El Gobierno del presidente, Luis Arce Catacora, emitió cuatro Decretos Supremos que reglamentan el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025 y uno que obliga a las entidades financieras a invertir un 6% de sus utilidades en la función social. Estas normativas están en el ojo de la polémica, porque son rechazadas por especialistas y diferentes sectores económicos.
Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en representación de su Directorio y más de 2.000 asociados, manifiestan su preocupación por la promulgación de la Ley 1613, que aprueba el PGE 2025 sin debate en la ALP. La Cainco considera que esta acción desconoce las realidades económicas, establece un precedente negativo en la gestión institucional y excluye el diálogo democrático por segundo año consecutivo.
Pero, qué dicen estos polémicos decretos. En los siguientes párrafos detallamos el contenido de estas cuestionadas normas:
1. Decreto Supremo 5301 sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025:
Este decreto reglamenta la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y permite que las empresas públicas utilicen activos virtuales para el cumplimiento de obligaciones contractuales, ya sea en dólares o en activos virtuales.
También se establecen incentivos fiscales dirigidos a la industrialización, la importación de hidrocarburos y la producción de biodiésel. Estas medidas estarán vigentes durante el año 2025 y buscan estimular el desarrollo económico sostenible en sectores clave.
2. El Decreto Supremo Nº 5302 de Incentivos para la Industrialización
El segundo decreto establece una alícuota del 0% para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales. Estos bienes están destinados a sectores como el agropecuario, industrial, construcción y minería.
Además, se amplía este incentivo fiscal a 465 subpartidas arancelarias y se establece un Gravamen Arancelario (GA) del 0%. Esto busca fomentar la política de sustitución de importaciones, crear cadenas de valor y aumentar la producción nacional.
3. Decreto Supremo 5303 para la Importación de hidrocarburos:
El tercer decreto exonera del IVA a la importación de petróleo crudo, gasolinas y diésel. Asimismo, reduce el GA al 0% para aceites crudos y diésel, mientras que mantiene un GA del 10% para la gasolina vehicular. Estas medidas buscan garantizar el abastecimiento de combustibles, reducir costos de logística y proteger el aparato productivo nacional.
Este decreto también incluye un incentivo a la reinversión de utilidades, mediante la exención parcial del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), que varía entre un 10% y un 75% según el porcentaje de reinversión.
4. Decreto Supremo 5304 para Producción de Biodiésel:
Este decreto fija un Gravamen Arancelario del 0% a la importación de bienes de capital destinados exclusivamente a la instalación de plantas de biodiésel. Este incentivo, introducido inicialmente en 2024, busca promover el desarrollo sostenible, reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar la inversión en energías renovables.
5. Decreto de Función Social de las Entidades Financieras:
El quinto decreto, independiente del PGE, reglamenta el artículo 115 de la Ley de Servicios Financieros. Este establece que los bancos múltiples y las pymes deben destinar un 6% de sus utilidades netas al cumplimiento de su función social.
Con base en las utilidades reportadas por las entidades financieras en 2024 (aproximadamente $us 336 millones), el Gobierno definirá el uso de estos recursos en los próximos días.
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