En medio de observaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025, el economista Joshua Bellott Sáenz, advirtió que el techo fijado para este año inflará el precio del dólar, que en la actualidad, se cotiza en un poco más de 11 bolivianos en el mercado paralelo. Sostuvo que la programación de recursos alienta la impresión de dinero sin respaldo lo que impactará en la inflación.
Durante una entrevista con Radio Fides, Bellot explicó que al incrementar el gasto público sin un respaldo adecuado en ingresos, el Estado recurre a imprimir más bolivianos, lo que genera un desequilibrio económico. Según su análisis, este fenómeno se traduce en un aumento del tipo de cambio.
“Si tenemos dos dólares en la economía y diez bolivianos en circulación, cada dólar vale cinco bolivianos. Pero si el Estado imprime más dinero, aumentando la cantidad a 20 bolivianos sin que ingresen más dólares, entonces cada dólar pasa a valer 10 bolivianos”, ejemplificó.
Permanencia en el Poder
El economista señaló que este tipo de políticas suelen estar motivadas por objetivos políticos, como mantener el apoyo de ciertos sectores sociales. Sin embargo, advirtió que esta estrategia tiene un costo económico significativo.
“Al contratar más personal o realizar favores políticos, el Estado aumenta la cantidad de dinero en circulación sin un respaldo real, lo que lleva inevitablemente a una depreciación de la moneda y un aumento del dólar”, explicó.
Como respuesta al problema, propone una política más austera que implique la reducción del gasto público. Según el economista, esta medida permitiría controlar la emisión de dinero y estabilizar el tipo de cambio, evitando que el dólar siga subiendo y perjudicando aún más a la economía del país.
“El desafío está en establecer un equilibrio entre las políticas sociales y la sostenibilidad económica, pero continuar imprimiendo dinero sin control no es una solución viable”, concluyó.
El presupuesto consolidado para la presente gestión asciende a Bs 296.565 millones. Este plan financiero incluye la autorización para que el país se endeude hasta por $us 3.000 millones destinados a "apoyo presupuestario" y otros $us 1.000 millones para la deuda pública.
Adicionalmente, se contempla la solicitud de $us 400 millones a la CAF, destinados a enfrentar choques externos y atender emergencias o desastres nacionales. Para cumplir con estos objetivos, el Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza al Gobierno a utilizar las reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB) como garantía.
El PGE también mantiene una polémica disposición que faculta a las “entidades competentes” a realizar operativos de control y decomiso de productos esenciales de la canasta familiar. Según la disposición adicional séptima, estas acciones buscan garantizar el abastecimiento y precios justos de alimentos. Se señala que dichas entidades están habilitadas para confiscar productos a comercializadores que almacenen, retengan o busquen encarecer los precios.
Cabe recordar que esta disposición generó controversia entre sectores empresariales, quienes habían recibido el compromiso del Gobierno de eliminarla. Sin embargo, su vigencia continúa, avivando el debate sobre las medidas de control económico y sus posibles impactos en el mercado.
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