El séptimo caso de estafa piramidal registrado en el país este año fue protagonizado por Álex E. G., ex empleado de la Fundación para Promover el Desarrollo Social (PSDF, por sus siglas en inglés), quien presuntamente defraudó alrededor de 380.000 bolivianos a 3.000 beneficiarios y a la entidad a la que prestaba servicios.
Esta institución funcionó durante cuatro meses en Villa Dolores, ciudad de El Alto, y pretendía ampliar sus actividades a La Paz.
Álex E. G., quien alega ser inocente y que no hay pruebas en su contra, fue arrestado el 23 de octubre por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto (FELCC).
Sin embargo, el fiscal asignado aceptó dejarlo en libertad, a condición de que presente dos garantes y asuma el compromiso de devolver el dinero a quienes habían interpuesto la demanda.
La entidad ofrecía a cada beneficiario el paquete PAS (Programa de Asistencia Social) consistente en una arroba de harina, otra de arroz y otra de azúcar, dos litros de aceite en bidón y diez kilogramos de sal.
Estos víveres están valorados en 600 bolivianos y se entregaban con el pago de 150 bolivianos, a condición de invitar a otras tres personas. La entrega de los alimentos se debía hacer cuatro veces por mes.
Diez de las presuntas víctimas mostraron la boleta de depósito y un volante con los requisitos que solicitaba la fundación a la que debían llevar tres invitados para sumarse al programa.
Silvia Pizza Tito, representante legal de la fundación, aclaró que ésta no incurrió en delito alguno y que fue el ex funcionario Álex E. G. quien estafó a la propia organización y a aproximadamente 3.000 personas que se inscribieron en el programa.
El plan de la entidad consistía en atender a 25.000 personas durante cinco años.
“En una primera fase, de cuatro meses, tuvimos gran acogida y logramos inscribir a mil personas, pero por la demanda ampliamos ese número, lo que fue aprovechado por uno de nuestros ex funcionarios que captó fondos en una oficina paralela a la nuestra y entregó recibos de la fundación”.
Después de levantar un inventario y una auditoría, además de denuncias por estafa presentadas por dos personas, se estableció que el monto defraudado a ese organismo asciende a 360.000 bolivianos, mientras que se conoció que en su oficina paralela Álex E. G. obtuvo 20.000 bolivianos adicionales.
Rosa Condori Ticona, una de las invitadas, sostuvo que “sólo he recibido una entrega y para la segunda nos han pedido que esperemos. Por eso, mis compañeras y yo estamos preocupadas”.
Valentina Mamani depositó 150 bolivianos el 10 de agosto en una cuenta del Fondo Financiero FIE, pero hasta el momento no recibió el paquete comprometido y sólo tiene vagas promesas.
En idioma aymara, la mujer explicó que “yo he cumplido todos los requisitos, me invitaron, entregué las fotocopias de mi carnet de identidad y otros papeles. Según los licenciados, debía recibir el 6 de noviembre mis víveres, pero hasta ahora no tengo nada”.
Otras tres personas que no revelaron sus identidades declararon a su turno que recibieron su dotación, pero no sus invitados que ahora reclaman la devolución del dinero que aportaron a la institución con la esperanza de recibir el paquete de alimentos.
Una de estas personas indicó que “pensamos que se trata de un fraude o una estafa porque los responsables cerraron el almacén donde entregaban los víveres y ahora nos atienden a puertas cerradas. Es algo muy extraño que nos preocupa”.
Una de las clientes de la entidad, Claudia Pinto, en principio acusó a la fundación por el delito de estafa, pero aceptó las explicaciones de sus representantes y abrió un segundo proceso en contra de Álex E.G., con quien logró un acuerdo transaccional en mérito al que recibirá el reimporte de su dinero.
“Con la fundación ya no tenemos problemas, nuestros abogados lograron una conciliación, porque fue a este ex empleado a quien entregamos la plata. En seis meses recuperaremos el dinero, cuyo monto global supera los 20.000 bolivianos”.
Silvia Pizza Tito explicó que su ex empleado introdujo un virus informático al sistema de computación de la entidad y al “arreglar” el problema técnico, borró parte de la información contenida en la base de datos e introdujo otros nombres.
En forma paralela, abrió una oficina en la Ceja de El Alto, donde captó a otros clientes, a quienes entregaba los mismos recibos de la fundación y se generó una gran confusión porque la organización perdió y confundió su información original.
El acusado de la supuesta estafa, Álex E.G., negó el hecho y en contacto telefónico dijo que “no existen pruebas; todo es falso. Mi abogado debe responder a todo esto, pero quiero aclarar que hemos llegado a un acuerdo con la fundación”.
La madre del sindicado interrumpió la charla para decir que cualquier pregunta debe ser remitida al abogado de su hijo.
El policía Faurry Saavedra, asignado a la Unidad de Solución Temprana del Ministerio Público de El Alto, explicó que la fundación denunció a su ex empleado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), y el caso es investigado por el fiscal Mario Morales Tórrez.
El agente se abstuvo de proporcionar más detalles sobre el particular, pues dijo que toda consulta debe referirse al fiscal.
La representante legal de la fundación admitió que hay malestar entre la gente y que en más de una ocasión fue amenazada con ser agredida, pero que comenzó la devolución de los aportes y que se entregan los víveres a aquellos beneficiarios comprendidos en el sistema informático.
La reguladora investiga este nuevo caso
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) intervino en seis casos de estafa piramidal ocurridos este año e investiga el séptimo, hecho ocurrido en la ciudad de El Alto, donde Álex E. G., ex funcionario de la Fundación para Promover el Desarrollo Social (PSDF, por sus siglas en inglés) fue acusado de apropiarse ilegalmente de más de 380.000 bolivianos de unas 3.000 personas.
La reguladora actuó en los casos de Interexporbol, además una organización que recibía “donaciones” de dinero para favorecer a terceros; Kontakt, Suma Kamasiñani, así como dos entidades que operaban tanto en Cochabamba como en la región de Cinti, departamento de Chuquisaca, y el de Álex E. G, mientras investiga simultáneamente otros diez posibles casos de este ilícito.
El director ejecutivo de esta institución, Ernesto Rivero, informó que personal de la Asfi, tanto a denuncia pública como por iniciativa propia, se presenta en sitios donde presumiblemente se lleva a cabo este tipo de actos dolosos y al constatar que se efectúan actividades de intermediación financiera o captación de recursos del público, se concede un plazo de tres días para que presenten los documentos que autorizan su funcionamiento.
Si no pudiera acreditar su condición, la entidad es clausurada sin mayor demora, aunque Rivero apuntó que en la mayor parte de estos casos los supuestos estafadores huyen sin esperar una segunda visita de los inspectores de la Asfi.
La autoridad dijo que desde que se promulgó la Constitución, tanto el ahorro como la inversión se consideran elementos de interés público y, por consiguiente, merecen la defensa del Estado.
Lo que corresponde es definir el tipo penal de la estafa piramidal y determinar la sanción aplicable para quienes se compruebe que incurrieron en ese nuevo delito.
“La acción de la Autoridad es inmediata y rápida. Los casos son detectados, intervenidos y, de comprobarse los extremos, se clausuran las organizaciones”.
Los datos
La organización Kontakt fue la primera que atrajo clientes con víveres baratos.
600 personas fueron afectadas con el paquete “Maná” entre el 10 y 18 de septiembre.
La fundación PSDF utilizaba el mismo sistema, e inscribió a 3.000 en cuatro meses.
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