“1.500 solicitudes tiene la entidad en todo el país y creemos que todo eso es de forma indebida y no corresponde”
“Vamos a recuperar el dinero y tratar de destrabar el proceso para garantizar las contrucciones en todo el país”
La Cooperativa Jerusalén, una de las entidades financieras a las que se adjudicó la administración de recursos para el Programa de Vivienda Solidaria, no canalizó el dinero que se le entregó para varios proyectos en Tarija, Cochabamba y Santa Cruz y las obras están paralizadas.
El Poder Ejecutivo intenta recuperar los desembolsos e inició una investigación para determinar responsabilidades. El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explica la situación en esta entrevista.
—¿Qué problemas existen con la Cooperativa Jerusalén?
—En la gestión anterior se habían adjudicado algunos planes a través de las intermediarias, como es el caso de la Cooperativa Jerusalén de Santa Cruz, que tenía problemas financieros.
Hemos encontrado que la entidad financiera que debería agilizar el pago no está pagando a las empresas constructoras y, de manera indebida, nos están pidiendo elevación de precios.
El caso patético es que, en Tarija, la cooperativa ha recibido el anticipo y no ha invertido el total a la empresa constructora. Hemos hecho una inspección de sitio y se ha constatado con preocupación que el nivel de avance de la obra no corresponde al grado de desembolso del dinero, que regularmente es el 20 por ciento. En el momento de la inspección deberíamos haber visto la obra por lo menos en un avance de 20 por ciento, y no llegaba ni al 3 por ciento.
—¿Cuántas solicitudes de adjudicó a la Cooperativa Jerusalén?
—Por lo menos 1.500. Jerusalén se ha adjudicado prácticamente en todo el país y creemos que aquello era totalmente indebido y los montos que ellos estaban recolectando eran para muchos programas en Tarija, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el área rural y urbana y esto significaba miles de viviendas y esto les ha llevado a un descontrol.
Hoy tenemos la política firme de que una empresa no puede adjudicarse más de 200 o 300 viviendas; más de eso, nosotros sugerimos que sea otra la empresa que se adjudique, puesto que cuando una entidad se adjudica mil o 600, como era en el pasado, hemos visto que no hay posibilidad de manejo y el control del dinero se ha desbordado.
—¿Qué solución le van a dar?
—Hemos sentido el problema y hemos tomado una decisión de que no vamos a dar planes de vivienda que vayan más allá de 200 o 300 en el peor de los casos.
—Ellos desembolsan los recursos a los beneficiarios, ¿no?
—Es la intermediaria financiera. El esquema funciona así: una vez que el Viceministerio de Vivienda autoriza la ejecución de un plan de vivienda, autoriza al Fondesif para que pueda transferir los fondos a las intermediarias financieras habilitadas, en este caso la Cooperativa Jerusalén, que coloca el dinero y se encarga de su recuperación.
—¿La Cooperativa Jerusalén utilizó en otros fines los recursos que se le desembolsaron?
—Nosotros, la verdad y en razón de que éste es un tema jurídico, preferimos no emitir criterio sobre qué uso le dieron a ese dinero. Esto seguramente se va a detectar de manera formal con alguna auditoría. Lo que sí vamos a hacer es exigir el cumplimiento de las garantías. Ya en dos casos, es decir, en dos urbanizaciones (que la cooperativa impulsaba), hemos pedido que sean transferidas a otras entidades financieras.
Si bien hay predisposición de la cooperativa, eso ya tiene implicancia jurídica, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el anticipo que se le ha dado? Creo que deberíamos recuperar esos recursos y vamos a preguntarles qué han hecho con el dinero que se les ha entregado, cuyo fin único y exclusivo era el de pagar las viviendas para las cuales habían solicitado el desembolso.
—Es decir, ¿la cooperativa no usó los recursos para el programa?
—De la inspección que hemos hecho a las viviendas en Tarija encontramos que ellos no han destinado los recursos que se les ha asignado en las obras a las cuales ellos tenían que haber invertido. Las empresas constructoras nos han hecho conocer sus reclamos de que no han recibido el dinero.
—¿Sólo es Tarija?
