Al año y cuatro meses de haberse presentado la acusación formal contra Windsor Goitia Chappy, propietario de la empresa Roghel Bolivia, a través de la cual pudo haber recaudado al menos 40 millones de dólares de manera ilegal, el Ministerio Público y las víctimas alertan de que, al cabo de 18 meses de su arresto domiciliario, el imputado podrá pedir la cesación de esta medida.
Además, temen que aproveche esto para darse a la fuga sin dar a conocer el destino de ese dinero ni responder por él.
La fiscal al cargo del proceso, Sara Villarroel, admitió que es evidente este riesgo y que el Ministerio Público obviamente "se opondrá" y, en su momento, presentará los argumentos para evitar una cesación del arresto domiciliario, pero evitó precisar la acción que llevará adelante.
Goitia está acusado de estafa agravada con víctimas múltiples y guarda arresto domiciliario desde el 26 de febrero de 2008, junto con su esposa, Karen Olmos, quien posteriormente fue incluida en el proceso.
Según la Superintendencia de Bancos, Roghel realizaba intermediación financiera al margen de la Ley de Bancos y por eso dispuso su clausura en enero de 2008. Captaba clientes con el ofrecimiento de 10 por ciento de interés mensual y aseguraba que invertía el dinero en la Bolsa de Nueva York.
Los querellantes indicaron que, al cumplirse los 18 meses de su arresto (en agosto próximo) y sin tener una sentencia, lo más seguro es que el acusado pida su libertad y la aproveche para salir del país sin responder por el dinero que le entregaron.
El presidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia, Milton Mendoza, explicó a La Prensa que esa solicitud no se aplica al caso de Goitia porque él está con detención domiciliaria y no en un penal; no obstante, podría requerir la modificación de su situación legal y pedir horas de salida “argumentando necesidad de trabajar para subsistir”.
Para evitar su fuga, dijo, los fiscales tendrían que tener elementos que probaran que existe este riesgo y solicitar su detención en un penal. “Yo le puedo asegurar que cualquiera (en su caso) se va, la única forma que no escape es que esté detenido preventivamente en un penal”.
El equipo de fiscales que investiga este hecho desde el 10 de julio de 2007, a raíz de una denuncia interpuesta por la Superintendencia y a la que se sumarían 900 víctimas querellantes, presentó acusación formal el 24 de diciembre de 2008 en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, que derivó el expediente al Tribunal de Sentencia Sexto de la Corte de Distrito de La Paz, donde el caso fue registrado el 6 de febrero.
A partir de esa fecha, conforme al nuevo Código de Procedimiento Penal, en 20 a 45 días debía fijar hora y fecha para el inicio de juicio, lo que no ocurrió. El juez de ese tribunal, César Portocarrero, no quiso dar información sobre este caso, pero se conoció que en uno o dos meses podría comenzar el proceso contra Goitia y su esposa debido a que existen muchos querellantes, quienes tienen 56 abogados y deben unificar sus acusaciones particulares en al menos nueve representaciones legales.
Roghel Bolivia fue intervenido por la SBEF el 25 de enero de 2008, luego de que evidenciara que practicaba intermediación financiera y se le conminara desde 2006 a suspender operaciones.
Investigación
La fiscal Villarroel y su colega Virginia Crespo afirmaron que durante la investigación se encontraron elementos que prueban que Goitia engañó a quienes habían depositado su dinero a cambio de una tasa de interés del 10 por ciento, mucho más alta que las del sistema financiero. (No quisieron dar más detalles de las indagaciones.)
El interés para ahorros en dólares en la banca bordea el 1,98 por ciento y en depósitos a plazo fijo (DPF) el 0,8 por ciento a 30 días y 5,8 por ciento a 1.080 días (tres años). Esto hizo que muchos se dejaran tentar.
La fiscal Villarroel agregó que es difícil saber cuánto recaudó Goitia desde 2005, cuando comenzó esta forma de trabajo y que expandió en 2006 a La Paz y Santa Cruz. Se dijo que la suma alcanzaba 40 millones de dólares, sin embargo puede ser mucho mayor. “Lo que sí tenemos determinado es cuánto se recaudaba por día y por semana, sólo él sabe cuánto y dónde está ese dinero”.
