El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, fue convocado por la Cámara de Diputados para el miércoles 15 del mes en curso, para brindar un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural sobre el desfalco millonario al Banco Unión, además debe presentar la documentación del caso, que será tratado en reserva para no entorpecer las investigaciones.
La autoridad deberá responde a 18 preguntas que planteó el diputado, Wilson Santamaría de UD, entre ellas el porqué hasta la fecha no se convocó a la ex gerente general de la entidad financiera, Marcia Villarroel.
“Por qué no se han convocado a los miembros del directorio, que pasó con el supuesto extravío de pruebas y todos esos temas son de preocupación (…) por eso se lo está convocando al fiscal general para que el mismo nos diga estos detalles y como se ha diseñado esa estrategia”, afirmó Santamaría.
Otro de los temas de discusión será el porqué se alejaron a los investigadores policiales del caso, hecho que generó una polémica entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana.
ADHESIÓN
Por otra parte, el legislador informó que presentaron un memorial ante la Fiscalía, donde solicitan adherirse a la investigación sobre el desfalco de Bs 37.6 millones, donde el exgerente de operaciones de la agencia de Batallas, Juan Pari, es el principal responsable.
Santamaría explicó que esto les permitirá solicitar varios actuados, entre ellos que se amplíen las investigaciones contra los miembros del directorio y funcionarios con cargos jerárquicos.
“Al igual que en el caso del Fondo Indígena hemos decidido adherirnos a la investigación, tomando en cuenta que el Banco tiene el 98 por ciento de las acciones y nuestra obligación es precautelar esos recursos (…) eso ayudará para que se convoquen a otras personas sobre los que se tiene indicios o alguna responsabilidad”, argumentó.
En las últimas horas, la juez Primero Anticorrupción de La Paz, Cinthia Delgadillo, determinó la detención preventiva de Secundino Pari, padre del principal sindicado en la cárcel de San Pedro. Fue imputado por los delitos de receptación de bienes provenientes de la corrupción, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
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