El paro cívico convocado para la presente jornada podría generar una pérdida económica de $us112 millones por día en todo el país, el más afectado sería Santa Cruz con $us33 millones. Las élites no quieren que la economía del país siga recuperándose por eso incentivan la paralización de actividades en desmedro de la población de escasos recursos, advirtió el Ministro.
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La Paz, 11 de octubre de 2021 (MEFP).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el paro de actividades con bloqueo de calles en todo el país causaría una pérdida económica de $us112 millones por día y los más perjudicados serían las personas que viven de su trabajo diario para llevar el sustento a sus familias.
“La Paz podría tener una pérdida, una afectación de 31 millones de dólares, Cochabamba 17 millones de dólares y Santa Cruz 33 millones de dólares, entre los que tendrían más afectación y otros departamentos entre 6 a 7 millones de dólares, por lo tanto es una afectación muy fuerte”, informó el Ministro.
El Comité Cívico de Santa Cruz convocó a un paro de actividades para la presente jornada en rechazo al Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, porque en su criterio generaría una persecución política.
“Es un crimen y es aberrante que una economía que está en reconstrucción que se haga un paro que genera una pérdida económica de aproximadamente 112 millones de dólares día, entonces es importante que el pueblo boliviano tenga su derecho a generar su economía”, declaró el titular de economía.
Los sectores más afectados serían los comerciantes que viven del día a día de sus ventas, el transporte, la industria manufacturera, el sector agropecuario, el transporte urbano, el transporte aéreo, entre otros.
En las primeras horas de la mañana se registra un bloqueo parcial de algunas calles de la ciudad de La Paz, sin embargo la policía despeja esas vías que intentan perjudicar por un reducido grupo de personas, la misma situación se registra en los demás departamentos del eje central.
Montenegro recordó que el gobierno anterior tomó una medida desatinada de la cuarentena rígida en 2020, por esa razón la a población que vive de su trabajo diario apuesta por continuar de forma normal con sus actividades cotidianas.
“La élites lo único que quieren es que no haya recuperación económica porque ese es uno de los buenos resultados que estamos obteniendo en esta gestión, por lo tanto nosotros rechazamos ese tipo de acciones y le pedimos a los cívicos que depongan esas actitudes, sentémonos en una mesa, debatamos argumentos y no violentemos la libertad económica de muchos ciudadanos que viven del día a día”, reflexionó la autoridad gubernamental.
La semana pasada, las autoridades del Ministerio de Economía socializaron el Proyecto de Ley en cuestión con los principales sectores que expresaron su rechazo como los gremialistas, comerciantes minoristas, transportistas, representantes de iglesias evangélicas, micro empresarios entre otros quienes lograron despejar sus dudas y observaciones.
“Se instaló el miedo, la mentira en grupo económico que nada tiene que temer y en todos estos años ningún gremial, vivandero, transportistas y otros fueron investigados por la UIF porque no tienen ningún cambio en su perfil económico. Son grupos de élite que fomentan el miedo y la zozobra”, lamentó Montenegro.
En ese contexto, el Ministro añadió que la semana pasada se publicó el reporte denominado Pandora Papers, la investigación devela que 293 ciudadanos bolivianos están vinculados a 130 cuentas offshore, en cinco paraísos fiscales diferentes.
“Es una investigación que se hace a nivel internacional y obviamente estas élites, no todos, pero una parte, probablemente tienen su riqueza de fuentes no correctas y han instalado el miedo, mentiras en grupos económicos que nada tienen que temer”, enfatizó la autoridad económica.
El Ministro señaló que el Proyecto de Ley tiene el objetivo de unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La norma en cuestión evitará sanciones internacionales por el incumplimiento al compromiso respecto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, teniendo en cuenta que en noviembre del presente año, el país será sujeto a evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
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