Si se hace un cálculo de aportes promedio de 5.000 dólares de 15.000 personas, el monto alcanza a 75 millones de dólares. Los montos variaban entre 100 e incluso 30.000 dólares, de los que cobraba una comisión del 15 por ciento y otorgaba un interés del 10 por ciento. Los aportantes que convencían a otros recibían una comisión.
Goitia, en sus declaraciones, aseguró que invertía el dinero en la Bolsa de Nueva York y en varias empresas (de energía eléctrica, piedras preciosas y una casa de cambios) que nunca funcionaron o sólo figuraban en papeles. En una entrevista con La Prensa no pudo precisar de dónde provenían los recursos para pagar ese 10 por ciento a los aportantes.
Villarroel informó que “se tiene la certificación” de que Goitia “nunca depositó ni un solo peso” en ninguna bolsa de valores. “Ya demostraremos en el juicio con pruebas hasta qué punto ellos han engañado a las personas”. A la fecha, el Ministerio Público ha recuperado 1,5 millones de dólares, que están bajo custodia de la Fiscalía de Distrito, y una vez que concluya el proceso servirán para resarcir daños. Sólo de las 900 personas que se querellaron, según Villarroel, el daño económico alcanza a tres millones de dólares.
De forma paralela, la SBEF inició en febrero otro proceso contra Goitia, por seguir captando dinero aun en su arresto domiciliario. El caso está con el fiscal José Luis Choque.
La Prensa, luego de una investigación, reveló el 25 de febrero de 2008 que otras dos empresas, LV Pharma y Orión Asociados en Inversiones SC, operaban con las mismas características que Roghel, y la reguladora las cerró.
El propietario de la primera de ellas, Luis Omar Vargas, y su socia, Carmen Isabel Ocubere Saucedo de Vargas, fueron remitidos con detención preventiva al penal de San Pedro y al centro de Obrajes, respectivamente. El caso de la segunda se investiga en Cochabamba, pero sus dueños, José Moscoso Aguirre y Williams Baina Antezana, escaparon a Estados Unidos y se desconoce su paradero.
Modus operandi de las firmas era el de una estafa piramidal
La forma bajo la cual operaban las empresas Roghel Bolivia, Orión Asociados en Inversiones SC y LV Pharma era la que se denomina “estafa piramidal”.
Negocios de este tipo son estructurados sobre modelos de negocios no sostenibles y que requieren un flujo exponencial de participantes, quienes al incorporarse deben depositar dinero “a fidutia” (bajo confianza) para beneficiarse de la compra de productos o a cambio de la retribución de altas utilidades o intereses.
Los casos más conocidos, según se estableció en el Seminario Internacional sobre Estafas Piramidales, organizado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), son la venta y distribución de productos o la franquicia de alguna marca, y la conocida “estafa Ponzi”. La diferencia radica en que en la primera se ofrece un trabajo a las víctimas y la segunda se refiere a oportunidades de inversiones fantásticas.
De acuerdo con estudios de casos similares ocurridos en el exterior, por regla el beneficio económico de la estafa piramidal para la empresa está en la incorporación de nuevos participantes o aportantes.
Estas estafas piramidales siempre terminan en quiebra, aunque su proceso es lento en su mayoría y silencioso al principio hasta que los organizadores o dueños de las empresas captadoras consolidan la base de los primeros inversores. “A éstos siguen otros y otros que van pagando con sus depósitos los beneficios prometidos a los primeros depositantes”, señala un informe de la SBEF. Los que se convierten en millonarios son los que organizan esta pirámide porque ésta va creciendo de manera exponencial, lo que en el tiempo se hace insostenible porque los recursos captados ya no son suficientes para pagar los intereses de los aportes.
Este tipo de recaudaciones se promociona generalmente en grupos sociales de ingresos reducidos que buscan oportunidades de hacer crecer sus capitales, aunque también participan personas ambiciosas.
En el seminario se expusieron cuatro casos famosos ocurridos en el extranjero: la denominada “estafa Ponzi”, en Estados Unidos; Forum Filatélico-Afinsa Bienes Tangibles, en España; el caso Cabrera, en Ecuador, y CLAE, en Perú. El primero data de 1920, mientras que los otros son de la historia más reciente, de entre los años 2000 y 2006.
No hay documentos sobre Orión
Al año del inicio de la investigación a los propietarios de Orión Asociados en Inversiones SC, empresa que funcionaba en La Paz y Cochabamba y sobre la que pesa la acusación del delito de estafa, no se conocen de “forma cierta” sus operaciones.
