Contratos directos crecen 746% en 10 años; licitaciones, sólo 2%

En 10 años de Gobierno de Evo Morales (2005-2015), las contrataciones directas de obras públicas subieron en 746,2 por ciento, mientras que las licitaciones crecieron sólo 2,9 por ciento.

Los datos están contenidos en un estudio que realiza Enrique Araníbar Bacarreza, economista, para la Fundación Vicente Pazos Kanki, sobre las contrataciones estatales y modalidades de adjudicación. Este estudio está inserto en una obra del también investigador Diego Ayo, trabajo próximo a publicarse.

Los números, que tienen como fuente base el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), se hallan en sintonía con otro reportaje de este medio publicado el pasado 8 de marzo, que demuestra (con datos también del Sicoes) que el 63 por ciento de los recursos destinados a obras públicas desde el 22 de enero de 2005 hasta la anterior fecha se adjudicaron en forma de contratos directos.

Según el estudio de Araníbar y Ayo, “comparativamente, las contrataciones directas se tornaron más importantes que las licitaciones públicas superándolas en valor desde 2012”. En 2004, la cuantía de las licitaciones y las contrataciones directas fue de 3.776, 9 millones de bolivianos y 0,6 millones respectivamente, una diferencia significativa favorable hacia las licitaciones, situación que cambió progresivamente.

En 2009, las contrataciones directas superaron los mil millones de bolivianos; en 2013, eran 7.491,9 millones y en 2015, 11.772,7 millones. En cambio las licitaciones bajaron de 7.542,3 millones de bolivianos en 2009 a 2.846,7 millones en 2013 y a 4,8 millones en 2015.

Según los datos, la modalidad que muestra menor participación correspondió a licitación, contratación por excepción y directa, siendo otras las modalidades más contratadas.

Desde 2007, año de la promulgación del Decreto Supremo 29190, la contratación para apoyo nacional a la producción fue la más importante, aunque desde 2013 hasta 2015 perdió preponderancia.

La cantidad de licitaciones, como proporción total, tendió a bajar de 2005 a 2015. En 2004 representó el 23,6 por ciento del total de contrataciones; en 2006 fue 14 por ciento; en 2009, 5,1 por ciento, y en 2015 sólo 1,8 por ciento. En la misma proporción, pero en sentido contrario, las contrataciones directas pasan del 3,4 por ciento en 2008 a 20,1 por ciento en 2015.

Los contratos por excepción se mantuvieron constantes aunque en el periodo de estudio nunca tuvieron participación mayor al 3,9 por ciento. El Sicoes reporta la categoría “otras modalidades” (definidas por el organismo financiador o normativa) que empezó a tener mayor cantidad de contratos en 2007 y una participación promedio hasta 2015 de 3,2 por ciento.

En términos absolutos, el total de contratos por licitación pública se mantuvo relativamente constante.

En cambio la categoría de “otras modalidades” pasó de ser casi inexistente, con dos contratos en 2005 a 12 en 2007, más de 1.000 en 2010 y superior a 2.200 desde 2012 hasta 2015.



15 MIL CONTRATOS DIRECTOS EN 2014

Según el estudio, la compra de bienes y servicios de forma directa registró dos contratos en 2004 y siete en 2006. Pero en 2007, tras el cambio de norma, subió hasta 127 (crecimiento de 1.714,3 por ciento).

Desde entonces, ascendieron de manera constante las contrataciones directas hasta llegar a un máximo de 14.908 en 2014, con tasas de crecimiento anuales superiores al 50 por ciento, con excepción de 2012 que fue menor y 2015 que decreció.

Las licitaciones públicas subieron de 2004 a 2007 para luego descender hasta 2010, año en que por primera vez las contrataciones directas superaron al número de licitaciones. Entre 2005 y 2015, el crecimiento promedio de las contrataciones directas fue de 297,2 por ciento comparado con el 8,2 por ciento de las licitaciones.



