08 febrero 2017

Posible riesgo de nuestros ahorros para la jubilación

Apelando a la experiencia lograda en más de un década como evaluador financiero y posteriormente como gerente general del extinto Fondo Financiero Departamental (FONDESA), considero en esta oportunidad ostentar la potestad para verter la siguiente opinión.

Dejando de lado las funestas experiencias de entes públicos de financiamiento directo como: el Banco del Estado, Minero, Agrícola y el reciente FONDIOC, hago referencia al sistema de las UCFs (Unidades Crediticias y Financieras), que fueron creadas para conceder financiamiento para el desarrollo del sector productivo (de las que formó parte FONDESA), con una característica particular, referida a que actuaba como “banco de segundo piso”, vale decir que. para no asumir el riesgo de incobrabilidad, incorporó al sistema bancario tradicional como instancia de intermediación con el prestatario final del crédito.

A pesar de este ingenioso sistema desarrollado y probado en países más desarrollados que el nuestro, al cabo de la conclusión de los programas “Corporaciones” y “FOCAS”, que constituyeron una cartera crediticia de cerca de $us 75 millones provenientes de: USAID/B, PL-480 y las Corporaciones Regionales de Desarrollo, beneficiando a alrededor de 2.200 prestatarios, se vislumbró el fracaso por causas exógenas al modelo, referidas entre otras a una impropia utilización de los recursos de los prestatarios que en vez de invertir pagaron deudas, imprevisibles contingencias climatológicas y económicas que afectaron la producción ocasionando pérdidas y, lo más incomprensible, la quiebra y liquidación de cuatro entidades bancarias de intermediación, que dejaron al descubierto las obligaciones contraídas con las UCFs, creando serios problemas de iliquidez financiera. Esta situación fue el motivo del cierre del programa y de la transferencia de los recursos restantes a una fundación privada (FUNDAPRO).

Con los antecedentes expuestos, razonablemente surgen muchas dudas e interrogantes sobre la viabilidad de la medida de utilizar hasta un 5 % del Fondo de Pensiones, que de acuerdo a declaraciones sobrepasa los $us 14.000 millones, de los cuales se pretende comprometer de inicio de $us 150 millones para conceder créditos al sector de los pequeños agricultores, con el afán de garantizar la provisión de materias primas a las agroindustrias y paralelamente elevar la rentabilidad de los recursos del mencionado Fondo.

El novel e inexplorado sistema de garantías está ligado a la probabilidad de que se genere un cierto nivel de utilidades mediante la inversión en títulos valores con $us 50 millones y, por otro lado, el compromiso de las agroindustrias de garantizar un 30 % de los $us 100 millones a ser concedidos a los pequeños agricultores.

1º Considerando la existencia del riesgo financiero, ¿qué ocurriría si los réditos esperados en la inversión de valores no alcanzan los niveles esperados?

2º Si, como se pronostica, sobrevienen serios problemas climatológicos que afecten la producción agrícola, ¿será que las agroindustrias cumplirán solidariamente con los compromisos, sin haber recibido los beneficios esperados?

3º Como es típico de un mercado competitivo, ¿qué podrá acontecer cuando a los productores agrícolas se les ocurra elevar los precios de sus productos, afectando los intereses de los agroindustriales?

4º Al no estar claramente definido el objetivo de esta política, ¿a quién se pretende beneficiar?, ¿a los pequeños agricultores que recibirán los créditos o las grandes agroindustrias que garantizarán el aprovisionamiento de sus materias primas?

5º Desde el justificativo expuesto, en referencia a la necesidad de elevar los réditos que actualmente se obtienen por las AFPs, ¿será que si se logran los resultados proyectados, elevar la rentabilidad de un 1.06 % (150 de 14.000 millones de dólares) repercutirá en algo en el rendimiento total?

Muchos más son los interrogantes que deben despejar los responsables, por cuanto tenemos la obligación de garantizar el uso de los cada vez más escasos recursos, tanto públicos como privados, mediante la elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos técnicamente estructurados.

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