Según la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), sus propietarios, José Orlando Moscoso Aguirre y Williams Baina Antezana salieron del país y se llevaron toda la documentación. Se calcula que los afectados, al menos 800, confiaron cerca de 2,5 millones de dólares desde que fue creada en febrero de 2007 bajo el rótulo de sociedad civil.
El fiscal al cargo del caso, Jaime Arancibia Guzmán, presentó acusación formal en contra de los dos por la comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, tipificado en los artículos 335 y 346 del Código Penal, en la ciudad de Cochabamba.
Como ambos acusados se encuentran prófugos, de acuerdo con la SBEF, corresponde que se solicite a la Corte de Distrito de Cochabamba la declaratoria de rebeldía dando lugar a la suspensión de plazos y la declaratoria de su arraigo. Entretanto, no existe una condena y menos la recuperación del dinero.
Baina y Moscoso, luego de su salida del país, en una solicitada publicada el 15 de abril de 2008 hicieron conocer que se encontraban en Estados Unidos tratando de recuperar el dinero de los aportes que habían invertido en la empresa Ventel Enterprise Corp., dedicada a las inversiones en la Bolsa de Nueva York, a la que le, añaden, le iniciaron un proceso judicial por estafa y fraude.
La fuga de ambos se dio mientras la Superintendencia de Bancos esperaba que se cumpliera el plazo que otorgó (fijado para el 1 de abril de 2008) para que Orión regularizara su situación. Ese mismo día, cuando la Fiscalía allanó el lugar donde funcionaba la empresa no encontró nada, sólo las boletas con las que publicitaban su actividades.
La fiscal Patricia Guevara, quien entonces estaba al cargo de la investigación, manifestó que la entidad reguladora no coordinó ninguna acción con el Ministerio Público y que pudo haber clausurado la empresa dentro del ámbito administrativo, que está bajo su competencia. La Superintendencia argumentó que cumplió los procedimientos y esperó los plazos fijados.
Al igual que Roghel, Orión pagaba un interés del 8 y 10 por ciento mensual y cobraba una comisión del 15 por ciento para gastos administrativos y si el aportante convencía a otra persona para hacer un depósito, recibía una compensación económica. El aportante firmaba un contrato, hacía el depósito en un banco del sistema y recibía sus intereses el 25 de cada mes.
Lento avance en LV Pharma
El Ministerio Público recoge elementos probatorios sobre las denuncias contra la empresa LV Pharma, que se dedicaba a la intermediación financiera y que fue denunciada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) por haber formado una sociedad ficticia.
Además, un grupo de personas que depositaron su dinero en esta empresa a cambio de un interés del 10 por ciento y que no lo han podido recuperar inició una querella por estafa.
La fiscal Giovanna Mendoza, al cargo de la investigación, convocó a los ex funcionarios de esa empresa para que presten declaración informativa. El gerente propietario Luis Omar Vargas y su socia y esposa Carmen Isabel Ocubere Saucedo se encuentran detenidos preventivamente en el penal de San Pedro y el centro de Obrajes, respectivamente, por disposición del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila.
Dentro de este caso, también son investigados Karen Vargas Ocubere, Glenda Jáuregui Peñaranda y Fernando Molina Gonzales, por su supuesta implicancia en el delito de estafa.
El juez Dávila fue recusado por la SBEF el 2 de abril de este año porque pudo haber mostrado cierto interés por los imputados y el caso fue remitido al juzgado siguiente, el Sexto de Instrucción en lo Penal, a cargo de Álvaro Melgarejo, donde este lunes 27 a las 10.00 está programada una audiencia de solicitud de cesación de detención preventiva, presentada por la defensa de Carmen Isabel Ocubere de Vargas. Se calcula que la empresa captó alrededor de 2,9 millones de dólares de unas 1.380 personas desde que inició sus actividades, en agosto de 2007, hasta que fue clausurada por la SBEF, en septiembre de 2008.
Dentro del proceso administrativo contra LV Pharma y sus dueños, la Superintendencia General del Sirefi emitió el 10 de marzo de este año la Resolución Jerárquica de Regulación Financiera SG Sirefi RJ 24/2009, que confirma en todas sus partes las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que disponían la clausura de los locales de la empresa.
