La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que agrupa a sus más de 2.000 asociados, expresó su “profunda preocupación” ante la promulgación de la Ley 1613, que pone en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Esta decisión, que, según la entidad empresarial, fue tomada sin el debido debate ni aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), refleja "una alarmante desconexión con las realidades económicas del país y sienta un preocupante precedente en la gestión institucional" al autorizar un endeudamiento de más de $us 4.000 millones para este año.
A través de un comunicado, Cainco enfatizó que este presupuesto perpetúa las deficiencias estructurales de la economía boliviana y agrava los desafíos que enfrentan tanto el sector productivo como la estabilidad financiera nacional.
Por segundo año consecutivo, el PGE fue aprobado unilateralmente, lo que, según Cainco, limita la posibilidad de un diálogo plural y democrático. Aunque la Comisión de Planificación de la ALP realizó ajustes en algunos artículos del proyecto, su tratamiento en pleno fue postergado hasta después del receso anual.
“Cainco ha manifestado de manera clara y reiteradamente su preocupación ante las decisiones económicas que carecen de un enfoque sostenible y realista, pero más allá de esto, señalamos categóricamente que el PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes, como lo hemos manifestado anteriormente”, señaló la organización.
Endeudamiento y medidas controvertidas
La organización empresarial hizo notar que el PGE de este año autoriza un endeudamiento externo de hasta $us 4.000 millones, lo que solo agravará la delicada situación financiera del país, en criterio de la Cainco, en lugar de buscar soluciones sostenibles, como la atracción de divisas y el impulso al sector productivo.
Esta medida, según Cainco “agrava la ya delicada situación financiera nacional y demuestra que no existe la voluntad para la atracción de divisas, el statu quo solo perpetuará la crisis”.
Asimismo, la organización cuestionó la disposición adicional séptima, que otorga a las entidades del Estado facultades para decomisar productos de la canasta familiar. Esta medida, señaló, genera incertidumbre, desincentiva la producción y afecta gravemente la actividad económica.
Llamado a políticas económicas realistas
Cainco instó a las autoridades nacionales a adoptar políticas económicas efectivas y realistas, que prioricen la generación de empleo, estimulen la inversión y fortalezcan la seguridad jurídica en el país. Para la institución, el diseño del PGE 2025 refleja una visión desconectada de las crisis actuales, incluyendo la inflación, la caída de reservas internacionales y el estancamiento productivo.
"El diálogo y el debate son esenciales en una democracia. La aprobación del PGE 2025 sin estos elementos profundiza la crisis económica e institucional que vive Bolivia", concluyó el comunicado.
La entidad reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el bienestar del país y advirtió que la actual situación exige una respuesta inmediata y responsable para evitar mayores impactos en la economía nacional.
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