La calificadora de riesgo AESA Ratings comenzará a otorgar calificaciones de desempeño social a las entidades de intermediación financiera en cumplimiento a la Ley de Servicios Financieros.
De esa manera, ya inició la evaluación de al menos 60 instituciones financieras en el país y el reporte deberá ser entregado hasta abril del próximo año.
"AESA Ratings en 2014 comienza a otorgar calificaciones de desempeño social a las entidades de intermediación financiera (Ley 393)”, señala la calificadora de riesgo.
El director Ejecutivo de AESA Ratings -una calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings-, Rodolfo Castillo, confirmó que la entidad está en ese proceso.
"Desarrollamos una metodología basada en estándares internacionales y ésta la presentamos a la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y la estamos utilizando para calificar bancos, cooperativas y mutuales para que puedan cumplir con este requisito”, agregó.
Según Castillo, la calificadora entiende que la ASFI y las autoridades de Gobierno buscan que las entidades cumplan con una función social. "Pero no debe ser filantropía, mediante la cual el rico entrega algunos de sus excedentes a los pobres”, aclaró.
El experto precisó que se trata de que la institución financiera tenga una gestión responsable en la administración del negocio, en la protección al medio ambiente, que sus contratos sean claros, que exista transparencia en la información y buena atención a los clientes.
El artículo 4 de la Ley de Servicios Financieros obliga a todas las entidades a prestar una función social.
"Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el Vivir Bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”, expresa el parágrafo I de este precepto.
El parágrafo II de la ley establece los objetivos de la función social, que son promover el desarrollo integral para el Vivir Bien; facilitar el acceso universal a todos sus servicios; proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez; asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos; optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros y, finalmente, informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad esos servicios.
También establece que todas las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de contar con una calificación de desempeño social para la gestión 2014. Ésta debe ser entregada hasta el 30 de abril de 2015.
Mediante los Decretos 2136 y 2137 se dispone que las microfinancieras y los bancos deben destinar el 6% de las utilidades del 2014 para la constitución de fondos de garantía de créditos productivos y de vivienda a fin de cumplir con la función social.
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