De acuerdo con información preliminar, ofrecía dos tipos de programa: el primero se basaba en un contrato de préstamo por el cual el cliente entregaba su dinero, del cual se restaba un 15 por ciento para gastos administrativos y por el que recibiría un de interés de 10 por ciento. La otra modalidad era la adquisición de bienes (maquinaria, vehículos, electrodomésticos, etcétera) por los que debía depositar el 50 por ciento del valor y luego de ocho meses recibía lo convenio, como en Roghel cuando inició sus operaciones en 2004.
Hace tejidos
Al año y dos meses de su detención domiciliaria, Windsor Goitia Chappy vive de los tejidos que realiza su esposa, quien también guarda arresto bajo esa figura legal.
Así lo confirmó su abogado, Jorge Borda, quien indicó que su defendido demostrará su inocencia en el juicio.
“Él subsiste con el dinero que le envían sus suegros de Cochabamba y con los tejidos de lana que realiza su esposa”.
Por el momento, dijo el jurista, está descartada la solicitud para una modificación de la situación legal del dueño de Roghel y que éste permanecerá con su arresto domiciliario para demostrar a quienes le entregaron su dinero que no hay razones para desconfiar.
Testimonios
“Me presté 500 dólares de mi mamá porque me dijeron que me iban a pagar 50 dólares cada mes. Mi intención era ahorrar esos 50 dólares y poder aumentar para ganar más interés. Pese a que para mí no es poco ese monto, es poco en comparación con lo que otra gente depositó y quién sabe si algún día recuperará. Por suerte no di más dinero”
Además, temen que aproveche esto para darse a la fuga sin dar a conocer el destino de ese dinero ni responder por él.
La fiscal al cargo del proceso, Sara Villarroel, admitió que es evidente este riesgo y que el Ministerio Público obviamente "se opondrá" y, en su momento, presentará los argumentos para evitar una cesación del arresto domiciliario, pero evitó precisar la acción que llevará adelante.
Goitia está acusado de estafa agravada con víctimas múltiples y guarda arresto domiciliario desde el 26 de febrero de 2008, junto con su esposa, Karen Olmos, quien posteriormente fue incluida en el proceso.
Según la Superintendencia de Bancos, Roghel realizaba intermediación financiera al margen de la Ley de Bancos y por eso dispuso su clausura en enero de 2008. Captaba clientes con el ofrecimiento de 10 por ciento de interés mensual y aseguraba que invertía el dinero en la Bolsa de Nueva York.
Los querellantes indicaron que, al cumplirse los 18 meses de su arresto (en agosto próximo) y sin tener una sentencia, lo más seguro es que el acusado pida su libertad y la aproveche para salir del país sin responder por el dinero que le entregaron.
El presidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia, Milton Mendoza, explicó a La Prensa que esa solicitud no se aplica al caso de Goitia porque él está con detención domiciliaria y no en un penal; no obstante, podría requerir la modificación de su situación legal y pedir horas de salida “argumentando necesidad de trabajar para subsistir”.
Para evitar su fuga, dijo, los fiscales tendrían que tener elementos que probaran que existe este riesgo y solicitar su detención en un penal. “Yo le puedo asegurar que cualquiera (en su caso) se va, la única forma que no escape es que esté detenido preventivamente en un penal”.
El equipo de fiscales que investiga este hecho desde el 10 de julio de 2007, a raíz de una denuncia interpuesta por la Superintendencia y a la que se sumarían 900 víctimas querellantes, presentó acusación formal el 24 de diciembre de 2008 en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, que derivó el expediente al Tribunal de Sentencia Sexto de la Corte de Distrito de La Paz, donde el caso fue registrado el 6 de febrero.
A partir de esa fecha, conforme al nuevo Código de Procedimiento Penal, en 20 a 45 días debía fijar hora y fecha para el inicio de juicio, lo que no ocurrió. El juez de ese tribunal, César Portocarrero, no quiso dar información sobre este caso, pero se conoció que en uno o dos meses podría comenzar el proceso contra Goitia y su esposa debido a que existen muchos querellantes, quienes tienen 56 abogados y deben unificar sus acusaciones particulares en al menos nueve representaciones legales.
Roghel Bolivia fue intervenido por la SBEF el 25 de enero de 2008, luego de que evidenciara que practicaba intermediación financiera y se le conminara desde 2006 a suspender operaciones.
Investigación
La fiscal Villarroel y su colega Virginia Crespo afirmaron que durante la investigación se encontraron elementos que prueban que Goitia engañó a quienes habían depositado su dinero a cambio de una tasa de interés del 10 por ciento, mucho más alta que las del sistema financiero. (No quisieron dar más detalles de las indagaciones.)
