Destinar al agro los recursos del fondo de pensiones? ¿Qué garantiza que 150 millones de dólares vuelvan a su origen? ¿Quién se responsabilizará de esta devolución?
Éstas y otras preguntas son formuladas por analistas políticos, jubilados y otros sectores que expresan, de este modo, sus dudas sobre la seguridad de esta propuesta.
A mediados de enero, el Gobierno anunció la creación de un Fondo de Inversión Cerrado para los Pequeños y Medianos Productores agropecuarios, a través de créditos que serían erogados de los recursos del fondo de pensiones, hecho que provocó descontento y dudas en cuanto al uso de este dinero.
El monto destinado a los créditos asciende a por lo menos 150 millones de dólares que corresponde al 1 por ciento del total del fondo de pensiones.
Analistas económicos consultados por este medio opinan que no es saludable ni recomendable hacer uso de recursos del Fondo de Pensiones, porque éstos son propiedad de los trabajadores y no del Estado. Además, señalan que hubo experiencias similares en países como Argentina, donde se dispusieron esos recursos sin lograr su reposición, lo que comprometió seriamente la jubilación de los trabajadores. Por ello, recomiendan buscar una administración independiente.
El economista Alberto Bonadona cuestiona por qué el Gobierno acude al Fondo de Pensiones cuando existen otros recursos que podrían aplicarse, como los de la banca, que ofrecen intereses más atractivos que los que ofrece el Gobierno en esta propuesta. "Y uno empieza a sospechar por qué razón tienen que ofrecer una tasa más alta, del 7 y el 9 por ciento, cuando los créditos productivos están diseñados, en la banca, para hacer este tipo de préstamos con tasas más convenientes. Ahí es donde uno empieza sospechar, ahí debe haber un daño adicional porque se espera tal vez no pagar", explica.
Uno de los aspectos más cuestionados es la garantía que podría existir en este tipo de créditos si se toma en cuenta que el sector de agro está a expensas de posibles desastres naturales que podrían impedir que el dinero retorne al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
A esto se suma la preocupación del sector de los jubilados del nuevo Sistema de Pensiones, expresada por su representante Carlos Quiroga Blanco, quien recalca que el Gobierno no puede usar dinero ajeno para hacer inversiones y llevarse los intereses al Tesoro General del Estado. Además, califica este hecho como un robo o confiscación de los recursos de los trabajadores con la finalidad de tener presencia política en Santa Cruz.
La postura de la Central Obrera Boliviana (COB) al respecto, tras una reunión fallida con el Gobierno, es la del rechazo a esta propuesta debido a que la explicación técnica no logró despejar las dudas de los trabajadores, quienes enfatizaron que no existen garantías reales de ese sector para la devolución de los recursos. Así lo señala el ejecutivo de la COB, Guido Mitma.
Ante esta postura, el representante de la Federación de Fabriles en Cochabamba, Mario Céspedes, lamenta que la normativa que permite el uso de estos recursos haya sido aprobada por la dirigencia del sector en gestiones pasadas.
"Fue cuando Pedro Montes era ejecutivo de la COB y Guido Mitma ejecutivo de la Federación de los Mineros de Bolivia. Lo aprobaron acá en Cochabamba. Con qué moral va a reclamar Guido Mitma si él ha aprobado", deplora Céspedes, quien señala que su gremio buscará, a través de la Confederación de Fabriles de Bolivia, ser parte de la fiscalización de estos recursos con el fin de defender y garantizar su jubilación.
Después de todos estos cuestionamientos y algunas reuniones fallidas con la dirigencia de la COB en La Paz, el Gobierno menciona que existen las garantías para la dotación de créditos al sector del agro.
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señala que no es la primera vez que se hace este tipo de inversiones con el sector del agro y que el objetivo del mismo es mejorar las pensiones de los jubilados. Por ello, aseguró que existen las condiciones y garantías para realizar estos créditos sin poner en riesgo a las siguientes generaciones de trabajadores que se jubilarán.
MINISTRO AFIRMA QUE EXISTEN CONDICIONES Y GARANTÍAS
Gobierno ofrece tres mecanismos de garantía
El Ministerio de Economía asegura que la propuesta de créditos para el agro con el Fondo de Pensiones de los trabajadores busca mejorar las rentas de los jubilados y obtener una mejor rentabilidad por la inversión de estos recursos.
En cuestionario respondido por escrito a este medio, el ministro del área, Luis Arce Catacora, ratifica la postura gubernamental de constituir un Fondo de Inversión Cerrado (FIC) para pequeños y medianos productores agropecuarios por varias razones, entre ellas que las inversiones realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se hallan con rendimientos inferiores a los deseados por los aportantes del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Otra de las razones mencionadas por el Ministro es la necesidad de mejorar la jubilación, a través de nuevas opciones de inversión que incrementen su rentabilidad.
Estos recursos, explica el Ministro, no irán destinados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ni la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), como alertaron algunos sectores. "Son inversiones para pequeños y medianos productores agropecuarios, que tienen, entre sus principales objetivos, ampliar la frontera agrícola", asegura.
Con respecto a las garantías que pueda brindar el sector agropecuario beneficiario para prever cualquier riesgo en la estabilidad de los fondos, el Ministerio menciona los siguientes mecanismos de cobertura: "El 30 por ciento estará garantizado por una empresa agroindustrial con la que el productor establezca un contrato de venta de su producción. Otro 30 por ciento estará garantizado por los Fondos de Garantía para el sector productivo creados con el 6 por ciento de las utilidades de los bancos y el restante 40 por ciento estará cubierto con los rendimientos que generen las inversiones en valores de oferta pública realizadas con los 50 millones de dólares restantes".