—El caso comprobado es en Tarija, pero también hay dos proyectos en Santa Cruz, Pío y San Pedrito, que han solicitado que se les desembolsen los recursos a la empresa constructora Prisma. en realidad, nosotros estamos solicitando que sea la Cooperativa Jerusalén la que haga estos desembolsos porque es ésta la que ha recibido el dinero, pero la constructora Prisma nos hizo el reclamo a nosotros. Sabemos que con la cooperativa han ocurrido muchos problemas y ella debe resarcir el dinero por la vía jurídica.
—¿Hay un cálculo de cuánto dinero se le entregó a Jerusalén?
—Existe una cantidad que maneja el Viceministerio de Vivienda. Pero los problemas vienen de la anterior gestión en el Viceministerio, que es cuando se entregaron los recursos. Pero nosotros hemos parado.
La Cooperativa Jerusalén tiene índices financieros que no demuestran capacidad, sin embargo en el pasado se le dio el dinero y eso nos parece irregular. Estamos investigando por qué razón se le entregó dinero a esta cooperativa que no estaba demostrando en sus estados financieros una solvencia suficiente para hacerse cargo de una inversión tan grande como la que se está manejando en el Programa de Vivienda Social.
—¿Con Guapay ocurrió algo similar y se frenó?
—El caso de Guapay es exactamente el mismo cuadro. En razón de que esta entidad financiera ya tenía reportes negativos en la Superintendencia, no entendemos cómo se le entregó dinero. Guapay tenía algunos programas. Lo delicado es que en éste y el otro (Jerusalén) es cómo se da recursos a entidades que evidentemente tienen problemas financieros y no demostraban la solvencia suficiente.
—¿Ahora que se está investigando se establecerán responsabilidades y averiguará por qué se le ha adjudicado el programa a esta cooperativa?
—Hay tres acciones que se van a asumir. La primera es de recuperar los recursos, deben existir boletas y algún nivel de garantía.
En segundo lugar se debe determinar los grados de responsabilidad de los diferentes actores, el Fondo de Desarrollo Financiero (Fondesif) y el Viceministerio en la gestión anterior.
En tercer lugar, lo que estamos haciendo es intentar destrabar estos procesos y garantizar que las construcciones puedan continuar.
Para nosotros, sería lapidario que la gente que ha confiado fuera castigada por algo de lo que no es culpable; la gente podía tomar cualquier otra financiera y de pronto se encuentra con una que tiene problemas y termina como víctima porque su obra se queda trancada.
El Gobierno busca financiamiento
Al año de su lanzamiento, el Programa de Vivienda Solidaria (PVS) tiene más de 85.000 solicitudes por atender. El Gobierno informó que analiza al menos tres fuentes de financiamiento que le permitan ejecutar la construcción de inmuebles para la elevada cantidad de demandantes o interesados.
El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explicó en una entrevista con La Prensa que anualmente se recaudan 1.200 millones de bolivianos provenientes del aporte patronal del 2 por ciento, lo que alcanza para financiar la construcción de 14.000 a 15.000 viviendas anuales.
En lo que va de esta gestión, ya se aprobaron 13.500 solicitudes por lo que el cupo está a punto de completarse y se tropieza con la falta de presupuesto para atender otras 71.000.
El Ejecutivo se fijó como meta construir 14.000 por año.
El ministro Coca explicó que por el momento una de las alternativas es la búsqueda de recursos adicionales de fuentes externas o internas, que es el compromiso asumido por el presidente Evo Morales, si es que se logra acelerar el programa y aprobar al menos 20.000 solicitudes en este año.
Según Coca, otra de las alternativas es que los aportes que se recibirán en los próximos años sirvan de garantía para apalancar fondos anticipados que podrían ayudar a financiar lo que falta. Sin embargo, la palabra final le corresponde al Ministerio de Hacienda.
El ministro Coca explicó que en el pasado los programas de vivienda nunca viabilizaron la construcción de casas que se pretende edificar en la actualidad. A lo mucho se aprobaban 600 viviendas por año.
El Viceministerio de Vivienda, a su vez, demandó al Tesoro el desembolso de diez millones de dólares.
Las demandas demoran hasta un año
Las solicitudes para beneficiarse del financiamiento del Programa de Vivienda Social (PVS) pueden permanecer en espera hasta un año. La Prensa conversó con algunos interesados que el miércoles esperaban, fuera del Viceministerio de Vivienda, información acerca de sus proyectos.