El interés para ahorros en dólares en la banca bordea el 1,98 por ciento y en depósitos a plazo fijo (DPF) el 0,8 por ciento a 30 días y 5,8 por ciento a 1.080 días (tres años). Esto hizo que muchos se dejaran tentar.
La fiscal Villarroel agregó que es difícil saber cuánto recaudó Goitia desde 2005, cuando comenzó esta forma de trabajo y que expandió en 2006 a La Paz y Santa Cruz. Se dijo que la suma alcanzaba 40 millones de dólares, sin embargo puede ser mucho mayor. “Lo que sí tenemos determinado es cuánto se recaudaba por día y por semana, sólo él sabe cuánto y dónde está ese dinero”.
Si se hace un cálculo de aportes promedio de 5.000 dólares de 15.000 personas, el monto alcanza a 75 millones de dólares. Los montos variaban entre 100 e incluso 30.000 dólares, de los que cobraba una comisión del 15 por ciento y otorgaba un interés del 10 por ciento. Los aportantes que convencían a otros recibían una comisión.
Goitia, en sus declaraciones, aseguró que invertía el dinero en la Bolsa de Nueva York y en varias empresas (de energía eléctrica, piedras preciosas y una casa de cambios) que nunca funcionaron o sólo figuraban en papeles. En una entrevista con La Prensa no pudo precisar de dónde provenían los recursos para pagar ese 10 por ciento a los aportantes.
Villarroel informó que “se tiene la certificación” de que Goitia “nunca depositó ni un solo peso” en ninguna bolsa de valores. “Ya demostraremos en el juicio con pruebas hasta qué punto ellos han engañado a las personas”. A la fecha, el Ministerio Público ha recuperado 1,5 millones de dólares, que están bajo custodia de la Fiscalía de Distrito, y una vez que concluya el proceso servirán para resarcir daños. Sólo de las 900 personas que se querellaron, según Villarroel, el daño económico alcanza a tres millones de dólares.
De forma paralela, la SBEF inició en febrero otro proceso contra Goitia, por seguir captando dinero aun en su arresto domiciliario. El caso está con el fiscal José Luis Choque.
La Prensa, luego de una investigación, reveló el 25 de febrero de 2008 que otras dos empresas, LV Pharma y Orión Asociados en Inversiones SC, operaban con las mismas características que Roghel, y la reguladora las cerró.
El propietario de la primera de ellas, Luis Omar Vargas, y su socia, Carmen Isabel Ocubere Saucedo de Vargas, fueron remitidos con detención preventiva al penal de San Pedro y al centro de Obrajes, respectivamente. El caso de la segunda se investiga en Cochabamba, pero sus dueños, José Moscoso Aguirre y Williams Baina Antezana, escaparon a Estados Unidos y se desconoce su paradero.
Modus operandi de las firmas era el de una estafa piramidal
La forma bajo la cual operaban las empresas Roghel Bolivia, Orión Asociados en Inversiones SC y LV Pharma era la que se denomina “estafa piramidal”.
Negocios de este tipo son estructurados sobre modelos de negocios no sostenibles y que requieren un flujo exponencial de participantes, quienes al incorporarse deben depositar dinero “a fidutia” (bajo confianza) para beneficiarse de la compra de productos o a cambio de la retribución de altas utilidades o intereses.
Los casos más conocidos, según se estableció en el Seminario Internacional sobre Estafas Piramidales, organizado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), son la venta y distribución de productos o la franquicia de alguna marca, y la conocida “estafa Ponzi”. La diferencia radica en que en la primera se ofrece un trabajo a las víctimas y la segunda se refiere a oportunidades de inversiones fantásticas.
De acuerdo con estudios de casos similares ocurridos en el exterior, por regla el beneficio económico de la estafa piramidal para la empresa está en la incorporación de nuevos participantes o aportantes.
Estas estafas piramidales siempre terminan en quiebra, aunque su proceso es lento en su mayoría y silencioso al principio hasta que los organizadores o dueños de las empresas captadoras consolidan la base de los primeros inversores. “A éstos siguen otros y otros que van pagando con sus depósitos los beneficios prometidos a los primeros depositantes”, señala un informe de la SBEF. Los que se convierten en millonarios son los que organizan esta pirámide porque ésta va creciendo de manera exponencial, lo que en el tiempo se hace insostenible porque los recursos captados ya no son suficientes para pagar los intereses de los aportes.