LOS CONTRATOS DIRECTOS SUBIERON EN CANTIDAD Y VALOR

Desde 2012, las licitaciones públicas son menos que 10%

Al igual que la cifra de contratos, los montos asignados a la compra de bienes y servicios aumentaron significativamente entre 2004 y 2015.

En 2005, las contrataciones totalizaron 4.951,1 millones de bolivianos; en 2006 fueron 9.416,8 millones; en 2008, 16.174,1 millones y desde 2012 superaron los 20.900 millones equivalente a 3.000 millones de dólares.

Inicialmente, la mayor parte de los recursos se destinaron a contrataciones por licitaciones públicas .

Desde 2008, las contrataciones directas, “otras modalidades” y por excepción ganaron relevancia a ritmo acelerado, con montos mucho mayores que las licitaciones. Algo curioso, no sólo los montos destinados a las modalidades que no requieren convocatoria pública aumentaron, sino que el de las licitaciones cayó.

El gasto destinado a contrataciones de bienes y servicios por licitación pública fue casi nulo en 2014 y 2015 lo que llama la atención ya que la cantidad de recursos totales para este fin creció principalmente desde 2006 año en que asumió la presidencia Evo Morales Ayma.

En 2009, cambió la tendencia de las modalidades así como su participación, una vez modificadas las Normas Básicas–Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS). De un 78,9 por ciento del total que representaron las licitaciones en 2003 se pasó a 69,8 por ciento en 2007, a 50,9 por ciento en 2009 y a 30,7 por ciento en 2011. Desde 2012 su participación se mantuvo por debajo del 10 por ciento.

En 2007, se realizó el primer cambio importante a las NB-SABS, pero fundamentalmente en 2009 cuando se dieron mayores facilidades a las modalidades directas y por excepción principalmente mediante las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE).

Así como los montos usados en compras mediante licitación cayeron el resto de las modalidades fueron ganando espacio paulatinamente, en especial las contrataciones directas, por excepción y otras.

En 2004, 2005, 2006 las contrataciones directas fueron 0 por ciento de los recursos destinados a compra de bienes y servicios para el Estado, pero en 2007 representó el 0,3 por ciento del total, y los siguientes años subieron hasta superar el 20 por ciento. Las compras por excepción estuvieron por encima del 10 por ciento.

Una forma usada desde 2007, pero con mayor frecuencia desde 2009, fue la de “definidas por el organismo financiador o normativa”, presentando un gran ascenso e incluso llegando a ser la mitad del valor de contrataciones. Las empresas estatales nacionales representaron alrededor del 40 por ciento del monto total entre 2004 y 2015 (pero apenas el 6,5 por ciento del número total de contratos firmados). Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue la empresa estatal más importante, que utilizó esta modalidad en un 97,3 por ciento del valor total contratado.



CONSTRUCCIÓN PIDE LEY DE CONTRATO

Ante esta situación de contrataciones directas de las que se han beneficiado, sobre todo, empresas internacionales, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) expresó la necesidad de que el país cuente con una Ley de Contrataciones que garantice transparencia y oportunidad.

“A la fecha está vigente el Decreto Supremo 181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que por no tener la jerarquía de una Ley no sólo es modificado de acuerdo a la coyuntura, sino incluso vulnerado”, expresa la Cámara en un pronunciamiento público.

La Cámara recuerda al Gobierno su compromiso, en varias oportunidades, de aprobar esta ley de contrataciones que garantizará en un 30 por ciento, la participación de empresas constructoras bolivianas en obras estatales, hasta marzo de este año (plazo ya cumplido).

La entidad empresarial también se refiere a datos del Sicoes que develan que en los últimos dos años el Gobierno adjudicó proyectos por más de 4.000 millones de dólares a cerca de 40 empresas extranjeras, que ejecutan el 80 por ciento de los proyectos de magnitud.

En el marco del Decreto Supremo 181 vigente, las empresas extranjeras subcontratan a las constructoras nacionales con una participación superior al límite permitido, de 25 por ciento, explica la Cámara.



