La fiscalización anunciada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) al descargo de quienes ganan más de Bs 5.000 tendrá retroactividad de dos años, es decir, que la verificación incluirá a facturas presentadas desde el 2007.
La presidenta interina del ente recaudador, Marlene Ardaya, reveló ayer que cuenta con una base de datos que muestra que en un año y medio (de julio del 2006 a diciembre del 2007) el SIN detectó 523.036 facturas observadas, entre duplicadas, no válidas para crédito fiscal y con declaración de montos incorrectos.
“Se ha hecho el cruce de datos. El Da Vinci es un sistema en línea donde están registrados los proveedores y, en el caso de trabajadores dependientes, se tomó la muestra de los que perciben salarios de 5.000 bolivianos para arriba. El resultado fue que (en los descargos del RV-IVA) se encontraron 49.530 facturas duplicadas, 266.299 no válidas para crédito fiscal y 207.207 con montos incorrectos (ver infografía)”.
El operativo empezará en abril. Marlene Ardaya indicó que se contratará a 121 trabajadores eventuales para la entrega de notificaciones a las personas que habrían incurrido en defraudación impositiva. Los funcionarios trabajarán inicialmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro. “Tenemos metas estimadas de recaudación por este concepto, pero lo más importante es empezar el trabajo de educación y concientización a los empleados públicos y privados de la forma de tributación, pero fundamentalmente que se reduzcan las compras de facturas”.
Ardaya sostuvo que un funcionario dependiente no puede declarar en su formulario RC-IVA un monto mayor a sus ingresos, excepto en situaciones extraordinarias. “Cómo se puede admitir que una persona que gana Bs 5.000 todos los meses presente facturas por gastos con montos de Bs 10.000 y 12.000”, cuestionó.
´Se va a proceder a la deducción y la diferencia será a favor del fisco si los trabajadores no demuestran que tienen una acumulación por efecto de créditos, préstamo o ahorro”.
Ardaya precisó que se parte del principio de que una persona no puede presentar todos los meses facturas con montos altos, por ejemplo, de compras de material de construcción. “Si tiene ahorros o es sujeto de crédito, se comprende que está haciendo una mejora o una construcción. Si no tiene nada, tendríamos que pensar que es una constructora, (pero en realidad) esto significa que está comprando facturas y, por lo tanto, está ayudando a defraudar, que es un delito”.
Citó otro ejemplo: “Hay personas que presentan facturas de compras de autos cuatro, cinco veces al año y cuando se verifica sus cuentas, la persona no tiene nada y eso es defraudación”.
“Tiene que haber coherencia entre lo que uno gana y lo que gasta, no se pueden usar facturas por gastos de otras personas”.
Ardaya dijo que la fiscalización también permitirá determinar quién está engañando, si es el trabajador que declara un monto en el formulario o el agente de retención que coloca otra cifra. “Por ejemplo, el empleado dice que gastó Bs 200, pero el proveedor declara al SIN Bs 20. Tenemos que investigar quién está faltando a la verdad”, aseguró.
APUNTES
Metas • A través del proyecto de fiscalización, que tiene dos años de antigüedad, se espera recuperar en favor del Estado aproximadamente Bs 1 millón.
Recaudaciones • El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 incrementó en 16% la eficiencia de las recaudaciones para esta gestión.
Formularios • La presidenta del SIN dijo que, en el marco de la nueva Constitución, la entidad ha previsto la impresión de formularios en quechua y aymara.
La presidenta interina del ente recaudador, Marlene Ardaya, reveló ayer que cuenta con una base de datos que muestra que en un año y medio (de julio del 2006 a diciembre del 2007) el SIN detectó 523.036 facturas observadas, entre duplicadas, no válidas para crédito fiscal y con declaración de montos incorrectos.
“Se ha hecho el cruce de datos. El Da Vinci es un sistema en línea donde están registrados los proveedores y, en el caso de trabajadores dependientes, se tomó la muestra de los que perciben salarios de 5.000 bolivianos para arriba. El resultado fue que (en los descargos del RV-IVA) se encontraron 49.530 facturas duplicadas, 266.299 no válidas para crédito fiscal y 207.207 con montos incorrectos (ver infografía)”.
El operativo empezará en abril. Marlene Ardaya indicó que se contratará a 121 trabajadores eventuales para la entrega de notificaciones a las personas que habrían incurrido en defraudación impositiva. Los funcionarios trabajarán inicialmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro. “Tenemos metas estimadas de recaudación por este concepto, pero lo más importante es empezar el trabajo de educación y concientización a los empleados públicos y privados de la forma de tributación, pero fundamentalmente que se reduzcan las compras de facturas”.
Ardaya sostuvo que un funcionario dependiente no puede declarar en su formulario RC-IVA un monto mayor a sus ingresos, excepto en situaciones extraordinarias. “Cómo se puede admitir que una persona que gana Bs 5.000 todos los meses presente facturas por gastos con montos de Bs 10.000 y 12.000”, cuestionó.
´Se va a proceder a la deducción y la diferencia será a favor del fisco si los trabajadores no demuestran que tienen una acumulación por efecto de créditos, préstamo o ahorro”.
Ardaya precisó que se parte del principio de que una persona no puede presentar todos los meses facturas con montos altos, por ejemplo, de compras de material de construcción. “Si tiene ahorros o es sujeto de crédito, se comprende que está haciendo una mejora o una construcción. Si no tiene nada, tendríamos que pensar que es una constructora, (pero en realidad) esto significa que está comprando facturas y, por lo tanto, está ayudando a defraudar, que es un delito”.
Citó otro ejemplo: “Hay personas que presentan facturas de compras de autos cuatro, cinco veces al año y cuando se verifica sus cuentas, la persona no tiene nada y eso es defraudación”.
“Tiene que haber coherencia entre lo que uno gana y lo que gasta, no se pueden usar facturas por gastos de otras personas”.
Ardaya dijo que la fiscalización también permitirá determinar quién está engañando, si es el trabajador que declara un monto en el formulario o el agente de retención que coloca otra cifra. “Por ejemplo, el empleado dice que gastó Bs 200, pero el proveedor declara al SIN Bs 20. Tenemos que investigar quién está faltando a la verdad”, aseguró.
APUNTES
Metas • A través del proyecto de fiscalización, que tiene dos años de antigüedad, se espera recuperar en favor del Estado aproximadamente Bs 1 millón.
Recaudaciones • El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 incrementó en 16% la eficiencia de las recaudaciones para esta gestión.
Formularios • La presidenta del SIN dijo que, en el marco de la nueva Constitución, la entidad ha previsto la impresión de formularios en quechua y aymara.
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