Es el caso de Franz Enríquez Molina, quien junto con otros 300 interesados se anotó con la Fundación Cruz del Sur para levantar viviendas en la urbanización Inti Raymi, en Nueva Tilata, camino a Viacha.
Explicó que la solicitud fue presentada hace diez meses y hasta ahora no hay cuándo se apruebe el proyecto. Una de las observaciones que hizo el Banco Unión es que existen personas con deudas y modifificó las exigencias. Pedía ingresos de al menos 600 bolivianos y después solicitó 1.200 bolivianos.
Además, la fundación quiere subir el precio de las viviendas por el encarecimiento de los materiales de construcción. En su defecto, pretende reducir los ambientes de los inmuebles, de tres a dos habitaciones. El Ministro de Servicios y Obras Públicas anunció que se fortalecerá la vivienda.
El Ejecutivo desconcentra el plan
Para acelerar la aprobación de las nuevas solicitudes de vivienda y de las que se encuentran estancadas, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Óscar Coca, anunció la aprobación de un nuevo reglamento.
Por ejemplo, una de las medidas introducidas elimina la exigencia como requisito de la presentación de un estudio socioeconómico de los demandantes de vivienda.
Según la autoridad, para el Gobierno es suficiente que en el país exista un déficit para comprobar que el acceso a la vivienda es un problema no resuelto.
De manera paralela, el programa será descentralizado y tendrá oficinas en los nueve departamentos del país. Así, todos los proyectos se los recibirá en las regiones, y las observaciones deberán resolverse en el lugar. En La Paz sólo se dará el visto bueno final para el desembolso.
Además, las revisiones serán resueltas de una sola vez y en presencia del adjudicatario y de la empresa constructora.
Sin embargo, aclaró que no se aprobará el levantamiento de urbanizaciones en terrenos que tengan problemas.
“Vamos a recuperar el dinero y tratar de destrabar el proceso para garantizar las contrucciones en todo el país”
La Cooperativa Jerusalén, una de las entidades financieras a las que se adjudicó la administración de recursos para el Programa de Vivienda Solidaria, no canalizó el dinero que se le entregó para varios proyectos en Tarija, Cochabamba y Santa Cruz y las obras están paralizadas.
El Poder Ejecutivo intenta recuperar los desembolsos e inició una investigación para determinar responsabilidades. El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explica la situación en esta entrevista.
—¿Qué problemas existen con la Cooperativa Jerusalén?
—En la gestión anterior se habían adjudicado algunos planes a través de las intermediarias, como es el caso de la Cooperativa Jerusalén de Santa Cruz, que tenía problemas financieros.
Hemos encontrado que la entidad financiera que debería agilizar el pago no está pagando a las empresas constructoras y, de manera indebida, nos están pidiendo elevación de precios.
El caso patético es que, en Tarija, la cooperativa ha recibido el anticipo y no ha invertido el total a la empresa constructora. Hemos hecho una inspección de sitio y se ha constatado con preocupación que el nivel de avance de la obra no corresponde al grado de desembolso del dinero, que regularmente es el 20 por ciento. En el momento de la inspección deberíamos haber visto la obra por lo menos en un avance de 20 por ciento, y no llegaba ni al 3 por ciento.
—¿Cuántas solicitudes de adjudicó a la Cooperativa Jerusalén?
—Por lo menos 1.500. Jerusalén se ha adjudicado prácticamente en todo el país y creemos que aquello era totalmente indebido y los montos que ellos estaban recolectando eran para muchos programas en Tarija, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el área rural y urbana y esto significaba miles de viviendas y esto les ha llevado a un descontrol.
Hoy tenemos la política firme de que una empresa no puede adjudicarse más de 200 o 300 viviendas; más de eso, nosotros sugerimos que sea otra la empresa que se adjudique, puesto que cuando una entidad se adjudica mil o 600, como era en el pasado, hemos visto que no hay posibilidad de manejo y el control del dinero se ha desbordado.
—¿Qué solución le van a dar?
—Hemos sentido el problema y hemos tomado una decisión de que no vamos a dar planes de vivienda que vayan más allá de 200 o 300 en el peor de los casos.
—Ellos desembolsan los recursos a los beneficiarios, ¿no?
—Es la intermediaria financiera. El esquema funciona así: una vez que el Viceministerio de Vivienda autoriza la ejecución de un plan de vivienda, autoriza al Fondesif para que pueda transferir los fondos a las intermediarias financieras habilitadas, en este caso la Cooperativa Jerusalén, que coloca el dinero y se encarga de su recuperación.