ANÁLISIS

Marco Gandarillas, Director del Cedib

Se han incumplido procesos y elección de autoridades

Para nosotros, las contrataciones directas tienen que ver con las inversiones públicas y con la imposición de controles sobre las autoridades. Me refiero a la modalidad con que movilizan los recursos de inversión pública.

Estamos hablando de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que ha sido la que más recursos de inversión pública ha movilizado, estamos hablando de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), es decir, la mayor parte de los recursos está manejada por el sector público.

Por otra parte, han incumplido los procesos de elección de las autoridades (de empresas estatales) que señala el Artículo 159 de la Constitución, que dice que deben elegir a estas autoridades por ternas propuestas por la Asamblea.

Alberto Bonadona, Economista

Los contratos por excepción siempre han sido una puerta a la corrupción

Las licitaciones públicas toman demasiado tiempo, y el afán del Gobierno por cumplir los compromisos ha venido acompañado de gran cantidad de recursos. Esta rapidez, sin embargo, abre, con toda certeza, grandes campos de corrupción. Este proceso directo es de gran riesgo para los que participan, ya que hay mucho dinero en juego y no siempre la cabeza recibe todo, a veces no recibe nada. El que efectivamente está haciendo el contrato puede ser el intermediario, el que hace el lobby y que al final es el que garantiza, por la influencia que tiene.

Los contratos con excepción siempre han sido una puerta a la corrupción y cuando vienen unidos a contratos llave en mano, el asunto empeora, porque el costo es mayor y también el soborno va a ser mayor.

De un tiempo a esta parte, la adjudicación de "megaobras" a través de licitaciones internacionales, se ha reducido a un mínimo porque ahora se recurre a la entrega de estos trabajos a través de una invitación directa

Experto recomienda optimizar gasto y priorizar inversión

Ante el panorama recesivo que presentan algunas economías de la región, y principales los socios comerciales de Bolivia, como Brasil y Argentina, el Gobierno debe encarar un ajuste fiscal, para optimizar los recursos, así como apuntalar la inversión en infraestructura y la productividad, según el analista económico, Ernesto Bernal.

Recordó que la crisis internacional no solo afecta a los países vecinos sino también a otras regiones del mundo, esto debido a la desaceleración de la economía china; y las naciones más ligadas a las ventas de materias primas sienten los efectos negativos de la coyuntura mundial.

RECESIÓN

Los países de Argentina, Venezuela y Brasil muestran cifras negativas de crecimiento, mientras que Bolivia se encuentra entre las mejores de la región sudamericana, junto a otras economías, como Paraguay.

Señaló que si bien el Gobierno proyecta un crecimiento de 5 por ciento para la presente gestión, los organismos internacionales pronosticaron que la economía nacional registrará una expansión del Producto Interno Bruto de 4 a 4,5 por ciento.

Otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), redujo la proyección a 3,5 por ciento. El Gobierno observó las estimaciones del Fondo y aseguró que su proyección apunta a 5 por ciento.

CONSUMO INTERNO

Bernal fue claro al señalar que la crisis internacional también puede incidir en el mercado interno, y puede afectar a las expectativas del Gobierno, ya que las autoridades constantemente señalaron que este es el motor de la economía nacional.

IMPACTOS

Señala que analistas internacionales informan que una disminución de 1 por ciento de la economía China, afecta al 0,6 por ciento de la de América Latina. Esta es la dimensión de la incidencia del gigante asiático.

MEDIDAS

Ante ese panorama adverso, Bernal recomendó tomar medidas anticíclicas, como un ajuste fiscal así como dinamizar la inversión pública.

Los organismos internacionales, en su momento, recomendaron a los gobiernos de la región, que tomen sus precauciones para que los avances en la lucha contra la pobreza y el incremento de la clase media no retrocedan.

