El porqué de la ley que aumenta la renta solidaria de vejez

La reciente ley que dispone modificar los límites solidarios del Sistema Integral de Pensiones, incrementando el monto a los jubilados que ganan menos, no constituye otro arranque de magnanimidad del Gobierno. Si recordamos el dicho popular “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, llama la atención una medida de esta naturaleza que necesariamente implicará un significativo incremento de egresos para el país.

La aparente causa principal para esta medida desesperada radica en la promulgación de la Ley 65 en el año 2010, cuando se jubilaron unas 82.000 personas, de las cuales 66.000 necesitaron del Fondo Solidario, lo que significa que el 58% de las personas que se jubilaron no disponían de los respaldos financieros correspondientes. Quizás por este motivo, el Ministro de Economía se apresuró a esclarecer que: “Este acuerdo no significa que va a haber mayores aportes de nadie. Simplemente, se va a financiar con lo que tenemos y con el recálculo que hemos hecho, en función de mejores salarios que hemos ido mejorando desde 2013”.

Revisada esta temática, se evidenció que Chile durante el año pasado propuso modificaciones a su sistema de pensiones que incluían: cambios en la administración de los fondos de pensiones y introducción de una AFP estatal. Así, se aumentó en un 10% el PBS de vejez, que beneficiaría directamente a 1,4 millones de personas, y naturalmente afecta también el cálculo del Aporte Previsional Solidario de quienes habiendo cotizado, no logran autofinanciar una pensión superior a los $ 304.062 ($us 450).

Las conclusiones no fueron nada alentadoras, ya que se comprobó que tendría un costo en 2017 de 135.108 millones de pesos (200 millones de dólares), pero que además impone importantes costos fiscales, genera eventuales desincentivos al trabajo, la formalidad y el ahorro, premiando más a quienes ahorran menos. Todo esto concordante con la teoría económica, que reconoce que ante mayores garantías los individuos tienden a verse desincentivados a cotizar en el sistema de pensiones y se reduce la densidad de cotizaciones.

Amén de que se repliquen o no dichos impactos negativos, cabe mencionar algunos criterios respecto a la mentada sostenibilidad de la medida, referidos a que ojalá no incida en incrementar los aportes que ya realizamos los trabajadores y las empresas, o a la necesidad de generar nuevas fuentes de financiamiento estatal, dado que en economía lo que beneficia a unos, necesariamente tiene que a afectar a otros.

A continuación, algunas hipótesis con bases técnicas y racionales sobre el porqué de estas enigmáticas medidas gubernamentales:

Al ser el empleo un factor determinante para lograr el desarrollo económico y social es muy posible que, ante la dificultad de crear nuevos empleos, se tenga como objetivo indirecto sustituir fuentes de trabajo induciendo a la jubilación a una porción de la población económicamente activa a través de la mejora de las rentas para así disponer de nuevas fuentes laborales. Un trabajador que se jubila con 15 años y recibía Bs 800, obtendrá Bs 120 más (15%). En el otro extremo, quien se jubile luego de 35 años de servicio (límite minero superior) y su renta sea de Bs 4.000, con el incremento recibirá Bs 1.000 más (25%).

En el contexto de la “política solidaria” propugnada por el Ejecutivo, como expresión contraria a la lógica del capitalismo global y en base a la reestructuración del modelo productivo nacional, resulta coherente entender que este tipo de medidas populistas puedan responder a la necesidad de reposicionamiento del partido en gobierno, sobre todo en épocas preelectorales. Los nuevos rangos beneficiarán a todos quienes, por sus aportes, no logran acumular lo suficiente para recibir una renta adecuada.

Por último, no es nada desacertado pensar que la razón esencial radique en la insostenibilidad financiera del actual sistema de pensiones, como consecuencia de la incorporación de nuevos beneficiarios a partir de 2010, dado que, por datos oficiales entre 2011 y agosto de 2017, el número de jubilados creció de 11.714 a 64.893 (454%), mientras que similar tendencia experimentó el número de jubilados con la Pensión Solidaria de Vejez, al pasar de 40.233 a 111.107 (176%).