—¿La Cooperativa Jerusalén utilizó en otros fines los recursos que se le desembolsaron?
—Nosotros, la verdad y en razón de que éste es un tema jurídico, preferimos no emitir criterio sobre qué uso le dieron a ese dinero. Esto seguramente se va a detectar de manera formal con alguna auditoría. Lo que sí vamos a hacer es exigir el cumplimiento de las garantías. Ya en dos casos, es decir, en dos urbanizaciones (que la cooperativa impulsaba), hemos pedido que sean transferidas a otras entidades financieras.
Si bien hay predisposición de la cooperativa, eso ya tiene implicancia jurídica, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el anticipo que se le ha dado? Creo que deberíamos recuperar esos recursos y vamos a preguntarles qué han hecho con el dinero que se les ha entregado, cuyo fin único y exclusivo era el de pagar las viviendas para las cuales habían solicitado el desembolso.
—Es decir, ¿la cooperativa no usó los recursos para el programa?
—De la inspección que hemos hecho a las viviendas en Tarija encontramos que ellos no han destinado los recursos que se les ha asignado en las obras a las cuales ellos tenían que haber invertido. Las empresas constructoras nos han hecho conocer sus reclamos de que no han recibido el dinero.
—¿Sólo es Tarija?
—El caso comprobado es en Tarija, pero también hay dos proyectos en Santa Cruz, Pío y San Pedrito, que han solicitado que se les desembolsen los recursos a la empresa constructora Prisma. en realidad, nosotros estamos solicitando que sea la Cooperativa Jerusalén la que haga estos desembolsos porque es ésta la que ha recibido el dinero, pero la constructora Prisma nos hizo el reclamo a nosotros. Sabemos que con la cooperativa han ocurrido muchos problemas y ella debe resarcir el dinero por la vía jurídica.
—¿Hay un cálculo de cuánto dinero se le entregó a Jerusalén?
—Existe una cantidad que maneja el Viceministerio de Vivienda. Pero los problemas vienen de la anterior gestión en el Viceministerio, que es cuando se entregaron los recursos. Pero nosotros hemos parado.
La Cooperativa Jerusalén tiene índices financieros que no demuestran capacidad, sin embargo en el pasado se le dio el dinero y eso nos parece irregular. Estamos investigando por qué razón se le entregó dinero a esta cooperativa que no estaba demostrando en sus estados financieros una solvencia suficiente para hacerse cargo de una inversión tan grande como la que se está manejando en el Programa de Vivienda Social.
—¿Con Guapay ocurrió algo similar y se frenó?
—El caso de Guapay es exactamente el mismo cuadro. En razón de que esta entidad financiera ya tenía reportes negativos en la Superintendencia, no entendemos cómo se le entregó dinero. Guapay tenía algunos programas. Lo delicado es que en éste y el otro (Jerusalén) es cómo se da recursos a entidades que evidentemente tienen problemas financieros y no demostraban la solvencia suficiente.
—¿Ahora que se está investigando se establecerán responsabilidades y averiguará por qué se le ha adjudicado el programa a esta cooperativa?
—Hay tres acciones que se van a asumir. La primera es de recuperar los recursos, deben existir boletas y algún nivel de garantía.
En segundo lugar se debe determinar los grados de responsabilidad de los diferentes actores, el Fondo de Desarrollo Financiero (Fondesif) y el Viceministerio en la gestión anterior.
En tercer lugar, lo que estamos haciendo es intentar destrabar estos procesos y garantizar que las construcciones puedan continuar.
Para nosotros, sería lapidario que la gente que ha confiado fuera castigada por algo de lo que no es culpable; la gente podía tomar cualquier otra financiera y de pronto se encuentra con una que tiene problemas y termina como víctima porque su obra se queda trancada.
El Gobierno busca financiamiento
Al año de su lanzamiento, el Programa de Vivienda Solidaria (PVS) tiene más de 85.000 solicitudes por atender. El Gobierno informó que analiza al menos tres fuentes de financiamiento que le permitan ejecutar la construcción de inmuebles para la elevada cantidad de demandantes o interesados.