Economía de Tarija creció a $us 4.500 millones

La economía del departamento de Tarija creció de $us 400 millones a $us 4.500 millones en 14 años, indicó el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.
“La economía tarijeña ha crecido de $us 400 millones en 2000 a $us 900 millones en 2005, y $us 4.500 millones en 2014”, detalló en el marco de la inauguración de la primera versión de la Fexpo Tarija 2016.
Explicó que Bolivia es uno de los pocos países que crece, distribuye e incluye en el marco de que se multiplicó la economía nacional de $us 8.500 millones a $us 34 mil millones.
“¿Qué nos propusimos con el presidente Evo? Multiplicar la economía, crecer rápidamente, lo que la gente del BID, la CAF definió un triángulo imposible, pero virtuoso”, dijo García Linera, quien reflexionó a las autoridades de Tarija para que trabajen en un proyecto de departamento con un horizonte compartido a largo plazo, invirtiendo de buena manera los recursos económicos que recibe la región y dejar la improvisación.
En ese marco, anunció que el próximo quinquenio se invertirán en Tarija $us 10 mil millones en hidrocarburos, petroquímica, electricidad, infraestructura médica y carreteras, entre otros.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Tarija, Víctor Fernández, mencionó que en un momento crítico para el departamento se están proponiendo soluciones.

Presidente del BCB: Inversión pública ofrece blindaje a la economía

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, aseguró el lunes que la inversión pública es uno de los blindajes que tiene la economía boliviana, y remarcó que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 establece una inversión pública anual de al menos 8.000 millones de dólares en el próximo quinquenio.

Zabalaga puntualizó esa información en la Rendición de Cuentas Inicial 2016 del BCB, que se realizó en la ciudad de La Paz.

“El Gobierno boliviano tiene un plan hasta el año 2020 que el presidente Evo Morales exponía hace poco más de un mes, el Plan de Desarrollo 2016-2020 señala 8.000 millones de dólares de inversión anual, y ese es uno de los blindajes de la economía boliviana, la voluntad publica de invertir 8.000 millones de dólares al año”, remarcó.

Zabalaga explicó que la inversión pública se encarga de estimular la economía, porque es dinero que se ejecuta en obras de salud, educación, industrialización e infraestructura que “de alguna manera se distribuye en la sociedad”.

Precisó que en los últimos 10 años, el sector público concentró el 50% de la inversión en el país, lo que no ocurría en la década de los 90’ o comienzos de los 2000.

“Hay economistas internacionales que están explicando que los países que tienen mejor blindaje son los países donde hay mucha inversión pública y han dado dos ejemplos a nivel internacional, la India, que justamente con esa tasa de crecimiento alto; y Bolivia, donde la proporción de la inversión pública es mayor que la inversión privada”, subrayó.

Anunció que “para este año se espera que haya cierta recuperación a nivel internacional”, tomando en cuenta que Estados Unidos y China mostrarán una leve recuperación e impulsarán al resto de los países del mundo.

Bolivia pagó $us 800 millones por servicio de deuda externa

Entre 2012 y 2013, el servicio de la deuda externa pública de Bolivia se acercó a 800 millones de dólares. Este dato se encuentra en una presentación realizada recientemente por la analista Patricia Miranda, de la Fundación Jubileo, que evaluó el endeudamiento del sector público.

ACREEDORES

Hasta el 30 de junio de 2015, el principal acreedor del país fue la Corporación Andina de Fomento CAF-Banco de Desarrollo, con 30 por ciento; seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 28 por ciento.

Los bonos soberanos suman 16 por ciento del servicio de la deuda. El Banco Mundial es el siguiente acreedor, cuya participación alcanza al 11 por ciento.

CRÉDITOS DE CHINA

En el ámbito bilateral, China ocupa el quinto lugar de los acreedores de Bolivia, con 8 por ciento. Sin embargo, los últimos préstamos acordados con este país, que superan los 7.000 millones de dólares, lo ubica como el principal acreedor del país, por encima de la CAF y del BID.