En cuanto a cómo se calificarán los riesgos, el Ministro asevera que los Fondos de Inversión también permiten incorporar mecanismos que cubran y mitiguen los riesgos para garantizar la devolución del capital invertido.
El Ministro informa que SAFI Unión conformará un comité de inversiones que se encargará de realizar la evaluación crediticia a quienes soliciten el crédito.
En ese sentido, inversiones de este tipo ya se realizaron por las Administradoras de Fondo Pensiones (AFP) hacia el sector agropecuario con un monto cercano a 425 millones de dólares. De este monto, un aproximado de 159 millones de dólares fueron orientados a pequeñas y medianas empresas, como Propyme, Pyme II y Pyme Progreso con un Fondo de Inversión Cerrado y renta Activa Pyme con un Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado.
Mecanismos
i) Garantía de los Agroindustriales.
ii) Garantía de los Fondos de Garantía para el Sector Productivo.
iii) Los rendimientos que generen los recursos del Fondo que no se presten a los productores.
ANALISTA
Alberto Bonadona, analista económico
Se espera que se favorezca a los sectores más poderosos, o sea a los grandes agricultores. Yo creo que ésta es la primera duda que debería responder el Gobierno. Sería un perjuicio al final para los afiliados a la AFP. Una razón fundamental para esto es que no hay una calificación de riesgo, que es obligatoria para todo tipo de actividad que se hace en las AFP.
En este caso, se hace una exención que fue absolutamente inconsulta, o sea a los dueños de estos recursos no se les ha preguntado que van a utilizar sus recursos que llegan hasta el 5 por ciento. Si bien han empezado con el 1 y llegarán hasta el 5 por ciento, eso no han consultado.
¿Por qué se exige la calificación de riesgo? Para asegurar a los afiliados que van a recibir pensión. Al no dar esta calificación, se pone en riesgo precisamente al pago de pensiones de los afiliados, entonces pienso que ahí están dos situaciones que son graves.
JUBILADOS
Carlos Quiroga Blanco, presidente Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema
Hemos manifestado que no vamos a permitir que el Gobierno utilice de forma absolutamente arbitraria 150 millones de dólares como préstamo al sector agrícola y particularmente a la CAO y a la Cainco de Santa Cruz. Primero porque (el Gobierno) no puede echar mano de los fondos que los trabajadores han ahorrado durante toda su vida para su jubilación y dar un préstamos sin certificación de riesgo. Por lo tanto, pensamos que no le interesa al Gobierno si pagan o no pagan. Segundo, que sean recursos de los trabajadores que van a ir a alimentar a los sectores más oligárquicos de Bolivia, que son precisamente los grandes productores de Santa Cruz.
Apoyamos la posición que hasta el momento ha adquirido la COB de decir no, pero sin embargo rechazamos y le vamos a hacer doblar la mano al señor Ministro que ha dicho que sí o sí, grite quien grite, van a utilizar nuestros recursos para financiar a la CAO y a la Cainco.
COB
Guido Mitma, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)
No estamos diciendo desde la COB que los fondos no se vayan a prestar. Más al contrario, hay que cumplir con la ley 065 y el artículo 140. Lo que pasa es que los trabajadores hemos observado que el crédito sea para el sector del agro. No queremos que mañana pasado busquen argumentos echando la culpa a la madre naturaleza, ya sea el diluvio, las plagas, la sequía entre otros. Eso es lo que no garantiza la devolución del aporte de los trabajadores.
Por eso, hemos manifestado que se vaya a conseguir otra propuesta, hay que seguir con los préstamos, hay que seguir con las tasas de interés también, porque para eso son los fondos de los trabajadores, pero no exclusivamente a un sector vulnerable, como es el agro. Por eso se ha llegado a rechazar (este crédito) porque deja susceptible el tema de la jubilación. Incluso se ha llegado a manifestar que hay bancas estatales que podrían prestarles ese dinero.
FABRILES
Mario Céspedes, ejecutivo de la Federación Departamental de Fabriles
No se puede jugar con la plata de los aportes, porque si nosotros aportamos es para nuestra vejez, para que mañana tengamos una renta digna, porque no habrá quién nos regale un boliviano. Entonces, no se puede tocar ese dinero.
El Gobierno no puede tocar cosa ajena y sin garantías. Si esto se ha designado al agro, ellos deberían sacar créditos del banco, y ¿por qué ellos no les dan créditos? Es porque saben que no le pueden pedir garantía a Tarzán si no tiene ropa. Entonces, es lo mismo. Esto debería ser consensuado porque es mi plata, mi aporte y mi sacrificio. Lo único que queremos es garantías. No queremos que pase lo que pasó con otros Gobiernos.
Por ejemplo, la garantía es que el dinero pueda retornar. Ahora, qué garantías hubiese si mañana el agro va a utilizar esos fondos y si por ahí va a ver una desgracia natural, como una sequía u otra cosa, y nosotros en qué quedamos.
GOBIERNO
Luis Arce, ministro de Economía y Finanzas
Esta propuesta se ampara en el artículo 140, de la Ley N° 065, de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, primera norma consensuada con la dirigencia de la COB y que, históricamente, fue promulgada en la sede de dicha entidad matriz de los trabajadores del país.
Los beneficiarios de los créditos no serán la CAO ni la Cainco, sino los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos, como el maíz, soya, arroz, etc., previo cumplimiento de algunas condiciones.
El sector agropecuario, a diciembre de 2016, tiene una mora de 0,96 por ciento en el sistema financiero, menor a los datos de la mora registrada en los sectores de comercio y servicios de 2,35 y 2 por ciento respectivamente, es decir, la cartera de créditos otorgada al sector agropecuario tiene un menor riesgo de incumplimiento de pago en comparación a otros sectores, contrariamente al argumento de ciertos opinadores.
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