La compleja sostenibilidad de las AFP

El negocio de administrar los aportes de los trabajadores tiene un horizonte de largo plazo, por lo tanto, expuesto a una gran cantidad de incertidumbres. Es una tarea que podría ser hecha individualmente pero, por la dificultad que la misma entraña y por las consecuencias de una mala planificación, esta labor se la ha delegado, en el caso boliviano, a una administradora privada.

El valor agregado que una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) ofrece a sus clientes es que puede invertir dichos recursos de manera más eficiente que el individuo para hacer máximas sus rentas en el largo plazo, con el adicional de que el capital enfrentaría riesgos mínimos en todo ese proceso.

Así, buscar la máxima rentabilidad de largo plazo cuidando que el capital no quede expuesto a riesgos es su misión central. La lógica de las reformas neoliberales de segunda generación asignaba un rol central a la reforma de los sistemas de pensiones. Había que regular al máximo dicha actividad asegurando el mejor uso —pero con el menor riesgo— de los ahorros de los aportantes.

Al mismo tiempo, las AFP captan los aportes de millones de personas, así, tanto el stock como el flujo se vuelven exorbitantes y, por tanto, macroeconómicamente hablando, se convertirían potencialmente en el motor financiero de las economías de los países donde actuasen.

La estructura boliviana no fue tocada más que en aspectos cosméticos en los años posteriores. Fue diseñada en un contexto de aguda escasez de capital extranjero, baja capacidad de ahorro interno y mercados internacionales deprimidos desde hace varios años.

Hasta ese momento, la discrecionalidad con la que actuaban los fondos comunes hasta entonces dio como resultado una innumerable lista de casos de corrupción (recuérdese a Dante Escóbar y el Focssap, Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública).

El diseño, por tanto, fue orientado a fortalecer y amplificar los capitales bolivianos privados, cuidando que el capital no entre en riesgo (si no, se lo hubieran dado a los soyeros desde el principio). Así, en ese contexto, las AFP tendrían muchas limitaciones para acomodar sus dineros. En el sistema de reparto eso era discrecional, en el vigente ello tiene muchas limitaciones.

En suma, las AFP solo podían canalizar sus recursos a través del mercado de valores donde se encuentran sus dos (casi) únicos clientes: los bancos y el Estado. Este esquema no cambió en lo más mínimo.

Los bancos emiten valores de largo plazo que son comprados por las AFP, de esa manera, ellos (los bancos) acceden a recursos de largo plazo para financiar el rubro de negocios más difíciles de calzar, los de largo plazo (inversiones y vivienda).

El Estado emite bonos los cuales le permiten financiarse. Desde el punto de vista de las AFP, tanto el Estado como los bancos (en última instancia) son los clientes más seguros que pueden encontrar. Finalmente el negocio cerraba con las comisiones, solo 0,5% del monto transado, lo que equivale hoy a 75 millones de dólares que reciben las AFP para hacer rendir el dinero de los trabajadores a una tasa menor a lo que paga el BCB (Banco Central de Bolivia) por sus bonos o a un buen DPF (Depósito a Plazo Fijo) de un banco privado.

Los bancos pagan a las AFP a través de operaciones de reporto o similares, una tasa equivalente a la que pagan por sus DPF, es decir, la mejor tasa posible que pueden pagar. Esos montos los prestan en operaciones de largo plazo, añadiendo el spread correspondiente. El Estado, a través de la colocación de bonos, financia sus operaciones a tasas más bajas que las que pudiera conseguir con la banca internacional o similar.

Por lo tanto, es un esquema que favorece a los bancos en última instancia ya que éstos son propietarios de la mayoría de las agencias de Bolsa y el Estado solo es un actor secundario ya que no puede financiarse indiscriminadamente de las AFP por las disposiciones aprobadas desde las reformas de primera generación.

¿Qué hacer entonces? Para elevar la tasa de largo plazo de las AFP se deben tomar más riesgos. Es una máxima financiera que se torna peligrosa cuando se habla de los aportes de los trabajadores.

La tasa de rentabilidad natural de largo plazo en otras economías tiende a parecerse a la tasa promedio por depósitos a largo plazo; por tanto, lo que está sucediendo en Bolivia no difiere de otras economías capitalistas. Tratar de elevar la tasa de rendimiento imponiendo distorsiones podría ser peor que mantener la rentabilidad donde está.

Otro camino errado es tratar de dar mayor discrecionalidad a las AFP para invertir (y lograr mejores rendimientos); para tal fin, relajar la regulación es el primer camino, dando a las AFP mayores libertades para invertir dichos dineros. Como antecedente funesto se puede mencionar la compra de bonos del Estado argentino por parte de AFP españolas e italianas que posteriormente no pudieron ser honrados por dicho país, ocasionando severas pérdidas a los jubilados españoles e italianos.

El caso extremo de libertad plena de inversión también implica más riesgos: recuérdese la situación en que quedaron muchos jubilados en Estados Unidos tras el colapso de 2008.

En realidad, no es la tasa mayor lo que dará sostenibilidad a las AFP sino elevar la base de aportantes. El sistema actual está basado solo en los aportes de quienes no tienen escapatoria del mismo, es decir, el sector formal del mercado de trabajo. La semilla de su colapso está en el reducido número de aportantes en comparación con la Población Económicamente Activa (menos de un tercio) y en la mayor esperanza de vida.

Este último factor ha provocado que en estos momentos los sistemas de pensiones similares al boliviano se encuentren en crisis. Para poder ampliar la base de aportantes se debe relajar la regulación de esta parte del negocio y atraer a aportantes voluntarios de la masa de informales que representan al verdadero mercado laboral boliviano, en vez de dar mayor discrecionalidad para la inversión de fondos.

Cambiar la regulación implica conceder algo a cambio de que los trabajadores acepten una discrecionalidad creciente en el uso de sus recursos, eso es relajar las condiciones para hacer uso de SU dinero. En estos momentos, es absolutamente imposible que un individuo pueda acceder a un préstamo con sus fondos ni mucho menos utilizar parte de ellos. Recuérdese a Pikachuri.