De acuerdo con la presentación de la analista Miranda, hasta el 30 de junio del año pasado la deuda externa desembolsada sumó 5.893,1 millones de dólares.

De esa cifra, la mayor parte de los créditos fueron orientados a la ejecución de obras viales, en la proporción de 1.993,9 millones de dólares, que, en porcentaje alanza, al 50 por ciento del total de la deuda. En segundo lugar está el financiamiento multisectorial (varios sectores), con 647 millones.

DESEMBOLSOS

En lo que se refiere a los desembolsos, la presentación de Miranda mostró que los pagos por servicio variaron entre 300 a 800 millones de dólares. Entre el 2000 al 2005, la mayor amortización se realizó en 2003, con 703 millones.

Entretanto, de 2006 a noviembre de 2015, el mayor pago se realizó en 2013, con 1.243 millones de dólares; un año antes, en 2012, la suma fue de 1.135 millones de dólares, pero en noviembre de la pasada gestión la cifra bajó a 835 millones.

INVERSIÓN PÚBLICA

Por otra parte, el documento muestra un dato preliminar de la ejecución de la inversión pública de 2015, cuya cifra llegó a 4.892 millones de dólares, menor a lo presupuestado, que fue de 6.179 millones de dólares, pero es la mayor a la fecha de los últimos años.

Sin embargo, la distribución sectorial de la inversión pública muestra modificaciones de 2015 a 2016. Por ejemplo, se destinó más recursos a los sectores de energía e hidrocarburos, en cambio bajaron para minería, deportes, recursos hídricos, transporte, agropecuaria y educación, entre las más importantes.

NUEVO FINANCIAMIENTO

Para la analista, el acceso a nuevos créditos no será tan fácil, debido a la demanda regional de financiamiento, así como a la capacidad de ejecución de los presupuestos.

La especialista recomendó mantener la sostenibilidad y garantizar la responsabilidad económica.

Comisión del Senado repone debate del Código Tributario

El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica de la Cámara de Senadores, René Joaquino, informó que esa instancia legislativa repuso el debate del nuevo Código Tributario y anunció que para trabajar en las modificaciones de esa norma convocará para la siguiente semana a la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.

“Al ser repuesta tenemos obligación de tratar en mi comisión, me refiero a las modificaciones parciales del Código Tributario, para eso hemos generado un mecanismo, primero convocar al Órgano Ejecutivo, en este caso a la viceministra Susana Ríos, la próxima semana, para que nos pueda explicar sobre todo las últimas modificaciones”, explicó.

Joaquino recordó que el Código Tributario fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la gestión pasada, pero fue rechazada por el Senado.

“El proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, en la gestión pasada, ha estado en comisión, la misma fue rechazada, ahora al ser repuesta tenemos obligación de tratar en mi comisión”, remarcó.

El legislador no detalló las modificaciones que se deben trabajar, pero informó que la Comisión del Senado ha “generado un mecanismo” de trabajo para reunirse con todos los sectores involucrados, además de someter a un control constitucional la norma, antes de que seas analizada por el pleno camaral.

“Hemos generado un mecanismo, primero convocar al Órgano Ejecutivo y posteriormente a los sectores que han solicitado audiencia y que además han hecho algunas sugerencias. Una vez concluido para garantizar y no transgredir derechos fundamentales de los ciudadanos, vamos a remitir previamente al Tribunal Constitucional del Estado para que pueda verificar la constitucionalidad de esta Ley”, puntualizó.

Según el legislador, el proceso por el que pasará la norma “es largo y complejo”, aunque prevé que las modificaciones estén concluidas para octubre próximo.

El legislador del MAS precisó que entre los sectores que serán convocados para trabajar en las modificaciones del Código Tributario están los contribuyentes organizados en el sector gremial, los pequeños y medianos empresarios, la empresa privada, la Cámara de Transporte, entre otros, que tributan al Estado.

¿Independencia fiscal en los municipios de Chuquisaca?

