El proyecto de ley que está siendo tratada en la Cámara de Diputados no tiene una finalidad recaudatoria ni establece mecanismos de sanción para comerciantes, gremialistas, empresarios o transportistas.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explica al pleno de la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.
El Ministro señaló que el Proyecto de Ley tiene el objetivo de unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
“En concreto, lo que pretende esta norma es tener un cuerpo normativo que potencie la efectividad en la lucha y sanciones de los delitos Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, precisó el Ministro.
En ese contexto, la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, rechazó las versiones descontextualizadas y tergiversadas efectuadas por algunos diputados sobre el Proyecto de Ley analizado en el Pleno de la Cámara de Diputados.
“Esta ley no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios”, puntualizó la Viceministra Espinoza.
Explicó que este proyecto de norma busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de los comerciantes, gremiales, empresarios y transportistas.
“La aprobación de esta norma jurídica va a contribuir al resguardo de la sociedad sobre los efectos de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, y también contra la instauración de organizaciones criminales”, explicó Espinoza.
La norma evitará sanciones internacionales por el incumpliendo al compromiso respecto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, teniendo en cuenta que en noviembre del presente año, el país será sujeto a evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La titular del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros explicó que el proyecto de ley no es contrario a lo que establece la Constitución Política del Estado y lo que se plantea es un ajuste de los tipos penales de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo conforme a los estándares internacionales.
Al respecto, la directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, señaló que el objetivo esencial de esta ley es “ordenar y unificar toda la dispersión normativa que a la fecha tenemos vigente en nuestro país desde el año 1997, por lo tanto, aquí no estamos introduciendo ninguna nueva figura, ningún tipo penal o delito nuevo”.
La UIF de acuerdo a normativa vigente solamente procede a realizar investigaciones en casos en los que se tenga conocimiento de operaciones sospechosas o requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales.
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