El año pasado, la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI) detectó e inició la investigación de 22 empresas sospechosas de realizar actividades de intermediación financiera ilegal. Recibían depósitos de la gente al margen de la ley y regulación y otorgaban préstamos.
Una vez identificadas, las firmas, ubicadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Quillacollo, fueron sujetas de una investigación.
"En virtud a las facultades conferidas en la Ley 393, con el objeto de determinar la existencia de actividad de intermediación financiera sin autorización, se realizaron diligencias de verificación preliminar a entidades que, se presume, realizan estas actividades”, señala la ASFI en su Memoria Anual 2015.
Se citan algunos casos de La Paz y El Alto, en los que se obtuvieron elementos suficientes de actividades ilegales, por lo que se iniciaron procesos penales y civiles en contra de los responsables de las entidades.
La ASFI informó que se patrocinaron 75 procesos judiciales, de los cuales 20 correspondieron a procesos penales y 55 a civiles.
En mayo, la ASFI realizó una visita a PROSAF-JHIRE, firma que captaba recursos de sus clientes bajo la modalidad de cuotas de inicio, cuotas acumuladas (ahorro), ahorro voluntario y ofrecía intereses producto de los préstamos internos de los grupos mancomunados.
Además constató que la empresa recibió recursos de terceros mediante contratos de préstamo, los cuales se presumen fueron destinados para la otorgación de créditos.
Concluida la investigación, se presentó una querella ante el Ministerio Público que determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva para 12 implicados en el caso.
En otra inspección, realizada a la empresa Jiltawi S.R.L, se advirtió que la misma otorgaba créditos de tipo individual.
Según la ASFI, se estableció que los préstamos otorgados no se encontraban respaldados únicamente por el capital aportado, sino con la captación de recursos de terceros.
"Esta captación se encontraba registrada contablemente en la cuenta de pasivo préstamos a corto plazo y en las cuentas por pagar, cuentas por pagar y cuentas por pagar.
Se presentó una querella penal en contra del representante legal de la empresa y el Ministerio Público ordenó la aprehensión de tres personas que fueron imputadas por el delito de intermediación financiera ilegal.
En la audiencia de medidas cautelares de 2 de octubre de 2015, se dispuso su detención preventiva por haber riesgo de fuga y obstaculización.
El Fondo de Inversión y Apoyo a la Microempresa (FIAME S.R.L), que operaba en El Alto y La Paz, daba créditos. Se presentó querella en contra de su representante legal y se iniciaron las diligencias para allanar sus oficinas en diciembre de 2015.
En agosto de este año, la ASFI advirtió a la población que la empresa o esquema de negocios Pay Diamond Global Clube no cuenta con autorización de funcionamiento para realizar actividades de captación de depósitos.
Actividades financieras no autorizadas observadas por la Ley 393
La Ley de Servicios Financieros prohíbe a los particulares y empresas realizar actividades bancarias sin autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
"Ninguna persona, natural o jurídica, podrá realizar actividades propias de las entidades financieras sin previa autorización de constitución y funcionamiento otorgada por la ASFI, con excepción del cambio de moneda”, indica la norma en su artículo 486.
La ley autoriza a la ASFI a realizar inspecciones a las empresas o entidades sospechosas de realizar estas actividades y podrá revisar las documentación y libros contables.
De confirmarse la realización de actividades financieras no autorizadas, la ASFI puede ser parte querellante de procesos penales o civiles en contra de los implicados en el ilícito.
El caso Roghel puso en la mira a otras compañías
Las atractivas tasas de interés de 10% mensual que ofrecía la empresa Roghel Bolivia a quienes les confiaban su dinero, puso en la mira de la ex Superintendencia de Bancos -hoy ASFI- produjo una profunda investigación de este tipo de firmas.
Tras una investigación y demanda penal iniciada por la reguladora en 2008, finalmente y luego de varios años de proceso, el dueño de esta firma, Windsor Goitia, y su esposa Karel Olmos fueron sentenciados a 14 años de cárcel en enero de 2013.
La firma estafó a más de 15.000 personas y se calcula que el daño económico provocado fue de unos 40 millones de dólares.
Bajo la modalidad de una estafa piramidal, la empresa captaba interesados en colocar su dinero a cambio de elevados rendimientos, del 10% mensual. Si los clientes traían a otras personas recibían una comisión.
Los primeros recibían el interés con la plata que depositaban los nuevos clientes. Goitia, en su momento, señaló que invertía la plata fuera del país y en negocios que le daban una elevada rentabilidad, lo que no se pudo demostrar en el proceso.
Roghel también ofrecía programas de crédito para adquirir casas, maquinaria y vehículos.
El interesado entregaba a la firma entre el 30% y 45% del costo total del bien y en un periodo de 180 a 240 días los recibía, según se explica en el libro de la ASFI Estafas Piramidales.
En el caso de otra empresa que operaba de manera similar, la justicia sentenció a cuatro años de prisión al dueño de LV Pharma, Luis Omar Vargas, por haber estafado un millón de dólares a 1.300 personas en La Paz. Esta persona trabajó con Goitia y luego conformó su propio negocio, captaba dinero con la oferta de tasas de interés de 8 y 10%.
Otra firma, Orion Asesores en Inversiones, también fue investigada. Se estima que captó 2,5 millones de dólares y dejó 800 afectados. Sus propietarios se fugaron a Estados Unidos.
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