La debilidad del marco legal y normativo para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es la principal causa por la que Bolivia es, junto con Etiopía, Kenia, Myanmar, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Siria, Turquía y Cuba, uno de los 10 países de la lista de cuestionados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que no han podido cumplir sus compromisos internacionales en la materia.
El GAFI, en su último informe de evaluación emitido en París, Francia, y publicado el pasado 28 de octubre, dice que las principales deficiencias del país están relacionadas con la inadecuada criminalización de los delitos relacionados con el lavado o “blanqueo”. Esto se plasma en la capacidad de los administradores de justicia para tratar los casos.
Un informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollado en junio de este año por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) —filial del GAFI de la que el país es socio—, revela que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) boliviana ha recibido en los últimos cuatro años, entre 2007 y 2010, 835 denuncias relacionadas con el lavado de activos o legitimación de ganancias ilícitas. En ese mismo período, sólo 44 casos han llegado a instancias judiciales y en ninguno hubo sentencia condenatoria.
De acuerdo con la evaluación del Gafisud, si bien se puede apreciar que existe una tendencia al aumento de apertura de casos, no hay sentencias condenatorias a la fecha “debido a la configuración de la ley penal boliviana y la interpretación que del tipo penal del artículo 185 bis (que penaliza el lavado) han efectuado los operadores de justicia”.
En cuanto al estado actual, de los 44 casos procesados un 55 por ciento está en etapa preliminar; un 18 por ciento en etapa preparatoria; un 16 por ciento fue rechazado; un 5 por ciento llegó a juicio; otro 5 por ciento fue sobreseído y un 2 por ciento entra en la categoría de “otros”.
Las estadísticas elaboradas por el Gafisud con datos de la UIF muestran que la mayoría de los casos, un total de 29, se ventila en el distrito judicial de La Paz; cuatro en el de Santa Cruz, tres en Chuquisaca; dos en Cochabamba; dos en Beni; dos en Pando; uno en Potosí y uno en Tarija.
Tipificación
Entre las deficiencias que el Gafisud señala está la tipificación de la legitimación de ganancias ilícitas contenida en el artículo 185 bis del Código Penal, que no se adecúa a las convenciones de Viena y de Palermo.
“El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad (…)”, dice el mencionado artículo.
Para el organismo, las convenciones exigen que la tipificación incorpore los verbos “ocultar, disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito”.
Crece ámbito de regulación
Uno de los cuestionamientos que hace el Gafisud a Bolivia, en el informe mutuo de evaluación sobre los avances del país en la lucha contra el lavado elaborado en junio pasado, estaba relacionado con las limitaciones de la regulación.
Luego de la publicación del documento, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido disposiciones para resolver ese vacío determinando la incorporación al ámbito de regulación de las casas de cambio, empresas transportadoras de dinero y casas de juegos y juegos de azar, lo que significa la ampliación significativa del ámbito de acción de la Unidad de Investigaciones Financieras y consiguientemente un mayor control y represión del lavado de dinero.
El Ministerio de Economía y Finanzas también destaca la reciente aprobación de una ley que incorpora al Código Penal la figura del delito de Financiamiento del Terrorismo que cubre una falta que constituía una observación relevante por parte del GAFI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario