, en su décima séptima sesión ordinaria, aprobó la noche de este lunes el informe final de la comisión especial mixta que investigó el caso denominado Papeles de Panamá. Se aprobó, además, remitir el informe al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado para que inicien las acciones legales.