Capital: Autoridades estiman que las deudas sociales de jubilación a las AFP representan el 1% del capital de los bolivianos.
La Paz / ANF.- El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), Javier Lijerón, informó que el 95 por ciento de los deudores a las Administradoras de Fondos de Prensiones (AFP), por concepto de aportes descontados a los trabajadores para su jubilación, son empresas privadas y el resto es del sector público. Por ello se han abierto más de 6.000 juicios.
Esa cifra representa 400 millones de bolivianos de los sectores público y privado y las AFP han iniciado procesos judiciales a las empresas deudoras al Seguro Social Obligatorio (SSO) para recuperar dichos montos. Los procesos son fiscalizados por la AP debido a que se trata de recursos que pertenecen a los trabajadores.
“La Autoridad de Fiscalización de Pensiones, lo que hace es cumplir y hacer cumplir la norma, en este caso es el artículo 23 de la Ley de Pensiones, que establece que las AFP deben iniciar los procesos ejecutivos sociales a todos los deudores y a la fecha tenemos más de 6.000 procesos en juicio”.
Lijerón considera que la deuda al SSO, en relación con los 5.000 millones de dólares del Fondo de Capitalización Individual (FCI) que son administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, representa menos del 1 por ciento del patrimonio de todos los bolivianos. Esta deuda contraída por los sectores privado y el público corresponde al periodo comprendido entre mayo de 1997 y la presente gestión, en la que está vigente la Ley de Pensiones 1732, promulgada en 1996 por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En el caso del Estado, la autoridad indicó que es el “mejor pagador” porque hay un sistema que se llama el Century, administrado por el Tesoro General de la Nación (TGN), consistente en el descuento automático para la seguridad socia cuando se pagan los salarios a los empleados públicos.
“No creo que supere el 5 por ciento del monto total adeudado”.
El titular de la AP estima que con la próxima Ley de Pensiones que gestiona el Ejecutivo se establezca un procedimiento de transición para que continúen los procesos judiciales para recuperar esos adeudos sociales.
La autoridad lamentó que exista retardación de justicia porque la norma dicta que, a los 120 días de que incurra en mora el empleador, se debe iniciar el proceso, el cual es dilatado en el Órgano Judicial.
Datos
Las AFP sostienen más de 6.000 juicios a entidades que no depositaron los aportes de jubilación de sus trabajadores.
Se calcula que las empresas deben más de 400 millones de bolivianos de aportes de los trabajadores.
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