Analizando datos históricos consolidados de los recursos municipales percibidos en Chuquisaca en la gestión 2006, las trasferencias del Gobierno central significaban un 75 por ciento del total de los ingresos (coparticipación tributaria 38%, IDH 31%, transferencias de donaciones – HIPC II 6%).
En el año 2015, las transferencias del Gobierno central sumaron el 94% y continuaron siendo la principal fuente de los recursos municipales. Los recursos propios y de apalancamiento financiero significaron el 6% del total, consolidando los más altos índices de dependencia fiscal de las transferencias del Gobierno central.

Esto quiere decir que los gobiernos municipales están cumpliendo sus atribuciones y funciones de la gestión municipal con el financiamiento de coparticipación tributaria 40%, IDH 38%, transferencias TGN (Bolivia Cambia) 13% y transferencias de donaciones – HIPC II 3%.

Es decir, la dependencia fiscal de estos recursos subió un 9% en los últimos diez años.

Respecto al crecimiento de los ingresos propios, que hasta el 2004 se mantenían casi al nivel de las transferencias, con la promulgación de Ley del IDH se abrió una brecha entre estos tipos de ingresos debido al incremento en el precio internacional del petróleo en la última década. No obstante, los ingresos locales ya habían logrado otorgar sostenibilidad financiera a la gestión municipal, solo en municipios con alta población urbana.

Otro punto susceptible de análisis son los bajos niveles de generación de ingresos propios en un total del 3%, algo que se da principalmente en los municipios del área rural. Estos ingresos locales le otorgan sostenibilidad financiera a la gestión solamente al municipio de Sucre.

La misma tendencia sigue la generación de otros ingresos municipales (3%), que refleja el incremento en la ejecución de proyectos concurrentes con otros niveles estatales y, sobre todo, el aumento de la capacidad de generar crédito (interno y externo), mediante intermediarios financieros estatales e incluso mediante la gestión directa de donaciones.

La eficacia en la ejecución presupuestaria de recursos municipales fue del 73% de los recursos presupuestados en la gestión 2015.

El porcentaje de eficacia en los recursos percibidos en relación con los presupuestados se debe a varios factores. El más importante: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elaboró los techos presupuestarios con el precio internacional del barril de petróleo de $us 74,6. Sin embargo, en diciembre el precio cayó por debajo de los $us 40, por lo que la ejecución presupuestaria IDH tiene un decremento del 26% respecto a su techo presupuestario. Los recursos de transferencias por regalías de la Gobernación a las alcaldías también se vieron disminuidos, llegando escasamente a un 27% de ejecución.

Este decremento asimismo corresponde a los recursos de coparticipación tributaria, que solamente llegaron al 86%, contradiciendo el crecimiento anunciado de recaudaciones del Gobierno central. Por esto, las recaudaciones tributarias no llegaron al 100%.

Los gobiernos autónomos municipales en Chuquisaca, en 2015, se vieron afectados considerablemente por este decremento en sus mayores fuentes de recursos —es decir, las transferencias del nivel central—, provocando iliquidez para el pago de sus compromisos programados. Los recursos solo alcanzaron para el pago de sueldos y salarios de diciembre y para el doble aguinaldo, que en algunos municipios se pagaron con recursos de la gestión 2016, aspecto considerado ilegal por la normativa.

Por esta causa se tomaron decisiones como la reducción del número de trabajadores asalariados y se elevaron los niveles de deuda interna, por lo tanto se elevaron los indicadores de solvencia y los recursos disponibles para la contratación de nuevos proyectos de inversión bajaron para la gestión en curso.

Los datos presentados dan pie a plantearnos preguntas que requieren análisis específicos en el tema fiscal, para futuras investigaciones: ¿Se acabaron las épocas de bonanza económica municipal que se tuvo en las últimas gestiones, donde se sobrepasaban las recaudaciones a más del 100% de lo esperado? ¿Se aprovecharon los recursos para el desarrollo económico de Chuquisaca? ¿Se vienen épocas de vacas flacas?