La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) demandó al Gobierno nacional la inyección de recursos al sistema financiero para evitar poner en riesgo la estabilidad de este sector que dejará de percibir recursos por seis meses más tras la disposición del periodo de gracia para créditos diferidos.
El economista Germán Molina considera que, efectivamente, el Estado debe compartir el riesgo con la banca.
A través de un comunicado, Cainco recordó que en la crisis de 2001 se aplicó con éxito en el país el mecanismo de apoyo estatal a las entidades financieras con la finalidad de precautelar el ahorro de los depositantes. Recordó que en aquella oportunidad se creó el Fondo Especial de Reactivación Económica.
“Su objetivo era facilitar las reprogramaciones de las unidades productivas afectadas, manteniendo el flujo de recursos del sistema financiero y así evitando las vulnerabilidades que hoy pueden profundizarse con una medida incompleta”, dice el documento.
En opinión de Molina, muchas actividades no lograron consolidarse o vuelven a ser afectadas con la segunda ola del coronavirus, por lo que es comprensible que demanden un nuevo diferimiento, pero esto no puede ser una responsabilidad exclusiva del sistema financiero.
Afirma que el Gobierno tiene que asumir parte del riesgo e inyectar los recursos equivalentes al diferimiento para que la banca entre en quiebra.
“El Gobierno tendría que tener una fuente de financiamiento del Banco Central de Bolivia (BCB) con un crédito interno al sistema financiero, pero que va a asumir el Tesoro General de la Nación (TGN), esa situación sería lo más racional”, dijo.
El Gobierno niega riesgo en la banca
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que los seis meses de gracia para el pago de créditos bancarios no ponen en riesgo la liquidez de las entidades financieras.
“En este momento hay la liquidez suficiente y hay mecanismos (de inyección de recursos) si algún banco tuviese algún tipo de restricción de liquidez”, dijo.
Explicó que, en ese periodo, los prestatarios recibirán información para optar por una reprogramación o un refinanciamiento y las entidades bancarias podrán ofertar tasas de interés u otros incentivos para impulsar el pago de las deudas.
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