Extranjerizar jubilaciones o salvar el agronegocio, ¿las únicas opciones?

Después de años de enviar las Reservas Internacionales (RIN) y la liquidez del Tesoro del Estado (TGE) al extranjero, potenciando así economías capitalistas desarrolladas,

el anuncio del presidente Evo Morales de destinar parte del ahorro jubilatorio para impulsar los sectores productivos de Bolivia parece, en principio, un primer paso para enmendar aquella contradicción inicial.
Pese a esto, numerosos sectores están criticando la medida. Por ejemplo, el Director de la Fundación TIERRA, Gonzalo Colque, considera que la medida no responde a criterios técnicos ni financieros de inversión, sino netamente políticos, y que consiste en realidad en un “rescate de agroempresarios endeudados”.
Pero la interpretación de Colque tiene sustento, puesto que la Cumbre Agropecuaria llevada a cabo en abril de 2015, mostraba ya que el Estado apostaba casi ciegamente por el modelo agroindustrial y el sector agroempresarial como el actor central del desarrollo agropecuario de Bolivia.
Más tarde, en julio de ese mismo año, el gobierno presentó un paquete de 11 normas (entre decretos y leyes) en favor del sector agroempresarial, entre las que destacaron: la postergación de la verificación de la función económica y social de la tierra por cinco años, el etiquetado de los productos transgénicos (lo que implica una aceptación de éstos, aunque con cierta “responsabilidad empresarial”), el fomento al riego, exenciones tributarias para los productores, y compromisos para ampliar la frontera agrícola significativamente.
Esta clara preferencia del gobierno por este poderoso sector del capitalismo agroindustrial exportador es difícil de negar. Lo cierto es que la medida de otorgar créditos agropecuarios con recursos del ahorro jubilatorio es una más entre las viarias que ya favorecen al privilegiado sector.

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El rol del sector agroempresarial en la economía
El problema no es pues que se use el ahorro jubilatorio para potenciar el aparato productivo de Bolivia, sino el sector destinatario de ese dinero, y el mecanismo a través del cual estos recursos se destinan al sector agroempresarial, mediante un decreto considerado como confiscatorio y que no fue consensuado con los que proveen ese dinero.
Sobre el primer punto, el investigador Enrique Castañón mostró tres limitaciones fundamentales en esta apuesta del gobierno por el empresariado agroindustrial. La primera: que “la contribución del sector a las arcas del Estado es prácticamente nula”. Esta afirmación se basa en un estudio de Ernesto Sheriff, de la Universidad Mayor de San Andrés, quien usando estadísticas del año 2008, estima que el aporte de la agroindustria como porcentaje de la renta del recurso fue de 0,01%, 10 veces menor al aporte de la minería.
Esto se debe en gran medida a una falta de mecanismos impositivos que permitan capturar la renta que genera este sector. Y por lo que se ha visto en los últimos años “no existe aún la intención del Estado de promover una política impositiva hacia la agroindustria nacional que, dicho sea de paso, se beneficia con la subvención al diésel”, afirma el investigador, a tiempo de recordar que en Argentina el impuesto que cobraba el Estado a la exportación de soya le generaba alrededor de 10 mil millones de dólares anuales.
La segunda limitación que encuentra Castañón: “una gran parte de las ganancias generadas por el sector no se quedan en el país. Estudios previos sobre la base de datos del propio gremio empresarial han constatado, por ejemplo, que al menos el 70% de la superficie cultivada de soya estaba en manos de extranjeros en el año 2007”, por lo que una parte importante de la riqueza generada es potencialmente expatriada, “lo que a su vez cuestiona el ‘efecto multiplicador’ constantemente esgrimido en el discurso empresarial que, en todo caso, se parece más al ‘efecto goteo’ neoliberal”.
Un tercer problema con la apuesta agroempresarial del gobierno: este modelo de producción no vela por las necesidades alimentarias del país, sino que está enfocado totalmente en la demanda de los mercados internacionales, siempre especulativos y volátiles.
“Es por esta razón que el grueso de la superficie empleada por la agroindustria en Santa Cruz se enfoca en el cultivo de la soya (más del 72%) y no así en otros cultivos de mayor importancia alimentaria para el país, como es el caso del trigo”, destaca Castañón.
El investigador también advierte que “los estados que apuestan por el agronegocio terminan erosionando su agricultura tradicional, lo que a su vez los obliga a incrementar la importación de alimentos”.

Jubilaciones, ¿mejor adentro o afuera?

