La Sala Civil Cuarta de la Corte de Distrito de La Paz declaró ayer procedente el amparo constitucional interpuesto por la defensa del propietario de la empresa Roghel Bolivia en contra de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). Con esta medida, la justicia paceña dio vía libre para que la firma reabra sus operaciones.
Luego de la audiencia, el abogado de la defensa, José Luis Paredes, dijo en declaraciones a la red ATB que el fallo fue justo, por cuanto el procedimiento realizado por la entidad reguladora ha sido “ilegal y arbitrario”.
“Mi cliente no realiza actividad de intermediación financiera, y él considera que (su empresa) no puede ser fiscalizada ni controlada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Es en síntesis una cuestión de competencias”, arguyó Paredes durante la audiencia en la Corte de Distrito de La Paz.
Según su abogado, la Superintendencia deberá ahora revisar y anular el procedimiento de inspección y clausura de la empresa.
Mientras esto ocurría en La Paz, en Cochabamba se procedía a la intervención de las oficinas centrales de Roghel y seis viviendas pertenecientes a Windsor Goitia, dueño de la empresa. En el operativo, ordenado por la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, se confiscaron computadoras, documentos y objetos de valor.
Un fiscal, que pidió el anonimato, informó a la corresponsalía de La Razón en Cochabamba que el objetivo de los allanamientos era buscar aproximadamente cuatro millones de dólares pertenecientes a los ahorristas.
Los fiscales lograron sacar documentos, computadoras, joyas y piedras semipreciosas denominadas “bolivianita”. Los vecinos alertaron a los socios bajo la presunción de que robaban las viviendas. La Policía tuvo que enviar más efectivos y así evitar que se interrumpa el operativo. Los socios reaccionaron indignados asegurando que debieron ser consultados. "Nosotros somos socios, nosotros deberíamos saber, la Fiscalía debería informarnos", aseguró uno de ellos. El fiscal de Distrito de Cochabamba, César Cartagena, dijo que el Ministerio Público brindó el respaldo necesario al operativo que se realizó en la jurisdicción cochabambina porque las órdenes de allanamiento provenían de Santa Cruz. Redacción Central y Redacción Cochabamba
Luego de la audiencia, el abogado de la defensa, José Luis Paredes, dijo en declaraciones a la red ATB que el fallo fue justo, por cuanto el procedimiento realizado por la entidad reguladora ha sido “ilegal y arbitrario”.
“Mi cliente no realiza actividad de intermediación financiera, y él considera que (su empresa) no puede ser fiscalizada ni controlada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Es en síntesis una cuestión de competencias”, arguyó Paredes durante la audiencia en la Corte de Distrito de La Paz.
Según su abogado, la Superintendencia deberá ahora revisar y anular el procedimiento de inspección y clausura de la empresa.
Mientras esto ocurría en La Paz, en Cochabamba se procedía a la intervención de las oficinas centrales de Roghel y seis viviendas pertenecientes a Windsor Goitia, dueño de la empresa. En el operativo, ordenado por la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, se confiscaron computadoras, documentos y objetos de valor.
Un fiscal, que pidió el anonimato, informó a la corresponsalía de La Razón en Cochabamba que el objetivo de los allanamientos era buscar aproximadamente cuatro millones de dólares pertenecientes a los ahorristas.
Los fiscales lograron sacar documentos, computadoras, joyas y piedras semipreciosas denominadas “bolivianita”. Los vecinos alertaron a los socios bajo la presunción de que robaban las viviendas. La Policía tuvo que enviar más efectivos y así evitar que se interrumpa el operativo. Los socios reaccionaron indignados asegurando que debieron ser consultados. "Nosotros somos socios, nosotros deberíamos saber, la Fiscalía debería informarnos", aseguró uno de ellos. El fiscal de Distrito de Cochabamba, César Cartagena, dijo que el Ministerio Público brindó el respaldo necesario al operativo que se realizó en la jurisdicción cochabambina porque las órdenes de allanamiento provenían de Santa Cruz. Redacción Central y Redacción Cochabamba
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