El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda alista un decreto supremo para la puesta en marcha de un nuevo reglamento del Plan de Vivienda Social y Solidaria (PVS) y, según adjudicatarios de proyectos para la construcción de viviendas en Oruro, el documento contempla que todos los planes que ya fueron presentados tengan que ser reajustados.
“Se nos ha dicho que con el nuevo reglamento, por ejemplo, los proyectos para acceder a financiamiento de viviendas de 8.000 dólares tendrán que ser reajustados para que sean de 10.000 dólares. Esto va a significar corregir todo y volver a fojas cero, ya han pasado dos años y esto implicará que se demore más tiempo”, aseguró Alicia Aramayo, directora de la organización Sumaj Warmis Llank’asanku (Buenas Mujeres Trabajando).
Aramayo señaló que los miles de proyectos presentados al Viceministerio de Vivienda para la construcción de unidades habitacionales en todo el país se verán afectados cuando entre en vigencia la nueva norma.
En declaraciones realizadas a La Razón el 23 de enero, el viceministro de Vivienda, José Lambertín, anunció que su despacho trabajaba en los detalles de la nueva disposición. Desde la creación del PVS, el Gobierno ya cambió en dos oportunidades el reglamento para la aprobación y desembolso de recursos que se encuentran en fideicomiso.
Según Lambertín, en los dos años de vigencia del programa se han desembolsado aproximadamente unos 100 millones de dólares para los 206 proyectos que están en ejecución. Para la gestión 2009, el presidente Evo Morales anunció la ejecución de otros 100 millones de dólares.
No obstante, las acusaciones sobre irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos son constantes y provienen de varios sectores. Una de las denuncias fue hecha en enero por Iván Bustillos, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y miembro del Comité de Control Social del PVS.
En la ocasión, Bustillos denunció anomalías en proyectos para los departamentos de Oruro, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca y pidió la intervención de la Contraloría General.
La Razón accedió a cuatro cartas enviadas al Primer Mandatario el año pasado, en las que se denunciaba que el plan de
vivienda no estaba siendo bien administrado. Las notas corresponden a la organización “Habitaciones” de La Paz y de Cochabamba, a la entidad Sumaj Warmis Llank’asanku y a la Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda Social de Oruro.
“Entre gallos y medianoche se han aprobado proyectos que no cumplen con lo dispuesto en el reglamento del PVS”, dice la carta enviada el 27 de mayo del 2008 por la organización “Habitaciones” de los departamentos de La Paz y Cochabamba.
“En reiteradas oportunidades, formulamos ante su despacho denuncias sobre irregularidades que estuvieran aconteciendo en el Ministerio de Obras Públicas y en el Viceministerio de Vivienda con la vergonzosa aprobación ilegal de proyectos”, denuncia la nota de la Unión Nacional de Organizaciones Vivienda Social de Oruro en julio del 2008. El Gobierno decidió no pronunciarse sobre las denuncias hasta que las auditorías que se realizan al plan estén listas.
ALGUNAS DENUNCIAS
Cooperativas • El 2007 se denunciaron irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos en Santa Cruz y otros departamentos que involucraban a las cooperativas Sudamérica y Jerusalén, no reguladas por la Superintendencia de Bancos.
Denuncias • El Comité de Control Social del PVS denunció que se adjudicaron recursos saltando procedimientos legales en los casos de los proyectos Patujú, Concepción, Milenium I, Milenium II, entre otros, en Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y La Paz.
Oruro • La construcción de 34 viviendas en Oruro, parte de los proyectos Porvenir I y Pedro Ferrari, se encuentra paralizada por falta de desembolsos de los recursos económicos. Las viviendas tenían que ser entregadas en octubre del año pasado.
Proyectos • El proyecto Porvenir II, en Oruro, que contemplaba la ejecución de 265 viviendas, nunca se aprobó y la gente perdió los terrenos. Según la presidenta de la organización, ello ocurrió por la burocracia en el Viceministerio de Vivienda.
“Se nos ha dicho que con el nuevo reglamento, por ejemplo, los proyectos para acceder a financiamiento de viviendas de 8.000 dólares tendrán que ser reajustados para que sean de 10.000 dólares. Esto va a significar corregir todo y volver a fojas cero, ya han pasado dos años y esto implicará que se demore más tiempo”, aseguró Alicia Aramayo, directora de la organización Sumaj Warmis Llank’asanku (Buenas Mujeres Trabajando).
Aramayo señaló que los miles de proyectos presentados al Viceministerio de Vivienda para la construcción de unidades habitacionales en todo el país se verán afectados cuando entre en vigencia la nueva norma.
En declaraciones realizadas a La Razón el 23 de enero, el viceministro de Vivienda, José Lambertín, anunció que su despacho trabajaba en los detalles de la nueva disposición. Desde la creación del PVS, el Gobierno ya cambió en dos oportunidades el reglamento para la aprobación y desembolso de recursos que se encuentran en fideicomiso.
Según Lambertín, en los dos años de vigencia del programa se han desembolsado aproximadamente unos 100 millones de dólares para los 206 proyectos que están en ejecución. Para la gestión 2009, el presidente Evo Morales anunció la ejecución de otros 100 millones de dólares.
No obstante, las acusaciones sobre irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos son constantes y provienen de varios sectores. Una de las denuncias fue hecha en enero por Iván Bustillos, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y miembro del Comité de Control Social del PVS.
En la ocasión, Bustillos denunció anomalías en proyectos para los departamentos de Oruro, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca y pidió la intervención de la Contraloría General.
La Razón accedió a cuatro cartas enviadas al Primer Mandatario el año pasado, en las que se denunciaba que el plan de
vivienda no estaba siendo bien administrado. Las notas corresponden a la organización “Habitaciones” de La Paz y de Cochabamba, a la entidad Sumaj Warmis Llank’asanku y a la Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda Social de Oruro.
“Entre gallos y medianoche se han aprobado proyectos que no cumplen con lo dispuesto en el reglamento del PVS”, dice la carta enviada el 27 de mayo del 2008 por la organización “Habitaciones” de los departamentos de La Paz y Cochabamba.
“En reiteradas oportunidades, formulamos ante su despacho denuncias sobre irregularidades que estuvieran aconteciendo en el Ministerio de Obras Públicas y en el Viceministerio de Vivienda con la vergonzosa aprobación ilegal de proyectos”, denuncia la nota de la Unión Nacional de Organizaciones Vivienda Social de Oruro en julio del 2008. El Gobierno decidió no pronunciarse sobre las denuncias hasta que las auditorías que se realizan al plan estén listas.
ALGUNAS DENUNCIAS
Cooperativas • El 2007 se denunciaron irregularidades en la aprobación y ejecución de proyectos en Santa Cruz y otros departamentos que involucraban a las cooperativas Sudamérica y Jerusalén, no reguladas por la Superintendencia de Bancos.
Denuncias • El Comité de Control Social del PVS denunció que se adjudicaron recursos saltando procedimientos legales en los casos de los proyectos Patujú, Concepción, Milenium I, Milenium II, entre otros, en Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y La Paz.
Oruro • La construcción de 34 viviendas en Oruro, parte de los proyectos Porvenir I y Pedro Ferrari, se encuentra paralizada por falta de desembolsos de los recursos económicos. Las viviendas tenían que ser entregadas en octubre del año pasado.
Proyectos • El proyecto Porvenir II, en Oruro, que contemplaba la ejecución de 265 viviendas, nunca se aprobó y la gente perdió los terrenos. Según la presidenta de la organización, ello ocurrió por la burocracia en el Viceministerio de Vivienda.
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