Este tipo de recaudaciones se promociona generalmente en grupos sociales de ingresos reducidos que buscan oportunidades de hacer crecer sus capitales, aunque también participan personas ambiciosas.
En el seminario se expusieron cuatro casos famosos ocurridos en el extranjero: la denominada “estafa Ponzi”, en Estados Unidos; Forum Filatélico-Afinsa Bienes Tangibles, en España; el caso Cabrera, en Ecuador, y CLAE, en Perú. El primero data de 1920, mientras que los otros son de la historia más reciente, de entre los años 2000 y 2006.
No hay documentos sobre Orión
Al año del inicio de la investigación a los propietarios de Orión Asociados en Inversiones SC, empresa que funcionaba en La Paz y Cochabamba y sobre la que pesa la acusación del delito de estafa, no se conocen de “forma cierta” sus operaciones.
Según la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), sus propietarios, José Orlando Moscoso Aguirre y Williams Baina Antezana salieron del país y se llevaron toda la documentación. Se calcula que los afectados, al menos 800, confiaron cerca de 2,5 millones de dólares desde que fue creada en febrero de 2007 bajo el rótulo de sociedad civil.
El fiscal al cargo del caso, Jaime Arancibia Guzmán, presentó acusación formal en contra de los dos por la comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, tipificado en los artículos 335 y 346 del Código Penal, en la ciudad de Cochabamba.
Como ambos acusados se encuentran prófugos, de acuerdo con la SBEF, corresponde que se solicite a la Corte de Distrito de Cochabamba la declaratoria de rebeldía dando lugar a la suspensión de plazos y la declaratoria de su arraigo. Entretanto, no existe una condena y menos la recuperación del dinero.
Baina y Moscoso, luego de su salida del país, en una solicitada publicada el 15 de abril de 2008 hicieron conocer que se encontraban en Estados Unidos tratando de recuperar el dinero de los aportes que habían invertido en la empresa Ventel Enterprise Corp., dedicada a las inversiones en la Bolsa de Nueva York, a la que le, añaden, le iniciaron un proceso judicial por estafa y fraude.
La fuga de ambos se dio mientras la Superintendencia de Bancos esperaba que se cumpliera el plazo que otorgó (fijado para el 1 de abril de 2008) para que Orión regularizara su situación. Ese mismo día, cuando la Fiscalía allanó el lugar donde funcionaba la empresa no encontró nada, sólo las boletas con las que publicitaban su actividades.
La fiscal Patricia Guevara, quien entonces estaba al cargo de la investigación, manifestó que la entidad reguladora no coordinó ninguna acción con el Ministerio Público y que pudo haber clausurado la empresa dentro del ámbito administrativo, que está bajo su competencia. La Superintendencia argumentó que cumplió los procedimientos y esperó los plazos fijados.
Al igual que Roghel, Orión pagaba un interés del 8 y 10 por ciento mensual y cobraba una comisión del 15 por ciento para gastos administrativos y si el aportante convencía a otra persona para hacer un depósito, recibía una compensación económica. El aportante firmaba un contrato, hacía el depósito en un banco del sistema y recibía sus intereses el 25 de cada mes.
Lento avance en LV Pharma
El Ministerio Público recoge elementos probatorios sobre las denuncias contra la empresa LV Pharma, que se dedicaba a la intermediación financiera y que fue denunciada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) por haber formado una sociedad ficticia.
Además, un grupo de personas que depositaron su dinero en esta empresa a cambio de un interés del 10 por ciento y que no lo han podido recuperar inició una querella por estafa.
La fiscal Giovanna Mendoza, al cargo de la investigación, convocó a los ex funcionarios de esa empresa para que presten declaración informativa. El gerente propietario Luis Omar Vargas y su socia y esposa Carmen Isabel Ocubere Saucedo se encuentran detenidos preventivamente en el penal de San Pedro y el centro de Obrajes, respectivamente, por disposición del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila.
Dentro de este caso, también son investigados Karen Vargas Ocubere, Glenda Jáuregui Peñaranda y Fernando Molina Gonzales, por su supuesta implicancia en el delito de estafa.
