• Empresarios y analistas piden que el proyecto sea socializado con todos los sectores interesados
El proyecto de Ley de Pensiones que se encuentra en la Comisión Económica de la Cámara de Senadores aún no convence a los empresarios y especialistas, quienes dudan de sus ventajas que sostiene el Gobierno. Piden que el proyecto sea socializado con todos los sectores interesados.
El proyecto de ley que no es del agrado de empresarios privados y analistas, tiene por el momento el respaldo de algunas organizaciones como la Central Obrera Boliviana(COB)
Según uno de los últimos borradores del proyecto, las personas que ganan hasta 3.000 bolivianos y aporten 30 años tendrán una renta de vejez del 70% de su promedio salarial y quienes ganen 3.500 a 4.500 se beneficiarán con un porcentaje menor. En ambos casos, las pensiones serán mayores a las que ofrece el actual sistema.
“Una persona que cumpla 30 años de trabajo podrá con el 70% de su referente salarial jubilarse siempre y cuando esté dentro de nuestras bandas”, informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillen, con relación a la propuesta del Ejecutivo sobre la Nueva Ley de Pensiones.
La autoridad explicó que las bandas son los límites mínimo y máximo de la pensión solidaria, la fracción de dinero que se suma a la pensión obtenida actualmente con los aportes individuales y la compensación de cotizaciones para incrementarla.
El límite mínimo de la pensión solidaria es de Bs 476 , el 80% del salario mínimo nacional, que es la renta con la que una persona podría jubilarse después de 10 años de aportes y que sube a Bs 679 si aporta por 15 años.
A partir de los 20 años de aportes, indicó Guillen, el aportante podrá recibir una fracción solidaria para subir su renta tradicional a Bs 890 o Bs 1.340. Del mismo modo, la pensión solidaria se aplica para que la renta llegue a Bs 1.100 o 2.000 tras 25 años de aportes y a Bs 1.200 o Bs 2.200 luego de aportar por 30 años. Las bandas suben a Bs 1.300 y 2.400 cuando se aporte 35 años.
APLICACIÓN
El Viceministro añadió que para calcular la pertenencia de la pensión solidaria, el promedio salarial se calcula en base a las últimas 24 boletas de pago. Mencionó como ejemplo que si el trabajador gana Bs 3.000 y ha aportado durante 30 años su promedio de los últimos dos años de trabajo sería Bs 2850. “Actualmente, bajo el sistema establecido en la Ley 1732, recibiría Bs 963 de renta, pero con el 70% de su referente salarial será de Bs 1995 ”, dijo.
En ese caso precisó a los Bs 963 de la renta tradicional se la añadirá la fracción solidaria necesaria Bs 1032 para llegar a Bs 1995. “Si vamos al caso más extremo de alguien que gana Bs 4500, su promedio es 4.275 y el 70% del mismo es Bs 2.993. A la fecha, la persona estaría financiando (de forma individual) una renta de Bs 1.449 , por lo que podríamos nivelar la cifra hasta Bs 2.200 que es lo máximo para los 30 años de aportes, señaló Guillen.
Todavía, este trabajador, que gana Bs 4.500, va a ser beneficiado con la pensión solidaria, no hasta el 70% de su promedio salarial, pero hasta el límite superior de la banda”, añadió la autoridad.
SUBEN LAS CIFRAS
Si los aportes aumentan a 35 años, pueden jubilarse con 70% del referente salarial los trabajadores que ganan hasta Bs 3.500.
El Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, informó que al momento existen al menos 10.000 maestros que cumplen con todos los requisitos para jubilarse, pero que no lo hacen porque el actual sistema les ofrece rentas muy bajas.
Existen por lo menos 10.000 maestros que están por encima de los 60 años de edad, que tienen más de 35 años de aportes y que no se jubilan porque si ganan 3.500 bolivianos, les están ofreciendo una pensión de Bs 1.000. Prefieren morir trabajando a rebajar su ingreso a un 30%, afirmó la autoridad.
Agregó que ese es el problema, que el Gobierno pretende subsanar inmediatamente con su proyecto de nueva Ley de Pensiones.
EMPRESARIOS PACEÑOS
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García, declaró a EL DIARIO que este sector ya ha fijado una posición sobre el proyecto de la nueva Ley de Pensiones que pretende aplicar el Ejecutivo.
El titular de los empresarios paceños dijo que debe existir dos o más entidades que administren los recursos que aporta el trabajador para su jubilación, de las cuales una podrá ser pública, respetando el aporte individual del trabajador. El trabajador debe tener el derecho y libertad de elegir cuál de las administradoras de fondos de pensiones administrará sus aportes.
Agregó que el planteamiento del Gobierno y el proyecto de Ley debe estar respaldado técnicamente y con estudios actuariales correspondientes que permitan su sostenibilidad en el tiempo.
Remarcó que es injusta la creación del aporte del 3% por parte del empleador y el incremento del 0.5% al trabajador. Este incremento tendrá su efecto directo en los costos de producción, quitando la competitividad a las empresas en general y afectando a las empresas exportadoras. Debe existir un análisis tripartito de la propuesta de norma puesto que son los trabajadores, el empleador y el Gobierno los directamente involucrados en esta temática.
Dijo que se debe evitar el retorno a la antigua Ley de reparto por las experiencias negativas que se han vivido, donde el único que ha perdido es el trabajador.
Puntualizó que esta es la posición fijada por el sector privado paceño frente al proyecto de Ley de Pensiones.
ANALISTAS
Por su parte, varios analistas económicos se han referido a este polémico tema de la nueva Ley de Pensiones donde han mostrado su preocupación porque el Gobierno dice una cosa pero tarde o temprano aplicará otra media. Agregaron que hasta el momento no se conoce con exactitud este anteproyecto que cada vez es modificado y el viceministro de Pensiones, Mario Guillen, se resiste a socializarlo el mismo porque su elaboración podría entorpecerse si es conocido el texto por las organizaciones sociales.
Para el economista y analista, Alberto Bonadona, la reforma del Sistema de Pensiones está a la vuelta de la esquina y una riesgosa intervención estatal en el mismo es una certeza. “Ante todo es un riesgo financiero, el cual, en Bolivia no es fácil de superar porque la economía plurinacional de hoy como la nacional de ayer, no ha superado la pobreza. Es la misma pobreza que hizo que se incorpore en el diseño del sistema de Administración de Fondos de Pensiones (AFP) la obligación de comprar anualmente bonos del Estado por valor de $us 180 millones, necesarios para cubrir las obligaciones estatales contraídas con los jubilados del viejo sistema de reparto”, recordó.
Por su parte, el analista, Gonzalo Chavez, dijo que el capital humano se va a perder. Agregó que el camino que estamos siguiendo no es el mejor. Al reducir la edad de jubilación a 58 años se está perdiendo capital humano y se está tomando esa decisión al calor de una discusión política por el salario. Va a ser un peso, una carga social hacia adelante que no la vamos a pagar nosotros sino nuestros hijos y hasta nietos”, afirmó.
La expectativa de vida está aumentado en todas partes del mundo, incluso Bolivia por los avances en salud, dijo.
Además, agrego que el otro tema complejo es quién va a administrar ésto, el Gobierno está proponiendo una AFP pública y eso es una confiscación de nuestros salarios, de nuestros aportes, sostuvo.
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