El año 2010, en la Ley de Pensiones N° 065, se creó la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo (GP), que reemplazará a las AFP en el manejo del Sistema Integral de Pensiones (SIP). Y en su Artículo 143, dicha ley dice textualmente: “Las inversiones realizadas en el extranjero no deberán ser mayores al cincuenta por ciento (50%) de cada Fondo administrado”.
En 2014, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su beneplácito con la exportación de ese 50% del ahorro jubilatorio (que hoy en día superaría los 6.744 millones de dólares considerando que el total alcanza a 13.489.096.487 dólares, según la APS al 31 de octubre), con el argumento de aumentar los rendimientos de los aportes de los trabajadores, que en 2014 estaban por encima del 3%, en 2015 por encima del 4%, y en diciembre de 2016 por encima del 5%.
Esta medida significaría en los hechos potenciar fábricas, empresas y bancos de los países que reciban estos dineros y, en consecuencia, mejorar la situación de los trabajadores de aquellos países, mientras las empresas bolivianas no podrían contar con ese ahorro interno, debilitándose el desarrollo de los propios trabajadores bolivianos.
Además, el argumento de mejorar el rendimiento se cae por sí sólo, ya que los mercados financieros internacionales donde se pretende prestar los ahorros de las jubilaciones, están todavía en sus niveles históricos más bajos. Como referencia se tiene que la inversión de las RIN en el extranjero el 2016 generaron retornos acumulados de menos del 1%.
Mientras tanto, en el vecino Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) abogaba por hacer una evaluación multidimensional del esquema de ahorro previsional y jubilación, considerando los efectos colaterales de sus inversiones (préstamos).
Según el jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, la inversión de las AFPs en, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, si bien genera un retorno, finalmente se diluye; pero si estos fondos se invierten en el mercado local, en proyectos de infraestructura como la construcción de autopistas, su beneficio será percibido por los afiliados en el corto plazo, y no recién en 30 años, cuando reciban su pensión de jubilación.
Por su parte, analistas bolivianos agregan que si se reinvierte el ahorro interno dentro del propio país también mejorarían los rendimientos para los trabajadores. Financiando el potenciamiento de empresas industriales públicas, privadas, de servicios y los pequeños emprendimientos, entre otros, se generará un factor adicional de desarrollo económico que luego inciden también en un mejor rendimiento de los préstamos internos.
En este sentido, la reciente medida anunciada por el gobierno, de usar el 5% del ahorro jubilatorio para potenciar el aparato productivo interno, como principio mismo, está considerando otras dimensiones que favorezcan el desarrollo de Bolivia. Los problemas: el sector destinatario y el mecanismo.

Los extraños virajes ideológicos de la COB

Otra cosa que no ha dejado de extrañar en los últimos años ha sido la postura de la COB en este tema, que algunos analistas han calificado como “errática”.
El acuerdo alcanzado entre la COB y el Gobierno central el 2014 (que ratifica la vocación de la Ley 065 de “exportar” el 50% de las jubilaciones) fue llamativo por contradecir frontalmente la propia Tesis Política de la Central Obrera Boliviana, aprobada en su IV Congreso en mayo de 1970, en la que se opone radicalmente a “abrir campo a las inversiones foráneas (al capital financiero) y mantener indefinidamente el régimen capitalista” (punto 1.2).
Asimismo, en julio de 2013, el entonces secretario de Organización de la COB, Octavio Urquizo, rechazó la propuesta del Gobierno de que los recursos del sistema de pensiones sean invertidos en mercados bursátiles en el extranjero por el “riesgo de que ya no se vuelva a ver ese dinero”.
Pero desde 2014 la dirigencia de la COB y autoridades del Viceministerio de Pensiones arribaron a un acuerdo en torno al proyecto del Decreto Supremo Reglamentario, autorizando estos préstamos al exterior, a cambio de que el organismo sindical pueda plantear al Legislativo una terna de nombres para que se elija un representante en el comité de inversiones de la GP para “fiscalizar las inversiones que se puedan hacer en el exterior e internamente”.
¿Cuál es entonces la lógica de que la COB se oponga férreamente a que el 5% del ahorro jubilatorio pueda favorecer al aparato productivo boliviano, y a la vez manifieste su beneplácito de que el 50% de esos mismos recursos sirvan para potenciar fábricas, empresas y bancos de otros países?

Gobierno: créditos llegarán a pequeños productores

El ministro Luis Arce Catacora afirmó que los pequeños productores también se beneficiarán con los créditos otorgados con recursos del Fondo de Pensiones, y explicó que quien produce es el pequeño productor por lo que le interesa ampliar la superficie cultivada, pero también se preocupa en garantizar la venta de su producción y ahí ingresa la agroindustria, “por eso está interesada en participar de este negocio”.
El director del CEDIB, Marco Gandarillas, aclara que en el esquema productivo agroindustrial los pequeños productores (que en realidad tienen alrededor de 100 hectáreas) tienen un papel cada vez más importante como parte de la cadena de los monocultivos transgénicos de exportación.
“Es una producción terciarizada, porque el pequeño asume todos los riesgos y los grandes se llevan todas las ganancias. El pequeño tiene que endeudarse para la semilla, endeudarse para la maquinaria, para fertilizante, para los agroquímicos y además correr con el riesgo de que por inundación o por sequía pierde la producción, y el grande ahí lo que hace es simplemente comprar la producción al precio más bajo del productor sin correr ningún riesgo”, destaca.
En este sentido, hay una cadena de intermediación, donde los grandes empresarios agroindustriales “son quienes controlan toda la cadena, incluyendo el destino de la producción”.
Basándose en investigaciones en campo, Gandarillas afirma que la soya “los quiebra (a los campesinos) y ahora el Estado les va a dar dinero porque la soya necesita que sus campesinos tengan. O sea que ahora mismo están híperendeudados, porque además tienen mala racha con la producción”.