El juez Dávila fue recusado por la SBEF el 2 de abril de este año porque pudo haber mostrado cierto interés por los imputados y el caso fue remitido al juzgado siguiente, el Sexto de Instrucción en lo Penal, a cargo de Álvaro Melgarejo, donde este lunes 27 a las 10.00 está programada una audiencia de solicitud de cesación de detención preventiva, presentada por la defensa de Carmen Isabel Ocubere de Vargas. Se calcula que la empresa captó alrededor de 2,9 millones de dólares de unas 1.380 personas desde que inició sus actividades, en agosto de 2007, hasta que fue clausurada por la SBEF, en septiembre de 2008.
Dentro del proceso administrativo contra LV Pharma y sus dueños, la Superintendencia General del Sirefi emitió el 10 de marzo de este año la Resolución Jerárquica de Regulación Financiera SG Sirefi RJ 24/2009, que confirma en todas sus partes las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que disponían la clausura de los locales de la empresa.
De acuerdo con información preliminar, ofrecía dos tipos de programa: el primero se basaba en un contrato de préstamo por el cual el cliente entregaba su dinero, del cual se restaba un 15 por ciento para gastos administrativos y por el que recibiría un de interés de 10 por ciento. La otra modalidad era la adquisición de bienes (maquinaria, vehículos, electrodomésticos, etcétera) por los que debía depositar el 50 por ciento del valor y luego de ocho meses recibía lo convenio, como en Roghel cuando inició sus operaciones en 2004.
Hace tejidos
Al año y dos meses de su detención domiciliaria, Windsor Goitia Chappy vive de los tejidos que realiza su esposa, quien también guarda arresto bajo esa figura legal.
Así lo confirmó su abogado, Jorge Borda, quien indicó que su defendido demostrará su inocencia en el juicio.
“Él subsiste con el dinero que le envían sus suegros de Cochabamba y con los tejidos de lana que realiza su esposa”.
Por el momento, dijo el jurista, está descartada la solicitud para una modificación de la situación legal del dueño de Roghel y que éste permanecerá con su arresto domiciliario para demostrar a quienes le entregaron su dinero que no hay razones para desconfiar.
Testimonios
“Me presté 500 dólares de mi mamá porque me dijeron que me iban a pagar 50 dólares cada mes. Mi intención era ahorrar esos 50 dólares y poder aumentar para ganar más interés. Pese a que para mí no es poco ese monto, es poco en comparación con lo que otra gente depositó y quién sabe si algún día recuperará. Por suerte no di más dinero”
Jésica Ch.
Víctima de Roghel
“Me aconsejaron depositar mi dinero para ganar un buen interés. Primero deposité 3.500 dólares, recibí por tres meses 1.650 de interés, por lo que convencí a mis hermanas que invirtieran y dejaron las dos 5.000 dólares justo unos días antes de que la Superintendencia clausurara la empresa. La verdad, no sé si lograré recuperar mi dinero”
María C.
Víctima de Roghel
“Con mucho esfuerzo reuní 1.500 dólares porque mi comadre me convenció de que depositara porque me iban a pagar un buen interés. Me pagaron, pero ese dinero yo lo fui gastando en cosas que necesitaba y no reuní el capital que me presté, no pensé que iban a clausurar la empresa. Ahora no tengo cómo devolver la plata que me prestaron”
Elizabeth A.
Víctima de Roghel
“Lo que deposité no es poco, es casi 7.000 dólares, pero no era plata sólo de mí, sino de unos familiares con los que nos disgustamos por este problema.
Qué puedo hacer si el dueño está en la cárcel y me dicen que tengo que esperar el juicio, mientras otros dicen que debemos pedir que la Superintendencia suspenda la clausura para que la empresa nos pueda devolver el dinero”
Vicente T.
Víctima de Roghel
Datos
El dueño de Roghel, Windsor Goitia, está con arresto domiciliario junto a su esposa.
La Fiscalía lo acusó de estafa y espera que un Tribunal defina el inicio de su juicio oral.
Goitia tiene otro proceso abierto porque que habría seguido captando dinero.
Antecedentes
Roghel Bolivia comenzó a funcionar en Cochabamba en 2004.
Esta empresa pudo haber recaudado unos 40 millones de dólares de 15.000 aportantes.
En el caso Orión el dañó sería menor, cercano a 2,5 millones de dólares.
El proceso contra los dueños de esa empresa no avanza porque ellos se fugaron.
LV Pharma pudo haber recaudado 2,9 millones de d lares. Sus dueños están en la cárcel.
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