El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, explicó en una entrevista con La Prensa que anualmente se recaudan 1.200 millones de bolivianos provenientes del aporte patronal del 2 por ciento, lo que alcanza para financiar la construcción de 14.000 a 15.000 viviendas anuales.
En lo que va de esta gestión, ya se aprobaron 13.500 solicitudes por lo que el cupo está a punto de completarse y se tropieza con la falta de presupuesto para atender otras 71.000.
El Ejecutivo se fijó como meta construir 14.000 por año.
El ministro Coca explicó que por el momento una de las alternativas es la búsqueda de recursos adicionales de fuentes externas o internas, que es el compromiso asumido por el presidente Evo Morales, si es que se logra acelerar el programa y aprobar al menos 20.000 solicitudes en este año.
Según Coca, otra de las alternativas es que los aportes que se recibirán en los próximos años sirvan de garantía para apalancar fondos anticipados que podrían ayudar a financiar lo que falta. Sin embargo, la palabra final le corresponde al Ministerio de Hacienda.
El ministro Coca explicó que en el pasado los programas de vivienda nunca viabilizaron la construcción de casas que se pretende edificar en la actualidad. A lo mucho se aprobaban 600 viviendas por año.
El Viceministerio de Vivienda, a su vez, demandó al Tesoro el desembolso de diez millones de dólares.
Las demandas demoran hasta un año
Las solicitudes para beneficiarse del financiamiento del Programa de Vivienda Social (PVS) pueden permanecer en espera hasta un año. La Prensa conversó con algunos interesados que el miércoles esperaban, fuera del Viceministerio de Vivienda, información acerca de sus proyectos.
Es el caso de Franz Enríquez Molina, quien junto con otros 300 interesados se anotó con la Fundación Cruz del Sur para levantar viviendas en la urbanización Inti Raymi, en Nueva Tilata, camino a Viacha.
Explicó que la solicitud fue presentada hace diez meses y hasta ahora no hay cuándo se apruebe el proyecto. Una de las observaciones que hizo el Banco Unión es que existen personas con deudas y modifificó las exigencias. Pedía ingresos de al menos 600 bolivianos y después solicitó 1.200 bolivianos.
Además, la fundación quiere subir el precio de las viviendas por el encarecimiento de los materiales de construcción. En su defecto, pretende reducir los ambientes de los inmuebles, de tres a dos habitaciones. El Ministro de Servicios y Obras Públicas anunció que se fortalecerá la vivienda.
El Ejecutivo desconcentra el plan
Para acelerar la aprobación de las nuevas solicitudes de vivienda y de las que se encuentran estancadas, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Óscar Coca, anunció la aprobación de un nuevo reglamento.
Por ejemplo, una de las medidas introducidas elimina la exigencia como requisito de la presentación de un estudio socioeconómico de los demandantes de vivienda.
Según la autoridad, para el Gobierno es suficiente que en el país exista un déficit para comprobar que el acceso a la vivienda es un problema no resuelto.
De manera paralela, el programa será descentralizado y tendrá oficinas en los nueve departamentos del país. Así, todos los proyectos se los recibirá en las regiones, y las observaciones deberán resolverse en el lugar. En La Paz sólo se dará el visto bueno final para el desembolso.
Además, las revisiones serán resueltas de una sola vez y en presencia del adjudicatario y de la empresa constructora.
Sin embargo, aclaró que no se aprobará el levantamiento de urbanizaciones en terrenos que tengan problemas.
El Vice no puede entender como se le dio plata a Guapay?, pues yo si, Guapay tenia resultados negativos, SI, pero por lo menos estaba debidamente fiscalizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).
ResponderEliminarLo que yo NO PUEDO ENTENDER es como se otorgo dinero a una institucion financiera como es la Cooperativa Jerusalen que NO ESTA FISCALIZADA por la SBEF y no sabemos cual la composicion societaria y cuales sus resultados economicos.
Asi como esta Cooperativa, en Bolivia tenemos un monton de entidades que realizan intermediacion financiera (ONGs incluidas)que no estan fiscalizadas por la SBEF y si estas quiebran habra mucha gente perjudicada (Como el caso de Roghel, Orion, Pharma, FINSA, Orcobol) y el dinero para responderles tendra que salir del bolsillo del Estado.
Seguimos esperando la aprobacion de la normativa (Ley o Decreto Supremo) que obligue a esas instituciones financieras a ser fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras o una entidad similar.